Tras 26 años de gestión del primer gobierno progresista que conoció Suramérica, el mismo se juega en las urnas su continuidad omnímoda o el final a partir del próximo 28 de julio.
Precedido de una gran expectativa por lo que podría significar la llegada a la presidencia de un militar que intentó darle un giro al país por medio de un golpe de mano, y que prometía la ruptura con el legado bipartidista de 40 años de gobiernos dirigidos por los partidos Acción Democrática y Copei, con el 56,20 por ciento de votos fue elegido Hugo Chávez en diciembre de 1998.
Su elección fue favorecida por el desgaste del régimen surgido de los acuerdos de Punto Fijo, firmado en 1958 entre los partidos del establecimiento luego de la caída del dictador Marco Pérez Jiménez. De este modo sobrevinieron cuatro décadas de predominio de una política económica que, pese a la inmensa renta petrolera que gozaba el país, empobrecía a infinidad de gente. El momento de mayor evidencia de esa realidad tomó cuerpo el 27 de febrero de 1989 en el levantamiento social conocido como El Caracazo, cuando desde el municipio Guarenas y los cerros de Caracas bajaron por montón quienes ya no aguantaban más gobiernos que los negaban.
La masacre a que fueron sometidos por el gobierno de Carlos Andrés Pérez –Vicepresidente de la Internacional socialdemócrata– marcó el rumbo inmediato del país, y el 4 de febrero de 1992 Venezuela fue sacudida por el intento de golpe armado y que, a pesar de su fracaso como operación militar, catapultó en respaldo popular al Coronel que lo dirigió. Su prestigio creció, de manera que luego de salir de la cárcel y postularse a la presidencia, a pesar de no favorecerlo la intensión del voto, dio la sorpresa. Al posesionarse como Presidente prometió llevar al cuarto de los malos recuerdos la Constitución heredada, sustituyéndola por una nueva, faro para guiar a su país hacia una nueva realidad.
Sus promesas se tornaron realidad: tras un año de gobierno logra vencer en el referendo que autoriza instalar una Asamblea Constituyente, producto de la cual el país empieza a vivir un giro con medidas como la educación pública gratuita en todos los niveles. Intentos de golpes de Estado, conspiraciones, saboteos, toda una pléyade de acciones para sacarlo del Palacio de Miraflores hicieron parte de la respuesta por parte de facciones del establecimiento venezolano, en conjunción con aliados internacionales, ante el nuevo escenario político.
En la prolongación de su gestión, tras vencer en sucesivos eventos electorales, fueron fundamentales dos columnas vertebrales: 1. contar con la identidad y el apoyo de las Fuerzas Armadas en el objetivo patriótico y nacional, 2. concretar el giro tecnológico que logra, ante el agotamiento mundial del petróleo liviano, darle a la industria petrolera del país un potenciado protagonismo. Un avance potenciado por la renegociación de contratos con las multinacionales del sector, exigencia antecedido del liderazgo ganado en la Opep sobre la base con Arabia Saudita del cumplimiento de las cuotas petroleras, y un encarecimiento en dos veces más del precio del barril que propicia su producción concertada.
Favorecido por el boom petrolero que de ahí proviene, la iniciativa política tiene espacio y la renta petrolera vuelve a fluir por los barrios más populares de todo el país. Una iniciativa que se ve menguada en pocos años por la imparable corrupción que se asienta en todos los ministerios –incluidas las secretarías de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República–, así como por los errores económicos que llevan a dilapidar la inmensa cantidad de dólares que llegan al país. Una malversación de ingresos que propicia la multiplicación de importaciones, el debilitamiento de la industria nacional y el fortalecimiento del sector financiero, especuladores y mercaderes. Como parte de igual dinámica, la compra de empresas, su estatización, a precios superiores a su valor real. Con todo ello, un panorama de ricos más ricos y de funcionarios avarientos. Todo lo contrario de lo necesario y ético para avanzar hacia el anunciado Socialismo del siglo XXI.
Es una Venezuela con menos industria, con más extractivismo, más dependiente de los hidrocarburos, con lo cual sus exportaciones llegan a ser hasta del 95 por ciento de petróleo. No es extraño, por tanto, que las alzas y caídas que sufre en el mercado mundial esta materia prima se dejan sentir con todo su peso en las arcas oficiales y la sociedad venezolana, un marco en el cual la crisis financiera del 2007-2008 golpea con fuerza y extiende sus efectos sobre las arcas oficiales. Tres años después (2010-2012) los precios del barril superan los cien dólares, pero el nuevo boom pierde su brillo en los años 2014-2015.
