El actual estado de protesta social en el país, con participación de campesinos, camioneros, mineros, apoyados por estudiantes, el sector de la salud, etcétera, pone de presente tres cosas: La contradicción inherente entre el “Estado social de derecho” que proclamó la Constitución de 1991 y el modelo neoliberal impuesto en la práctica económica de los anteriores y del presente gobierno. El descenso de gobernabilidad de Juan Manuel Santos con pérdida de credibilidad de algunas instituciones. Y, la incapacidad de los partidos políticos y sus integrantes de representar efectivamente a los ciudadanos y de legislar en pro del bienestar de las mayorías.
El pueblo colombiano y la sociedad parecen olvidar –en medio de los shows televisivos y la imbecilización general de la sociedad que promueven los medios de los poderes privados– que la Constitución de 1991 fue posible gracias a la ingobernabilidad y a la crisis de legitimidad institucional que cruzó al Estado colombiano en la época de los años 80. Una crisis a causa de los previos años con estado de sitio, de los grupos al margen de la ley, de los primeros pasos en la alianza de paramilitares y narcotráfico, y de narcotráfico y castas políticas tradicionales, de corrupción y de violencia generalizada.
Hay un olvido de que fue un clamor de algunos sectores sociales, el que puso de presente la necesidad de una reforma constitucional que con justicia acabara con la violencia y con la anomia social, depurara las instituciones, refundara la República y permitiera avanzar hacia la paz.
En ese momento, independiente de las actuaciones posteriores de sus protagonistas, fue a través de la “séptima papeleta” liderada por estudiantes, la gente joven, los intelectuales, y otros sectores, que mediante la aprobación de convocar a una Constituyente, se recuperó la “soberanía popular”, suplantada por la autoritaria “soberanía nacional” de la paquidérmica constitución de 1886. Así llegó la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la carta de 1991.
Visto hoy, ¿qué significó ese movimiento social que exigió la refundación de la República? Significó algo sin precedentes en la historia de un país como Colombia: dar el paso de un país indiferente, acostumbrado a la miseria y a la violencia que su corrupta clase política impone por décadas, por no decir que siglos. Significó un ¡basta ya! a la degradación social, política y económica de la sociedad de entonces. Representó una lúcida voz de protesta frente al anquilosamiento de la política clientelista y de los vicios que los partidos tradicionales –liberal y conservador– encarnaban y aún encarnan. Encarnó una lucha por la dignidad y la inclusión de sectores marginados por un estrecho sistema democrático que campea; Interpretó la lucha por el reconocimiento del pluralismo (político, étnico y cultural) y por la exigencia de participación política efectiva. Significó en suma, un despertar… la aurora de una nueva realidad que el pueblo colombiano esperaba en el horizonte.
Artículo 1 de la Constitución
Sin duda, uno de los mayores entusiasmos de la carta del 91 fue el que suscitó el artículo primero que aún dice: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Este artículo representa una conquista fundamental para el pueblo de Colombia, pues a partir de su texto, el Estado no era concebido como una institucionalidad formal, meramente reguladora de las relaciones entre individuo y sociedad, que sometía las autoridades al principio de legalidad sin ocuparse de de sus ciudadanos. Todo lo contrario.
La nueva concepción de Estado implicaba una superación del Estado de derecho liberal, espectador, gendarme, pasivo, y lo sustituía por un Estado activo que regulaba la economía, que tenía una filosofía política de ordenar a las autoridades públicas y a sus instituciones buscar el bienestar general, buscar la igualdad social, ayudar a los menos favorecidos, proteger los recursos nacionales; y a los indígenas, afro descendientes y minorías políticas. El Estado social de derecho debía buscar la realización efectiva de los Derechos sociales, económicos y culturales y de derechos como el medio ambiente y uno muy importante: el derecho a la paz.
Con algunas excepciones, en especial, los avances en la protección de los derechos fundamentales por medio de la acción de tutela durante la primera Corte (Carlos Gaviria Díaz, Vladimiro Naranjo, Eduardo Cifuentes, entre otros), la constitución quedó en letra muerta. Hoy no es preciso repetirlo. En efecto, sucedió que la concepción económica de la constitución, hábilmente redactada en los artículos 333 y subsiguientes, destrozó en la práctica al Estado social de derecho y a las buenas intenciones de los constituyentes que hablaron de “bienestar general”, derecho al trabajo, solidaridad, “bien común”, “paz”.
