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La fuerza pública para el posacuerdo

La fuerza pública para el posacuerdo

La sociedad colombiana está ad portas de emprender de manera oficial un nuevo periodo: el del posacuerdo. Una nueva fase tras la necesidad de consolidar la democracia, soportada en el Estado Social de Derecho. Atender las áreas rurales históricamente marginadas, para erradicar de ellas las organizaciones al margen de la ley, es un primer reto. En este escenario una Fuerza Pública readecuada tendrá que acometer los retos a la seguridad de los colombianos.

 

Si el conflicto armado con las guerrillas termina con las negociaciones en curso, las amenazas a la seguridad no desaparecerán sino que mutarán debido a la acción de otras expresiones delincuenciales tales como los rezagos del paramilitarismo (Bacrim), los remanentes que quedasen de la desmovilización de las guerrillas y, en general, de la delincuencia organizada y común. Es lo que muestran las experiencias de otros países que pusieron fin a sus conflictos armados internos mediante negociación política como Sudáfrica Salvador y Guatemala,, donde distintas formas delincuenciales proliferaron después de firmada la paz.

 

Hay referentes y memoria. De acuerdo con estos, en el próximo futuro las condiciones de seguridad interna del país estarán amenazadas principalmente por la violencia y las actividades y negocios ilegales de distintas modalidades del crimen organizado. Este puede considerarse como el problema vertebral con especial incidencia en las áreas donde menos presencia y control han ejercido las instituciones del Estado, encabezadas por las de justicia y seguridad. Demanda de seguridad que también se amplía a las ciudades, donde la tasa de homicidios –pese a su ostensible disminución-, los delitos contra la integridad personal y el patrimonio, arrojan indicadores preocupantes. Realidad, tanto en lo rural como en lo urbano que impactan la convivencia y la seguridad ciudadana.

 

Por otra parte, el ejercicio de la soberanía en las fronteras siempre será una prioridad. Y aunque para Colombia un conflicto bélico interestatal es hoy día improbable, no es realista descartar la posibilidad de que en el futuro el Estado colombiano se vea inmerso en tensiones internacionales en las que la integridad territorial (terrestre, marítima o aérea) esté en riesgo, lo cual implica la necesidad de mantener unas Fuerzas Militares (FFMM) suficientemente equipadas y entrenadas, como uno de los factores disuasivos ante potenciales amenazas externas.

Lo cierto es que la mutación de los retos a la seguridad implica readecuar la Fuerza Pública (FP) para afrontarlos de manera más eficiente. De acuerdo con lo anotado, propongo tres criterios que limiten la discusión sobre la posible readecuación, a saber: conveniencia (que es útil o provechosa) pertinencia (que es coherente con los retos a la seguridad y conducente) y viabilidad (que tiene posibilidades reales de poderse llevar a cabo).

 

Así las cosas hay básicamente dos alternativas para readecuar la FP que en principio cumplirían con los criterios descritos:

Reajustar misión, funciones y organización de las instituciones que actualmente la conforman, lo cual, entre otros aspectos, implicaría un crecimiento paulatino de la Policía al mismo tiempo que se detiene y/o decrece el aumento de las FF.MM.

 

A la FP sumarle una Guardia Nacional Rural (GNR) con dedicación exclusiva y permanente en los municipios ubicados en las áreas rurales periféricas, la cual se conformaría mediante el desdoblamiento, proporcional en personal y logística, de la actual Fuerza Pública.

 

La segunda opción incluye la primera ya que la creación de la GNR implica un reajuste de la FP, sin embargo la primera no implica necesariamente la segunda.

 

 

Conveniencia

 

No hay que hacerse ilusiones, las condiciones de seguridad interna rural a futuro estarán amenazadas por la violencia, actividades y negocios ilegales alrededor del crimen organizado con particular incidencia en los territorios de la periferia donde menos control estatal se ha ejercido a través del tiempo. La actividad que gira en torno a dicha criminalidad presenta unas características que la literatura especializada cataloga como “nuevas amenazas”, “intermedias” o “híbridas”, las cuales requieren ser atendidas con una solución institucional intermedia con capacidad de proveer una seguridad integral.