Junto con la hegemonía en el Estado del partido de gobierno y del poder omnímodo del poder presidencial sobre el conjunto de la estructura del Estado, el exceso de gasto, la estatización de numerosas empresas, sin mediar planes previos y estrategias efectivas para potenciarlas en eficacia y eficiencia, la oscilación de los precios del petróleo, sacan a flote la improvisación en la dirección económica y la conducción del Estado, de suerte que se hipertrofia de manera inocultable: más subsidios, más dependencia social de la renta petrolera, más burocracia, más gasto, menos producción local, menos autonomía comunal, menos espíritu de trabajo cotidiano y disciplinado.
Paralelo a ello, a la sombra de los ‘rojos rojitos’, con negociados de todo tipo, toma cuerpo una nueva clase, la llamada boliburguesía, una realidad que no pasa sin consecuencias: las expectativas despertadas por el giro conocido por el país empiezan a hacer agua, y el apoyo popular al mismo, “la pérdida de la calle”, conoce el descenso. Solo el carisma de su líder logra impedir el regreso de Adecos, Copeyanos y el ascenso de “nuevos partidos” a la regencia del país.Es en estas circunstancias que el cáncer terminó con la vida de quien encarnó una ilusión para su país. Le sucede en el cargo el aún hoy presidente Nicolás Maduro, que había sido presidente de la Asamblea Nacional, su Canciller y Vicepresidente.
En medio de una disputa sorda con Diosdado Cabello quien presidía la Asamblea Nacional y para algunos analistas debía ser quien asumiera las riendas del país en ausencia de Chávez, a los pocos meses de iniciar su mandato Maduro tiene que administrar con al reducción de ingresos producto de la caída del precio internacional del casi único producto de exportación del país, viéndose obligado con ello a reducir la inversión social, la cual quiso mantener multiplicando la impresión de billetes. Una masa monetaria inflada, sin respaldo productivo alguno y que lleva a un ciclo hiperinflacionario nunca antes conocido ni padecido por el país, ciclo que llega incluso al 130.060 por ciento en el 2018; la caída del PIB en alrededor de 79 por ciento entre 2013-2020, dibuja con toda nitidez el tamaño de la crisis que azota al país.
Es una crisis sin precedentes, que significó que un país que en 1997 tenía el PIB per cápita más alto de la región, en pocos años pasó a tener uno de los más bajos, incluso inferior al de Haití, realidad extendida al salario real que descendió hasta en un 95 por ciento entre los años 2013-2018. El caos se apoderó del país, la pobreza se extendió sobre el 94 por ciento de los hogares, y la pobreza extrema llegó, incluso, al 74 por ciento de los mismos.
Es una realidad inédita que quiebra el apoyo popular al chavismo y sus herederos, y que quiso revertir el presidente Maduro por decreto, incrementando en pocos años los salarios (más bono alimentario) hasta en un 129.000 por ciento. El resultado no pudo ser peor: la multiplicación de la masa monetaria estimuló una mayor hiperinflación. Una y otra vez el gobierno emite nuevos billetes, quita ceros a los mismos, pero el mecánico proceder, sin potenciación de las fuerzas productivas, sin industria ni un campo productivo de apoyo, no logra su propósito. Es así como, ante la imposibilidad de cubrir los nuevos salarios, se materializa la quiebra de numerosas empresas. El Bolívar pierde toda credibilidad en pocos años y el dólar gana la partida. Una dolarización materializada de hecho, al ritmo de la desesperación de la sociedad: entre los años 2017 y 2021 el tipo de cambio entre la moneda nacional y la estadounidense se incrementó en el 288.000.000 por ciento (1)
En tales circunstancias, las protestas toman cuerpo en el 2018. El desespero saca a la calle a la juventud, y a quienes padecían la pérdida de sus ingresos, las jubilaciones evaporadas y salarios soportados en billetes sin capacidad alguna de compra. En este orden, la represión se siente con toda fuerza. La pérdida del bono demográfico toma cuerpo y millones de jóvenes parten del país y se dispersan por todo el continente, quedando en Colombia cerca de 2.800.000.
