por Liliana Pardo Montenegro*
Aborda este artículo un breve análisis sobre la coyuntura política en materia de las decisiones en política económica que deberá asumir el nuevo gobierno que inicia funciones el 7 de agosto; interroga la fibra sensible de la financiación de su programa de gobierno, centrada en una Reforma Tributaria que, con la garantía de no perjudicar a los trabajadores, pretende un recaudo de 50 billones de pesos.
En marzo afirmamos que el bloque hegemónico colombiano llegaba a un cierre de su ciclo histórico (1). Lo confirman los resultados de las elecciones del pasado 19 de junio que dieron electos a Gustavo Petro para la Presidencia y a Francia Márquez para la Vicepresidencia de la República. La conformación del gabinete de gobierno vislumbra las posibilidades de rupturas y continuidades con la Política Económica de Confianza Inversionista y con la Política de Defensa y Seguridad Democrática, en tiempos de reacomodamiento de las relaciones internacionales bajo el pronóstico de recesión económica mundial. (Ver recuadro, Una maniobra de conciliación)
La coyuntura política permite hacer un paneo de la situación regional de ascensos y sostenimientos de gobiernos progresistas y divisar la proyección de multipolaridad en el contexto internacional. La hegemonía de Estados Unidos perdió su papel unipolar, realidad visible en la existencia de bloques hegemónicos en la política internacional, resumidos en organismos tales como el G7, el grupo de los siete países con mayor poder económico y militar en el mundo, reunidos durante el mes de junio en Baviera, Alemania. Cita que tuvo lugar luego de terminado el Foro Económico de San Petersburgo, en el cual también confluyen grandes pesos del poder económico internacional comandados por Vladimir Putin.
Con este panorama, cuestionamos las decisiones que se aproximan en política económica en Colombia, refiriendo brevemente algunas de las líneas programáticas de la campaña electoral, frente a las declaraciones del programa económico y el anuncio de José Antonio Ocampo al frente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cabe indicar que las declaraciones de Ricardo Bonilla, quién se precisaba como el perfil más cercano a Petro para ocupar el cargo, no fueron bien recibidas por el electorado dados los señalamientos que circularon en la prensa sobre el umbral de ingresos para realizar nuevos gravámenes de impuestos (2), avivando columnas que rememoraron las históricas movilizaciones frente a la Reforma Tributaria.
En materia de política fiscal, se tiene que aclarar quiénes declararán renta en el primer trimestre de 2023 y cuántos serán los impuestos a las ganancias que se cobrarán por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-Dian a las personas naturales que se agregan en la recaudación tributaria. Adicional, está sobre la mesa el alza del dólar, la devaluación del peso y el anuncio del Banco de la República de subir la tasa de interés a las solicitudes de crédito. El auge del baile de las divisas que hace perder poder adquisitivo del peso colombiano pone sobre aviso la compleja situación que deberá afrontar el Ministro de Hacienda presidiendo la Junta Directiva del Banco de la República.
La coyuntura electoral
Una revisión de los comicios del 19 de junio permite visualizar la indiscutible votación lograda por el Pacto Histórico-PH en el Pacífico colombiano, los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño definieron contundentemente su preferencia por el cambio. En contraste, la frontera colombo-venezolana en los departamentos de Arauca y Norte de Santander optaron por el proyecto del empresariado, al igual que una considerable parte de la región andina, obteniendo Rodolfo Hernández mayor votación en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Tolima y Huila. La competencia puede apreciarse en el Caribe colombiano en donde se presenta un “dominio medio” de electores por el Pacto Histórico, comprendiendo una “alta competencia electoral” en la Guajira, Bolívar, Magdalena y el Urabá antioqueño.
Este panorama da pautas para el trabajo político que comienza, preparando las campañas por las gobernaciones, alcaldías, consejos y edilatos a definirse en las elecciones del año 2023. El mapa presenta una tendencia clara: la elección por la extracción minero-energética centralizada en los departamentos del centro del país, frente a una clara convicción del cambio hacia la transición de un modelo de energías renovables que garantice la protección de la naturaleza en la Amazonía y el corredor ambiental del Pacífico. Así, los resultados de las elecciones también muestran una posición en la tendencia política por la preferencia del modelo económico que cada proyecto político posicionó en la campaña presidencial.
