En la mañana del 19 de octubre, al recinto de las leyes llegó el ministro Mauricio Cárdenas a radicar con carácter de urgencia el proyecto de reforma tributaria. El documento permaneció congelado varias semanas por su inconveniencia política, ante la que se suponía fase final de las negociaciones de paz de La Habana. Igualmente, el resultado que arrojó el plebiscito de 2 de octubre retrasó por unos días su presentación. Con 311 artículos y una amplia sustentación de motivos, el proyecto resume la ambición y la necesidad del gobierno Santos de cumplir con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) para que acepten al país como uno de sus integrantes.
En paralelo, vía reducción de impuestos y ampliación de beneficios tributarios, la reforma estimula aún más la inversión extranjera en nuestro territorio, así como pretende recoger en los próximos años el faltante para llenar el hueco fiscal abierto en las finanzas nacionales (7 billones para 2017 y 22 billones para 2022), producto de la caída de las exportaciones y de los precios de las materias primas vendidas por el país, especialmente petróleo, sin desconocer carbón y níquel. A la vez, la crisis económica en la que el país se adentra también la exige (1). El profundo efecto de los 22 billones año que impacta la corrupción en los dineros oficiales, ni los 15 billones por evasión de las empresas son tomados en consideración; tampoco el conjunto de exenciones (17,2 billones de pesos) que benefician al capital nacional e internacional con sede e inversiones en el país.
Con dientes de piraña. El documento finalmente radicado no desmintió los comentarios de corrillo que prevalecieron durante los últimos meses. En efecto, pretenden subir el IVA del 16 al 19 por ciento –cifra intermedia en el ascendente propósito de la Ocde, de gravar hasta con el 24 por ciento todo tipo de consumo–, perjudicando así a las mayorías nacionales como principales afectadas por las impositivas pretensiones oficiales. Está en salmuera un incremento en los impuestos que también afecta el consumo de gasolina y Acpm, lo que implica, por ende, un previsible aumento en el costo del transporte y de la propia canasta básica familiar. Contiene también nuevos rubros, como los derivados del sostenimiento del alumbrado público, servicio de Internet, mensajería WhatsApp, e incrementos en impuestos para la compra de teléfonos inteligentes con precio superior a los 650 mil pesos, y para los computadores con precio superior al millón de pesos, y los que recaerán sobre la menguada clase media media y baja, una vez que se vea obligada a declarar renta toda persona que devengue salarios a partir de los $ 2.479.417 pesos.
También pretende el gobierno avanzar con este proyecto en la bancarización del comercio y los servicios –en cabeza de tiendas y peluquerías–, ampliando así el control futuro sobre otras redes de la economía informal. No es extraño, por tanto, calificar la reforma como regresiva y no progresiva, e inconsecuente con los antecedentes que la sustentan, ya que no toca la renta por parte alguna, como sí lo hace con el consumo..
Adentrándonos un poco en su contradictorio sustento, la impositiva reforma llega con argumentos como: “i) alcanzar una mayor calidad tributaria […] ii) elevar el recaudo a su nivel potencial […] fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión”. Unos propósitos retomados de las recomendaciones de la “Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria” (2), que propugnan por un sistema tributario que haga real una mejor redistribución del ingreso pero “sin afectar los incentivos del aparato productivo”. Con sólo palabras, afirma que “[…] no es posible sostener un nivel apropiado de crecimiento mientras persista un agudo nivel de inequidad, ni tampoco es sostenible reducir la desigualdad si no se generan políticas estructurales que aseguren altos niveles de ingresos” (3).
Similitudes
Desde décadas atrás, el problema tributario en Colombia conserva lugares comunes. Gobierno tras gobierno, el país recuerda las mismas justificaciones que acompañan y sustentan la presentación de cada reforma tributaria. Una y otra vez se perora acerca de la necesidad de “aumentar los ingresos tributarios”, “para asegurar el equilibrio de las finanzas públicas y la mejora de las finanzas públicas a corto plazo”, a través del “crecimiento de los recaudos, incrementando para ello la base de la estructura tributaria y atacando su evasión” (4). Constante búsqueda de tributos que se afecta por las crisis económicas, las caídas de las exportaciones, la corrupción y el incremento del gasto público, pero las reformas –como la Ley 49/90– también facilitan el espacio económico para que las multinacionales operen con mayores estímulos en nuestro territorio, a la par que se ajusta la estructura nacional para que el neoliberalismo encuentre aquí terreno libre y fértil.
