Durante el período 2002 (comienzo del gobierno Uribe) y 2010 (final de su segundo mandato), el control del poder ejecutivo sobre los recursos del país se multiplicó por 2,4 veces (en 2002, el Presupuesto General de la Nación –PGN- era de $62,7 billones). El Congreso de la República aprobó el pasado 20 de octubre el PGN para el 2010, presentado a todo el país como un presupuesto “equilibrado y racional”. Pero, su revisión precisa todo lo contrario: acrecienta la dependencia estatal del capital especulativo, la guerra, la tecnocracia y la clase política. Sin bien hay más riqueza en el país (el ingreso por persona se multiplicó en dólares 2,7 veces entre 2002 y 2010), y que el Estado la controla en mayor medida, no se fomenta el desarrollo, entendido como fortalecimiento de la base productiva, el bienestar social y la sustentabilidad ambiental. Se amplía la brecha entre ricos y pobres.
La transformación del Estado en los últimos ocho años limita sus funciones sistémicas, en lo fundamental, a favorecer la intermediación financiera; a promover la expoliación de las fuentes energéticas, los cultivos de plantación y la agroindustria de exportación, en un marco de propiedad latifundista; a la represión y el control policial de la sociedad, así como a la adaptación de la fuerza laboral a las nuevas condiciones de la división internacional del trabajo, bajo el régimen de acumulación terrateniente, financiero y transnacional que caracteriza al modelo de desarrollo forzado en Colombia.
En este marco el PGN tiene una orientación del 56 por ciento a gastos de funcionamiento –con beneficio para una parasitaria e inmensa maquinaria burocrática militar– el 27 al servicio de la deuda pública y un 17 a gastos de inversión. Además de conservar el poder para el privilegio de una clase, otra de las constantes de las maquinarias estatales y su burocracia militar es hacerse indispensables. La colombiana no es excepción.
No, aquí, donde la tercera parte de la riqueza generada por sus habitantes es controlada por el leviatán, que no cesa de crecer, consumir y concentrar en pocas manos la riqueza y el producto del trabajo que correspondería a todos. El monto y la destinación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2010, con $148,3 billones (1), así lo confirma.
Maquinaria militar y Estado versus Sociedad Civil
Este presupuesto, en relación a 2009, registra un crecimiento del 7 por ciento. Cerca de tres veces más del 2,5 por ciento de la expansión esperada para la economía en 2010. El poder estatal se acrecienta.
El Estado colombiano cuenta en la actualidad con 926.000 servidores del poder del Gobierno, entre funcionarios y ejército, maquinaria que proseguirá su crecimiento: para 2010 se ampliará la Fuerza Pública con el nombramiento de 6.800 nuevos efectivos. Esta inmensa organización burocrática y militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado al servicio de sus propios fines, de los intereses de las transnacionales y del capital financiero y terrateniente, garantiza el dominio de clase de la oligarquía.
Los congresistas, al momento de revisar el proyecto de Ley 076 de 2009 Cámara y 048 Senado, dijeron que el PGN debe contribuir efectivamente “a la solución de los problemas más angustiantes de la población [debe ser] un instrumento idóneo para enfrentar las dificultades económicas del país”. Sin embargo, esta ‘preocupación’ parece simple retórica de un legislativo dócil o simbólico.
En efecto, el PGN 2010 profundiza unas constantes representativas del actual gobierno: los gastos de funcionamiento aumentan en 15 por ciento, cuando pasan de $72,3 billones actuales a $83,1 billones para el próximo año; el 70 por ciento de este incremento es explicado por el aumento de la nómina de Defensa y Seguridad, y 27,1 por ciento por los gastos del sector Interior y Justicia. De este gigantesco edificio estatal hacen parte, según la Contaduría General de la Nación, 299 entidades del Gobierno del orden nacional: 262 no financieras y 37 financieras.
La naturaleza parasitaria de esta inmensa maquinaria burocrática militar explica que durante el período de mayor crecimiento de la economía (en el lapso 2002-2007 el PIB creció a un ritmo promedio anual de 5 por ciento) los indicadores de pobreza tan solo registraran una lenta disminución, pasaron de 50,3 por ciento en 2005 a 46 por ciento en 2008 (hoy, en Colombia, hay alrededor de 20 millones de ciudadanos pobres). Peor aún es la situación para los habitantes en condición de indigencia (aquellos a quienes el ingreso no les alcanza ni para comer); su cantidad como subconjunto registró un aumento de 2,3 por ciento entre 2005 –se ubicó en 15,7 por ciento– y 2008 –ascendió a 18 por ciento (hoy suman 7,5 millones). En el campo, la situación es dramática: mientras el Gobierno entrega a manos llenas subsidios a los grandes terratenientes, el 65,2 por ciento de los pobladores rurales se encuentra en situación de pobreza, y uno de cada tres en pobreza extrema o indigencia. En cuanto a la distribución del ingreso, la concentración es ahora más injusta respecto a 20 años atrás: en 2008, el coeficiente de Gini (mide la desigualdad en un rango entre 0 y 1; cuando se acerca a uno, la desigualdad es mayor) fue de 0,59 –se mantiene sin cambios desde 2002–, mientras en 1991 registraba un valor de 0,54.