Por otra parte, si bien las curules del Pacto Histórico no logran ser mayoría en el Congreso, las adhesiones al Gran Acuerdo Nacional posibilitan la implementación del Programa Colombia Potencia Mundial de la Vida, 2022-2026, una vez los partidos Verde, Liberal y Conservador han confirmado sumarse como partido de gobierno apoyando la Agenda Legislativa del nuevo Gobierno.
Durante la campaña presidencial se hicieron públicas las adhesiones de tendencias del liberalismo, y luego de confirmarse los resultados de las elecciones, el Partido Liberal anunció formalmente el 23 de junio su adhesión como partido oficialista. El Partido Conservador, a su vez, anunció apoyar la agenda legislativa del gobierno electo en carta emitida el 24 de junio firmada por treinta y nueve congresistas, aceptando la conformación del Gran Acuerdo Nacional.
Esta propuesta surgió semanas previas a las elecciones, como iniciativa de Gustavo Petro de ampliar las expectativas del gobierno nacional hacía el bienestar del pueblo colombiano en lugar de la polarización. Así, los conservadores expresaron la decisión “de apoyar consensos y acuerdos sobre lo fundamental, para dejar de lado la polarización y el enfrentamiento social y político” (3). Días después, el Partido de La U, quienes obtuvieron diez (10) curules en Senado y quince (15) en la Cámara de Representantes, anunciaron la adhesión a la agenda del gobierno tras reunión de Dilian Francisca Toro y Gustavo Petro.
La única declaratoria formal de independientes la realizó Cambio Radical, partido con once (11) curules en el Senado y dieciséis (16) en la Cámara de Representantes, aunque parece que pueden estar cercanos al acuerdo antes que llegar a impulsar los desacuerdos, según lo expresado por Germán Vargas Lleras, el “gran acuerdo nacional para la paz, la justicia social y el medioambiente suena bien” (4).
Como oposición definida, por tanto, solo se encuentra el Centro Democrático partido que redujo considerablemente su incidencia en el electorado, pasando de 19 curules alcanzadas en 2018 a 14 curules en el Senado electo en 2022, y en Cámara de Representantes se redujeron de treinta y dos (32) a dieciséis (16). Esta declaratoria de oposición sólo ha sido apoyada por el Partido Mira, quienes lograron cuatro (4) curules en el Senado y una (1) en Cámara de Representantes.
De esta manera, las elecciones legislativas y presidenciales de 2022 son un parte positivo de la implementación del segundo punto del Acuerdo de Paz, siendo la participación política democrática la verdadera ganancia de estos resultados electorales. Es clara la ruptura con el bloque hegemónico colombiano (2002-2022) en el poder político, no obstante, está por definirse la correlación de fuerzas en los poderes económico y militar, así como el carácter de la ruptura y del matiz que las adhesiones de los partidos tradicionales puedan darle al nuevo gobierno.
Colombia Potencia Mundial de la Vida, Programa de Gobierno del Pacto Histórico
Además de lo referido en el recuadro “Líneas programáticas”, enfocamos la vista en uno de los aspectos de la nueva política fiscal, la Reforma Tributaria, por ser el primer proyecto que deberá debatirse en el Congreso de la República posesionado el 20 de julio y de cuya aprobación depende la efectiva implementación de las reformas indispensables para realizar el cambio anunciado en las promesas de la campaña presidencial. El asunto latente inmediato refiere a la implementación de la llamada Justicia Tributaria, teniendo un reciente cúmulo de protestas sociales contra las reformas de las vigencias presupuestales más recientes, 2019-2020.
El primer problema que se plantea afrontar la nueva administración es la elusión fiscal y evasión de impuestos. Para José Antonio Ocampo, anunciado Ministro de Hacienda, esto tiene que realizarse a través de una reforma tributaria estructural, argumentando que en Colombia “la carga tributaria está mal distribuida” (5), por lo que puede entenderse que en el articulado de la reforma que radicarán el 7 de agosto quedarán establecidos los mecanismos que permitan el cobro de un impuesto a la renta de las personas naturales.