Acudir a medidas similares: esquilmar el bolsillo de las mayorías, ampliar la base tributaria, incorporando a nuevos contribuyentes o ampliando el conjunto de productos gravados con el IVA (del 10 por ciento aprobado durante el gobierno de Belisario Betancur mediante el Decreto Ley 3541/83, pasando al 12, 14 y 16 por ciento en gobiernos posteriores, con el intento de incrementarlo al 17 durante el primer gobierno Uribe y ahora al 19 por ciento), o aprobando medidas anunciadas en primera instancia como temporales, ejemplo la contribución del 2 por mil, para luego elevarla al 3 y estabilizarla en el 4 por mil hasta hacerla permanente, reafirmada así por la actual reforma, son parte de las reiteradas medidas económicas y tributarias a las que han acudido los gobiernos nacionales durante los últimos 40 años.
Reformas, una y otra vez regresivas y no progresivas; reformas que protegen a quien más tiene y que afectan a las mayorías, reproduciendo y ahondando por esa vía el sinsentido del modelo económico imperante en Colombia, y de ahí el fracaso, una tras otra, de tales reformas. Fiasco con las consecuencias, sí, de agravar la vida diaria de amplias capas sociales, ampliando la vía para que la concentración de la riqueza resultante en nuestra injusta sociedad prosiga sin cortapisas. Con esta realidad, ¿por qué persistir en este tipo de medidas? La evidencia está nítida ante todos.
¿Paradoja? ¿Inconsecuencias de los gobernantes? ¿Defensa de intereses espurios? El quehacer más conveniente ante el actual proyecto impositivo, más allá de entablar debate en torno a si es justo o no colgarles tributo a las bebidas azucaradas y similares, ¡en un país con un potencial frutícola inmenso! –¡donde parte de la salud y de la educación siguen financiadas con alcohol y cigarrillo!– es virar hacia un debate, ojalá más ancho y más convocante en la condena del modelo de desarrollo que permite que las mayorías vivan aquí en las indignas condiciones por todos conocidas. Del modelo que hace constante un margen de desempleo y del inadecuadamente llamado subempleo, modelo que le permite a la corrupción estar presente hasta donde pareciera imposible. Modelo que propicia inexistente estímulo en la gente por afrontar con cariño su lucha diaria por un mejor país, y que, de ser diferente en rasgos humanos, potenciaría esos saberes colectivos que habilitan la supervivencia de millones, tanto en el campo como en la ciudad, sin siquiera una mínima atención de quienes siempre han gobernado. La superación necesaria, de manera estructural, de los problemas económicos que nos agobian como país no son más reformas tributarias.
Es otro modelo de desarrollo que sí es factible en una Colombia laboriosa, con un territorio bañado por dos mares y por infinidad de ríos y otras fuentes de agua. País privilegiado por su diversidad de climas y por las potencialidades desprendidas de los mismos. Un nuevo modelo de desarrollo tiene todo el espacio en este país a partir de valorar, recoger y potenciar las múltiples formas económicas que en él conviven, y que, a pesar de estar sometidas y reguladas por el capitalismo, son germen de un mundo solidario y cooperativo, a la vez que de autosostenimiento y subsistencia como rige entre los pueblos indígenas.
Un nuevo modelo de desarrollo que puede potenciarse a partir de la inmensa capacidad de trabajo que reafirman día a día quienes aquí habitan, que en su lucha contra la persistencia del desempleo tienen capacidad y disposición para seguir tumbando monte en procura de un pedazo de tierra, o con voluntad para enrolarse como raspachines, pese a la infinidad de riesgos que implica, o cruzar el país en busca de una cosecha por recoger, así como de ocupar calles y avenidas en las grandes ciudades para hacerse a un peso con el cual solventar algo de sus necesidades, responsabilidad que el Estado no asume. Servir como mula, sicario o agente del narcotráfico, así no corresponda a una ética proba, es parte de esta otra realidad económica que soportan millones de personas necesitadas de otro país posible.