En los hechos, el modelo neoliberal se impuso con sus criterios de sostenibilidad fiscal y de derechos concedidos a los poderes económicos privados, con su aperturismo sin protección en medio de la rapacidad internacional del libre mercado. César Gaviria debe ser recordado como el presidente que dio la “bienvenida al futuro” pero, neoliberal que justo en esos días se fortalecía en la época con la caída del Muro de Berlín y del «socialismo real».
La constitución de 1991: devenir y perspectiva
Sin exagerar, casi ninguno de los principios que encabezan nuestra carta fundamental es vigente. El Estado social de derecho no tuvo realización nunca. Y los avances fueron muy pocos. Como prueba, Colombia es uno de los países con mayor concentración de la riqueza, con los mayores índices de pobreza del mundo y con una no desdeñable miseria según los indicadores internacionales. Esto indica que la igualdad social anhelada, la búsqueda de la equidad, la generación de oportunidades, la redistribución de la riqueza, etc., fracasaron como filosofía política de la carta, y como promesa programática. Desde luego, este vacío e incumplimiento ha atizado la violencia. A la violencia de las guerrillas, los paramilitares, a la violencia de Estado, se suma la violencia común con origen en la lucha diaria por la existencia de millones de personas en el país. Es una violencia producto de las estructuras aún no reformadas del Estado.
Ahora, ¿qué causas están en el fondo de esa violencia? Son causas pretéritas: la falta de distribución de la tierra y la violencia del modelo económico; la corrupción de las aristocracias y oligarquías políticas que buscaron la modernización del país para su beneficio, pero sin dar el siguiente paso: la democratización. Esas oligarquías gobiernan a Colombia como a su finca, tal como hizo el nacional-populismo de derecha del uribato; la han exprimido en busca sólo de su interés propio. Sin duda la corrupción y la falta de una ética de lo público, de compromiso real con las necesidades del país, son las causantes del descontento general y de la violencia que aún padecemos. La corrupción política y el modelo económico vigente son causantes de la desintegración y del desespero social que vivimos.
Por eso la violencia, la pobreza, la miseria, la corrupción de nuestra dirigencia política, entre otras causas, hacen que Colombia siga como un país de cuarta. Sí, de cuarta categoría que el gobierno actual, diplomático, superficial, apegado a las formas (sin solución a ningún problema de fondo) quiere venderle al mundo como de primera categoría. El asunto es que la realidad no se tapa con diplomacia; ni el hambre, ni las necesidades, ni las injusticias contra los campesinos, se tapan con represión policial, ni con oficinas para atender la crisis, ni con discursos televisivos.
El derecho a la desesperación
Las actuales protestas sociales contra el gobierno Santos son el colofón de un malestar acumulado que por fin aflora en la sociedad: La no realización de las promesas constitucionales de 1991. Y la gente tiene derecho a desesperarse. Un derecho y el de la protesta social a reivindicar, exigiendo todas las negaciones a la dignidad de un pueblo pisoteada.
Los reclamos hoy de los campesinos, entre otros, la revisión de los Tratados de Libre Comercio (libres sólo en el nombre) son justos. Eso hace muchos años, lo advirtieron los críticos de los TLC. Por consiguiente, las consecuencias ya llegaron: más pobreza para los campesinos, imposibilidad de competir con los países poderosos, importación de alimentos que son producidos aquí y, lo que ya es el colmo: exigencia a los campesinos de comprar las semillas patentadas y certificadas a las compañías que trafican con el hambre en el mundo y que disfrazan su rapacidad con el cuento de que así protegen la “seguridad alimentaria”.
A este respeto denunció Antonio Caballero en su columna de la Revista Semana: “Vean en YouTube, por internet, un documental de Victoria Solano titulado 9.70, que ilustra las consecuencias de una sola resolución dictada por el ICA en aplicación de uno solo de los parágrafos del TLC. Una resolución por la cual, so pena de altas multas, confiscación y cárcel, se prohíbe a los arroceros del Huila sembrar sus propias semillas y se les obliga a comprar las ‘certificadas’ por ese organismo oficial: es decir, ‘mejoradas’ genéticamente y luego patentadas por las multinacionales norteamericanas Monsanto, Dupont o Syngenta. Hay otras semillas mejores, aunque no hayan sido ‘mejoradas’. Pero el TLC comprometió a Colombia a usar solo esas”*. ¿Esto es justo? ¿Contribuye al derecho a la paz, mandato constitucional en su artículo 22, este tipo de arbitrariedades del modelo económico vigente? En absoluto, sólo profundiza y profundizará más la violencia.
