Enceguecido

La noticia no pasó inadvertida. El pasado 9 de febrero, 222 nicaragüenses que permanecían en mazmorras por sus ideas políticas vieron la luz al ser liberados por el régimen orteguista. Periodistas, políticos, históricos representantes del sandinismo originario, activistas sociales, estudiantes, ambientalistas, se contaban entre quienes fueron llevados al aeropuerto para que abordaran un avión chárter con rumbo a Estados Unidos, que los recibió en primera instancia, clara muestra de una negociación política en proceso con el régimen del país centroamericano que procura ganar tiempo y buscarle salida a la crisis que lo ahoga.

En su mayoría, los más de dos centenares de exconvictos fueron sometidos a prisión en el marco de una andanada represiva para acallar opositores que pudieran representar alguna amenaza electoral o que procurasen la unidad popular contra la continuidad del régimen; otras dieron con su humanidad entre rejas en el marco del alzamiento social que tomó forma a lo largo de varios meses de 2018.

Unas y otros, mujeres y hombres, al gozar sin restricciones del derecho al aire y la luz, al paseo de sus cuerpos sin la limitante de los escasos metros cuadrados de un calabozo; al sentir el calor del abrazo de personas conocidas, ya no bajo el peso de las órdenes de un régimen que les violó todos sus derechos y sin tener que permanecer bajo la coacción de la guardia que controlaba hasta sus miradas y su respiración, narraron lo oprobioso de su encierro, soportado en las duras condiciones impuestas por un régimen dictatorial.

Como finiquito o reforzamiento de su carácter, a la par de la liberación de estos presos de conciencia, el cuerpo legislativo del país de Sandino, controlado hoy con disciplina canina por el Ejecutivo, reformó el artículo 21 de la Constitución Política, referido a los nacidos en este país. Amparados en la nueva ley, los ahora exconvictos, desterrados, más otros de sus connacionales que están en el exilio, pierden todos sus derechos como oriundos de Nicaragua. Sus propiedades serían confiscadas días después.

Una realidad que conduce a preguntar: ¿Qué sucedió con los sueños de libertad que abanderó el sandinismo en la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo puede un proyecto histórico trasmutar hasta perder toda su savia y quedar totalmente marchitado y desdibujado? Pero, también, ¿cómo puede ser considerado de izquierda por otros gobiernos, intelectuales y líderes políticos de varios países, un régimen que así actúa?

Régimen en descomposición

Como todo cuerpo que entra en descomposición, el fenómeno no ocurre de un día para otro. El proceso que arrastra a ello en un régimen político se manifiesta poco a poco y se acumula, hasta que toma total forma, en este particular de manera totalitaria y con ejercicio abierto de violencia, armada, psicológica, simbólica.

En el caso del cuerpo gubernamental y estatal nicaragüense, las manifestaciones iniciales de su trasmutación llegaron evidentemente el 30 de septiembre de 2010, de la mano de una mayoría espuria de la Corte Suprema de Justicia de filiación sandinista, que convocó a una sesión plena de esa instancia de justicia sin la presencia de los magistrados liberales, y decretaron que el artículo 147 de la Constitución Política, que permitía una única reelección de manera no inmediata, era inaplicable. Así quedó el camino expedito para que Ortega, vencedor en las elecciones de 2006 con el 38 por ciento (1), se presentara de nuevo en 2011. Quedaba nítido, asimismo, que la independencia de poderes era una simple formalidad.

Trasmutación con nítidas luces irradiadas algunos años atrás. Corría el 2000 cuando un acuerdo de poderes dejó en harapos la independencia de poderes, así como las mayorías del 50 por ciento más un voto que rigen como unos de los componentes clave en el funcionamiento de la democracia liberal.

Fueron estas algunas de las transformaciones acordadas de espaldas a la sociedad, en un pacto sellado entre Ortega, heredero del sandinismo, y Arnoldo Alemán, heredero del somocismo –y, por tanto, enemigos históricos–, que incluía una reforma constitucional y también a la ley electoral. Fue así como “[…] la mayoría necesaria para ser elegido presidente bajó de 50% a 40%, o 35% si el primer candidato obtiene una diferencia de más de 5% con el segundo. La estrategia sandinista fue inteligente pero perversa. Fue una acción ajena a la política entendida como expresión moral de responsabilidad, como un ejercicio que busca realizar el bien común y el beneficio para la mayoría mediante el uso del poder. La política se convirtió en un movimiento de la voluntad corrompida, ajena a la probidad, que gira impunemente en torno del abuso de poder” (2).

