Los sucesos que enmarcan las elecciones para la presidencia en Colombia son varios, complejos e históricos. Una revisión de los mismos permite darle un contexto a la contienda electoral, sacándola de la simple rutina ‘democrática’ que pueda caracterizar este tipo de certámenes en otros países.
La voz se le quebraba y era inocultable el esfuerzo en el rostro para no dejar salir las lágrimas. María Emma Wills, cientista social, que en ese momento tenía la palabra, señalaba que Colombia es un país injusto y poco proclive a la paz. “Estas son mis conclusiones –anotó con fuerza–, en este momento existen tres colombias: Una desamparada, una indiferente y una polarizada”.
Tomó aire y continúo su narración, resaltando la magnitud del sufrimiento popular y la injusticia que representa la actitud de los indiferentes y los “polarizados” frente a la realidad, siempre más clara, del impacto de la guerra para la sociedad colombiana: “Al 31 de marzo de 2013 se calculan 25 mil desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, 5.700.000 personas desplazadas (15 por ciento de la población nacional); entre 1958 y 2012 murieron 220 mil personas, de las cuales el 81,5 por ciento corresponde a civiles, y entre 1985 y 2012 cada doce horas fue secuestrada una persona” (1). La escena fue viva y sucedió en agosto del 2013, durante una presentación del Informe General del Grupo Memoria Histórica de Bogotá.
Esta es parte de la guerra que desangra a Colombia. La que cambió mucho con el nacimiento de los grupos paramilitares, principales responsables de las masacres y de los asesinatos selectivos, pero también con el involucramiento de las organizaciones del narcotráfico. Un conflicto interno, perpetuo, que ha desangrado el tejido social, haciendo del terror y de la barbaridad prácticas cotidianas, consideradas necesarias para el control territorial. Así lo confirma el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2): “Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros y las masacres pequeñas son los hechos que han prevalecido en la violencia del conflicto armado. Estas modalidades configuran una violencia de alta frecuencia y baja intensidad, y hacen parte de las estrategias de invisibilización, ocultamiento o silenciamiento empleadas por los actores armados”.
En el análisis realizado, Emma Wills olvidó mencionar –al aludir a los héroes que resistieron a la guerra, como individuos o como colectividades– otra Colombia que ella conoce bien: la Colombia democrática que apuesta por el fin del conflicto armado como un momento necesario para convertirse en otra sociedad. Ese “país alternativo” que participa en el proceso directa o indirectamente, y está reflexionando sobre sus límites y sus posibilidades.
Una sociedad en conflicto por alternativa política
La alternativa política, o sea el cambio de la sociedad, es una respuesta ante los dos mayores problemas existentes en la raíz de la guerra interna que desangra este país, generados desde hace más de medio siglo (antes del asesinato de Gaitán): una parte importante de la sociedad se opone desde siempre a la injusticia económica y a la exclusión política, que tomaron, sobretodo, las caras de, por un lado, ausencia de reforma agraria y, por el otro, de gestión elitista y autoritaria del poder estatal.
Una guerra sin tregua. La violencia contra el movimiento campesino y el exterminio sistemático de los sindicalistas (entre 1999 y 2005 fueron asesinados 860), le resta fuerza y liderazgo a estos sectores sociales, pese a lo cual no arrean sus banderas. A partir del 2003 –cuando se realiza el Congreso Nacional Agrario– buscaron juntar fuerzas con las movilizaciones de los pueblos originarios y de los afrodescendientes, creando nuevas formas organizativas y de lucha contra el modelo político y económico dominante, fruto de lo cual surgen la Minga Social Indígena, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica) (3).
Alianza con frutos concretos. Durante el año 2013 el país asistió a una evolución importante de esta tendencia: el paro agrario contra las consecuencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos, paro que bloqueó muchas partes del país. Casi que de manera simultánea la Unión Patriótica recupera su personería jurídica lo que permitió su participación en las elecciones legislativas y para la presidencia.
