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Edición Nro.: 91

Por: Libardo Sarmiento Anzola | Enviar Correo al Autor | Más Artículos del Autor

La barbarie de la invasión española en nuestra tierra, con sus características de hacienda esclavista y extracción minera, marcaron unas profundas raíces en su modelo de desarrollo. Tres regímenes económico-políticos de acumulación y poder han sido hegemónicos en Colombia: oligárquico-terrateniente, comercial, agrícola y minero (invasión, colonia, pos-‘independencia’, hasta finales de la década de 1920); oligárquico, terrateniente, industrial, comercial y bancario (1930-1973); y oligárquico, terrateniente, financiero transnacional (1974 hasta la actualidad). Colombia es el país de América Latina que más dinero destina a gasto militar con respecto a su PIB.

Tras la llamada conquista, el genocidio moderno que ocurre durante los últimos 60 años en la historia de América Latina se vincula con el aniquilamiento sistemático de determinados grupos de la población, constituyéndose éste en un instrumento para la destrucción parcial y la transformación de la sociedad. Con este fin, las fuerzas armadas se convirtieron en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propios territorios y sociedades (1).

El genocidio es una práctica social cuyo desarrollo pasa por seis momentos: i) construcción de una otredad negativa; ii) hostigamiento; iii) aislamiento; iv) políticas de debilitamiento sistemático; v) aniquilamiento material; vi) realización simbólica de las prácticas sociales genocidas. Colombia está atravesando el sexto momento de las prácticas sociales genocidas: su realización simbólica (2). Aquí, la violencia opera como mecanismo racional y planificado de regulación de los cambios estructurales, gestión del modelo de desarrollo forzado y defensa de los intereses oligárquicos.

Nuevo régimen, liquidación de la reforma agraria y lumpenización oligárquica


En nuestra realidad, violencia, genocidio y economía se integran en un mutuo efecto y resultado hasta el presente y tras una fallida modernización e independencia. Tiempo actual con las características de reprimarización del modelo desarrollo colombiano que trae sobre sus hombros y capitales una mayor intensidad en la expoliación de los recursos naturales. En el presente, las concesiones mineras se llevan a cabo en las zonas de mayor fragilidad ecosistémica: páramos, parques naturales, acuíferos, zonas de reserva. La minería y los hidrocarburos concentran la mayor tajada de la creciente inversión extranjera directa. Hoy, operan cerca de ochocientas compañías multinacionales en el país; de las cuales unas cien se establecieron a partir de 2007 (ver Mapas 1 y 2).

Para la década próxima, el modelo de desarrollo colombiano se profundiza. Según la “agenda interna” 2019, los sectores seleccionados para el desarrollo económico son: minero-energético, biocombustibles, petroquímico, gestión ambiental, agro-pesquero y acuícola, agroindustrial y agropecuario, forestal, turístico, software y telecomunicaciones, logística y puertos. Los cambios en la estructura económica y los sectores de mayor dinamismo (explotación de minas y canteras, unido a la construcción pública) así lo reflejan (ver Cuadros 1 y 2).

En el aspecto territorial, esta “agenda interna” significa entregarles a las transnacionales y los empresarios colombianos –bajo la protección de los paramilitares y sus estrategias de repoblamiento– la explotación de la diversidad biológica, el agua, el paisaje, los minerales, los recursos energéticos, la silvicultura, los biocombustibles y los cultivos tropicales. La ampliación de la frontera agrícola se prevé en más de 45 por ciento para los próximos 10 años, acompañada de la expulsión de otro millón y medio de campesinos. El reordenamiento territorial gira entonces alrededor de la expulsión de campesinos, indígenas y población afrocolombiana; la hacienda ganadera, los grandes cultivos para biocombustibles, la minería extensiva e intensiva, y los macroproyectos de desarrollo forzado sobre la base de la militarización y los enclaves de agroindustria de exportación (ciudades-región, cluster, encadenamientos productivos).

Los antecedentes de este modelo de desarrollo los encontramos en 1970, en que toman forma las características y ejes estratégicos del nuevo régimen de acumulación y expansión del capital en Colombia: 1) Financiarización de la economía (sobredeterminación del capital financiero sobre todas las actividades económicas, sociales y ambientales); 2) Control de las transnacionales sobre la riqueza, el patrimonio nacional y la naturaleza, mediante la alianza estratégica de la oligarquía local con el capital extranjero; 3) Tradición del despojo y concentración de la propiedad territorial; 4) Reprimarización de la economía, fundamentada en minería, recursos energéticos, naturaleza y biocombustible; 5) Afianzamiento de la “agricultura de plantación”; 6) Debilitamiento de la agricultura campesina y aniquilamiento de la población rural; 7) Implantación de normas que legalizan la expropiación por medios violentos; 8) Legislación favorable a la expropiación de territorios y bosques; 9) Reformas laborales, conducentes a la sobreexplotación de la mano de obra y la expansión de la maquila; 10) Asistencialismo, cooptación y control social; 11) Reconstrucción social del territorio bajo el modelo hegemónico; 12) Proletarización creciente de la sociedad, articulada a cadenas transnacionales. Este cambio estructural se impone en medio de la lumpenización de la oligarquía colombiana.

