Son 14 los municipios pertenecientes al departamento del Caquetá, los que fueron extrídos de la región amazónica y de su facultad como zonas de reserva, para pasar a ser una nueva zona económica “productiva”, con licencia para proyectos de extracción de recursos naturales.
La delimitación, clasificación y el ordenamiento del espacio vistos como herramientas de poder, han sido objeto de confrontación en el escenario rural colombiano, en tanto que impulsa un proceso de adecuación de la geografía que favorezca la economía extractiva, llegando hasta zonas que antes eran marginales en los Planes de Desarrollo, ahora propuetas como “estratégicas”.
Éste es el caso de la región amazónica, retomada como un nuevo escenario para la extracción de recursos minero-energéticos y para la agroindustria, pese a los diferentes tratados para su protección, refrendados por el país.
De acuerdo con esto, y dentro de igual lógica, el gobierno de Juan Manuel Santos propone una reorganización del espacio natural de algunas zonas de nuestro país con el objetivo de permitir la expansión de las economías extractivas hacia el sur amazónico del país. Así, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 sacó de la Región Amazónica al piedemonte de la cordillera de los Andes en donde están ubicados 14 municipios del departamento del Caquetá y en donde hoy han proferido 33 permisos de exploración a empresas petroleras y más de 55 títulos mineros.
Puerto Rico, Doncello, El Paujil, La Montañita, Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, Albania, Valparaiso, San José del Fragua, Curillo, Milán y Solita, son los 14 municipios, de los 16 que conforman el Caquetá, que fueron excluidos de la Región Amazónica.
Reorganización territorial con graves consecuencias. La paradoja del crecimiento económico, junto a la expansión del capitalismo hacia regiones ricas en recursos naturales, se opone a los proyectos de conservación de la amazonía, de forma tal que se presenta una nueva encrucijada que pone a los gobiernos neoliberales y socialdemócratas suramericanos en jaque con sus posturas “ambientalistas”. Sin embargo, estos gobiernos encuentran su mejor herramienta en los diseños institucionales de ordenamiento del territorio que le permiten moldear el espacio, reubicando la naturaleza en lugares más “convenientes”.
La zona dentro del círculo en el mapa 2 es el área que sustraida de la Región Amazónica pasa a convertirse en la Zona Sur en el mapa 1. Dicha delimitación es realizada en virtud del “desarrollo endógeno de las regiones” (DNP, 2010). Así, el Presidente Juan Manuel Santos pretende con este nuevo modelo de desarrollo endógeno, “identificar los atributos particulares de cada región, los factores clave o determinantes para su desarrollo endógeno, así como objetivos y lineamientos estratégicos que guíen y permitan articular las decisiones de políticas e inversiones nacionales en los territorios” (DNP, 2010, p. 19).
Por tanto, lo endógeno para el actual Gobierno, sistematizado, clasificado y reorganizado, esconde un modelo de organización territorial que sigue estando ligado a los intereses de la clase dominante y del capital extranjero.
Así pues, “No es casual, entonces, que la expansión actual de las actividades agroexportadoras y extractivas estén acelerando la ejecución de planes de “desarrollo” que en conjunto dan continuidad acelerada al proceso de transformación de los territorios regionales y locales, garantizando, de un lado, el aumento de acumulación de capital y determinados beneficios colaterales y agudizando, del otro, problemas como el de la tenencia desigual de la tierra, el desplazamiento poblacional, el acceso a fuentes de agua, etc.” (Sosa, 2012, p. 96)
En consecuencia, la imposición del modelo económico abre nuevos espacios que antes eran resguardados y protegidos, por medio de políticas de ordenamiento que conciben al territorio tan sólo a partir de sus funciones productivas. Sin embargo, dicha visión reducida de la tierra, como factor productivo, encuentra sus más fuertes detractores en las comunidades que habitan el espacio, en tanto el territorio no es sólo un pedazo de tierra, bosque o montaña, sino que es un espacio cargado de historia y de relaciones construidas con la naturaleza (Olivares, 2010, p. 230).