Es como si existiera una mutua influencia entre el conflicto armado y los movimientos sociales: “Nosotros consideramos que hay una relación dialéctica entre el conflicto armado y el conflicto social. La dinámica de la sociedad con sus conflictos no armados, contra las infraestructuras, las minerías, logran incidir en la transformación del conflicto armado. Los movimientos sociales hacen ruidos a los grupos armados, particularmente a los insurgentes, donde el diálogo se puede desarrollar, pero el conflicto armado afecta la dinámica de la organización social”, dice a este propósito Carolina Jiménez de Planeta Paz (4).
Esta fuerza de resistencia representa ya la base para una nueva sociedad (5), y toma formas muy diferentes, sobre todo en las comunidades de resistencia opuestas a la guerra, como las Comunidades de Paz, las reservas campesinas, o las comunidades indígenas, como afirma también Gloria Cuartas, voz histórica de la comunidad de San José de Apartadó: “¿Cuáles son las comunidades que más están aguantando? Las que no dependen económicamente ni del Estado ni de la cooperación internacional. O sea, las comunidades que le dicen a este país que hay otra manera de vivir, de organizar su espacio, que hay otra economía, que hay otra forma de relacionamiento, son las que han tenido el valor, y el coraje, de pasar el desierto sin agua”.
En cambio, para Yezid Arteta, exguerrillero de las farc, cuya principal tarea actual es propiciar la salida política al conflicto armado, la fuerza y las debilidades que esta parte del país tiene se concretizan en la izquierda política y social. “Hay que prepararse para un escenario distinto, uno en el que la lucha social, las organizaciones sociales, los partidos políticos que tengan correspondencia con la acción social, intentarán cambiar el mapa político del país. Y ahora están las condiciones dadas. El problema está en que mientras exista división en la izquierda colombiana, eso no es posible. Ella puede obtener hasta un 30 por ciento de la representación parlamentaria si va unida. Pasar a una segunda vuelta y disputar para las presidenciales”. Fuerza social y política que propicia que las farc asuman en los diálogos de La Habana la propuesta de llegar a nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
La dialéctica del proceso y su éxito
Lo han escrito, y con razón: el narcotráfico es un dinamizador de la economía del conflicto armado. “Esta fuente inagotable de recursos, provenientes del exterior, ha fortalecido en una escala sin precedentes a los distintos grupos armados, constituyéndose en un factor que obstaculiza las posibilidades de una salida negociada para el logro de la paz” (6). No es casual, por tanto, que entre los cinco puntos principales de la agenda de estos diálogos, uno de ellos aborde el problema de los cultivos ilícitos, o sea, del narcotráfico (7).
Junto con este factor, relevante desde 1975, otros factores –activos desde los años 80– también contribuyen al cambio de la guerra (8): la aparición y difusión de los paramilitares, la masacre de la UP, el logro del proceso de paz que terminó con la Constitución del 91, el fracaso del proceso del Caguán, y el pacto entre Estados Unidos (EU) y el gobierno colombiano sobre el control del territorio nacional (crecimiento y modernización de las fuerzas armadas, Plan Colombia, etcétera).
“El narcotráfico realmente modificó la dinámica y la dimensión de la guerra, ha sido gasolina para el conflicto”, confirma Mauricio García Durán, director del Cinep (9), quien piensa que el proceso de paz no es el producto de las presiones de los movimientos sociales, como el movimiento por la paz, sino la respuesta a razones internas del mismo conflicto, porqué ni las farc ni el Gobierno lograron ganar y derrotar el adversario.
Por otra parte, es indudable que tanto el neoliberalismo, que ayuda a la penetración y la explotación de las multinacionales en el país, como la nueva situación política latinoamericana, gobernada por una izquierda que superó la lógica de la insurgencia armada (Cuba, Venezuela, Brasil, etcétera), son otras razones de peso que están detrás de la decisión de Santos y de las farc para dialogar.
