El lento avance

Una de las principales promesas del actual Presidente en tiempos de campaña electoral radicó en la necesidad de implementar la reforma agraria. Una promesa consecuente con la realidad de Colombia como uno de los países con mayor concentración de tierra en pocas manos. Luego de tres años de mandato, ¿qué tanto se ha avanzado en la misma?

Gustavo Petro estableció como meta de su gobierno la adquisición de 3 millones de hectáreas de tierra con capacidad de producción para el campesinado. En el camino, tras tres años y próximo a ingresar en su cuarto y último año de mandato, lo que él denominó “revolución por la vida” parece quedarse a medio camino de su propuesta inicial, la cual debe tomarse con pinzas a la hora de analizar la cuestión de la administración de tierras durante este cuatrienio, ya que, a mitad de su mandato el Presidente anunció que el objetivo inicial debía ser bajado a uno más creíble, 1.5 millones de hectáreas, así y todo, un inmenso reto por concretar.

La reforma agraria no debe ser tomado como un propósito menor, ya que no solo fue uno de los estandartes durante la campaña del hoy Presidente, sino que desde el inicio de su gobierno fue un objetivo estructural y necesario para la consecución de la Colombia Humana, así como las reformas a la salud y laboral. Por tanto, es necesario comprender los límites proyectados por el Presidente y el desenvolvimiento logrado hasta el momento por las distintas instituciones involucradas (principalmente la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura (1) y Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras), intentando comprender las múltiples dimensiones de lo que es e implica la reforma pretendida.

Contexto de la reforma

Según Oxfam (2), la concentración de tierra en Colombia es descomunal, estando el 81 por ciento de la misma en manos del 1 por ciento de los propietarios, mientras el 99 restante posee el 19 por ciento, algo más que preocupante toda vez que Colombia es un país cuyo conflicto armado está fundamentado desde sus inicios en una lucha por la propiedad de la tierra (3), una lucha en la que intervienen los campesinos y las campesinas, el Estado, los grupos al margen de la ley, las guerrillas entre otros.

Esta relación entre el conflicto armado y la propiedad de la tierra encuentra un mayor sentido cuando se toma como ejemplo que uno de los puntos del Acuerdo de Paz (4) firmado por Juan Manuel Santos con las extintas Farc fue, justamente, la garantía de una redistribución de 3 millones de hectáreas para entregar a los campesinos que la necesiten, así como a otras comunidades rurales que lo requieran (5). Bajo ese panorama, la propuesta de la administración Petro fue sencilla: cumplir con lo acordado con las Farc para garantizar un bienestar social del campesinado, lo cual, por extensión, traería un aumento en la calidad de vida tanto de los sectores rurales como de las zonas urbanas.

El agregado de Petro en este tema giró en torno a una integración de la entrega de tierras con una tecnificación del campo, propendiendo por volver el sector rural más competitivo y eficiente en el marco de la actual carrera por la autonomía alimenticia. Su propuesta frente a lo rural se orienta, entonces, hacia una combinación entre la inversión tecnológica, educativo/formativa y el acceso a recursos económicos, de modo que todos los factores posibiliten un aumento en la competitividad, siendo algo que puede considerarse polémico en algunos sectores de la política colombiana (principalmente la oposición), pero muy bien recibido por otros, que ven en el campo una fuerza aún sin crecer y que ha quedado en una eterna espera de lo que podría llegar a ser.

De vieja data

En este sentido, debe revisarse, así sea de manera somera, el intento de las distintas reformas agrarias pretendidas a lo largo de la historia nacional, algo importante para comprender el retorno a la función social de la tierra y el direccionamiento que el actual gobierno tiene para alcanzar el desarrollo tecnológico y competitivo del campo. Por supuesto, esta mirada histórica, comparativa, trae consigo un esfuerzo por abarcar el tema de los conflictos por la tierra, lo cual, como ya se indicó, es un punto complejo, base del conflicto armado que aún se desenvuelve en el país.

Ahora bien, con el Pacto de Chicoral (Ver recuadro “Contrarreforma”) debe hacerse un punto aparte en lo que respecta al desarrollo histórico de las reformas agrarias. Ya que al estudiar el conflicto armado en Colombia existe un consenso en el que se afirma que: “al momento del Chicoralazo, el conflicto armado en Colombia era muy limitado y la violencia homicida descendía en forma significativa. Y todos los mejores analistas han señalado que la concentración de la tierra y la ruptura del Estado con el campesinado han sido factores esenciales de la persistencia de la guerra y de la debilidad de nuestra democracia” (6). En este sentido, debe analizarse lo que implicó el chicoralazo para Colombia y cómo dicho Pacto persiste hoy en día a modo de espectro que acecha cada intento de reforma agraria. Esta sombra se extiende hasta la administración actual al punto que, en un intento por superar ese acuerdo oligárquico, el presidente Petro propuso un nuevo Pacto de Chicoral, el cual llamó de “Pacto por la Tierra y la Vida”.