La ilusión de la propiedad
En su análisis económico del Derecho el nuevo institucionalista Ronald Coase (1988, El teorema de Coase) precisó que la ley determina tan sólo quién es el poseedor de un activo (un terreno, una mina, un edificio, etcétera) y el propietario, según sea la magnitud de su poder adquisitivo, tiene la libertad de usar su propiedad como quiera. Puesto en el sarcástico lenguaje del mencionado economista:
“El que una cueva recién descubierta pertenezca a quien la descubrió, o bien al hombre en cuyo terreno está la entrada a la cueva, o al dueño de la superficie bajo la cual se encuentra, depende sin duda de la ley de propiedad. Pero la ley simplemente determina la persona con la que es necesario formalizar un contrato para obtener el derecho de hacer uso de la cueva. El que la cueva se utilice para almacenar archivos bancarios, o como un depósito de gas natural, o para cultivar hongos no depende de la ley de propiedad, sino de que el banco, la corporación de gas natural o la empresa de hongos pague más para poder utilizarla”.
A pesar de su brillantez, Coase se quedó corto para entender el tema del poder y la economía, de tal manera que el planteamiento apenas iniciado puede completarse con las luces de autores como MacPherson (1991) y Olson (1991), del siguiente modo:
“Sólo en un ambiente de anarquía una persona o comunidad podrían tener completa libertad y autonomía para usar su cuerpo, la tierra que ocupan y cualquier otro activo, como lo consideren mejor. Un ejemplo paradigmático fue la vivencia que durante muchos meses tuvo el insumiso Henry David Thoreau en los bosques de Walden, sin contacto con el mercado ni con el Estado”.
Una persona o comunidad al interior de un Estado está sujeta a imposiciones que restringen considerablemente su propiedad. El Estado ostenta el monopolio de la violencia, cobra impuestos y, además, ejerce una regulación sobre el cuerpo, la tierra y otros activos: por ejemplo la prohibición de consumir o comerciar sustancias psicoactivas y del ejercicio de la prostitución restringe los activos y libertades de mucha gente.
Con la expansión de la sociedad de mercado (la globalización y la conversión de toda relación social en transacción mercantil), se reduce dramáticamente la propiedad individual: dada la creciente exclusión y rivalidad las posesiones se tornan efímeras, inestables y mínimas (un mundo donde todo es ajeno y se adquiere en el mercado). Y estar en el mercado equivale a vender (cuan mercenario) los bienes y servicios que sean demandados y que se oferten a buen precio.
Con David Ricardo (1821) aparece el falaz supuesto de que las naciones se benefician del comercio internacional al especializarse en producir aquellos bienes y servicios que producen a menores costos que los del resto del mundo, y comprar los que no es tan rentable garantizar en el mercado doméstico. Lo cierto es que incluso en el planteamiento de Ricardo pasan inadvertidas dos realidades: a) la sujeción del campo a la urbe, y de las colonias a las potencias, que deja a los países atrasados (o subdesarrollados como algunos los denominan hoy) como proveedores de materias primas (vegetales, animales, y minerales), y permite a los países poderosos especializarse en sectores secundario y terciario de la economía; b) las potencias económicas imponen directa o indirectamente el tipo de producción que es “rentable” y “permisible” en el agro de sus propios países y en las economías periféricas.
En este contexto no es extraño que la propiedad agraria, en particular las economías campesinas, cuando aún no han tenido la desgracia del desplazamiento forzado y el soborno violento de los terratenientes, sean reducidas a su mínima expresión por todos los flancos: hacia abajo, como sucede en el caso colombiano, limita con la propiedad del Estado, pues en el artículo 332 de la Constitución Política de 1991 estipularon que éste es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables; y en materia de fronteras terrestres se reduce la autonomía territorial, y con ella se achica la preservación del medio ambiente y la soberanía alimentaria, como es el caso de las propiedades que antes quedaban en la amazonia y estaban protegidas como reservas, y ahora, de un plumazo, quedaron convertidas en una nueva zona económica “productiva”, y con licencia para la extracción de recursos naturales.
Locomotora extractivista y alteración del territorio
La locomotora minero energética carga para países prósperos (China, Estados Unidos y Europeos) combustibles fósiles que alimentan al siempre hambriento e insomne motor de la incansable revolución industrial, acicateado a su vez por los voraces apetitos de lucro y confort de consumidores e inversionistas. Como todo tren, es un ente monopólico que impone ritmos, estaciones y paradas y que bajo su estrepitoso y frenético paso se abre camino dejando una estela de destrucción, no importa que el próximo itinerario sea devorar lo que más pueda de la amazonía colombiana. Los maquinistas de tal monstruo acerado –no importando la ostentación de sus altos cargos en las esferas estratégicas del sector público y privado– son nada más que marionetas y simples mensajeros de poderes económicos y políticos foráneos.
