Bogotá y Washington insisten en que las siete bases militares que Colombia puso a disposición de Estados Unidos sobre su propio territorio, en virtud del acuerdo firmado el 30 de octubre de 2009, tienen por objetivo fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Pero no pocos indicios refuerzan las sospechas de los países latinoamericanos de que las verdaderas intenciones del Pentágono consisten en contar con una plataforma para vigilar y controlar una región estratégica de América del Sur.
“Los problemas de Colombia se extienden mucho más allá de sus fronteras y
tienen implicancias en la seguridad y la estabilidad regional”, declaró en agosto de 1999 la
secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright (1). El 13 de julio del año siguiente, el
presidente William Clinton y su homólogo Andrés Pastrana acordaron firmar el Plan Colombia,
destinado a terminar con el narcotráfico y las guerrillas. A modo de participación, el Congreso, en
Bogotá, sólo tuvo derecho a consultar un texto parcial y… en inglés. Una década más tarde,
Colombia recibió más de 5.000 millones de dólares de ayuda estadounidense, primordialmente militar.
Y desde la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002, corrió mucha sangre bajo el puente. El
Presidente había prometido una “rápida victoria” sobre los rebeldes del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y sobre todo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): según los
balances que difunde el ejército colombiano, triunfó ampliamente. Por ejemplo, en 2007 el ejército
pretendía haber capturado a más de 6.500 guerrilleros y haber dado muerte a más de 3.000; cifras que
se repiten año tras año. Siempre según Bogotá, de 2002 a mayo de 2008 el programa de desmovilización
involucró a cerca de 15.000 personas, de las cuales 9.000 serían miembros de las FARC. Sabiendo que
siempre se estimó el número de esas fuerzas en alrededor de 15.000 combatientes, ¡forzosamente han
desaparecido!
Búsquese el error…
El 30 de octubre de 2009, el ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense William Brownfield firmaron un
nuevo acuerdo elaborado en secreto que otorga a Estados Unidos, por un período de diez años,
renovable, 7 bases militares en territorio neogranadino (2), con los mismos objetivos que adelantara
el Plan Colombia (3). De hecho, aunque desde hace dos años vienen sufriendo serios reveses, las FARC
siguen activas. El anuncio de su derrota se debe sobre todo a la curiosa manera en que el ejército
colombiano infla sus balances. Actualmente están en curso 1.300 investigaciones –parte visible del
iceberg– contra miembros de las fuerzas armadas, en el marco de lo que se llama el escándalo de los
“falsos positivos”: el asesinato de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en
combate.
No obstante, frente a un adversario compuesto de “irregulares” y para destruir
mediante aspersión química plantaciones de cultivos ilícitos, la fuerza que despliega Estados Unidos
en las siete nuevas bases –Palanquero, Malambo, Apiay, Cartagena, Málaga, Larandia, Tolemaida–
parece por lo menos desproporcionada (4). Así, el Pentágono invertirá 31,6 millones de euros para el
acondicionamiento de Palanquero, a orillas del río Magdalena. La instalación dispondrá de una pista
de 3.500 metros preparada para recibir aviones C-17 (Galaxy) capaces de transportar 70 toneladas y
que poseen una autonomía de vuelo de más de 8.000 kilómetros sin reaprovisionamiento de combustible.
Desde Apiay operarán aparatos de reconocimiento y AWACS (Airborne Warning and Control System;
radares voladores de largo alcance).
Rechazo
regional
El 10 de agosto de 2009, antes incluso del
anuncio oficial del acuerdo, el presidente venezolano Hugo Chávez advertía durante la Cumbre de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito: “Vientos de guerra comienzan a soplar” en América
del Sur (5). Muchos atribuyeron sus palabras a un delirio paranoico –¡otra excentricidad más!–. Sin
embargo, sus homólogos Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva
(Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) también expresaron
su preocupación. A sus voces se agregaría la del ex presidente colombiano Ernesto Samper: “Vamos a
prestar el país para que se convierta en un portaaviones para hacer operaciones de vigilancia
electrónica en toda la región suramericana. (…) Es como prestarle el balcón a una persona que no
vive en el edificio para que venga a colocar reflectores y videocámaras sobre los vecinos” (6).