Esta doble dialéctica (interna-externa) es la que permite que ambas partes reiteren, en numerosas ocasiones, su optimismo, voluntad y compromiso para encontrar una salida política frente a las altas y bajas que han marcado el ritmo de los diálogos. “En las farc hay una clara voluntad política: hubo varias reuniones con los presidentes latinoamericanos, con Dilma, Hugo Chávez, Raúl Castro. Por otra parte, Santos ha logrado que varios empresarios, muy muy importantes, estén convencidos de todo esto. Banqueros, industriales, agroindustriales, todos están de acuerdo con él sobre la paz. ¡Yo diría que son la mayoría! Salvo dos sectores: los ganaderos, que apoyan a Uribe, y otros de la agroindustria (un sector de cafeteros, de palmeros y de pequeños y medianos agricultores)”, precisa Manuel Ramiro Muñoz, director del Centro de Estudios Interculturales (10), que participó en un encuentro con los negociadores latinoamericanos en Brasilia. Muñoz está convencido del éxito de estos diálogos: “Este es el proceso de paz con más probabilidades de éxito por su objetivo, por su metodología y por su agenda. Nunca habíamos estado más cerca y tan claros en estas tres dimensiones, y las negociaciones están más avanzadas de lo que el país pueda saber. Existen acciones que muestran que, de ambas partes, hay un real interés en llevar a cabo el acuerdo. Como cuando las farc siguen la negociación después del homicidio de Cano, o el hecho que el Gobierno haya puesto 20 billones de pesos al año para el desarrollo rural, primer punto en la agenda”.
La incógnita mayor para el éxito de estos diálogos parece ser la polarización producida en la sociedad, entre la “Colombia alternativa”, parte relevante de las víctimas, y la “Colombia militarizada”, que asumió la lógica de guerra llevada por el conflicto armado. “Desde el 2002 hasta el 2010, con Uribe, la sociedad ahondó su polarización. Aparecen sectores totalmente en contra de la negociación. También las víctimas presionan en procura de que reconozcan sus derechos. Porque no necesariamente de un proceso de negociación sale un acuerdo favorable a las víctimas”, enfatiza Mauricio García.
La participación social en los diálogos de La Habana
La polarización que atraviesa la misma sociedad politizada, con pretensiones de jugar un papel activo en el proceso de paz y en la transformación democrática del país, adquiere la forma de una distancia, entre otros aspectos, entre quienes toman total distancia de la lógica de la guerra, de aquellos que no condenan del todo la insurgencia armada ya que comparten las razones políticas que la mueve. Y entre los que participan convencidos de los Foros consultivos y propositivos que acompañan los diálogos sobre los puntos de la Agenda (Agrario, diciembre 2012; Participación política, abril 2013; Drogas ilícitas, septiembre/octubre 2013) (11), y los que consideran importante pero parcial esta participación y/o poco relevante el peso de estos Foros para la mesa de La Habana.
“La ONU y la Universidad Nacional hicieron un mapa de las organizaciones nacionales que han estado presentes en cada sector”, explica Andrés Gil, vocero nacional de la Marcha Patriótica y responsable de su Comisión de Paz. “La lista redactada fue hecha con juicio, y creo que han sumado el 100 por ciento de las organizaciones que representan el sector agrario en Colombia. En el Foro de participación política estaban quienes están en el poder y nosotros. ¡Estaban absolutamente todos! Estos Foros están seria y óptimamente organizados, hay que reconocerlos. Es importante seleccionar las propuestas, porque son actos que como tales son democráticos, y que en otro tipo de país serían asumidas por las dos partes que dialogan, y no solo por las farc. De este modo la sociedad ha podido participar de forma activa”.
De otra visión es Feliciano Valencia, miembro del Congreso de los Pueblos y uno de los portavoces más relevantes del pueblo Nasa, quien precisa: “Ni las farc ni el gobierno entendieron que si el proceso sólo se da entre ellos, eso mismo lo dificulta. ¿Quién podría resolver los problemas que se dan y ser el tercer actor capaz de resolverlos? Es un error grosero no integrar la sociedad civil en el diálogo oficial”. Pero su crítica no está limitada sólo a este aspecto del proceso: “En su agenda no han discutido algo esencial para llegar a la paz: el desarrollo y el modelo económico, no simplemente el desarrollo rural. Tampoco entra en los diálogos el tema de las fuerzas militares. Es urgente abrir el debate sobre el papel legal, la función institucional, la aptitud general, de las fuerzas militares. Sus violaciones del derecho internacional humanitario imponen un cambio del ejército”.