Las propuestas varían en los topes de los ingresos de los declarantes de renta y de quienes finalmente pagarían el impuesto. En afirmaciones recientes a los medios de comunicación, Luis Carlos Reyes, nuevo Director de la Dian, aseguró que ningún trabajador que gane menos de diez millones de pesos pagará un peso más de impuestos (6). Es decir, se entiende que el impuesto de renta se gravará únicamente a las personas naturales que tengan ingresos anuales por encima de los ciento veinte millones de pesos.
El grueso del debate con las personas jurídicas, con las empresas, corporaciones y conglomerados económicos, sería la anulación de los múltiples beneficios otorgados en la reforma del Estatuto Tributario con la expedición de la Ley 2010 de 2019, siendo su derogatoria el primer Acto Legislativo pendiente por aprobar en las sesiones legislativas del Gobierno que inicia funciones. Adicional, la pretendida justicia tributaria debería referir unos topes máximos de salarios y de ganancias, es decir, podría dejarse en blanco la contabilidad de la plusvalía que extraen los empresarios en Colombia.
Aspectos del debate sobre la anunciada propuesta tributaria
De la primera entrevista otorgada por Gustavo Petro electo presidente (7), pueden tomarse algunas de las referencias que brinda sobre política económica. En primer lugar, el proyecto de Reforma Tributaria refiere la propuesta elaborada por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia Zamora (2021) en la que se realiza una crítica al actual sistema tributario, en tanto, “falta de transparencia ante la proliferación de exenciones, deducciones y tratos preferenciales” (8) que benefician al porcentaje más rico de la población.
La propuesta establece los mecanismos para el aumento progresivo del Impuesto sobre la Renta para Personas Naturales-Irpn, entre los conceptos a tener en cuenta está el de la renta líquida cedular (9) y el de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales. Según los resultados del análisis de datos proporcionados por la Dian, el estudio de la recaudación de impuestos arroja lo que podemos denominar unas conclusiones sustanciales:
• “La tarifa efectiva de los rentistas de capital es inferior a la de los asalariados”
• de todo el grupo de Personas Naturales-PN, “los asalariados son el conglomerado que tiene la mayor tarifa efectiva de tributación, triplicando la del resto de personas naturales contribuyentes”
• Política alternativa: “imponer una restricción a la relación entre el valor total de los ingresos líquidos gravables de las PN que tengan ingresos brutos agregados superiores a los $70 millones mensuales” (10).
Lo anterior tiene relación con las recomendaciones que brindó la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios (Cebt, 2022), en cuanto a la propuesta de una “reforma estructural escalonada”, la cual busca ampliar la base impositiva con el reto de formalización en la tributación y disminución de las brechas de desigualdad socioeconómica. En primer lugar, sugieren “crear un grupo independiente de expertos en impuestos y finanzas públicas” que asesore al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el funcionamiento del sistema tributario colombiano.
Esto implica una limitación del papel de los congresistas en las reformas tributarias, dado que serían los “expertos asesores” los responsables de presentar la evaluación económica que evidencie las diferentes perspectivas frente a las propuestas de recaudación tributaria. Asunto que debiera ir de la mano de la consolidación de la información pública de los gastos tributarios que registra la Dian.
Por lo cual se entiende que los Gastos Tributarios-GT han sido creados en múltiples casos para resolver mecanismos de tributación que posibiliten salidas al crecimiento económico; la contradicción se presenta en un crecimiento desigual, en el cual el auge del extractivismo pudo quedar en las ganancias amasadas por un reducido sector de inversionistas externos. La referida Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios recomienda que estas distorsiones del sistema tributario deben ser subsanadas por medio de reformas secuenciales que garanticen su “eliminación o reestructuración” con el fin de mejorar las Tasas Efectivas de Tributación-TET.
A este problema de la complejidad de las distorsiones, se asocia una “amplia gama de ingresos no gravables o exentos”, es decir que existen “regímenes tributarios especiales para Mega Inversiones, hoteles y la exploración minera y de hidrocarburos” (11). Esta realidad tributaria se evidencia en la desigual distribución del ingreso, en los términos de otorgar a la clase trabajadora ingresos de uno ($1’000.000) a máximo cinco salarios mínimos ($5’000.000), en contraste con los salarios desde trescientos millones de pesos y hasta mil ochocientos millones de pesos que reciben los altos ejecutivos en Colombia, según datos presentados en el Estudio de Remuneración 2022 Latam, del cual también pueden tenerse en cuenta la disparidad en las siguientes cifras:
• Facturación de US$50 millones: salario de entre $300 millones y $480 millones de pesos.