Como correspondencia por la reforma, el sandinismo dio sus votos en el Legislativo para que Alemán, “dueño del Partido Liberal Constitucionalista”, acusado y condenado por saqueo del erario público cambiara su condición de reo común y saliera de la prisión para terminar de pagar su condena en la comodidad de su hacienda. Pero, además, “en virtud de este acuerdo, se decidió que la elección de los magistrados de las Cortes de Justicia, de Constitucionalidad, del Fuero Electoral y de la Procuraduría de Cuentas de la Nación, entre otros altos cargos, se hiciera en base al reparto, en cuotas iguales, para los candidatos de ambos partidos. Así, las instituciones democráticas se politizaron con prácticas clientelares” (3). El pacto, “una jugada maestra de Ortega”, daba cuenta de los resultados de las tres últimas elecciones presidenciales en las cuales el Frente Sandinista de Liberación Nacional, lejos de las mayorías en su país, no sobrepasaba el 38 por ciento.

Se trata, entonces, de una ambición de poder concretada a cualquier precio, sin ética, moral ni convicción histórica alguna. Es así como el sandinismo, ya descafeinado, encarnado por Ortega, logra la Presidencia en 2006, exactamente con el 38 por ciento. Para no volver a dejar la silla presidencial. La decisión así tomada, como conclusión de la derrota electoral de 1990, genera una reflexión sintetizada por Tomás Borge ante el regreso a casa de gobierno varios períodos electorales después: “Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: ‘hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder’. Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre” (4).

Pero si alguien tenía dudas sobre las pretensiones del otrora guerrillero, cuatro años después, en 2014, una vez aseguradas las mayorías necesarias en el Legislativo, el sandinismo aprueba la reforma constitucional que habilita la reelección indefinida. Aquella señal de no volver a ceder el poder, ni escuchar al pueblo que dice representar, se manifiesta con toda claridad con el violento tratamiento dado al alzamiento social que por entonces conmovió el país y que desajustó la administración de la cosa pública.

Con signos anteriores: la violencia desplegada a lo largo de los años 2014-2015 para impedir el efecto de más de cien marchas realizadas por el campesinado, entre ellas la multitudinaria del 27 de octubre de 2015, que copó Managua, convocadas por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, en demanda de derogar la Ley 840 y que daba luz verde a la construcción del canal interoceánico; exigían, además, respeto a sus propiedades y el territorio. Impedir que cuajara un movimiento autónomo de alcance nacional era, y continúa siendo, el propósito del régimen, y para ello el despliegue desnudo del poder fue efectivo.

El año 2018

En estas circunstancias, en abril de 2023, la crisis política que sobrelleva el régimen sandinista suma un quinquenio. Y su resolución no alcanza signos positivos.

Se iniciaba la segunda quincena de abril de 2018 con años de armonía y complacencia de las relaciones gubernamentales con el empresariado, el FMI y otros organismos multilaterales, con el desarrollo de un modelo económico que supuestamente irrigaba beneficios para las mayorías sociales, cuando el país centroamericano se vio conmovido por protestas sociales, en cuyos primeros brotes se demandaban restituir los derechos menguados por una reforma al sistema de seguridad social. Del mismo modo, se denunciaba la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de biosfera de Indio Maíz, en la Costa Atlántica. La inconformidad popular, posible de tratar con un diálogo abierto, y que seguramente cuestionaría la obediencia del régimen ante las demandas de los organismos financieros internacionales, no encontró voluntad en la parte oficial, y se topó con el despliegue de fuerza policial, y violencia cruda y ruda.

Aquel proceder oficial enardeció los ánimos del cuerpo social, reforzado entre mayo y junio por miles de jóvenes que, en solidaridad con sus congéneres tratados a garrote y bala en las protestas que lideraban junto a los jubilados, multiplicaron la fuerza de la protesta. Las demandas también se ampliaron, ahora más allá de lo correspondiente a la seguridad social, pasando a impugnar incluso la totalidad del régimen, tachado de dictadura: alzamiento y demandas no vistas en su magnitud desde 1978, en los días previos a la caída de la dictadura somocista en 1979.