 

Pues bien, la GNR viene a ser el tipo de solución institucional requerida. Su doble naturaleza civil y militar, de la que se desprenden unas características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas, hacen de este modelo de fuerza la más adecuada y proporcionada a la principal amenaza previsible a la seguridad en las áreas más rurales, la cual con frecuencia sobrepasa el potencial de la Policía, toda vez que los integrantes de dichas bandas son delincuentes con algunas capacidades de tipo militar que tienden a superar las capacidades del cuerpo civil armado que constitucionalmente debe ser la Policía. Tampoco el peso y poder militar de las FF.MM. es el apropiado, pues como no se trata de combatientes sino de delincuentes, al confrontarlos con el poder de fuego de la fuerza militar se corren constantes riesgos de producir fatales daños colaterales sobre la población civil. Por otra parte y no menos importante, para neutralizar adecuadamente la delincuencia organizada se requieren competencias investigativas que faciliten el trabajo en equipo con la Fiscalía, competencias estas ausentes en los integrantes de las FF MM.

 

En otros términos, la principal amenaza previsible a la seguridad rural no sería adecuadamente enfrentada ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso, toda vez que esas bandas no son ejércitos ni guerrillas organizadas pero tienen alguna organización y equipamiento de tipo militar. En este sentido la GNR llenaría el llamado vacío de seguridad, pues sería al mismo tiempo una policía en capacidad de investigar complejas redes de criminales en equipo con la fiscalía, y en cuanto sea necesario, enfrentar con la fuerza organizada a delincuentes dotados con equipamiento de índole militar. Técnicamente sería una policía con estatuto militar.

 

En contra de lo anterior puede sostenerse que buena parte del Ejército como de la Policía desde tiempo atrás realizan trabajos propios de una Guardia, lo que haría innecesaria una nueva organización de seguridad. Pero en lo atinente al Ejército ese tipo de trabajos se han realizado a medias, toda vez que los integrantes de la institución castrense no han sido ni educados ni entrenados para la prevención, investigación y persecución de la delincuencia organizada y menos de la común; tampoco para acompañar permanentemente a la población civil en su desarrollo. Es que desde la instrucción básica de un soldado se lo pone en oposición con lo exigido de él al cumplir un papel de apoyo civil, porque es entrenado para detener al enemigo con fuerza letal si es necesario, y cuando actúa en un entorno civil requiere una disposición mental diferente.

 

También puede argumentarse que las FF.MM. pueden ser habilitadas política y jurídicamente para apoyar a la Policía en el combate a las bandas criminales y en general a la delincuencia organizada, como de hecho sucede en el país. Sin embargo, no desaparece el problema atinente a la excesiva fuerza del aparato militar para combatir ese tipo de amenazas. Tampoco habría posibilidad de que las FF.MM. tuvieran competencias de policía judicial pues su estructura, entrenamiento y subcultura son inapropiadas para dicha función. Le conviene más al país y a las propias FF.MM su re-profesionalización, previendo las tendencias de los potenciales conflictos bélicos de hoy que se libran con unas FF.MM enfocadas más en la calidad de su personal, tecnología y flexibilidad, que en la cantidad de sus efectivos. Lo cual no implicaría que no se mantengan disponibles para operar en la seguridad interior en casos puntuales que salieran de las manos de la Policía o de la GNR.

 

[…] de no crearse la GNR se generaría la necesidad presupuestal para que la Policía Nacional crezca en mayor proporción que cualquiera de las FF.MM.

 

Además, en contra de la creación de una GNR podría argumentarse que nuestra Policía Nacional puede asumir los retos previsibles a la seguridad rural mediante la ampliación en tamaño y cobertura de los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar). Lo cual es válido pero solo en parte porque como su nombre lo indica aquellos son cuerpos “móviles” y principalmente de reacción, es decir, sin vocación de permanencia en las distintas áreas, lo que conlleva, como de hecho ha ocurrido, que las prioridades operacionales tiendan a enfocarse en los sectores rurales más poblados y cercanos a los centros de poder, por ser aquellos donde, hay que decirlo, más se facilita el cubrimiento de los medios de comunicación informando sobre problemas de seguridad, presionando así la reacción de los Emcar.