• De US$50 millones a US$150 millones: salario de entre $481 millones y $720 millones de pesos.
• Entre US$150 millones a US$250 millones: salario de entre $721 millones y $1.000 millones de pesos
• Facturación de US$250 millones o más: salario de entre $1.020 y $1.800 millones de pesos (12).
El problema de la distribución de la riqueza que ha generado el crecimiento económico en Colombia tiene este tenor de desigualdad en la acumulación de capitales. Este es el panorama que afronta Gustavo Petro con una promesa de transformación de la tributación para la generación de una sociedad igualitaria con democratización de la participación política.
Entre otros aportes, la propuesta económica rescata los de Mariana Mazucato, una economista italiana, profesora en la cátedra Economía de Innovación y Valor Público del University College London, en el sentido de volver al fundamento de la producción en la generación de la riqueza, un factor casi olvidado en la economía, en cuanto es y ha sido el trabajo productivo el generador de la riqueza en el mundo. El punto central se halla en otorgar al Estado el primer lugar de inversionista en la creación del fomento al sistema productivo (13).
¿El poder político es sólo un poder del gobierno nacional?
El nuevo Gobierno asciende al poder político de la Presidencia sin contar con el poder económico y sin certeza de mando en el poder militar. Además del gobierno nacional, la Presidencia tendrá que poner toda su disposición en gobernar con el pueblo, los movimientos sociales y los movimientos políticos que eligieron el cambio. El poder político reducido al gobierno, con la burocracia del Estado, será muy limitado sino conquista con reformas sociales inmediatas a las mayorías.
El poder económico estará mediando, a través del Ministro de Hacienda, los ataques que tienen anunciados los conglomerados económicos, teniendo en cuenta las intervenciones públicas del empresario Luis Carlos Sarmiento Ángulo, quién expresó que no permitirá que “cambie todo en Colombia”, especialmente los beneficios de acumulación de capital que le han sido concedidos en los últimos gobiernos.
Ocupar el cargo de Presidente otorga también el rol de Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, sin embargo, para Gustavo Petro tener el poder militar de las Fuerzas Armadas puede costarle dificultades que tendrá que afrontar con transformaciones de fondo al interior de la institución castrense.
En ese escenario estaba anunciada la renuncia del general Eduardo Zapateiro, quien ocupa el cargo de comandante del Ejército hasta el 20 de julio, el reemplazo inmediato corresponde al segundo comandante del Ejército Nacional, el mayor general Carlos Iván Moreno. Estos detalles protocolarios van más allá de rendir los honores militares en la posesión presidencial del 7 de agosto, marcan las tensiones que serán sostenidas en los próximos meses con la cúpula militar al mando durante las últimas dos décadas de la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.
La ruptura de la solución militar al conflicto interno es la pauta con la que comienza la nueva doctrina de la Seguridad Humana. El reto de afrontar el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional-Eln, las disidencias de la Segunda Marquetalia, los Frentes de las antiguas Farc que retomaron las armas, y la conflictividad permanente con las organizaciones criminales que mantienen los cruces de las economías ilegales, son algunos de los problemas de fondo que tendrá que comandar el nuevo Presidente.
Finalmente, una pincelada a partir del discurso del electo Presidente en la presentación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en cumplimiento al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno y las Farc. Su llamado fue preciso: el “eterno retorno a la violencia” padecida por el pueblo colombiano nos demanda como sociedad, y así lo pidió en su intervención al auditorio “la posibilidad de pasar a una era de paz en la historia de Colombia” (14).
1. “Relevo de las clases dominantes Relevo de las clases dominantes o cambio político en Colombia. ¿Fin del ciclo histórico del bloque hegemónico colombiano” Le Monde diplomatique, edición Colombia, Nº219, marzo 2022, pp.7-9, https://acortar.link/Oc728U.