Marcando la tendencia dominante de la época pos Guerra Fría, Estados Unidos pasó de una
estrategia de “containment” (contención) del rival soviético a la búsqueda de la omnipresencia
geoestratégica planetaria. Las nuevas tecnologías militares ya no exigen bases gigantescas, sino una
densa red de puntos de apoyo pre-establecidos que permitan, de ser necesario, proyectar fuerzas de
rápido despliegue.
Hasta fines de 1999, gracias a las catorce bases –y en particular la de
Howard– situadas en la zona estadounidense del canal de Panamá, donde estaba instalado el Comando
Sur del ejército de Estados Unidos (US Southcom), Washington controlaba tanto América Central como
América del Sur. Tras la retirada del istmo, fruto del acuerdo Carter-Torrijos (7), el Pentágono se
aseguró, utilizando denominaciones que evitan el calificativo de “bases”, centros operativos de
avanzada (Forward Operations Location; FOL) y centros de seguridad cooperativa (Cooperative Security
Locations; CSL), en Comalapa (El Salvador), Soto Cano (Honduras), Guantánamo (Cuba), Roosevelt Roads
(Puerto Rico), Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curaçao) –islas bajo jurisdicción de los Países
Bajos–, Iquitos y Nanay (Perú), Liberia (Costa Rica) y Manta (Ecuador).
Pero mientras que, en
línea directa con la Doctrina Monroe (8), la “indócil” América Latina se volvía nuevamente
prioritaria, Roosevelt Roads fue cerrada en mayo de 2003, como consecuencia de importantes
manifestaciones de los habitantes de la isla de Vieques (Puerto Rico). Brasil se negó a conceder a
Estados Unidos, que la solicita hace mucho, la estratégica base de Alcantara, situada en su
territorio. Con la llegada al poder Fernando Lugo, en Paraguay, se detuvo el proyecto de ocupación
del aeropuerto de Mariscal Estigarribia, situado a menos de 100 kilómetros de la frontera boliviana
–lo que quizás no sea ajeno a las actuales dificultades de Lugo–. Última contrariedad, el jefe de
Estado ecuatoriano Rafael Correa no renovó la concesión de Manta, que finalizaba el 18 de septiembre
de 2009 y desde donde operaban los aviones espías Orion C-130 y AWACS.
Por un breve momento
se pudo creer que la Casa Blanca había abandonado la belicosa retórica de George W. Bush. Pero sería
olvidar que la planificación del Pentágono es independiente de quien llegue a ser el Presidente en
función, quien por más que sea el “comandante en jefe” –y parece que Barack Obama no es una
excepción–, ratifica muy a menudo las recomendaciones y decisiones del Estado Mayor Conjunto y del
Departamento de Defensa.
Tanto Washington como Bogotá aseguran que no se trata de establecer
“bases estadounidenses”, sino tan sólo de usar las “instalaciones colombianas”. Así, el 8 de
diciembre de 2009, en la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) de Montevideo, el
vicepresidente colombiano Francisco Santos declaró: “Podemos superar las diferencias sobre una base
de respeto mutuo y la seguridad de que el acuerdo con Estados Unidos jamás será utilizado para
ninguna acción contra ningún país del continente”. No convenció, como tampoco lo hizo Uribe,
recibido fríamente –salvo en Lima– durante su gira de “franca explicación” del 4 al 6 de agosto de
2009 en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Brasil. Y con
razón…
En mayo de 2009, para obtener la financiación del acondicionamiento de la base de
Palanquero, un documento del Departamento de Defensa presentado al Congreso estadounidense
precisaba: “El desarrollo de este CSL brinda una oportunidad única para un amplio espectro de
operaciones en una subregión crítica de nuestro hemisferio, donde la seguridad y la estabilidad
están bajo la constante amenaza de insurgencias narcoterroristas, de gobiernos anti-estadounidenses
[el subrayado es nuestro], de una pobreza endémica y de constantes desastres naturales” (9). No hay
forma más clara de decir que el objetivo de las bases es efectuar misiones de inteligencia militar
sobre el conjunto de América del Sur, y que el despliegue de tropas estadounidenses permitirá
eventuales operaciones abiertas y/o clandestinas, en Colombia y en la región. Como el Plan Colombia,
el acuerdo autoriza la presencia de 800 militares estadounidenses y 600 “contractors” (contratistas)
pertenecientes a las empresas más poderosas del complejo militar-industrial –entre otras DynCorp,
Bechtel, Lockheed Martin, Rendon Group y Raytheon (véase Marie-Dominique Charlier)–.