Feliciano comparte con Iván Cepeda la opinión que la principal condición de desarrollo y empoderamiento de los movimientos sociales es el fin del conflicto armado. Y la postura crítica: “El Gobierno piensa que va a llegar un día x en que se sienta y firme un acuerdo de paz con la guerrilla, y pareciera ser que de manera mágica se resuelven los problemas. Eso no va a ocurrir. Debe prepararse la transición. Sobre todo porque ésta no solo es de la guerra a la paz sino de un Estado antidemocrático a uno democrático. La creación de muchos mecanismos reales de participación de los actores sociales”. A pesar que el Gobierno habló de una tercera fase para la participación ciudadana, Cepeda insiste sobre la necesidad de “un diálogo social, que es una instancia distinta, no opuesta ni diametralmente aislada de los diálogos entre la guerrilla y el Gobierno. Un diálogo social que involucre muchos actores: sectores sociales, empresarios, terratenientes, sectores políticos, militares. Que permita desarrollar un diálogo como ocurrió por ejemplo en el Norte de Irlanda: allá había paralelamente un diálogo entre sindicatos, partidos políticos, y otros sectores de la sociedad”.
La paz del futuro
El fin del conflicto armado con las farc está lleno de problemas. Las voces más importantes de quienes luchan por el cambio de la sociedad saben que este fin no corresponde exactamente con la realización de la paz en el país. No sólo porque todavía queda la presencia de la guerrilla del eln, (aunque distintos sectores trabajan para que el diálogo también tomé forma con ellos) (12), sino porque el mismo proceso está marcado por tres incógnitas enormes: las garantías para los exguerrilleros (la perspectiva del ejército y la presencia de los paramilitares), las elecciones presidenciales y la falta de apoyo de la población a la solución política.
“El obstáculo más grande son las garantías. Hay dos aspectos. El electoral-político, tiene una solución, pero el otro, evitar la repetición de lo sucedido con la UP todavía es actual, porqué el gobierno no es capaz de resolver el problema paramilitar: estos grupos están actuando, están creciendo y se han reforzados, y están defendidos política e ideológicamente por el expresidente Uribe. Y hay otro problema: la complicidad entre ellos y las fuerzas armadas. Por esto el tema de la consigna de las armas va a ser muy delicado” afirma el escritor Alfredo Molano.
No es casual, en estas circunstancias, que las últimas encuestas públicas muestren que las elecciones presidenciales están marcadas por una fuerte intención de voto en blanco, y por una victoria casi cierta, aunque en segunda vuelta, del actual presidente Santos (13), que parece ser una garantía para la conclusión del proceso de paz respecto a Zuluaga, el candidato uribista. En realidad, Uribe y Santos comparten una misma visión de Colombia: neoliberalismo económico, apoyo a los sectores del gran capital nacional e internacional, represión de los movimientos sociales y visión de la seguridad social basada en la represión social, con dependencia de las decisiones que llegan de los EU, e impunidad para el ejército (14).
Gonzalo Sánchez, principal responsable del Informe General del Grupo de Memoria Histórica, en cambio es optimista y cree “que se ha avanzado demasiado para que ambas partes se retiren de los diálogos”. Pero no esconde algunos riesgos que todavía vive el proceso: “Un magnicidio sería un tremendo efecto perturbador, y la solución del tema del narcotráfico es el cuello de botella más complejo por trabajar en el país, porqué no depende de éste ni del Gobierno nacional. Esto podría retardar el proceso. Pero el problema mayor es que la sociedad se desespere, se desilusione, porque no hay resultados. Hay impaciencia social”. Sánchez también subraya algunos problemas que quedarían en Colombia después de una solución positiva de los diálogos de paz, como el aumento de las bacrim y sus fuerzas militares y políticas o la reducción del ejército, su relación con los procesos judiciales por celebrarse, y el nuevo papel que tendrán que asumir en la sociedad del postconflicto. Y advierte: “La paz tiene que llegar en las regiones. Esto debería entrar en las negociaciones, porque si no hay un compromiso en las regiones, se queda en la Carta y en Bogotá. Pero esto no es lograble de un día para otro”.
La impaciencia que percibe Sánchez está confirmada: el 58 por ciento de los colombianos son pesimistas frente a los diálogos de paz, y el 75 no quiere que los exguerrilleros participen en la vida pública (15). Desconfianza que atraviesa también la “Colombia de alternativa”: “Hasta cuando no haya un gobierno popular no habrá paz”, piensa Gloria Gaitán. “Creo que tendremos una paz más formal que real, aunque soñamos la paz y la anhelamos. Pero no cualquier paz”, añade Janet Bautista, que desde hace años lucha para ayudar a las víctimas de desaparición forzada.