De esta manera, es de esperar que, dentro de una política pública fundamentada en el aumento de la concentración de tierra, como lo fue el chicoralazo, el despojo campesino se hiciera una constante dentro de la dinámica tanto inmediata como posterior a la contrarreforma. Esto último, en aras de promover la eliminación de las economías familiares campesinas, priorizando un modelo industrial asentado en el latifundio como base de la concepción de tenencia de la tierra para crearle espacio a economías como la ganadería extensiva y el monocultivo, lo que trajo consigo una profundización de la violencia estatal, al tener de manos de Pastrana Borrero una respuesta represiva a la protesta campesina desatada por la reestructuración del campo. Todo un proceso de transformaciones frente a lo cual se debe trazar un panorama para comprender la importancia de la reforma del actual Gobierno.

Por lo tanto, es necesario comprender que la reforma impulsada por el actual gobierno se ubica en unos antecedentes históricos importantes frente a los cuales mirarse. Sin desconocer tal realidad, el Presidente enfatiza en que su intención es acabar con el fantasma del Pacto de Chicoral, y el único modo de hacerlo es con las herramientas ya dispuestas por la ley, siendo el Acuerdo de Paz la mejor forma de paliar las desigualdades y la precariedad campesina aún hoy predominante en Colombia. Una pretensión en la cual no aparece el recurso a la expropiación de la tierra, y sí la compra, así como la titulación de tierra baldía, sin dejar de lado la extinción de dominio y demás mecanismos amparados por la ley para la cobertura de las tierras que desea para su reforma.

La reforma al día de hoy: prospectivas

Replanteado en 1,5 millones de hectáreas de tierra por entregar al campesinado (7), un reajuste que toma en cuenta la real correlación de fuerzas que enfrenta el Gobierno, entra en escena la pregunta por la cantidad de tierra adquirida, no solo la tierra “disponible” para la reforma, sino las hectáreas que han sido entregadas por la actual administración nacional. Esto implica la pregunta por el cómo han sido adquiridas y quiénes eran los propietarios de dichas tierras. En la plataforma oficial del Gobierno se dispone de dicha información (Ver Tabla 1).

Por otro lado, frente a la disposición de tierra disponible para la reforma, cuando se le compara con la cantidad entregada, existe un índice de mayor cantidad de hectáreas, algo que evidencia la planeación del gobierno frente al proceso de redistribución de la tierra y, más aún, para generar confianza en la reforma, reflejando un interés por parte del mandatario a la hora de movilizar la reforma agraria como un logro de su mandato (Ver Tabla 2).

Ahora bien, las cifras del Gobierno traen consigo una imagen de progreso en lo referente a la reforma agraria, ya que, según estos índices, la segunda meta propuesta para la entrega de tierras puede alcanzarse al finalizar el presente año. Destaca que, en materia de adquisición de las hectáreas, contrario a lo que se creía con la reforma de un gobierno de izquierda, solo 16 mil han sido expropiadas, las demás fueron adquiridas con mecanismos ya existentes en la legislatura colombiana (8). Esto es importante resaltarlo, ya que permite reflejar que la actual política agraria, en comparación con los anteriores dos gobiernos –0 hectáreas en el gobierno Santos y 13 mil en el de Duque–, ha sido de las que más ha contribuido al crecimiento del sector campesino.

Ampliando lo hasta acá desarrollado, importante traer a colación la formación y la capacitación campesina, adelantada a través del programa CampeSena, y que se orienta a satisfacer la necesidad de fortalecer los saberes campesinos, así como las economías que pueden surgir dentro del tejido social campesino en reconstrucción con la entrega de tierra, de modo que puedan abrirse posibilidades de crecimiento en el marco de las nuevas tecnologías y economías que posibiliten la consecución de una cultura campesina fuerte. Permitiendo así una dignificación de los y las campesinas, algo que se ve reflejado en la reducción de los índices de pobreza de las zonas rurales desde el 2023 (9).

Sin embargo, en la práctica, se debe profundizar en cómo se ha dado el desenvolvimiento de la tierra entregada y cómo es que otros factores han intervenido para interferir en su manejo y propiedad.

