La lucha contra el cambio climático encierra una pulseada entre el Norte y el Sur. Junto a otras regiones en desarrollo, América del Sur reclama a los países desarrollados un resarcimiento por los efectos del calentamiento global. Pero más allá de esta puja, los países sudamericanos aún carecen de un plan coordinado y de programas nacionales serios. Atender a los compromisos ambientales no parece prioritario ante la urgencia de remediar los índices de pobreza; sin embargo ambos problemas exigen una solución común.
Quizá no haya testimonio más crudo de la desigualdad entre países ricos y pobres como las graves consecuencias del cambio climático. Los efectos de doscientos años de industrialización en el Hemisferio Norte están ahora en tránsito de lo abstracto a lo tangible y las primeras en sentirlos son las poblaciones más vulnerables. África es el continente más permeable a los azotes del calentamiento global, pero América del Sur también enfrenta serias amenazas en caso de que la depredación ambiental mantenga el ritmo actual.
Ante este escenario, los gobiernos de la región reclaman que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Copenhague incluya un claro reconocimiento de la deuda ambiental del mundo desarrollado hacia los países del Sur. “Esos países se han beneficiado con el crecimiento a costa de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y además no cumplieron las metas del Protocolo de Kyoto. Esto supone que tienen que hacer un esfuerzo muchísimo mayor y cumplir con el apotegma de la responsabilidad diferenciada”, afirma en diálogo con el Dipló el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Homero Bibiloni.
Los países en vías de desarrollo reclaman financiamiento y transferencia de tecnología para llevar adelante los cambios requeridos para paliar el fenómeno, como el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables. Pero, las posiciones son difíciles de conciliar porque la lucha contra el calentamiento global afecta patrones de producción y consumo, y va camino en convertirse en una nueva pelea comercial (“Exportaciones...”, en esta página). Los países industrializados sostienen que, frente a nuevos compromisos de reducción, se verán obligados a introducir medidas orientadas a mantener la competitividad de sus industrias respecto de las importaciones de países que no asumirían idénticos compromisos. Por su parte, los países en desarrollo –representados en el G77 + China– sostienen que se debe respetar el principio de la Convención de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, por lo que sólo los países desarrollados deberían verse obligados por compromisos vinculantes y cuantificables de reducción.
Responsabilidades locales
En plena pulseada, la voz de Sudamérica no es de las más escuchadas. Sin embargo, desde la región surgen propuestas, como la creación de un fondo multinacional para financiar la “descarbonización” de países en desarrollo sin que su economía resulte dañada. “Este fondo no puede ser de menos de 350.000 ó 400.000 millones de dólares anuales. Alguien puede decir que es mucha plata, pero es la quinta parte de lo que los bancos centrales financiaron en la crisis reciente. La salud del planeta no puede recibir menos que la salud del sistema financiero porque sin planeta no hay sistema financiero”, enfatiza Carlos Minc, ministro de Medio Ambiente de Brasil.
Otros países, como Argentina, llaman la atención sobre algunos programas en uso como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que permite a los gobiernos y empresas de los países industrializados suscribir acuerdos con países emergentes para cumplir con sus metas de emisión. Un estudio del Centro de Economía Internacional de la cancillería argentina demuestra que la distribución geográfica de los MDL se concentra en los países en desarrollo más grandes. China recibió el 35% de los proyectos, India el 25%, Brasil el 9% y México el 6%. En ese reparto, Asia recibió casi las tres cuartas partes de los proyectos y América Latina la porción restante (1).
Por cierto, la región también tiene sus responsabilidades. Con escasas excepciones, la mayoría parece encarar en cámara lenta un proceso complejo y heterogéneo, que requiere de un abordaje multidisciplinario. “No conozco a nadie que vote a un candidato por su plataforma ambiental”, señala Osvaldo Girardín, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, que parece resumir con esta frase uno de los problemas que enfrenta Sudamérica: la falta de planificación a largo plazo. Girardín, que también es director de Medio Ambiente de la Fundación Bariloche asume que es difícil pensar en el calentamiento global con la pobreza golpeando a un cuarto de la población, pero advierte que si no se hace, el fenómeno será multiplicador de la situación social.
Por otra parte, la ausencia de estadísticas y estudios sostenidos dificulta los planes de acción: “Uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de los países de Latinoamérica es que ignoran cuál es el nivel de sus emisiones”, señala Leonardo Lugo Salinas, director general de Bosques de Venezuela.
Falta de coordinación
Los países de la región tampoco han podido coordinar una posición común en el seno del Mercosur, o en los foros reconocidos por las Naciones Unidas para la Cumbre: el Grupo de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) o el G-77. Para el especialista ecuatoriano Gonzalo Oviedo, asesor mundial de Política Social de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (2), las posiciones de los países latinoamericanos frente a los más poderosos “son débiles, descordinadas, ingenuas y poco sistemáticas”.