Aunque este proceso no es suficiente para realizar la paz y transformar a Colombia, sí parece ser la única vía para disminuir el nivel de violencia y aclarar de dónde proceden los verdaderos peligros para la paz y la justicia: de la militarización de la política, de la economía y de la sociedad. El futuro de los movimientos sociales, y de la transformación real del país, depende de cómo acabará una doble mentira: que la revolución y la guerrilla son la misma cosa, y que la guerra es el producto principal de la insurgencia. El éxito del proceso puede ayudar a que se restablezca esta verdad histórica y política.
1 ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Centro Nacional de Memoria histórica, Bogotá, 2013, pp. 33-35. Para leer todo el Informe: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/
2 Ibid., p. 42.
3 Darío Fajardo Montaño, Colombia: dos décadas en los movimientos agrarios, en Cahiers des Amériques Latines, vol. 2012/3, n.71, pp. 145-168.
4 Una organización que apoya los movimientos sociales en la construcción de una paz que no sea sólo el fin del conflicto armado.
5 Sobre la relación de los movimientos sociales colombianos con el estado de guerra se puede leer el interesante dossier de los Cahiers des Amériques Latines. “Colombia, tierra de pelea: le(s) conflit(s) au couer de la société”, vol. 2012/3, Nº 71, pp. 214. En particular la síntesis del número de NadègeMazars y Marie-Laure Guilland (op. cit, pp. 17-32), donde se habla abiertamente de la presencia de un espacio público alternativo a lo que domina la escena del país.
6 Silvia Mantilla, Conflicto y paz en Colombia en tempo de globalización, en eds. José Fernando Serrano, Adam Baird, Paz, paso a paso. Una mirada a los conflictos colombianos desde los estudios de paz, Cinep-Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2013, p. 235.
7 Ya se han discutido los primeros tres: política del desarrollo agrario integral (desarrollo rural-reservas campesinas), participación política (garantías para la oposición política), fin del conflicto (reinserción de los guerrilleros en la vida civil). El último punto, antes de la firma final, es lo de las víctimas (Ley de reparación y Comisión de la verdad).
8 Jaime Zuluaga Nieto, “Situación actual y perspectivas de la guerra interna”, en Cahiers des Amériques Latines, vol. 2012/3, Nº71, pp. 145-168.
9 Centro para las investigaciones y la educación popular de los Jesuitas colombianos, comprometido desde siempre en la construcción de una sociedad justa y pacífica en Colombia. Para mas informaciones: http://www.cinep.org.co/
10 El centro hace parte de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y es una comunidad académica interdisciplinaria e intercultural que, mediante la investigación, la formación y el acompañamiento a procesos sociales, contribuye a la creación de espacios de interlocución entre las diversas culturas en el Sur-occidente colombiano; la sostenibilidad de la región; y a la construcción de una nación que valora, respeta e incluye la diversidad étnico-cultural. http://www.javerianacali.edu.co/intercultural
11 Los Foros están organizados por la Universidad Nacional de Bogotá y la ONU. Las conclusiones de cada Foro están presente en la web: https://www.pazfarc-ep.org/index.php/articulos/debe-saber/1687-foros-convocados-por-la-mesa-de-conversaciones.html
12 Desde el 1 de julio del 2013 las farc han saludado positivamente esta posibilidad. El eln ha trabajado mucho para entrar sobretodo después las grandes movilizaciones campesinas del Septiembre 2013.
13 http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/indignados-indecisos-son-mayoria-en-la-gran-encuesta/381096-3.
14 Este aspecto de Santos está subrayado a razón por Olga L. González, “Colombie: les dialogues de paix de la dernière chance?”, en Mouvements des idée set des luttes.Amérique latine: capitalismes, résistances et reconfigurations politiques, hiver 2013, Nº 76, pp. 83-84.
15 http://www.semana.com/nacion/elecciones-2014/articulo/indignados-indecisos-son-mayoria-en-la-gran-encuesta/381096-3.
* Periodista e investigador en filosofía política