En la mira
Por supuesto, las
reacciones más vivas provienen de naciones que están en la mira de Washington, como Bolivia, Ecuador
y la República Bolivariana de Venezuela. Ya se conoce allí la tradición estadounidense de utilizar a
terceros países para espiar, desestabilizar o lanzar ataques militares contra gobiernos “molestos”.
En 1954, la operación destinada a derrocar al presidente de Guatemala Jacobo Arbenz fue lanzada a
partir de bases (en este caso clandestinas) instaladas en Nicaragua y en Honduras. Idéntica
estrategia que la de la tentativa de invasión de Cuba, en Bahía de los Cochinos, organizada en abril
de 1961 desde Guatemala y Nicaragua. Honduras también sirvió como plataforma de la estrategia de
Washington en la guerra que se impuso a la Nicaragua sandinista en la década de 1980, con la base
estadounidense de Palmerola (Soto Cano) como principal punto de apoyo.
Bogotá anunció la
creación de una nueva división (12.000 hombres, 6 batallones) en la frontera con Venezuela, y de una
base en la península de Guajira, también fronteriza. Por su parte, el gobierno panameño informó que
Estados Unidos establecerá dos (e incluso tal vez cuatro) bases navales en el país, en Bahía Piña y
en Punta Coca. Mientras tanto, las provocaciones se multiplican –sobrevuelo ilegal del territorio
venezolano por un dron (vehículo aéreo no tripulado) procedente de Colombia (20 de diciembre de
2009) y por dos cazas estadounidenses (17 de mayo de 2009 y 7 de enero de 2010) que despegaron de
Curaçao–, paramilitares colombianos se infiltran y la guerra psicológica está en su apogeo. Así,
Venezuela aparece (junto con Bolivia y… ¡Birmania!), en el grupo de los tres países que, según
Washington, no se esfuerzan por luchar contra el narcotráfico (10). El 25 de mayo de 2009, el diario
El Tiempo (Bogotá) publicó informaciones del servicio secreto colombiano que afirmaban que una
docena de jefes guerrilleros viven en Cuba, en Ecuador y en Venezuela. Ya en marzo los generales
colombianos se declaraban preocupados por no poder actuar “sobre los diez campamentos de jefes
rebeldes de las FARC en Venezuela y en Ecuador” (11).
En nombre de la lucha contra la
“narcoguerrilla” se establecen los elementos de un escenario catastrófico. El 28 de diciembre de
2009, ante la sospecha de que Bogotá se preparaba a poner en escena “falsos positivos” para
justificar una incursión o un ataque en su país, Chávez declaraba: “No sería extraño que ellos, que
matan tanta gente en Colombia, maten a no sé qué gente, ni cuánta gente, los traigan a territorio
venezolano (…), construyan un campamento improvisado que también contará con armamento y panfletos
con propaganda (…) y digan: ahí está la base de los guerrilleros” (12).
Por el momento, no es
factible ni se proyecta una agresión directa de Estados Unidos a la República Bolivariana. Pero el
menor incidente fronterizo causado por un enfrentamiento entre fuerzas venezolanas y colombianas, o
incluso simplemente fabricado, puede servir de pretexto para detonar un conflicto en el curso del
cual Washington acudiría en ayuda de su aliado. Sabiendo que las numerosas bases y la IV Flota
estadounidense, reactivada en 2008, cercan por completo a Venezuela.