Las expresiones sociales, sumadas a las protestas, alcanzaron tono plural, sin quedar sector social por fuera: jóvenes, desempleados, informales, campesinos, Iglesia católica, prensa independiente, movimientos feministas, estudiantes universitarios –con ampliación incluso a las universidades férreamente sometidas por las organizaciones controladas por el establecimiento, como la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. “El movimiento en las universidades Agraria y de Ingeniería después de un par de días fue desarticulado. La policía penetró en sus locales, baleó a los jóvenes mientras huían y capturó a decenas de ellos, repitiendo este procedimiento en los barrios que se solidarizaban con las protestas. Todos los capturados estuvieron desaparecidos y más de 15 de ellos han sido entregados muertos. Otros detenidos fueron dejados cuatro días después, torturados, semidesnudos, descalzos y rapados, en las carreteras, violando las normas primarias de respeto a sus derechos humanos” (5).

No fue atendido el reclamo de diálogo por parte de quienes protestaban y se oponían a la continuidad de un régimen con tendencias cada vez más autoritarias. El resultado de la respuesta oficial desnuda en su real corporeidad el carácter del régimen orteguista: […] en apenas tres meses, hubo 328 muertos y miles de heridos, centenares de personas apresadas, la mayoría torturadas y agredidas por los policías, y más de 100.000 exiliados. Esto, en un país de 6,46 millones de habitantes”. (6). Todo esto constituye represión, terrorismo de Estado, no alcanzado en esa magnitud, y en tan pocos días, por regímenes violadores de manera consuetudinaria de la dignidad humana, como el colombiano ayer, o en los actuales momentos por el peruano.

Pero, como si se tratara de una pesadilla sin fin, la represión no cesó con la desarticulación de las protestas; prosiguió, y, hacia finales de aquel año, la cacería de brujas dio en la cárcel con decenas de opositores –directores de medios de comunicación, voceros de ONG y líderes sociales–, todos ellos ‘elevados’ al altar de “agentes del imperialismo norteamericano”, frecuente alusión presidencial para descalificar a quien le denuncia, esgrimiendo el lenguaje y el tono de un juego mediático, de espectáculo, por parte de quien aparenta y pretende asumir y liderar un antiimperialismo cerril.
Durante los meses siguientes, la presión internacional por la violencia ejercida contra el alzamiento social llevó al régimen a una tímida negociación y la aprobación de una ley de amnistía en junio de 2019, por efecto de la cual quedó en libertad la mayoría de los presos políticos, menos un centenar, considerados de valía para presionar una negociación en procura de suavizar las sanciones que auguraban el ahondamiento de la crisis política en curso y la desestabilización económica del país.

En los meses y los años siguientes, el régimen no cedería en su férreo control social, desatando toda clase de maniobras y acciones represivas para impedir la conjugación de una oposición con capacidad de movilizar a los no adeptos al orteguismo y de liderar una acción electoral que pusiera en vilo la continuidad en la Presidencia del mal llamado sandinismo.

De esa manera, en el curso de pocos meses, siete candidatos presidenciales fueron a parar a la cárcel, condenados varios de ellos a largas penas. Otros muchos líderes sociales corrieron igual suerte o esquivaron el presidio partiendo al exilio. De esa manera, la “justa y libre competencia electoral” se enrutó, trazando el camino para el cuarto período presidencial de quien hoy se asemeja cada vez más al personaje contra quien lucharon, exponiendo sus vidas, miles de nicaragüenses a lo largo de la década de los 70, hasta acabar con aquella extensa etapa dictatorial de los Somoza.

Por si quedaban dudas acerca del férreo control que hoy ejerce el descolorido gobierno orteguista sobre el tejido social, en los comicios municipales celebrados en el segundo semestre de 2022, un año después de las elecciones presidenciales, salió vencedor en el cien por ciento de las 153 alcaldías en que está organizado el territorio de aquel país (7).
El control y la represión sin tregua, favorecidos por la parálisis que significó el covid-19 en todo el mundo, fue una coyuntura aprovechada por el régimen del país centroamericano para controlar, vigilar, aislar, castigar con mayor impunidad, y con ello ponerle diques a la acción concertada de la débil oposición, incapaz, a pesar de los golpes recibidos, de unificar sus liderazgos.

Con las cárceles llenas de opositores, la careta del régimen ya no fue suficiente para ocultar su real rostro. Voces de denuncia, que cuestionan la usurpación del legado sandinista por una camarilla, llegan desde diversidad de coordenadas, mucho más cuando se conoce el estado de salud de líderes históricos del sandinismo como Hugo Torres, finalmente muerto tras las rejas por no recibir el tratamiento médico que demandaba el cáncer que lo afligia, o el evidente deterioro físico de luchadoras ejemplares como Dora María Téllez.