* http://www.semana.com/opinion/articulo/simplemente-neoliberales/354361-3
* Abogado Universidad Nacional de Colombia y Doctorando en Filosofía por la Universidad Santo Tomás. Escritor. damianpachon@gmail.com
Disminuye la gobernabilidad
El Estado sigue desnudándose no sólo de sus obligaciones con la población, sino que, con sus “locomotoras”, permite el despojo del país en beneficio de los poderes económicos trasnacionales. El despojo de sus recursos naturales: sus minerales, la madera, el petróleo. Mientras tanto, es incapaz de arreglar el problema de la salud, la educación, las pensiones, etc. Todo esto explotó una vez generó tanto malestar en los diversos sectores sociales que hoy levantan su lucha contra el gobierno. ¿Qué indica esta protesta social? Que tal vez –ojalá– la gente despierta contra estos gobiernos neoliberales y autoritarios. ¿Qué podemos concluir?
En primer lugar, que en la actualidad hay una crisis referente a la disminución del grado de gobernabilidad. Dado que, por gobernabilidad entiende la Ciencia Política, el conjunto de condiciones que permiten al gobierno de turno “poder gobernar”, es decir, son condiciones sociales, institucionales, etc., que permiten sacar adelante sus proyectos y políticas. Este aspecto tiene una contracara: la gobernabilidad depende también de la capacidad que tienen los gobiernos para dar respuesta a las demandas sociales*.
En el caso colombiano, el descontento social producto de la incapacidad de satisfacer las demandas de los diversos sectores y del incumplimiento de las promesas recibidas está creando un clima que le impide al gobierno “gobernar” en condiciones de normalidad. Esto tiene efectos a corto plazo en la capacidad del mismo de mantener, por ejemplo, la legitimidad, o el nivel de producción. La vida cotidiana se interfiere y afecta.
El estado de protesta en un amplio escenario de localidades, pone sobre el tapete otra cuestión: La incapacidad de los partidos de gobernar a favor de las mayorías que representan. Los partidos tradicionales, los santistas y el uribismo del eufemísticamente llamado “Centro democrático”, se mueven con las lógicas de la vieja política: el oportunismo político. No tienen un quehacer y un programa claro a favor del bienestar general, de la mayoría, van al vaivén de los intereses diarios, cotidianos, de los interés económicos y bajo la consigna de acaparar la burocracia. Son partidos paralíticos que no tienen interés en resguardar la carta existente.
Por su parte, la oposición política con un radio en la minoría del Polo Democrático Alternativo, denuncia el tráfico de intereses, la burla de la ley y hace control político, tal como en el reciente escándalo de bandidaje de Riopaila y de las multinacionales que quieren usurpar la tierra a los campesinos de Colombia. El resto, es la política vieja, al estilo Roy Barreras: cínica, clientelista y nepotista, una política sin idea de un “vivir para la política”. Vive como sanguijuela “de la política”, para usar la distinción que hizo famosa Max Weber en su conferencia de 1919 sobre la política como vocación. Vivimos la miseria de la política, la corrosión de la democracia representativa.
El estado actual de efervescencia social manifiesta que la constitución de 1991, y sus bienintencionados principios cayó vencida por el neoliberalismo. No hay duda. Hoy el capital vive, se reproduce –con empeño en seguir reproduciéndose– a costa de la vida del planeta mismo, de la vida misma de sus habitantes. Por eso, poco importa la destrucción ecológica de la selva, ya sea por la minería o por la tala de bosques. Poco importa el monopolio de los alimentos a través de la patente de semillas mejoradas, poco importa la especulación con los alimentos o la desposesión de la tierra a las comunidades locales. Lo único que importa es la acumulación esquizofrénica que arrasa con todo. Razón tenía Marx cuando –siguiendo a Shakespeare– habló del dinero como la vil prostituta que corrompe todo y convierte –con lenguaje corruptor– lo malo en bueno.
Para terminar, cabe recordar que la carta de 1991 fue producto de un despertar del constituyente primario, de la gente sufriente de carne y hueso, frente a la degeneración en todos sus ámbitos de la época. Pues bien, es hora de que las generaciones actuales dejemos la pasmosidad y busquemos refundar un país de nuevo. Es urgente. De lo contrario, estamos condenados al no-futuro, como tantas generaciones en Europa. Debemos evitar, como dijo Camus, que la sociedad viva sobre la mentira.
* Véase, Alejo Vargas Velásquez, “Hacia la gobernabilidad democrática en Colombia a final de siglo”, en: Constitución, gobernabilidad y poder, Bogotá, Universidad Nacional y Universidad Industrial de Santander, 1996, pp. 12-13.