2. El Diario criterio realizó la siguiente claridad sobre la declaración dada en radio: “Una de las mentiras más insólitas que circularon en redes sociales y promovieron personalidades de la talla del periodista y presentador de noticias Juan Diego Alvira es la de asegurar que el asesor Bonilla habló de ampliar la base gravable para las personas naturales que ganen hasta 3 millones de pesos mensuales”, en la transcripción pueden leerse en literal que la intención era la siguiente: “De ingresos muchos más altos, los de 36 millones ya los están pagando y ahí es donde está concentrado el esfuerzo mayor del impuesto de renta de personas naturales. La pregunta es ¿y por qué no miramos cómo son los impuestos de renta que pagan las personas de 100 millones, de 200 millones, (…) que no son muchos”, dijo el asesor Ricardo Bonilla durante su entrevista en Blu Radio. 2022, 22 de junio, “Las mentiras y verdades en torno a las declaraciones del asesor económico de Gustavo Petro”. Recuperado de: https://diariocriterio.com/gustavo-petro-y-asesor-ricardo-bonilla/ [Visto: 13.07.2022].
3. “Declaración de la Bancada del Partido Conservador Colombiano 2022-2026 respecto a la invitación a conformar un Gran Acuerdo Nacional sobre lo fundamental con el presidente electo Gustavo Petro Urrego”, junio 24 de 2022, Bogotá, D.C. Recuperado de: https://diariocriterio.com/partido-de-la-u-no-hara-oposicion-a-gustavo-petro/ [Visto: 4.07.2022]
4. Vargas Lleras, Germán (2022, junio 26) “Acuerdos y desacuerdos”. Bogotá, D.C. El Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/columna-de-german-vargas-lleras-acuerdos-y-desacuerdos-682929 [Visto: 4.07.2022]
5. Ocampo, José Antonio (2022, 26 de junio) “Las perspectivas de la economía colombiana bajo la administración Petro”. El Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/la-economia-colombiana-bajo-la-administracion-petro/ [Visto: 4.07.2022].
6. Red+ Noticias (2022, 11 de julio) “‘Nadie que gane menos de $ 10 millones pagará más impuestos’: Luis Carlos Reyes”. Recuperado de: https://redmas.com.co/es/w/nadie-que-gane-menos-de-10-millones-pagara-mas-impuestos-luis-carlos-reyes [Visto: 13.07.2022].
7. Cambiocolombia.com (2022, 25 de junio) “Petro: ‘Si nos aislamos, nos tumban’”. Revista Cambio. Recuperado de: https://cambiocolombia.com/articulo/poder/petro-si-nos-aislamos-nos-tumban [Visto: 6.07.2022].
8. Garay, Luis Jorge; Espitia Zamora, Jorge Enrique, Propuesta de Proceso de Reforma Tributaria Estructural para Colombia con base en principios constitucionales del Estado Social de Derecho. Bogotá: Cumbre Social y Política por la Renta Básica Permanente; Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá, Colombia, 2021, p. 7.
9. Este tiene una serie de definiciones en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, entre las cuales pueden entenderse que no aplican los “conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y demás conceptos susceptibles de ser restados para efectos de obtener la renta líquida cedular” y se aclara que en “la cédula general están incorporados los ingresos por concepto de rentas de trabajo, de capital y no laborales”. (2022) “Rentas Cedulares”. Recuperado de: https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Renta_Personas_Naturales_AG_2019/Paginas/rentas-cedulares.aspx [Visto: 13.07.2022].
10. Garay, Luis Jorge; Espitia Zamora, Jorge Enrique, op. cit., pp. 9, 10 , 11.
11. Ministerio de Hacienda (2021) Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Bogotá: Oecd – Dian – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2021, p. 22.
12. Valora Analitik (2022, 5 de enero) “Así serán salarios de altos ejecutivos en 2022 en Colombia, México, Chile, Perú, Brasil y Argentina”. Recuperado de: https://www.valoraanalitik.com/2022/01/05/salarios-de-altos-ejecutivos-2022-colombia-america-latina/ [Visto: 11.07.2022].
13. Mazzucato, Mariana (2018, 23 de septiembre) “¿Quién crea realmente valor en una economía?”. Recuperado de: https://sinpermiso.info/textos/quien-crea-realmente-valor-en-una-economia [Visto: 11.07.2022].
14.0 Palabras del electo Presidente en la presentación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en cumplimiento al Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno y las Farc, Bogotá, 28 de junio de 2022.
