Ningún jurista serio avala la legalidad de la guerra contra Irán. Pero mientras el derecho la condena, no pocos intelectuales resucitan el argumento de “la guerra justa” medieval y la jerarquía entre “naciones respetables” y “Estados canallas”.
A excepción de algunos juristas de segunda categoría que pululan en las páginas deLe Point (1), ningún especialista sostiene la legalidad de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán. A falta de autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tampoco fue solicitada, sólo la legítima defensa habría justificado un uso de la fuerza tan súbito como masivo. Como la “legítima defensa preventiva” no está reconocida, a pesar de los esfuerzos constantes de Tel Aviv desde hace varias décadas, algunos abogados y profesores de derecho internacional intentaron vanamente promover una nueva hipótesis, la acción militar “preemptiva” frente a una “amenaza inminente” que sólo medios militares podrían detener (2). A pesar de la sutileza de la maniobra semántica, el derecho permanece inalterado: en ausencia de un ataque existencial inminente e irreprimible que no deje otra solución que la guerra anticipada, el uso de la fuerza está formalmente prohibido. Autor de un libro de referencia sobre el derecho de la guerra, Olivier Corten, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, recuerda la constancia y coherencia de los tratados y sentencias judiciales que, desde 1945, confirman una definición estricta de la legítima defensa como respuesta ante una agresión armada (3). El inicio de los bombardeos sobre Irán en plena negociación basta para demostrar la mala fe de quienes sostienen su legitimidad para actuar sobre esta base.
