A escasos nueves meses de las elecciones presidenciales, programadas para el próximo 23 de abril de 2013, el presidente Fernando Lugo fue destituido por el Congreso de su país en tiempo récord. Y por medio de una leguleyada. Ante un “golpe de Estado legal”, no faltaron apoyos de algunos Estados, otros guardaron silencio y no pocos hicieron evidentes maniobras para no parecer satisfechos con el hecho sucedido (1). Por su parte, los miembros de Mercosur, directos e inmediatos afectados por el suceso, denunciaron el golpe pero sin aplicar sanciones económicas.
Con una realidad compleja, en Paraguay la concentración de la tierra –principal problema por resolver para cualquier gobierno que se diga progresista– es de tal proporción que una sola persona –como Blas Riquelme, ex presidente del partido colorado y en su tiempo aliado, contertulio, del dictador Stroessner bajo cuya sombra amasó su fortuna– concentra 70 mil hectáreas (2), y otro, Tranquilo Favero, uno de los máximos representantes de los numerosos terratenientes brasileños emigrados al país vecino, posee 40 mil hectáreas sembradas, además de 40 mil cabezas de ganado, 1.500 empleados directos y tierras en 13 de los 17 departamentos del país” (3).
En este contexto de clara desigualdad social, Lugo, obispo ligado a los más pobres de su país, ganó su prestigio como líder social al denunciar el problema agrario y optar por el apoyo a los campesinos desposeídos de su vital recurso. Fue responsable de la diócesis de San Pedro, que tiene territorio en una de las regiones más pobres de Paraguay.
Las décadas sin esperanza de tantos paraguayos fueron fértiles para el liderazgo que labró Lugo, que penetró mucho, y no sólo en la predicación sino también en la política. Y rompió la inercia del poder tradicional cuando aceptó ser candidato para la máxima responsabilidad pública de su país. Como efecto, una treintena de organizaciones sociales y políticas decidieron apoyarlo y constituyeron la coalición Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuyo peso electoral, con el 60 por ciento de los votos, recayó en el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), que cedió la aspiración presidencial a cambio de asegurar la vicepresidencia y cuatro ministerios. A la postre, sin un desmonte de los métodos politiqueros y sus raíces, esta alianza amarró las manos del Jefe de Estado, quien tomó posesión el 15 de agosto de 2008 como el primer Presidente de izquierda en un país que aún no logra sacudirse de la herencia de los 35 años de dictadura del general Stroessner y la imagen polémica de su paradigma por la Independencia, Yo el supremo, Gaspar Rodríguez de Francia, que mandó durante 24 años.
Al frente de un gobierno que no podía ocultar su fragilidad, el otrora obispo comprobó rápidamente que una cosa es el gobierno y otra muy distinta es el poder. Así se encargaron de recordárselo terratenientes, grandes exportadores de soja, los dueños del poder financiero y los líderes del partido colorado. Luego de cuatro años de gobierno, el Partido Radical Liberal Auténtico, su aliado, también le restregó en el rostro esa diferencia.
Con la novedad de su origen en el púlpito y del peregrinar con los pobres, asumió el gobierno sin un equipo de plena confianza y sin control sobre el Congreso. Así, muy pronto, el nuevo presidente comprobó las diferencias de proyecto social, económico y político que mantenía con el vicepresidente. Por tanto, el ambiente de conspiración se respiró desde los primeros meses. “El portal Wikileaks encontró en los cables de la embajada de Estados Unidos, emitidos desde 2009, que el vicepresidente Federico Franco articulaba con la embajada, actuando, mínimo, como un informante privilegiado de los gringos” (4).
En estas condiciones, sin acudir a los movimientos sociales, y centrado en maniobras de nombramientos burocráticos que estrechaban al Presidente cada vez más en su gestión gubernamental, Lugo cayó poco a poco en los marcos y las lógicas de la institucionalidad heredada.
Sin mayoría ni fuerza parlamentaria importante, el gobierno de la esperanza, como seguramente muchos sectores sociales debieron sentirlo en sus primeros meses de ejercicio público, rápidamente se vio bloqueado: a pesar de sus diversos intentos y de los cuatro años de gobierno, el Congreso no le aprobó los candidatos para embajador en propiedad en Brasil, su principal aliado. Lo mismo sucedió con su proyecto de renta mínima para atender a 85 mil familias de las más pobres del país. Dicha ley esta vetada por el Legislativo.