A este horizonte que reflejan estas cifras, se suma la grave situación financiera de la educación pública superior, el estado de emergencia en que se encuentra el sistema de salud y el agravamiento del mercado laboral, bien por el aumento del desempleo, bien por la precariedad y la inestabilidad de los puestos de trabajo: entre la informalidad y el desempleo gravita el 78 por ciento de la fuerza laboral del país. Bien decía el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila: “A medida que el Estado crece, el individuo disminuye”. Déficit fiscal y los ricos no pagan. El PGN presenta un déficit fiscal de $26 billones, que sobrepasa el 4 por ciento del Producto Interno Bruto. Los ingresos tributarios, principal fuente de financiamiento del gobierno colombiano, sólo aportan el 47,4 por ciento del PGN, tendencia acrecentada por el hecho de que los ricos poco tributan.
En los ocho años del gobierno Uribe, el capital ha sido beneficiado con exenciones tributarias asociadas a la inversión y zonas francas, además de los subsidios dirigidos a su favor. En consecuencia, la alternativa es un mayor endeudamiento del país y la enajenación de sus pocos bienes públicos de carácter estratégico: 17,6 por ciento del gasto proyectado del PGN de 2010 será financiado con crédito interno y 6 por ciento con crédito externo. El saldo, 29 por ciento, será cubierto con la enajenación de activos públicos (grupo de acciones de Ecopetrol, electrificadoras regionales y participación del Gobierno en Isagen), rentas parafiscales, fondos especiales y recursos propios de los Establecimientos Públicos Nacionales.
En resumen, de acuerdo con los comentarios de la Contraloría General de la Nación al PGN de 2010, no hay concordancia entre la actividad económica, la política fiscal, y las precarias condiciones sociales y laborales que padece la mayoría de los ciudadanos. De igual manera, la desaceleración de la economía durante 2008-2009 y la lenta recuperación en 2010 lleva a una profundización del déficit fiscal de la Nación, que se financiará con deuda pública, con lo cual la Nación se convertirá en importadora neta de capital, además de absorber recursos internos, no sólo de entidades públicas sino también del sector privado, vía nuevo endeudamiento. La política presupuestal para 2010 profundiza los problemas estructurales existentes de endeudamiento del país y del déficit fiscal (2). Este hecho conlleva que el saldo de la deuda pública se incremente respecto al nivel de 2008. Entre 2009 y 2010, el saldo crece en 9,2 por ciento, pasando de $36,6 billones a $40 billones, con un aumento de $3,4 billones. Así, lo que había sido una política durante los primeros años de la administración Uribe de reducir el nivel de la deuda, se frena y vuelve a tomar la senda del crecimiento. Mientras para 2009 la deuda del gobierno central es de 34,4 por ciento del PIB, en 2010 pasa a ser del 36, y para 2011 se estima en 38, para llegar en 2014 a un nivel del 41. Y hasta 2015, no habrá probabilidades de que empiece a ceder.
Economía Política y estrategia falangista del PGN
La gestión del actual régimen colombiano (terrateniente, financiero transnacional) se refleja en la composición del PGN (ver cuadro 1 y gráficos 1 y 2). La porción de la riqueza, que genera anualmente el trabajo y que es intermediada por el Estado, aumenta a un ritmo superior al de la economía en su conjunto. Para 2010, el poder ejecutivo controla 33,2 por ciento del PIB. En 2002 era de 31,1.
Según las funciones sistémicas que cumple el Estado, la utilización de los recursos públicos se orienta principalmente a la transferencia de plusvalía hacia el capital financiero nacional y transnacional, vía pago de intereses y amortización de deuda: $22,6 billones en 2002 (36% del PGN y 11,2% respecto al PIB) y $40 billones en 2010 (26,9% del PGN y 8,9% del PIB, lo que muestra que el PGN y el PIB aumentan más rápidamente que el monto de la deuda cancelada). El Estado es ampliamente favorable al modelo rentista y especulativo, hegemónico en el actual sistema mundo capitalista.
Las funciones de representación internacional, regulación y control del Estado sobre la sociedad se llevan $20,7 billones en 2010 (14% del PGN y 4,6% respecto al PIB). En 2002, $6,4 billones financiaban esta función estatal (10,3% del PGN y 3,2 del PIB). La fronda tecnocrática central crece mientras envuelve, controla y asfixia cada vez más a la sociedad civil.
Los aparatos de justicia, represión y disciplinamiento social, como todos los sistemas de control social, están al servicio de la protección de intereses sociales de clase, y todas sus instituciones procuran cumplir con esta función.
En Colombia avanza una estrategia falangista que combina fascismo e ideología del poder absoluto estatal a partir de la criminalización de la protesta social, los falsos positivos judiciales que afectan a los contradictores del establecimiento, la violación de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, como parte de la consolidación del modelo de desarrollo forzado, transnacional y excluyente. El financiamiento de los aparatos de represión (ejercito, policía, organismos de seguridad y justicia) le cuestan al régimen $25 billones en 2010 (16,9% del PGN y 5,6% del PIB); en 2002 costaba $9,7 billones (15,4% del PGN y 4,8% del PIB). Todo ello sin contar los recursos por US$7.600 millones provenientes del ‘Plan Colombia’ en el período 2002-2010. El papel de gendarme del orden social que cumple el Estado ha significado la militarización, la represión y el control crecientes de la vida cotidiana de los colombianos.