La careta del régimen, con ínfulas de izquierda, pierde toda pintura y forma, hasta tornarse inservible, cuando acude a decretar el destierro de los opositores, en un afán por impedir la reorganización de los opositores, arrasando así con derechos sustanciales para cualquier individuo, recogidos por la Carta de Derechos Humanos como síntesis de la lucha por la justicia que ha librado la humanidad.

Como se sabe, acudir al destierro de sus opositores ha sido un recurso a la mano del poder a lo largo de la historia, desde cuando el terruño era la raíz que les daba sentido de identidad y pertenencia a los humanos. Pero volver por ese recurso del poder, en tiempos en que la Tierra es un pequeño terruño, una comarca y, por tanto, tiempos en que la patria –con matria– es el planeta todo, como debiera ser reivindicado por una izquierda remozada y con visión progresiva del presente y del futuro inmediato, expresa lo arcaico de un falso proyecto de vida, libertad, justicia, como la que encarna el orteguismo, que no alcanza a deslindarse ni siquiera del neoliberalismo.

Una “izquierda” arcaica, autoritaria, antidemocrática, represiva, es lo más contradictorio con un proyecto de vida, de libertad, de creación, de felicidad plena, de creatividad abierta y plural, de sueños compartidos, de justicia, con debate abierto, permanente, sin coacción por disentir, como es, o debe ser, la síntesis de una izquierda digna de tal adjetivo. Es esta una opción humana sin patria ni fronteras, pues ellas son el límite que impone el capital para crear y cercar mercados, para cobrar y apropiar aranceles.

El sueño de ser habitantes del mundo rechaza linderos y confronta ese mandato, esa imposición del capital que divide a los humanos entre los de más allá y los de más acá, entre ‘mejores’ y ‘peores’. Es otro reto inaplazable, hasta unirnos como una sola especie, que trascienda el color de piel, la lengua, las expresiones culturales y el espacio que habitemos, del cual podremos salir y volver algún día sin coacción ni condición alguna.

Se trata de un quehacer inimaginable e inalcanzable para quien vive de espaldas al presente y el futuro humanos, encerrado en la mezquindad y la miopía de un régimen soportado y aplastado por el peso del poder concentrado, centralizado, policivo, autoritario…, un régimen encabezado por el pintoresco caudillo que carga sobre su humanidad el “otoño del patriarca”, temeroso de todo y todos, espiando y contraespiando.

De esta manera, Ortega y sus incondicionales reviven el caudillo que desde el siglo XIX vive y revive en el poder gubernamental nicaragüense y de otros muchos de los países de nuestra región, y más allá de ella, caudillo que “no se ve nunca fuera del poder, porque tiene una misión mesiánica que cumplir, y por eso mandará a hacer siempre constituciones a su propia medida, o pasará por encima de ellas cuando es hora de reelegirse, o llenará las urnas de votos falsos porque el asunto es quedarse […]. Ahora el turno es del comandante Daniel Ortega, que peleó para derrocar al último Somoza y ha decidido sustituirlo para que la rueda siga girando hacia atrás” (8).

1. Torres Rivas, Edelberto, “El retorno del sandinismo transfigurado”, Nueva Sociedad, febrero de 2007, https://nuso.org/articulo/el-retorno-del-sandinismo-transfigurado/.
2. Ibídem.
3. Ibídem.
4. Martí i Puig, Salvador; Jarquín, Mateo, “El precio de la perpetuación de Daniel Ortega”, Nueva Sociedad, junio de 2021, https://nuso.org/articulo/el-precio-para-nicaragua-de-la-perpetuacion-de-daniel-ortega/.
5. Baltodano, Mónica, “La rebelión del pueblo de Nicaragua”, Nueva Sociedad, abril de 2018, https://nuso.org/articulo/la-rebelion-del-pueblo-de-nicaragua/.
6. Bataillon, Gilles, “Nicaragua, ¿una dinastía acorralada?”, Nueva Sociedad, octubre 2021.
7. Electoral de Nicaragua oficializa resultados que otorgan municipios al FSLN, https://www.dw.com/es/electoral-de-nicaragua-oficializa-resultados-que-otorgan-municipios-al-fsln/a-63757900.
8. Ramírez, Sergio, “Nicaragua: una eterna Navidad”, Le Monde diplomatique Colombia, edición Nº106, noviembre de 2011.

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