Es posible afirmar con Gustavo Palma que “El territorio es un resultado histórico de ejercicios de poder” (Palma, 1993, p. 14), lo que señala al espacio como una arena de confrontación, en tanto que:
“[…] el ejercicio de poder se traduce en complejos procesos y dinámicas de lucha por la posesión y control del territorio que, a su vez, se convierten en apropiaciones, construcciones y transformaciones territoriales” (Sosa, 2012, p. 71).
En éste sentido, la delimitación y organización del territorio no son consecuencias naturales del espacio, más bien son construcciones políticas que responden a los intereses de quienes ejercen el poder. La consolidación de los Estado-Nación y el nuevo orden internacional, surgido después de la II Guerra Mundial, trajo consigo el establecimiento de nuevas reglas de juego que controlaron las ansias de expansión territorial por medios violentos, tal que las luchas por el espacio sólo se darían en el marco de mecanismos controlados y diseñados por las potencias mundiales. Esta relativa calma, en cuanto a las presiones externas por el espacio, permitió a los Estados concentrarse en asegurar el control de su territorio, guiados de la mano de un nuevo orden económico mundial promovido por las mismas potencias bajo el lema del “desarrollo”. La división del trabajo a escala mundial y los procesos de apertura, incentivados por los bancos internacionales y otros agentes de poder económico, fueron elementos esenciales en los procesos internos de ordenamiento territorial.
En Colombia, particularmente, se impulsa la creación de la banca nacional, la cualificación profesional de la población y el aseguramiento de las zonas de colonización distantes al triángulo de oro (Medellín-Bogotá-Cali). No obstante, las nuevas apuestas por el ordenamiento del territorio chocan con los procesos históricos de apropiación que ya se habían desarrollado, puesto que delimitan espacialmente configuraciones étnico-culturales, fraccionando y fragmentando sus relaciones económicas, sociales y simbólicas ya afianzadas en el espacio (Sosa, 2012, p. 95).
El choque plantea la yuxtaposición de visiones opuestas y poderes, en donde, ineludiblemente unos u otros deberán ceder. En este caso, la reestructuración del espacio ha dependido de las fuerzas encontradas, en particular de las fuerzas económicas externas mediadas por el Estado colombiano y la fuerza de los habitantes del territorio, lo que deja un saldo desfavorable para éstos últimos al constituir esta lucha una pugna asimétrica, en donde el ejército, las nuevas empresas multinacionales y demás maquinarias institucionales, irrumpen en el territorio y desplazan o transforman las dinámicas locales, como ha sucedido en las zonas del territorio amazónico.
Pese a ello, en el departamento del Caquetá los campesinos construyen y levantan formas de organización y de resistencia en medio de la estigmatización, para hacer frente y defender el territorio, de forma tal que como lo dice un campesino, “Nosotros seguiremos luchando, porque si no luchamos nadie nos tiende la mano, somos nosotros los ciudadanos que tenemos que bregar, unidas todas las fuerzas vivas”. Pena, G (22 de diciembre del 2014).
Bibliografía
Coase, R.H. 1988. The Firm, the Market and the Law, University of Chicago Press, Chicago
DNP (2010) Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Entrevista realizada a Pena, G (22 de diciembre del 2014). Presidente de la Asociación de Juntas Comunales de San Vicente del Caguán
MacPherson, C.B. 1991. Ascenso y caída de la justicia económica y otros ensayos, Buenos Aires, Manantial.
Olivares, M (2010), “Xochimilco, reapropiación del territorio y alternativas para el desarrollo y permanencia en la ciudad de México”. En León Enrique Ávila Romero y
Giovanni Pardini (coords.) Patrimonio Natural y territorio. [Libro en línea]. Consultado el 21 de julio de 2011 en http://www.eumed.net/libros/2010f/862/indice.htm
Olson, M. 1991, “Autocracy, Democracy, and Prosperity”, in Strategy and Choice, R. Zeckhauser (Editor), MIT Press, Cambridge, Mass.
Palma, G (1993). La organización político-territorial en Guatemala: Una aproximación histórica. Guatemala: Escuela de História, USAC
Pena. G. (2014). Entrevista al campesino Guillermo Pena, en diciembre 22 de 2014, por Karla Díaz.
Ricardo, D. (1821). Principles of Political Economy and Taxation. New York: Penguin (1970).
Sosa, M(2012), “Dimensión política del territorio” en Cómo entender el territorio. Guatemala: Universidad Rafael Landívar.
*Doctor en Ciencia Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y de Gobierno de la Universidad del Rosario.
**Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y de Gobierno de la Universidad del Rosario.