La acumulación de capital. Esta es la fuerza imperativa o impulsora de las instituciones del capitalismo. Para el apalancamiento de la acumulación de capital se destina en 2010, por parte de esta función sistémica estatal, $9,4 billones (6,3% del PGN y 2,1% del PIB). En 2002, a esta función se le asignaban $3,5 billones (5,5 del PGN y 1,7% del PIB). Se incluyen en esta función los apoyos al sector rural empresarial, la construcción de infraestructura y el desarrollo del sector energético.
La formación y la reproducción de la fuerza de trabajo (educación, salud, vivienda y saneamiento básico, principalmente), además del componente fiscal en que se integran las funciones de cooptación política (asistencialismo social, control ideológico y programas poblacionales), concentran $52,2 billones del PGN de 2010 (35,9% respecto al PGN y 11,9% del PIB). En 2002, esta función sistémica estatal costaba $20,4 billones (32,5 del PGN y 10,1% del PIB).
La cooptación social. En estos recursos del PGN de 2010 se asume el pago de los subsidios destinados a Familias en Acción; y mientras que este año se destinaron $1,4 billones para cerca de 1,3 millones de Familias en Acción, para el año entrante se destinarán $2,1 billones de pesos para la totalidad de las 2,6 millones de familias beneficiadas por este programa. Así se cierra la tenaza estatal sobre la sociedad civil, clave como táctica para la continuidad en el poder de la plutocracia y las mafias colombianas: de una parte, les garantiza una tasa de acumulación extraordinaria a los dueños del capital mediante subsidios, desmonte de la protección laboral y exenciones tributarias; y, de otra, coopta a los sectores poblacionales más marginales con programas asistenciales de los cuales hacen parte el empadronamiento de las familias y el control ideológico-político-social. En esta función sistémica, el Gobierno incluye también recursos para la población desplazada, tal como se lo ordenó la Corte Constitucional, para lo cual destinará $1,5 billones.
En general, los montos que cubren esta función tienen bajo impacto social en razón a que una buena tajada del gasto social corresponde a pensiones (35% de las transferencias, que para 2010 suman $60,6 billones), las que a la vez se concentran en estratos de altos ingresos (el 80% de los adultos mayores en Colombia carece de algún tipo de pensión). Los recursos para pensiones ascienden a $21,1 billones, de los cuales el 38,5 por ciento corresponde al ISS, el 33,9% va al Fondo de Pensiones de Entidades Públicas del Nivel Nacional (Fopep) y el 12,9% a asignaciones de retiro de miembros de la fuerza pública. Depredación y medio ambiente. Por último, la unión de la justicia social y el ambientalismo asume a los humanos como parte integral del medio ambiente. El ambiente comprende lo biofísico, el ambiente edificado, y el ambiente social, económico y político. El capitalismo es depredador por naturaleza, pero el modelo de desarrollo forzado colombiano lo es más: se basa en la expoliación de la naturaleza por parte del capital nacional y las transnacionales (en reemplazo del colapso del proyecto industrializador ocurrido en la década de 1970) unido al despojo, la expropiación y el destierro de 4,5 millones de pobladores del campo.
Esta falta de conciencia de la clase dominante frente al medio ambiente y la biodiversidad del país se refleja en el PGN. Para 2010, los recursos destinados al sostenimiento de las condiciones ambientales de producción son marginales: $149.625 millones (0,1% del PGN y una cifra insignificante del PIB). En 2002, a pesar de ser bajos los recursos asignados, se invertía un poco más: $170.340 millones (0,3% del PGN).
En resumen, y de acuerdo con el proyecto de los grupos dominantes en Colombia, para que el Estado cumpla con estas funciones sistémicas tiene que aumentar los tributos que pagan los sectores populares y las capas medias; incrementar la deuda pública (sacrificio para las generaciones futuras) y vender los pocos activos que aún quedan en manos de la nación.
Este hecho implica sacrificar el consumo de los hogares y la inversión privada. En realidad, a medida que el Estado concentra más su poder sobre la riqueza que genera el país para financiar el cúmulo de gastos improductivos, la economía opera deficientemente, las brechas entre ricos y sectores populares aumenta, el desempleo crece, se precarizan los puestos de trabajo, la clase media se empobrece y los pobres se hunden en la indigencia. Razón tenía el filósofo bogotano al sentenciar: “La política sabia es el arte de vigorizar la sociedad y de debilitar el Estado” (3).
1 Gaceta del Congreso, Proyecto de Ley Nº 076 de 2009 Cámara, 048 de 2009 Senado; Imprenta Nacional de Colombia, 13 de octubre de 2009. 2 Contraloría General de la República (2009), Comentarios al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2010. 3 Gómez Dávila, Nicolás (1977), Escolios a un texto implícito, Tomo I, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, p. 31.
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