Es un proceso de destrucción de la economía nacional y desintegración social vivida en medio de repetidos intentos de golpes de Estado, magnicidio incluido, usurpación del poder por un supuesto presidente –interino– aupado en el apoyo de numerosos países, sabotajes a la red eléctrica y petrolera nacional, y otras conspiraciones que quisieron aprovechar el descontento social para su causa, sin lograrlo. Negación en tanto es una oposición fragmentada la que actúa, sin liderazgos claros ni suficiente reconocimiento popular.
Dispersión que la dividía entre conspiradores, abstencionistas y quienes optaban por la vía del voto. Mientras esto sucedía, el chavismo, en cabeza de Nicolás Maduro, pese a las encuestas que indican el desencanto social, ganaba una y otra vez las elecciones.
Según informes provenientes de Venezuela, entre las elecciones de 2019 y las convocadas para el 28 de julio de 2024, el descontento social es aún mayor y la oposición pro elecciones le ganó el pulso a los conspiradores, que tras el fracaso de Juan Guaidó quedó sin espacio para sus maniobras. Es un renovado actuar opositor que parece haber aprendido de todos sus errores en la lucha por retomar la conducción de la presidencia de su país y que de manera casi unificada lleva a cabo una campaña que ha logrado maniobrar ante todo tipo de obstáculos interpuestos por los órganos de poder para impedir que inscriban candidato presidencial, así como para que realicen la campaña con toda tranquilidad.
Una oposición con un margen de re-aceptación en opinión que tiene el escenario abierto, ya que los actores de izquierda no adeptos al Psuv –PCV, PPT, Tupamaros, …– han sufrido la persecución del poder estatal, que los ha dividido y quitado la representación legal a sus liderazgos históricos. Asimismo, los pocos movimientos sociales no controlados por el gobierno, en algunos casos criminalizados, no tienen fuerza para erigir una alternativa nacional. En estas circunstancias, un “cambio” en el país vecino llegaría por iniciativa de la derecha.
Estamos ante una disputa en la cual el gobierno echará mano a su inmenso poder: control de todo el aparato de Estado, movilización de sus cerca de tres millones de empleados, clientelismo puro por medio de la amenaza de no entregar los apoyos alimentarios a quienes no apoyen ni voten por Nicolás Maduro. Un proceder que pueden hacer real por medio del amplio biocontrol social posibilitado por la información que se reúne a través del “carnet de la patria”, indispensable para recibir no solo el apoyo alimentario familiar sino también para el pago a los pensionados y la distribución de los bonos en bolívares.
Tal vez el contacto directo con la opinión de millones de venezolanos que permite el trámite de subsidios y ayudas similares, midiendo el rechazo mayoritario a la continuidad del hoy Presidente, es lo que lo lleva a confirmar en recientes declaraciones que la oposición “prepara un golpe de Estado”, pero también que conspira para llevar a cabo un atentado sobre el sistema eléctrico nacional y así impedir la realización de las elecciones. Denuncias que podrían servir, más allá de calentar sus bases de apoyo, hasta para congelar los próximos comicios por “falta de garantías”. Un escenario extremo pero que puede suceder en medio del creciente apoyo que registra la campaña en cuerpo ajeno liderada por María Corina Machado.
Es de suponer que la información reunida por medio del “carnet de la patria” le permite al gobierno movilizar su base social, además de segmentar con toda precisión su propaganda electoral. Es un proceder que está en curso y que en pocas semanas permitirá verificar si el desgaste del gobierno, tras 26 años de control del aparato de Estado, lo obliga a una maniobra extrema, o si los votos le brindan otros cinco años de control del aparato de Estado, pero también si la histórica oligarquía venezolana retoma las riendas del mismo.
1. Bull, Beneficte, et. al, “Venezuela: lujo, desigualdades y capitalismo bodegonero”, revista Nueva Sociedad, No. 298, marzo-abril 2022.
2. “Maduro: La oposición planea ‘un golpe de Estado en cualquier momento’”, Aporrea, 22 de junio 2024.
3. “Oposición planea ataque al sistema eléctrico venezolano. Maduro”, diario La Jornada, 24 de junio 2024.
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