Las características y ejes toman cuerpo. Con el presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) comienza: i) la financiarización especulativa de la economía colombiana; ii) la alianza de las mafias narcotraficantes con la institucionalidad estatal y el capital privado; iii) la guerra sucia contra los trabajadores y los sectores populares, urbanos y rurales, mediante la estrategia sanguinaria de terrorismo estatal y bandas privadas paramilitares; iv) el asistencialismo ejecutado a través de las ONG y las iglesias que propician la despolitización de las comunidades; v) la privatización y la desnacionalización de la estructura económica y el territorio, mediante el control del mismo por empresas transnacionales y gobiernos de la comunidad imperial; vi) el individualismo egoísta y consumista, la cooptación de las clases medias y la consolidación de la tecnocracia mediante el apoyo abierto de los grandes medios de comunicación. Este individualismo fue fortalecido por el auge de la cultura traqueta y el enriquecimiento fácil, asociados al narcotráfico, la corrupción y la especulación. Todo ello entraña la lumpenización del nuevo régimen, llevado a tal situación por  el fracasado intento de modernización e industrialización sustitutiva y violenta, enmarcado en el proyecto desarrollista de la burguesía colombiana, que tuvo sus estertores en los gobiernos de Misael Pastrana (1970-1974) y Alfonso López Michelsen.

La modernización trunca significó, sin embargo, durante el período conocido en la cronología nacional como “la gran violencia” (1946-1966), 300.000 asesinatos, en su mayoría población campesina, y dos millones de personas fueron expropiadas y desterradas, de un total de 11 millones de colombianos. Pastrana, quien llegó a la Presidencia mediante un escandaloso fraude electoral, liquidó la discusión sobre reforma agraria, al tiempo que persiguió a las organizaciones del movimiento campesino e indígena.

De Turbay Ayala a Uribe y J. M. Santos


El nuevo proyecto de hegemonía oligárquica se consolidó durante la administración Turbay Ayala (1978-1982) con la abolición de las garantías mínimas que el Estado de Derecho le reconoce a la oposición política y social, y asimismo con la violación sistemática de los derechos humanos como práctica cotidiana del régimen. Los gobiernos posteriores desarrollaron y profundizaron esta forma de dominación política, económica, social y cultural, de índole autoritaria, excluyente, mafiosa y criminal.

Para afianzar este régimen oligárquico, terrateniente y financiero transnacional, las clases dominantes requirieron el apoyo de los grupos más retardatarios, ultraderechistas y criminales de carácter regional, quienes adelantaron el “trabajo sucio” de la ‘limpieza’ final. Álvaro Uribe, presidente durante ocho años (2002-2010), encarnó este perverso proyecto. En el entorno privatizador y desnacionalizador de la economía colombiana, se puso en marcha una imponente maquinaria de guerra con apoyo del gobierno estadounidense. El Congreso de Estados Unidos aprobó inicialmente US$1.300 millones, orientados a equipos, tecnología, entrenamiento, armamentos, y apoyo logístico y de inteligencia.

Estos gastos no pararon allí. El Estado dedica más de US$4 mil millones al año para mantener el conflicto armado. Actualmente, el presupuesto militar representa el 5 por ciento del PIB, superior al de educación. En total, entre 2007 y 2010, el sector de “seguridad y defensa” ha recibido 57,9 billones de pesos, extraordinaria cifra sin antecedentes en el presupuesto público nacional. Estos recursos se invierten en reforzar la movilidad aérea y terrestre; en aumentar el pie de fuerza para alcanzar 270.000 militares y 156.000 policías (en contraste, el número de docentes es de 300.000 en todo el país); y en mantener y actualizar el material bélico. Adicionalmente, la bancada mayoritaria en el Congreso aprobó una partida extraordinaria para la guerra, por ejecutarse en la vigencia 2008-2010, de 8,3 billones (millones de millones) de pesos.

El control de las multinacionales sobre las empresas colombianas conlleva una creciente pérdida de recursos y divisas, con un efecto negativo en el crecimiento económico, el empleo, la pobreza y la distribución del ingreso. En 1996, las ganancias de las multinacionales en Colombia, enviadas al exterior, apenas sumaban unos US$200 millones; en 2010, esta cifra escaló a los US$6.000.