*Mg. Licenciada em Humanidades y Lengua Castellana-UDFJC; Magíster en Estudios Políticos-UNR; Doctoranda en Ciencias Sociales-UBA.
Líneas programáticas
La propuesta de programa que presentaron Gustavo Petro y Francia Márquez en el documento Colombia Potencia Mundial de la Vida, 2022-2026, contiene unas líneas gruesas de componentes que comienzan con la apuesta por la feminización de la política. En las primeras líneas se presenta el cambio de una “economía extractivista” hacia una “economía productiva” con una fuerte agenda de política social y un énfasis de las relaciones internacionales de la mano ambientalista que polemiza el cambio climático y la búsqueda de la paz mundial.
El mecanismo de la cremallera que permitió la paridad de hombres y mujeres en las listas a las elecciones del Congreso de la República marcó la pauta con la cual se espera que el Pacto Histórico mantenga la misma condición paritaria en la implementación del Programa de Gobierno. Entendiendo la búsqueda de garantías para cumplir con la transformación de una sociedad que otorgue el “poder económico para las mujeres”, no sólo en el Ministerio de la Igualdad, sino en principio, en la conformación de la Comisión de Empalme del Gobierno Nacional 2022-2026. Sin embargo, en la Comisión de Empalme está claro que la participación de las mujeres tiene menos del 40 por ciento de su composición, iniciando el desequilibrio paritario.
Las primeras líneas ambientales del Plan de Gobierno refieren a la protección de los humedales evitando la desecación del territorio, en la preocupación por la fertilidad de la tierra para la siembra y la cosecha de alimentos, adquiriendo el compromiso por la prohibición de la aspersión aérea del glifosato. Estas promesas se suman a la demanda del movimiento animalista por la prohibición de espectáculos de maltrato a los animales, como el cierre de las corridas de toros, asumida con la readecuación que tuvo la Plaza Santa María en la administración distrital de la Bogotá Humana (2011-2016).
En cuanto a la transición del modelo económico de extractivo a productivo, se alude a una matriz energética diversificada, que busca la implementación de energías renovables, restringiendo el modelo de explotación de hidrocarburos y la descarbonización energética, a su vez, limita la construcción de nuevas hidroeléctricas de embalse. El cumplimiento del modelo de transición energética pasaría por la creación del Instituto Nacional de Energías Limpias y una reforma al Código de Minas.
La economía productiva prioriza la producción de alimentos, proyectando al territorio colombiano como potencia agraria. Esto se haría posible con la democratización del crédito bancario, enfocado hacia el fomento productivo. Igualmente, la democratización del territorio urbano contempla el fortalecimiento de la economía popular, a lo cual se agregaría la necesidad de establecer rutas y redes de comercio justo, fomento de asociaciones y cooperativas, como la garantía de acceso al crédito para la producción de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En cuanto a la democratización del crédito, afronta la eliminación de la usura vía la informalidad de endeudamiento conocido como gota a gota, instalando un sistema de Multibanca Estatal. Entre los aspectos a destacar que tratan estos delicados asuntos, se busca adelantar “la colateralización de los bienes en manos de las agencias de manejo de activos de la mafia” (1), realizando una solicitud de garantías al sistema financiero que permita el ‘blanqueo de capitales’ en un estilo mejorado de la versión de la ‘ventanilla siniestra’ del Banco de la República (2).
Entre los pactos de la economía productiva, se puntualiza el Pacto por el campo, el Pacto por la industria, el Pacto con la economía popular, el Pacto por el turismo, el Pacto por el trabajo, el Pacto por la cultura, el arte y el deporte, en el cual se adquiere el compromiso de impulsar la industria cinematográfica nacional. En el capítulo de salud refiere la creación de un Consejo Nacional de Salud, anunciando la modificación del actual sistema de prestación de servicios de salud.
La evaluación entre lo programado y lo ejecutado tendrá un lapso de cuatro años de vigencias presupuestales para cumplir con las promesas consignadas.
1. “Colombia Potencia Mundial de la Vida, 2022-2026”. Programa de Gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez.
2 Cuevas, Ángela (1991, 2 de diciembre) “Ventanilla siniestra”. El Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-219240 [Visto: 4.07.2022].