Interferencias y fallos de ejecución

Ahora bien, tomando esto en consideración, queda la pregunta sobre si este óptimo panorama se ha desenvuelto según la visión propuesta por la administración Petro, y no solo que sea una acumulación de un banco de tierra que luego serán (o son) rápidamente repartidas sin regulación y seguimiento sobre a quiénes y para qué se les entrega, aún más teniendo en cuenta que atado al problema de la tierra viene el problema de su mal uso (10). Este temor surge cuando se analizan casos como el de la Hacienda Bellacruz, al sur del Cesar, donde la mala administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras permitió que 7 mil hectáreas- inicialmente entregadas a los campesinos que habían cumplido con los requisitos establecidos- fueran finalmente devueltas a Luis Alberto Urrego Contreras, propietario original que fue condenado por narcotráfico (11). Estas tierras, registradas en la SAE para ser incluidas en el proceso de restitución a víctimas del desplazamiento forzado, regresaron a Urrego tras una decisión de la Fiscalía frente a su proceso de extinción de dominio.

Igual sucedió con varias familias en Córdoba (12), pobladoras de las fincas Támesis y Pontevedra y enfrentadas a desafíos debido, uno, a inexistente titulación y por lo cual no podían acceder a recursos económicos, dos, ausencia de asistencia del Estado, que una vez entregó las tierras no hizo más presencia, con lo cual se reafirmaba, una vez más, que reforma agraria es algo más que entrega de tierra. “Todavía nos tienen en el limbo, entonces no hay solución, van, visitan y hacen una cosa y mañana hacen otra, después nos vuelven a llamar y me parece una falta de respeto”(13), señala José Martínez, una de las personas a la espera de tierra.

Como Martínez, los casos de irregularidades o falta de compromiso con las dinámicas de la reforma pueden continuarse presentando. Es importante, en este aspecto, comprender que el proceso no puede reducirse a una mera redistribución de la tierra, ajena al enfoque productivo que la acompaña en el marco de una visión del campo como revolución de la vida (14). Esto debe señalarse a pesar de que, en distintas ocasiones en las reuniones con los ministros, el Presidente afirma la importancia de la competitividad y el desarrollo productivo del campo para la consolidación de la democracia colombiana. De esta manera, sin dejar de lado la posible injerencia de los grupos al margen de la ley, los cuales pueden sabotear la dinámica de crecimiento del sector campesino al no existir una presencia estatal que garantice la seguridad y capacidad productiva de los habitantes y de las hectáreas entregadas, un factor que no puede descartarse y que se asocia también a la importancia de entender la reforma agraria como una dimensión más de todo el complejo sistema de reformas de la administración Petro, ya que todas se complementan de forma orgánica.

Son observaciones críticas que deben comprenderse para que el proceso avance por vía adecuada. Como ya se dijo, la transformación del campo sí se está llevando a cabo –al menos en términos de propiedad y titulación–, y hay un esfuerzo por la parte gubernamental de ir más allá de ello al promover proyectos de financiación y apoyo económico, tecnológico y de estructura para que el campesinado pueda recuperarse de los golpes recibidos a lo largo de la historia nacional.
Por tanto, el componente de integralidad sí está presente en la reforma agraria de la administración Petro, solo que no avanza de forma recta y sin interrupción, al contrario, existen elementos como el conflicto armado, el panorama fiscal, el debate de las demás reformas, etcétera, que implican que el avance de la reforma sea lento. Sin embargo, y debe hacerse mucho énfasis en esto: es normal que existan tropiezos, unos más grandes que otros, lo cual es parte del proceso que se está llevando a cabo. El campo es un sector complejo que requiere la adecuada integración de factores para funcionar correctamente, mucho más si no queda al margen la historia que acompaña al campesinado colombiano, el cual tiene mucho por recorrer para poder alcanzar el nivel de productividad y competitividad que le permitiría a Colombia tener una autonomía alimentaria que dignifique al país por sus propios medios.

Aún estamos lejos

Es sencillo atacar lo avanzado en el propósito de reforma agraria, y la manera seguida para ello (aunque debe destacarse la importancia de esto en una democracia sana); no obstante, los avances alcanzados en materia de redistribución de tierra no pueden ser ignorados producto de algunos errores o inconsecuencias –esperables al existir un margen de error a la hora de aplicar una política pública–. De hecho, en términos de cifras, y con mirada histórica, el actual gobierno ha sido el que más se ha ocupado del tema de la entrega de tierras.