 

Por otra parte, la realidad muestra que los efectivos con que cuenta la Policía Nacional han sido inveteradamente insuficientes para atender las crecientes demandas de la misión vertebral del servicio policial que es la seguridad ciudadana en los centros poblados del país. Esto ha obligado a la dirección de personal de esa institución a destinar una considerable cantidad de profesionales con la especialidad de carabineros a prestar sus servicios en las ciudades en contravía de su especialidad. Esto se evitaría con la creación de la GNR puesto que aproximadamente el cincuenta por ciento de los carabineros pasarían a integrarla. De esta manera el crecimiento paulatino que seguiría teniendo la Policía se destinaría a mejorar la seguridad ciudadana en las ciudades y municipios más poblados.

 

Algunos énfasis necesarios: la GNR sería de carácter nacional, es decir comandada, dirigida, controlada, educada y entrenada desde el centro aunque con dedicación exclusiva a la periferia, de lo cual se derivaría otro efecto importante que ratifica la conveniencia de crearla. Esto es el ejercicio de la soberanía en la periferia rural como requisito sine qua non para saldar la deuda acumulada con las áreas más rurales. Lo cierto es que con la creación de la GNR se ejercería la soberanía estatal en la Colombia más rural, partiendo del reconocimiento de la necesidad de generar una relación entre el campesino, indígena o afro-descendiente y la Fuerza Pública que no parta del control, la imposición o la coerción, sino de la protección, del acompañamiento y del reconocimiento legítimo de la autoridad.

 

Por otro lado es de resaltar que la dedicación exclusiva a lo más rural de la GNR le permitiría ejercer la “disuasión coercitiva” que es más preventiva que represiva. Con presencia permanente, despliegue territorial eficaz, velocidad de reacción y una estrecha relación con los ciudadanos puede garantizarse el “dominio de la inteligencia” que supone estar en el territorio antes de que ocurran los delitos, en vez de llegar después de su ocurrencia. La “disuasión coercitiva” implica elevar los riesgos a quienes quieran cometer un crimen de tal manera que los retraiga de cometerlo. No busca solo capturar delincuentes, sino principalmente garantizar la paz y la tranquilidad en las comunidades.

 

Pertinencia

 

La pertinencia de la creación de una GNR tiene que ver con su contribución a implementar los acuerdos que salgan de las negociaciones. Su doctrina –que tendría como eje la protección y acompañamiento del campesino y no su control– estaría en sintonía con el propósito de construir una “paz territorial” desde la periferia hacia el centro, como ha enfatizado en varias oportunidades el Comisionado de Paz del Gobierno.

 

La dedicación exclusiva a la periferia rural le permitiría a la GNR proveer un ambiente de seguridad para que instituciones como la justicia, la salud y la educación puedan destacar sus funcionarios y dependencias para prestar adecuadamente sus servicios, todo lo cual contribuiría a la construcción de una ciudadanía campesina efectivamente integrada a la nación colombiana. Es más, para llenar iniciales vacíos en salud y educación, integrantes escogidos de la Guardia pueden ser capacitados para desempeñarse subsidiaria y temporalmente como maestros (as) de primaria, paramédicos y auxiliares veterinarios.

 

Por otra parte, la conformación de una GNR también contribuiría a despejar temores sobre la seguridad en las áreas más rurales en sectores de la opinión como los simpatizantes del “Centro Democrático”. También en los guerrilleros reintegrados y sus familiares pues una vez firmados los acuerdos, el Gobierno podría abrir la puerta para que parte de ellos en su proceso de desmovilización y reintegración puedan hacer parte de la nueva institución, con el beneficio para el país de que quedarían sometidos a la ley y reglamentos correspondientes. Esto, además de evitarles la tentación de pasar a conformar grupos armados ilegales permitiría que su conocimiento geográfico y cultural de las áreas periféricas sea puesto al servicio del Estado. Incluso puede pensarse que ex paramilitares de la base que hayan cumplido satisfactoriamente con el proceso de reintegración y así lo deseen, también puedan incorporar a la Guardia.