Saber combinar todo tipo de economías, privilegiando las colectivas, cooperativas y solidarias, a partir de una amplia reforma que le brinde tierra a quien la demande, así como vivienda y sitio de trabajo, daría para que en pocos años no tuviéramos que seguir importando los productos que podemos lograr aquí, bien a partir de su siembra, bien desde su producción en talleres de todo tipo –multiplicables por doquier–, o de la incorporación de las nuevas tecnologías en auge, en su manejo y desarrollo con pensamiento propio.
Recuperar el país de ciudades que hacía de Colombia un inmenso potencial en los años 40 del siglo XX sería un baluarte para este nuevo modelo de desarrollo. País y cotidianidad a partir de las cuales impidamos la constitución de megaciudades, uno de los mayores desastres propiciados por los seres humanos, pasando a reubicar grandes núcleos poblacionales hacia nuevos centros urbanos, por construir o potenciar en el amplio territorio nacional que aún lo permite.
Nuevos referentes urbanos que no crezcan más allá del millón de habitantes, dotados con todas las posibilidades que ofrece el conocimiento humano: energía eólica y solar, o soluciones alternativas con base en viviendas construidas con materiales amables que no rompan el entorno, con sus habitantes situados cerca de los lugares de trabajo y/o estudio, de manera que no sea necesaria la utilización de vehículos para el traslado diario; nuevos centros de vida y población donde jóvenes y adultos puedan concurrir a universidades que ofrezcan formación para conocer y saber transformar los materiales con que esté dotada la naturaleza de su entorno, con lo cual la química, la farmacia, la ecología, la agronomía, etcétera, ganarían liderazgo para la oferta de servicios en el campo nacional e internacional.
Nuevo modelo de desarrollo donde cada cual reciba de la sociedad “de acuerdo a sus necesidades”, e igualmente cada cual brinde al conjunto social “de acuerdo a sus capacidades” y, por tanto, donde la fraternidad brinde la alegría de vivir con sus semejantes, sabiendo que nadie duerme o se acuesta con hambre, y nadie es excluido por el color de su piel o el sitio de su vivienda, sus pertenencias, sus creencias o ingresos.
Avanzar hacia un sueño así, posible, no le tomaría al país menos de tres generaciones, pero sería un tiempo de alegría. Tiempo de invención y construcción, tiempo de distribuir y compartir entre todos, donde las cargas tributarias sean lo mínimo, sin sentirlas como elemento de injusticia y empobrecimiento. Tiempo y territorio donde la violencia no encuentre razón ni espacio para existir. Tiempo durante el cual el intercambio y la complementariedad de saberes y experiencias, potenciados desde un Estado que propicie la descentralización cada vez más profunda de la participación y las decisiones que incluyan a todos, posibiliten difuminar su poder y su presencia.
Este es el debate que debiera propiciar la nueva reforma tributaria, reiterativa en sus pretensiones, sujetos y mecanismos, y, por tanto, previsible en sus resultados finales. La misma que en sus fundamentos anuncia la necesidad de avanzar hacia una “nueva Economía, esto es, una política económica pensada como una visión de largo plazo, necesaria para complementar la actividad de producción y explotación petrolera […]” (5).
1 Sarmiento, Libardo, “Industria colombiana, julio de 2016, ¿coyuntura o colapso?”, Le Monde diplomatique, edición 160, octubre de 2016, pp. 4-6.
2 Comisión conformada en diciembre de 2015, por iniciativa gubernamental, para que le presentara al ministro de Hacienda y Crédito Público un informe con recomendaciones para una reforma tributaria estructural.
3 Recomendaciones que son obvias, toda vez que Colombia registra como uno de los países más desiguales, no sólo de nuestra región sino del mundo.
4 Lugares comunes que se pueden verificar en leyes como la 49/90, 223/95, 633/2000, 788/02, 1111/06. Ver Lewin Figueroa, Alfredo, “Historia de las reformas tributarias en Colombia”, http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica.
6 Así está sustentado en la “Exposición de motivos del proyecto de ley ‘Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones’”, http://www.minhacienda.gov.co.