De esta manera, bajo el efecto de un bloqueo político, sin intentar romper los poderes históricos y sus obstáculos institucionales a partir de sus alianzas con los movimientos sociales, única vía expedita que tenía a la mano, Lugo dejó como deuda pendiente sus promesas de campaña: con sus principales aliados sociales, los campesinos sin tierra, la reforma agraria; con la sociedad en su conjunto, el mejoramiento de la justicia, y el acceso a un sistema de salud como derecho universal gratuito, que no logró poner en marcha. Un logro innegable: la creación de la televisión pública, que, pese a su valor estratégico, es insuficiente en el corto plazo para el cambio de la correlación de fuerzas.
Referencia especial entre sus promesas de campaña y sus intentos de ejecución merece la oferta hecha de recuperación de la soberanía energética, un tema que pende de Brasil, principal beneficiario de la hidroeléctrica de Itaipú, y que siempre trata de mantener una política de predominio sobre su vecino. Lula, como jefe de Estado, asumió el encargo de permitir que Lugo ‘recuperara’ la soberanía energética paraguaya, al pagar un poco más del doble convenido originalmente por la energía sobrante producida por la hidroeléctrica (5). Sin duda, un pequeño respiro para una economía con una política impositiva que grava de manera más que benévola a los ricos (6).
Urgido de mantener a Lugo muy cerca, Brasil no dudó en favorecerlo. Pero, sin la posibilidad de romper el dique del poder tradicional, temeroso de la influencia de la izquierda, con valores de identidad e intento de decisiones alternativas frente al capital internacional, e interesado en acercarse aún más a los Estados Unidos. El bloqueo por parte de estos sectores al ingreso de Venezuela y Ecuador al Mercosur dibuja nítidamente esta realidad (7).
Es ésta la fuerza que mantuvo este bloque cerrado ante cualquier cambio, la indicación fehaciente de que la influencia de los Estados Unidos en Paraguay no fue rota, o debilitada significativamente, y que, con el giro que dio la coyuntura, Brasil resulta con déficit o como un claro perdedor. Con la nueva composición en el gobierno de Paraguay, un posible acuerdo comercial o TLC entre éste y la potencia del norte bien pudiera quebrar o hacer cuña en el diseño estratégico de Brasil para con su vecino, la región, y de su ‘avance’ en salidas expeditas a los puertos del Pacífico. Un factible acuerdo militar, de cooperación y ayuda con base en el temor y las acciones de “guerra política” por la supuesta presencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (GPP), sería otro paso de ruptura contra el posicionamiento de la geopolítica brasileña, y de limitación de sus avances sobre toda la región. Y parejo con Brasil, el factor activo de Venezuela y de su coyuntura de disputa electoral, con urgencia de juego como miembro activo en Unasur que el Congreso de Paraguay niega y demora, también es una pieza en el tablero.
Las lecciones de este nuevo retroceso del progresismo latinoamericano son claras. Para romper estos muros con signo derechista, neoliberales, en una sociedad profundamente desigual, donde el “2 por ciento de sus 6,4 millones de habitantes es propietario del 80 por ciento de las tierras fértiles” (8), el otrora obispo tendría que haber intentado un protagonismo del alzamiento social y, por supuesto, depositar en las mayorías sociales la última palabra sobre aspectos clave de su diario vivir. Sin embargo, el gobernante optó por la simple administración de un aparato que terminó por alejarlo de los suyos.
El Presidente no intentó romper, o no pudo hacerlo, la realidad frente a la propiedad de la tierra, pero los campesinos desposeídos no desistieron de su reivindicación. Entre ocupaciones de tierra e intentos de desalojo por parte de la policía, la presión y las denuncias de los más ricos por la supuesta complicidad presidencial no tardaron en la espera. Por esta vía, llegó el viernes 15 de junio, cuando en un operativo policial para el desalojo de un predio en litigio en el departamento de Canindeyú, frontera con Brasil, apropiado por Blas Riquelme, terminó con 17 muertos (9). Las presiones derivadas del mismo estuvieron a la orden del día.
Los terratenientes sindicaron de los hechos a campesinos aliados del EPP y reclamaron mano dura, postura ante la cual el gobernante respondió en forma equívoca con un ceder la cartera de Gobierno –a cargo de los liberales– para el partido colorado (10). Como era obvio, la respuesta fue inmediata: los cuatro ministros liberales de su gabinete presentaron renuncia. Se rompió así, en apariencia, la alianza que traían, paso que facilitó el acuerdo del bipartidismo paraguayo para dar cuenta del Presidente. Los campesinos, por su parte, denuncian el montaje con el cual quieren ocultar el asesinato de sus compañeros, e incluso la muerte misma de seis policías. Los tiros de larga distancia, con precisión en la cabeza de todas las víctimas, dan verosimilitud al respecto de esta explicación (11).