 

Claro está que todos los candidatos a integrar la GNR tendrían que llenar unos requisitos pre-establecidos tales como haber cumplido con lo dictaminado por la justicia transicional y haber contribuido con la verdad y el resarcimiento de las víctimas. También tendrían que aprobar una prueba psicométrica que evaluaría el grado de propensión a la violencia, luego de lo cual entrarían en un detallado proceso de re-educación y re-entrenamiento adecuado a sus condiciones psicológicas.

 

Es más, de crearse la GNR con el desdoble proporcional de las FF.AA. y la incorporación de exguerrilleros y exparamilitares, aquella puede constituirse en una institución de vanguardia para sanear la cohesión social del país. Para esto, y a manera de ejemplo, las organizaciones menores se estructurarían de tal manera que quedaran proporcionalmente integradas por ex militares, ex policías ex guerrilleros y ex paramilitares, todos re-educados para conformar equipos de trabajo de los cuales surgirían sentimientos de compañerismo y espíritu de cuerpo, y lo más importante, espíritu de servicio a los pobladores y autoridades civiles de las áreas donde presten sus servicios.

 

Un punto a resaltar es la importancia que tendría el proceso de selección de los cuadros de mando de la GNR empezando por su Comandante Nacional, para lo cual se recurriría a oficiales y suboficiales activos y de ser necesario a quienes se hayan retirado voluntaria y recientemente del servicio activo en cualquiera de las instituciones de la Fuerza Pública. Quienes fueran transferidos –con un cuidadoso proceso de selección que partiría de la voluntad personal– cumplirían con un proceso de re-educación y re-entrenamiento diferencial que incluye unos valores institucionales diferentes derivados de la misión que como quedó dicho giraría en torno al concepto de seguridad humana y construcción de ciudadanía campesina. De esta nacería una nueva subcultura de la cual se desprendería un nuevo espíritu de cuerpo propio de la GNR.

 

Viabilidad

 

Independientemente de cálculos económicos y actuariales que salen del propósito de este escrito, de entrada se puede afirmar que es mejor mantener lo que existe, ampliando el cuerpo de carabineros. Sin embargo, de no crearse la GNR se generaría la necesidad presupuestal para que la Policía Nacional crezca en mayor proporción que cualquiera de las FF.MM. Esto incluso podría conllevar a considerar la disminución principalmente de los efectivos del Ejército, no solo por ser la fuerza más numerosa, sino porque las principales amenazas internas serían afrontadas con más propiedad con fuerzas policiales.

 

De cualquier manera hay que enfatizar en que la creación de la GNR mediante desdoblamiento, tampoco requeriría erogaciones presupuestales importantes pues cada miembro de la Fuerza Pública llegaría con su asignación logística. Por ejemplo, el personal transferido pasaría no solo con el presupuesto requerido por sus sueldos y prestaciones sociales, sino también con el equipamiento individual y, en parte, con el colectivo. Incluso las instalaciones de las distintas fuerzas existentes en las jurisdicciones que se asignen a la GNR pasarían a ser parte de los inventarios de esta. Las faltantes, incluyendo al menos una escuela de formación de cuadros, se construirían de manera paulatina pues inicialmente podría utilizarse para esos efectos una de las actuales escuelas de formación de carabineros.

 

Eco habanero

 

Entre los aspectos acordados hasta ahora en La Habana sobresale el compromiso para realizar en Colombia una reforma rural integral durante la etapa del posacuerdo, la que incluye una reforma agraria pero es más que eso, pues en el fondo se trata de un desarrollo rural multifacético. Y en esta macro-tarea, la GNR cumpliría un rol clave pues contribuiría de mejor manera a construir la paz, despejando además los distintos temores de seguridad, tanto de los empresarios del campo y ganaderos como de los campesinos y excombatientes.

 

* Magíster en Estudios Políticos, Profesor Asociado Universidad de La Sabana, autor del libro La esquiva terminación del conflicto armado en Colombia (Edit. La Carreta, septiembre 2011) Columnista de El Nuevo Siglo.

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