El problema en este caso es que existe a priori un descontento con todo lo que la administración Petro ha intentado llevar adelante –reforma laboral, a la salud, educación, etcétera–, y la reforma agraria no es la excepción. En este sentido, se retoma la conclusión de Londoño (15): “La gestión de tierras del Gobierno del Cambio ha tenido avances importantes en la dotación del Fondo de Tierras, la entrega de tierras a beneficiarios de la RRI y la formalización de la propiedad rural. No obstante, aún está lejos de cumplir las metas del cuatrienio. Por otra parte, la Agencia de Tierras aún no ha logrado resolver las deficiencias en sus sistemas de información, ni los problemas técnicos, administrativos y jurídicos señalados por los organismos de control”. Al final, corresponde destacar los considerables avances logrados, pero sin dejar de señalar las deficiencias que pueden (y van) a surgir, pero ello no desmerita o resta a un proceso complejo, tal como lo es la reforma agraria. Sin duda, la revolución por la vida será un proceso lento, pero no por ello menos transformador.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2025, 25 de mayo). El contador oficial de la reforma agraria. Tomado de: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/2023/ContadorReformaAgraria.aspx
OXFAM. (2017). Radiografía de la desigualdad. OXFAM. https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf
Estrada, J. (2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. En CHCV (ed.), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 1-62). CHCV. https://bit.ly/3pgRYIW
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (2016). Bogotá: Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional de Colombia.
Puntualmente, dice el acuerdo: “Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la misera, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en 12 consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra, el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita. El Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación” (2016, pp. 12-13).
Uprimy, R. (2022, 23 de enero). “Las enseñanzas del Pacto de Chicoral”. Dejusticia. https://www.dejusticia.org/column/las-ensenanzas-del-pacto-de-chicoral/
“La meta del Ejecutivo es entregar 1,5 millones de hectáreas al campesinado antes de terminar el mandato”, señala la Radio Nacional de Colombia (2025), algo que se reafirma a partir del Consejo de Ministros del 27 de mayo del 2025. Radio Nacional de Colombia. (2025, 28 de mayo). “Pdte. Petro informó que se entregaron 570 mil hectáreas y aseguró que la reforma agraria es posible”. Tomado de: https://www.radionacional.co/actualidad/politica/reforma-agraria-en-colombia-gobierno-petro-entrega-570-mil-hectareas-y-promete
La ministra Carvajalino recientemente explicó a El País (Hernández, 2025) sobre la dinámica de la adquisición y entrega de tierras como parte de la reforma agraria.
Hernández, J. (2025, 11 de marzo). Martha Carvajalino, ministra de Agricultura de Colombia: “El Gobierno Petro no ha hecho una sola expropiación agraria, aunque podría”. El País. https://elpais.com/america-colombia/2025-03-11/martha-carvajalino-ministra-de-agricultura-de-colombia-el-gobierno-petro-no-ha-hecho-una-sola-expropiacion-agraria-aunque-podria.html
DANE. (2023). Pobreza monetaria en Colombia. Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PM-2023.pdf
Bolivar, A. y Rodriguez, A. (2021, 1 de noviembre). Los problemas con las tierras no productivas de Colombia. Razón Pública. https://razonpublica.com/los-problemas-las-tierras-no-productivas-colombia/
Puentes, P. (2025, 14 de marzo). En manos de exnarco quedarían tierras que Petro entregó a campesinos de Hacienda Bellacruz. Rutas del Conflicto. https://rutasdelconflicto.com/notas/manos-exnarco-quedarian-tierras-petro-entrego-campesinos-hacienda-bellacruz
Doria, P. (2024, 10 de enero). Tras un año, no llega apoyo a campesinos que recibieron tierra por Petro. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/tras-un-ano-no-llega-apoyo-a-campesinos-que-recibieron-tierra-de-petro/
Bocanegra, N. (2024, 12 de noviembre). Esperando la tierra prometida: Colombia enfrenta desafíos para resarcir víctimas, clave para concretar la paz. Reuters. https://www.reuters.com/latam/negocio/Y5ONGC6JENKIVPOLKVHZFYOK4Y-2024-11-12/
Aquí se debe tomar en cuenta el análisis que realizó Luciana Cadahia (2025) al ministro de educación Daniel Rojas, donde se destaca lo estructural que es la reforma agraria para la administración actual, a la vez que destaca el avance de la reforma.
Cadahia, L. y Rojas, D. (2025, 27 de mayo). Reforma agraria, desfosilización y una nueva alianza popular. El Jacobin. https://jacobinlat.com/2025/05/reformaagraria-desfosilizacion-unanuevaalianzapopular22/
Londoño, R. (2024, 6 de octubre). La gestión de tierras en el Gobierno del Cambio. Razón Pública. https://razonpublica.com/la-gestion-tierras-gobierno-del-cambio/

*Profesor universitario e investigador. Estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad Federal de São Carlos (Brasil), magister en metafísica de la Universidad de Brasilia (Brasil), magister en filosofía de la Universidad Industrial de Santander (Colombia) y filósofo de esta misma universidad. Miembro del Laboratorio de Teoría Social, Filosofía y Psicoanálisis de la Región Centro-Oeste vinculado a la Universidad de Brasilia. Email: juanalmeyda96@gmail.com