1
The New York Times, 10-8-1999. 2
De Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia. 3 La
Constitución (art. 173 y 237) autoriza sólo “el tránsito” –es decir el paso temporario– de tropas
extranjeras por el territorio de la República, con acuerdo del Senado y opinión favorable del
Consejo de Estado, requisitos que el gobierno no cumplió. Por otra parte, en ausencia de tratado
internacional aprobado por el Congreso y sujeto a un control de legalidad por parte de la Corte
Constitucional, ese acuerdo viola los artículos 150-16 y 241-10 de la Constitución. 4
En el marco del Plan Colombia, militares e instructores
estadounidenses ya están en las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo. 5
TeleSur, Caracas, 10-8-09. 6
TeleSur, 8-11-09. 7 Firmado por
los presidentes James Carter y Omar Torrijos en 1977, fijaba el 31 de diciembre de 1999 como fecha
límite para devolver el canal y el conjunto de las instalaciones de la Canal Zone (CZ) a manos
panameñas, así como el cierre de las bases estadounidenses. 8
Principios enunciados por el presidente James Monroe en su mensaje al Congreso del 2-12-1823,
que establecen, de hecho, la dominación de Estados Unidos sobre todo el continente americano. 9
Department of the Air Force, “Military Construction Program.
Fiscal Year (FY) 2010. Budget Estimates. Justification Data Submitted to Congress”, mayo de
2009. 10 El 13-8-09, después de que la Guardia Nacional interceptara más de 3
toneladas de droga (marihuana) en el estado de Táchira, el ministro del Interior venezolano Tareck
el Asaimi señalaba que el camión había pasado sin inconvenientes tres puestos de control, de tres
organismos de seguridad, del lado colombiano de la frontera, en Cúcuta. 11
Noticias 24, Caracas, 6-3-09. 12 Venezolana de Televisión, Caracas,
28-12-09.
Los motivos internos de Colombia
El enclave decisorio de un viraje en el
continente
Por Ómar Roberto Rodríguez
Diez. No son sólo siete las bases extranjerizadas. Las
decisiones militares de los Estados Unidos con respecto a Colombia escalan no sólo por sus obvias
ventajas en el mapa –con relación a la región y también a una vía aérea expedita hacia el África.
Ahora, obedecen además a la situación interna. Entre otras, tolerante con la reubicación paramilitar
en la ciudad, para efecto en la opinión pública de los Estados Unidos, necesita prevenir una
reparamilitarización rural de segunda generación.
Con la soberanía de Colombia hecha añicos,
en la sombra, permanecen y funcionan extranjerizadas cuatro bases más: 1. El Barrancón, Puesto
Fluvial Avanzado 51 en el Guaviare, que como Escuela concentra el personal de ‘boinas verdes’ para
entrenamiento, golpes de mano y operaciones secretas. 2. La base de Marandúa (Vichada), en las
propias narices de Venezuela*. 3. Tolemaida adentro, un centro de alojo y entrenamiento, sede de un
Comando Especial Secreto. 4. Una zona del aeropuerto militar de Catam, con guardia y acceso
exclusivo de los uniformados del ejército de los Estados Unidos. Realidad que no tiene
improvisación. “Estados Unidos debe sentar las bases de una intervención multilateral” –con un año y
medio en su elaboración–, anticipó desde junio de 2001 el informe de la Corporación Rand, –una de
las empresas que asesora a la Secretaría de Defensa y al Comando Unificado del Departamento de
Defensa de los Estados Unidos–, ‘Laberinto en Colombia: la sinergia entre drogas y la insurgencia y
su implicación para la estabilidad regional’ (In Colombia labyrintht: the sinergy of drugs and the
insurgency and its implications for regional stability).
En relación con Colombia, desde
antes, o para proyectar y diseñar el ‘plan Colombia’, los Estados Unidos tienen puesto el ojo en
todo. Miden no el narcotráfico sino el conjunto de situaciones y fuerzas que les pueda significar
“riesgo estratégico” y variación en la naturaleza del poder. Luego de 10 años de reveses electorales
–constituyentes algunos– en Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Honduras, Nicaragua,
Paraguay. El Salvador y las dos islas del Caribe que hacen parte de la Alterantiva Bolivariana para
la América (Alba) disponen ahora de un plan de contención con acciones de contraofensiva.
Procedimiento del cual hacen parte tanto el derrocamiento de Zelaya y la decisión militar frente a
Colombia como los complementos políticos de garantizar la reelección de Álvaro Uribe, y que la
oposición neutralice los dos tercios u obtenga el 40 por ciento o más, incluso la mayoría, de la
Asamblea en Venezuela.
