Históricamente para los gobiernos de Colombia, por razones de nuestro desarrollo político, social y económico, la cultura y las artes nunca han sido una prioridad o derecho fundamental y no se las ha considerado, como deberían ser, herramientas indispensables para la comprensión, el análisis, el desarrollo del intelecto, la creación de identidad, de valores éticos y morales y expresiones del sentir nacional y sus individuos, angustias, intereses y pensamientos, el desarrollo intelectual y, pilares indispensables de nuestra identidad y del más elevado y pleno disfrute de la existencia.
Ciñéndose a las directivas de los países dominantes, encabezados por Estados Unidos, y de los organismos internacionales que acatan servilmente sus directrices, y considerando su peligrosidad como heraldos del pensamiento libre e independiente, sus alfiles encargados del devenir nacional han despojado a nuestra Nación de sus valores y expresiones soberanas, sumiendo al país no solo en la subordinación económica y política sino, también, intelectual y cultural.
Es así como, progresivamente se han implantado, deteniendo nuestra vista en decisiones recientes, las formas más bárbaras de la globalización y el neoliberalismo para, en el campo del que nos ocupamos, culminar la tarea imponiendo la Economía Naranja (EN) de Iván Duque y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Con este modelo de política “cultural”, se culminaba la tarea de eliminarla como derecho, con el Estado obligado a garantizar su existencia, continuidad y desarrollo, para, en cambio, convertirla en pingüe negocio de las grandes empresas del entretenimiento, promoviendo, a su vez, sus ideales políticos, estéticos y morales, en detrimento del pensamiento libre y digno de los pueblos e individuos.
Se había logrado la cuadratura del círculo y, mientras en un mundo donde predomina el exceso de capital y solo 1 de cada 10 dólares se dedica a la producción, se le abría un nuevo filón a las inversiones de las empresas financieras mundiales, se acomodaba la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y se afinaban los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entrasen a saco al mercado colombiano. Así, los adalides de la globalización extendían el sistema de maquila a la cultura, donde el creador termina siendo un empleado más al servicio de las empresas mundiales monopolizadoras del conocimiento, la información, los medios y la cultura, y de los gigantes del entretenimiento. De tal forma, los artistas y verdaderos creadores acabaron perdiendo su posibilidad de adelantar una labor independiente que se ciñese a sus propios conceptos y valores, siendo despojados del fruto de su misma creación al quedar enmarcados bajo el concepto jurídico del “copy right”, donde los derechos de autor cesan de ser propiedad del creador para pasar a manos del comercializador.
Ante el desolador panorama, los artistas, al igual que muchos connacionales, albergaban una ilusión, deslumbrados por el espejismo del “cambio” prometido por quien, bajo ropajes renovados, era el que mejor garantizaba la implementación de los designios de los países y organizaciones internacionales, encabezados por Washington, evitando al mismo tiempo la “erupción del volcán”. Las determinaciones iniciales, las reformas inconsistentes y engañosas, y los ministros del nuevo gabinete, todos se acomodaban a estos designios; algunos jugando el papel de ser quienes estabilizaban y daban “sensatez” a las reformas y otros, encargados de la retórica cambista dando contentillo a los, supuestamente, más radicales.
En este terreno, para la cultura encajaba a la perfección una figura que provenía del teatro y que había participado en luchas del sector. Sin embargo, desde sus comienzos, la Ministra designada anunció que era necesario “construir sobre lo construido” y, mientras adelantaba ampulosas conversaciones con el sector, con la excusa de que eran centralistas, ignoraba y se negaba a reunirse con las organizaciones independientes, las cuales ya habían adelantado juiciosos estudios sobre el legado naranja duquista, su propuesto Plan Decenal de Cultura (PDC) y la necesidad de formular una nueva Ley General de Cultura que garantizase una cultura soberana, independiente, democrática, inclusiva, que contemple los sectores poblacionales y regionales y dignifique la labor y vida de los artistas y todos los partícipes de la cadena de producción del sector.
Los anunciados cambios acabaron convirtiéndose en simples maquillajes semánticos, donde la nuez, lo duro y fundamental de la política cultural que venía en curso se mantenía sin alteraciones de fondo. El Ministerio ahora se llamaría “de las culturas, las artes y los saberes”, pero manteniendo el mismo PDC de Duque; ahora, en cambio de la economía naranja, tendríamos “economía multicolor” o “economía creativa” pero manteniendo la esencia del negocio para las grandes empresas que encuentran aquí un terreno proficuo, al ratificar las gabelas que se les venían adjudicando, aumentadas en un 35 por ciento adicional en beneficios tributarios y de servicios con los Certificados de Descuento Tributario, Cina, y ratificando proyectos duquistas como “sandbox”, tipo “maquila”, diseñado para capacitar jóvenes marginalizados en oficios suplementarios como selección de vestuarios y maquillaje y ser mano de obra barata al servicio de las productoras internacionales.
Según palabras de la Ministra, las comunidades debían entrar a implementar proyectos “sostenibles”, pero supeditadas a la política de “paz total” y, tras malabares idiomáticos “inclusivos” y proclamar que “hay que cambiar las condiciones sociales, económicas y culturales de los artistas y la cultura, pero no necesariamente desde el ministerio, sino en general, en la sociedad”, para luego proseguir a disminuir la importancia fundamental de presupuestos estatales adecuados, pues “si hay consideración, respeto por el arte de toda la sociedad, el dinero aparece”, añadiendo que con los artistas y sectores populares “no sólo hablemos de recursos, sino de opiniones”(1). El resultado final del discurso de cambio era que, sí, hablemos de todo, den opiniones, pero, por favor, sin tocar nada de lo fundamental, sin cambiar las políticas culturales continuistas y sin hablar de la necesidad imperiosa para el sector de contar con recursos adecuados para una verdadera producción cultural independiente.