Un tema no menor es la diversidad entre los países de la región, responsable del 5% de las emisiones globales. Por ejemplo, mientras Brasil, principal emisor, tiene que controlar la deforestación del Amazonas, Venezuela debe compensar la emisión de GEI por la producción de hidrocarburos. Así, a Caracas le interesa más alzar su voz dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que en el GRULAC. “Pese a ello hay cosas en las que hubiera esperado que haya más coordinación como en el régimen de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques), que se espera sea adoptado para reducir emisiones evitando la deforestación”, puntualiza Oviedo, que rescata a Brasil como el ejemplo a seguir por la manera en que este país modificó su abordaje del problema. Precisamente, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva venía siendo muy criticado por la deforestación del Amazonas. Para 2001, el principal banco genético del mundo había perdido el 13% de su extensión original (3) y en los últimos años pasó a estar en la mira de poderosos intereses internacionales por su riqueza (4).
Carlos Minc reconoció en diálogo con el Dipló que “hace un año y medio Brasil no tenía plan de cambio climático”, pero aseguró que ahora sí hay un esquema que arranca con “tener este año la menor deforestación del Amazonas de los últimos veintiún años. (...) En el primer plan de cambio climático fijamos metas de reducción de emisiones y de deforestación muy ambiciosas y creamos un fondo para el cambio climático con el 10% del lucro del petróleo”, precisó. Minc señaló que los países ricos tienen la mayor responsabilidad, pero remarcó que los países en desarrollo también deben asumir las suyas. Y advirtió que los cambios no pueden esperar. Girardín coincide: “Algunos hablan de ganadores y perdedores, pero a largo plazo perdemos todos”.
1 www.cei.gov.ar/serie/pdf/libro13.pdf
2 Una de las redes ambientales de carácter global más grandes del mundo con 83 países miembro.
3 Informe sobre impacto climático en América del Sur elaborado por el Foreign & Commonwealth Office del Reino Unido, octubre de 2008: www.metoffice.gov.uk/climatechange/guide/effects/security.html
4 Róger Rumrrill, “Al asalto del bosque tropical”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2009.
Exportaciones en la mira
El Acta de Energía Limpia y Seguridad de Estados Unidos que espera ser tratada por el Senado de ese país traza la hoja de ruta de la administración de Barack Obama para reducir su pesado aporte al calentamiento global. El proyecto, ya aprobado por la Cámara de Representantes, fija objetivos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a partir de 2012 hasta 2050, cuando deberá ser cuanto menos un 17% inferior a la emisión efectuada en 2005. Su principal programa se basa en los permisos anuales negociables de emisión, que se irán reduciendo. Debido a este programa, el ingreso de ciertos productos a Estados Unidos deberá estar acompañado de los correspondientes permisos. De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Internacional (CEI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina (*), una importante cantidad de productos argentinos tendrá entonces inconvenientes para ingresar a Estados Unidos. El universo potencialmente afectado alcanza a cerca del 60% de las exportaciones de Argentina a la primera economía mundial (el 19% de las exportaciones de manufacturas y el 11% de las ventas totales al exterior). “El papel de Estados Unidos como mercado de destino indica el grado de vulnerabilidad de las exportaciones a esta medida. Los más vulnerables son aluminio, productos petroquímicos y químico-orgánicos y manufacturas de cemento, cal y yeso”, advierte el informe. Y agrega que en el peor escenario, aquel donde las ventas externas de estos sectores no puedan presentar los permisos negociables de emisión, se verían perjudicados casi el 40% de las exportaciones de aluminio, casi el 28% de las de productos petroquímicos y químico-orgánicos y el 14% de las exportaciones de manufacturas de cemento, yeso y cal. Pero no sólo Estados Unidos estudia aplicar este tipo de regulaciones. Las recientes iniciativas de los países desarrollados comprenden desde la posible aplicación de aranceles, en función de la contribución de toda la cadena de suministro de cada producto al “efecto invernadero”, hasta nuevos espacios para las subvenciones “verdes” o bien la aplicación de instrumentos de defensa comercial. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó sobre las consecuencias en la región de medidas aplicadas por los países centrales. Aludió a los aranceles de Estados Unidos y a los programas europeos que exigen que los productos importados informen sobre su “huella de carbono”.
* Julia Hoppstock, Cecilia Pérez Llana, Eduardo Tempone y Carlos Galperín, “Comercio y cambio climático: el camino hacia Copenhague”, CEI, Buenos Aires, 2009 (www.cei.gov.ar/serie/pdf/libro13.pdf). El informe aclara que no necesariamente refleja la opinión de la cancillería argentina.
Rostros del autoritarismo
Carlos Fajardo Fajardo
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