Colombia es el único país de Suramérica con puerta al Océano
Atlántico, el mar Caribe y el Océano Pacífico. Asimismo, su territorio es el eslabón que integra la
región andina con proyección al norte, y que vincula el sur y el centro del continente. Además,
constituye el tapón o paso obligado para Venezuela hacia el Pacífico. Y marca una frontera viva y un
extenso límite con Venezuela, permeable a todos y además a cualquier factor militar –como la
sistemática penetración paramilitar: social, operativa, económica y de contrabandos, y corrupción de
entornos comunales y autoridades civiles y militares– en espera del resultado electoral del 26 de
septiembre próximo para la Asamblea Nacional. Un saldo que definirá la mayor intensidad o no de los
socavos políticos y militares contra el gobierno de Venezuela. Estas características de
importancia estratégica conducen a unilateralizar los análisis acerca del papel de los Estados
Unidos y las bases extranjerizadas en nuestro territorio. Tal intervención militar se examina desde
la única o principal razón de su funcionalidad para la vigilancia contra el proceso en marcha en
Venezuela, y contra las dinámicas políticas (Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay) en el
continente.
Sin embargo, el reciente acuerdo Brownfield–Bermúdez del 30-10-09 (denominación
semejante del Hay–Bunau-Varilla, que entregó a Panamá) tiene un notorio asidero en la situación
interna que no se puede pasar por alto.
Como riesgo estratégico, el Pentágono no ven sólo a
la guerrilla sino a una situación de rechazo a la reelección que pueda dar una suma separada, o una
articulación de la subversión con la oposición y las expresiones avanzadas del descontento y el
movimiento social. En este marco, la insurgencia constituye aún –esperan que en 2019 no– un riesgo
estratégico como factor de ingobernabilidad e inestabilidad en Colombia –no necesariamente de poder–
que disminuya el efecto político, institucional y social, comparativo con Venezuela y
Ecuador.
En este marco, sin importar su costo político, la declaración abierta de su
presencia militar también tiene como propósitos:
Luego de 10 años de sufrir reveses
electorales –constitucionales algunos– con efectos de fractura en su hegemonía, exhibir la defensa
militar de Colombia como enclave decisorio para su poder en el continente. A diferencia de otros
países, en Colombia, sin aprecio de la paz, la Casa Blanca se dispone a actuar incluso contra la
posibilidad de una acumulación electoral triunfante.
Impedir una reparamilitarización
rural.
Incapacitado el ‘plan Colombia’ y limitado el ‘plan Patriota’ para extender un férreo
cerco en los parajes con presencia guerrillera en el Putumayo occidental, Nariño, Cauca y Valle, e
impedir un viraje con algunas acciones urbanas, evitar el factor desaliento o desmoralización en la
tropa y sus grados bajos.
Una orientación que es complementaria con dos objetivos de
repercusión continental:
Acompañar y animar a la derecha en el continente –a los
sectores que moviliza ante todo altos, pero también de nivel medio y bajo en sus ingresos–, sobre
todo en Venezuela y Ecuador.
‘Amenazar’ a Hugo Chávez para que mantenga las elecciones del
26 de septiembre del año en curso, cuyo aplazamiento desfiguraría un perfil
democrático.
Como paradoja, en la situación de enclave decisorio que hoy caracteriza a
Colombia, el avance de los pueblos hermanos contra los poderes tradicionales se convierte en una
dificultad adicional para una pronta y justa paz en nuestra sociedad.
*
Ver periódico desde abajo, edición 152, pp. 9-11.
Rostros del autoritarismo
Carlos Fajardo Fajardo
El Atlas del medio ambiente. Amenazas y soluciones
Autores varios
La decadencia del poder estadounidense
Immanuel Wallerstein
Crear competencias para pensar las ciencias: Hacia una enseñanza universitaria sin aprendizaje
Gonzalo Arcila Ramírez
De Macondo a mancuso: Conflicto, violencia política y guerra psicológica en Colombia
Edgar Barrero Cuellar
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