Una maniobra de conciliación
Como una maniobra conciliadora, así debe entenderse la manera como va integrándose el cuerpo ministerial. Un proceder que responde al carácter del Pacto Histórico, integrado por fuerzas políticas de izquierda y centro izquierda, a las cuales pertenecen las figuras de Gustavo Petro y Francia Márquez, como a las agrupaciones que conformaron las listas del Congreso de la República, esto puede permitir comprender la lógica o el asombro ante las designaciones en los Ministerios.
En lógica de coaliciones de personalismos políticos es claro que la forma del nuevo Gobierno no responde a una estructura partidaria. Si existe asombro en algunos gremios del magisterio y movimientos estudiantiles ante la decisión de nombrar a Alejandro Gaviria Uribe en el Ministerio de Educación, es porque falta entender la lógica de las alianzas políticas electorales que permitieron el ascenso a la presidencia de Gustavo Petro.
El reconocimiento a la izquierda colombiana llega por medio de un homenaje al teatro. El nombramiento de Patricia Ariza al frente del Ministerio de Cultura puede darnos la imagen de las tablas en el Teatro La Candelaria de la obra “Guadalupe Salcedo, años cincuenta” que brinda múltiples lecciones a los amantes de la historiografía. En el Semanario Voz del Partido Comunista Colombiano puede reconocerse la satisfacción con la conformación del gabinete ministerial, enalteciendo la labor dedicada a la recuperación y fortalecimiento de manifestaciones culturales, así como al develamiento de distintas formas del poder y sus expresiones criollas.
La Ministra de Ambiente Susana Muhammad, debió renunciar a su cargo en el Concejo de Bogotá, saltando de la experiencia distrital a asumir las luchas ambientalistas en el puesto de máxima autoridad en la materia. No sorprende, precisamente por la proximidad que ha mantenido al lado de Gustavo Petro, quien ya la había nombrado hace unos años Secretaría de Ambiente en la administración de la Bogotá Humana.
Además de la cuota a las alianzas políticas con el liberalismo por las cuales es nombrado Alejandro Gaviria, se suma el nombre de Cecilia López Montaño en el Ministerio de Agricultura. Su trayectoria en el Partido Liberal Colombiano se conoce desde el trabajo que realizó en el Departamento de Planeación Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) hasta la vocería oficial que asumió de tal partido en 2008. Su trabajo de asesora en asuntos económicos con el Estado colombiano ha significado un reconocimiento a la tecnocracia de la administración pública.
El primer ministerio anunciado fue el de Relaciones Exteriores en cabeza de Álvaro Leyva Durán, militante del Partico Conservador Colombiano. Este veterano dirigente político lidiará en sus años ochenta con la agitada dinámica internacional en un mundo que se transforma hacia la multipolaridad, con bloques hegemónicos regionales que trazan estrategias económicas de alianzas que relativizan la consabida hegemonía norteamericana.
En contraste, la nueva Ministra de Salud, Carolina Corcho, cumple un relevante papel en el gabinete ser mujer, joven y activista no partidaria, egresada de Medicina de la Universidad de Antioquia, con especialización en Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia y maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Ha sido vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur*. Un perfil ligado a la financiación de organizaciones no gubernamentales-ONG y a procesos de sindicalización y agremiaciones profesionales del campo de la salud.
El último de los nombramientos conocido hasta el cierre de esta edición –julio 26– ha sido la controvertida designación del jurista Iván Velásquez Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (2000-2012), cargo en el que se ocupó de develar los nexos entre el paramilitarismo y los congresistas electos durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010). Durante los últimos años se conoce que llegó a presidir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), experiencia que puede darle una comprensión hemisférica del impacto de la doctrina de la Seguridad Democrática en el continente, asumiendo el reto de cambiar la securitización de la vida, por una doctrina que logre el cumplimiento de los derechos fundamentales de acceso a salud y educación que realmente permitan la transformación cultural que logre la reducción del crimen.
* Dorado Suaza, Cristina (2022, 19 de abril) “‘Quizás hemos normalizado la muerte’: Carolina Corcho”. Recuperado de: https://conexion.uexternado.edu.co/quizas-hemos-normalizado-la-muerte-carolina-corcho/ [Visto: 13.07.2022].
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