¿Un montaje –un falso positivo– para encubrir el golpe de Estado? Maniobras más sucias son conocidas a la hora en que intentaron o derrocaron a otros presidentes. Y en Paraguay –luego de las acciones militares persistentes contra Haití y el golpe en Honduras–, como “eslabón débil de la cadena” que ahora labra por una hegemonía auténtica en Nuestra América, todo estaba listo para que un golpe así sucediera. Factores imbuyentes no faltaron. En sus primeros años de gobierno, el presidente Lugo aceptó la capacitación de la policía de su país por parte del DAS colombiano, experto en montajes.
Con el asesinato de campesinos y policías, el propósito de crear una conmoción pública constituía cortina de humo para lograr un propósito superior, y lo consiguieron. No sin razón, “el dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado con el presidente Lugo, dijo que el enfrentamiento “pudo haber sido un autoatentado de la policía” (12).
Para que el golpe de Estado y la reconstitución de fuerzas en Paraguay tengan un cierre a la medida de los conspiradores, sólo falta que se realicen elecciones. La propuesta de Juan Manuel Santos de adelantarlas, “[para] buscar que el hilo democrático no se rompa” (13), calza a la medida.
1 España, Alemania y el Vaticano reconocen nuevo gobierno paraguayo. www.vtv.gov.ve
2 http://consejonacioncharrua.blogspot.com
3 En Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, Zibechi, Raúl, Ediciones Desde Abajo, mayo de 2012, pág. 228
4 www.librered.net. Consultado el 27 de junio de 2012.
5 La represa binacional de Itaipú tiene una potencia instalada de 14.000 MW, de los cuales a Paraguay le corresponde la mitad, como establece el Tratado de Itaipú. El país consume apenas el 5 por ciento de la energía que produce la represa y debe exportar el 95 restante a Brasil en precios de costo. Según el tratado, Paraguay recibía alrededor de 120 millones de dólares al año por la energía que vendía, muy por debajo del precio internacional y del costo de reposición […]./ Lugo llegó al gobierno con la voluntad expresa de renegociar el Tratado de Itaipú […] y sostuvo que Paraguay debe recibir 2.000 millones de dólares anuales. Las negociaciones fueron largas y complejas, y Lugo no pudo obtener la revisión del Tratado de Itaipú. El 25 de julio de 2009, firmó con Lula un aumento de las compensaciones que recibe Paraguay de Brasil, de 120 a 360 millones de dólares, que rige a partir del 14 de mayo de 2011./ No es casual que algunos digan que Paraguay subvenciona la energía de Brasil. En Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo, Zibechi, Raúl, Ediciones Desde Abajo, mayo de 2012.
6 “Los exportadores de soja en Paraguay sólo pagan un 3 por ciento de impuestos, mientras en Argentina pagan más del 30”, en “La sotana pesaba mucho”, Francisco Peregil, El País, España, 23 de junio de 2012.
7 El nuevo golpismo en América Latina, Íñigo Errejón, Página 12, martes 26 de junio de 2012.
8 “Casi todo quedó por hacer”, F. P. El País, España, 23 de junio de 2012, 21:01 CET.
9 “Los Carperos habían ocupados unas tierras que pertenecían al Estado y fueron entregadas durante la dictadura al terrateniente y ex presidente del partido colorado Blas Riquelme en forma ilegal y corrupta. Un tribunal está dirimiendo aún a quién pertenecen esas tierras”. “La sotana pesaba mucho”, Francisco Peregil, El País, España, 23 de junio de 2012.
10 Como ministro del Interior es nombrado Rubén Candia Amarilla, “ex fiscal general del Estado entre 2005 y 2011. Durante su gestión, encabezó miles de operativos de represión contra los sectores sociales, que, como saldo, podemos mencionar 21 muertos, 496 imputados y 1.622 detenidos en diferentes operativos con trasfondo de conflicto de tierras”, íd.
11 “Hay más compañeros muertos”, Darío Pignotti, Página 12, 18 de junio de 2012.
12 “Desalojo a sangre y fuego en Paraguay”, Página 12, 16 de junio de 2012.
13 wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012junio/paginas/20120625_13.aspx.