Tras la manera desconsiderada y prepotente como se destituye a la Ministra, el Ministerio ha entrado bajo la interinidad de Jorge Ignacio Zorro, profesor de música de una de las hijas del matrimonio Gustavo Petro/Verónica del Socorro Alcocer, sin que ello significara cambio alguno en las políticas culturales. Tan anómala situación, y ante el abandono de respuestas a las múltiples inquietudes y consideraciones ante las incumplidas promesas de campaña, numerosos artistas y asociaciones culturales alzaron su voz de reclamo expresando sus inconformidades con la incertidumbre del actual rumbo de la cultura.
Después de numerosas reuniones y el envío de sendas cartas solicitando respuestas, el gobierno seleccionó un grupo de los firmantes de las misivas para que se reunieron con el Presidente, arrojando tal encuentro como conclusiones la continuidad de las políticas propuestas en el Plan Decenal de Cultura, el Plan Nacional de Desarrollo y, de manera absurda, enunciando que el problema no era de plata o presupuestos.
De esta manera, la política de fondo en el Ministerio de Cultura se mantiene y se continúan impulsando las propuestas del anterior gobierno, entre otras: el Plan Decenal de Cultura (PDC) y la economía naranja, ahora denominada economía multicolor; las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), rebautizadas como Territorios Culturales Creativos y de los Saberes en el artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo (PND); la posible cesión de derechos sobre proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos públicos, sin que constituya daño patrimonial (art. 136; PND); el cambio de nombre del Consejo de Economía Naranja, que ahora se denominará Consejo Nacional de Economías Culturales y Creativas, que reitera el aspecto mercantil de la creación cultural y promueve el fortalecimiento de “instituciones públicas, privadas, mixtas y populares” (art.146;PND); la posibilidad de la enajenación del patrimonio material de los colombianos (art. 157; PND); Consejos de Cultura sin poder decisorio, que se convierten en simples comités de aplauso del ministro de turno y las políticas gubernamentales, y la falta de estudio para trazar una nueva Ley General de Cultura que se adapte a las reales necesidades y los cambios estructurales en los conceptos culturales y su dominio.
En lo concerniente con el dinero, el proyecto de presupuesto nacional para 2024 se incrementará a $435 billones de pesos, 7.2 por ciento más que en 2023. Sólo para el pago de la deuda pública se destinará casi una cuarta parte, $103.1 billones. Sin embargo, los renglones que tienen que ver con el conocimiento, el saber y el enriquecimiento intelectual, tendrán enormes reducciones. El Ministerio de Ciencia verá una reducción de casi el 50 por ciento, pasando de $516.000 a $257.202 millones. Tras un pírrico aumento del presupuesto de cultura a $807.000 millones en 2023 (donde se lo mantiene como un lastimoso 0.17 por ciento del presupuesto nacional), se proyecta disminuirlo a $466.899 millones para 2024 (2) o en el mejor de los casos a $622.516 millones (3), lo que equivaldría al 0.15 por ciento del presupuesto nacional, alejándose de la reiterada reivindicación de que sea un mínimo del 2 por ciento, como recomienda la Unesco. Las necesidades básicas del sector no son satisfechas, los presupuestos y las obligaciones del Estado no se cumplen y la participación democrática de las asociaciones para discutir y trazar nuevos rumbos para el arte y la cultura nacionales, continúa sistemáticamente ignorada, mientras reiteradamente se pretende socavar su autonomía.
La inconformidad del sector debe dar el salto para lograr la unidad y, más allá de los problemas administrativos y burocráticos del Ministerio, discutir sobre una nueva política, que piense en las artes y cultura como bien de primera necesidad para los seres humanos y se las considere como derecho fundamental, incluyente, soberano y democrático donde la creación y vida de los artistas y demás miembros de la cadena de producción cultural sean garantizadas. Esto, acompañado de recursos, infraestructuras culturales, fomento, garantías de acceso amplio y democrático a las creaciones artísticas y su enseñanza, sin ser considerada patrimonio y coto de caza de las grandes empresas mundiales del entretenimiento, además aventajadas, no sólo por sus enormes recursos y dimensiones, sino por las gabelas y garantías exclusivas derivadas de los acuerdos comerciales y la renuncia a nuestra soberanía cultural.
Una vez se percaten de que el nuevo traje del emperador no pasa de ser un espejismo, que la desnuda realidad es el continuismo y, aún más, un tiempo para profundizar las políticas de recolonización de Washington, en la economía, en lo político, en lo social y en aquello que fundamenta nuestra identidad, pensamiento, disfrute y vida como son el arte y la cultura, podremos adelantar una acción colectiva y cultural por el soñado país abierto a las necesidades de la totalidad de quienes lo habitan, en una acción imaginativa y creativa con la múltiples expresión de todas sus formas y expresiones culturales que lo habitan.
Una acción, un baile colectivo, coreado, escenificado, declamado, escrito, de la mano de todos los colombianos, sus trabajadores, campesinos, empresarios, minorías étnicas, desempleados y subempleados, sus jóvenes, las mujeres, aguerridas fundamento del país, y los artistas y trabajadores de la cultura, sin quienes la vida sería simplemente un problema de reproducción y sobrevivencia y no un mundo digno donde los seres humanos puedan desplegar sus capacidades, iniciativas e imaginación.
1. Ariza. Patricia. El Tiempo, febrero 22 de 2023
2. El Tiempo, abril 10, 2023
3. Morales, Claudia , El Espectador, abril 20, 2023
* Artista plástico y dirigente de la Unidad Nacional de Artistas. UNA.
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