Los conflictos por el uso del suelo (sobreexplotación y subutilización) permiten predecir una catástrofe ambiental en el corto plazo. Las transnacionales que han hecho sus inversiones en los últimos años tienen programado recuperar capital y utilidades en el corto plazo, esto es, en un horizonte no mayor de 15 años. Después abandonarán el país, dejando apenas miseria y desolación. Solamente una tercera parte del territorio nacional esta actualmente utilizada correctamente (Gráfico 1).

De hecho, el país tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola pero sólo utiliza 4,7 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes. Ocupa actualmente 38,7 millones de hectáreas en ganadería, la mayor parte extensiva, mientras la vocación natural para pastos es de sólo 14, 2 millones de hectáreas, la mayoría en los Llanos Orientales. En consecuencia, la ganadería ocupa tres veces más el área que se debiera destinar a esa actividad, a expensas de la agricultura campesina y empresarial, y también de los bosques que deben proteger los suelos y las fuentes de agua. Una tercera parte de la superficie aprovechable está subutilizada en ganadería extensiva, cuando pudiera estar en agricultura; otra tercera parte, que debiera estar cubierta de bosques protectores de laderas, está sobreutilizada en agricultura campesina de subsistencia o en pastos; y sólo un tercio está adecuadamente utilizado porque su uso corresponde a su vocación natural. El 85 por ciento del territorio andino ya fue concesionado a las transnacionales mineras.

Este modelo rentístico no genera mayor valor agregado ni empleo de calidad. Así, la elasticidad del empleo en la producción viene cayendo desde hace tres décadas: la economía crece pero no genera empleo (Gráfico 2). Este último es el eslabón clave entre la economía y el bienestar de la sociedad. Ante este problema estructural, la miseria se apodera de los grandes sectores populares. Y la solución contra este flagelo se aplica por parte de la oligarquía colombiana manteniendo una guerra donde no mueren sino los pobres y excluidos. Así, cantan victoria al bajar los índices de pobreza y evitan las resistencias al modelo de desarrollo forzado. Esta situación se repite con crueldad a lo largo del último siglo, en los intentos modernizantes y extranjerizantes del proyecto hegemónico oligárquico en Colombia (Gráfico 3).

*Investigador y escritor. Miembro del Consejo de Redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia.

^{1 Feierstei, Daniel (2009); Guerra, genocidio, violencia y sistema concentracionario en América Latina, en: Terrorismo de Estado y genocidio en América Latina, PNUD, Argentina, pp. 12-31.
2 Ferreira, Marcelo (2009), Genocidio reorganizador en Colombia, en: Terrorismo de Estado…, op. cit., pp. 129-137.}

Juan Manuel Santos, presidente electo para el período 2010-2014, expresó su estrategia hacia el futuro cuando era Ministro de Defensa. En el documento “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática”, del Ministerio de Defensa Nacional (2007), afirma: “Después de cuatro años, la Política de Defensa y Seguridad Democrática requería un ajuste para adaptarse al nuevo escenario estratégico y para pasar, además, del objetivo inicial del control territorial por la Fuerza Pública al de la recuperación social del territorio mediante la acción integral del Estado” (Pág. 10). Con el fin de consolidar el control territorial, “se combina el uso legítimo de la fuerza con la acción social del Estado y la comunidad” (Pág.12).

La ‘acción integral’ orienta esta ‘doctrina’. El objetivo central es el control social, poblacional y territorial por parte de las Fuerzas Militares. Un papel clave en su ejecución lo tendrá el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), órgano de la Presidencia de la República de Colombia. El Centro de Coordinación de Acción Integral se entiende como:

•     “Centro Interinstitucional liderado por la Presidencia de la República, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur.
•     Garantiza legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional, recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía.
•     Desarrolla acciones integrales de tipo económico y social para complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio”.

Esta ‘doctrina’ cumple con los lineamientos estratégicos de los Estados Unidos en Latinoamérica, bajo la dirección del Comando Sur. La misión actual del Comando Sur, según su propia definición, es “llevar a cabo operaciones militares y fomentar la cooperación de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los Estados Unidos”. El Comando está en camino de transformarse “de una organización militar tradicional en un Comando Conjunto Interagencial de Seguridad para el año 2016”, esto es, “un enfoque de sociedad y colaboración interagencial”. La Doctrina de Acción Integral (DAI) y el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), del Ministerio de Defensa colombiano, corresponden al enfoque interagencial planteado por el Comando Sur estadounidense. Esta doctrina de cooperación civil-militar se conoce en inglés como “comprehensive approach”. Dentro de los intereses estratégicos estadounidenses en Colombia, sobresale el económico, unido a la guerra por el control territorial. Los escenarios presentes y futuros de la guerra en Colombia, según los estrategas militares estadounidenses y nacionales, se pueden ver en los Mapas 3 y 4.