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Edición Nro.: 91

Por: Hector León Moncayo | Enviar Correo al Autor | Más Artículos del Autor

No hubo acto protocolario alguno y tampoco una decisión formal de disolución. La República de Colombia simplemente dejó de existir. No alcanzó a durar siquiera los 10 años previstos para su evaluación como proyecto de Estado en la Constitución de Cúcuta, de 1921. Había fracasado el intento de construir un gran Estado que abarcara los territorios que hoy pertenecen a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Este fracaso merece una reflexión que esté a la altura de lo sucedido. Justamente, esta realidad político-administrativa de hoy, que nos parece algo casi natural, es lo que nos impide interpretar cabalmente tal acontecimiento crucial.

El nombre, incluso, es fuente de malentendidos. Es curioso: pocos colombianos saben o tienen en cuenta que jamás existió un país o Estado que se llamase Gran Colombia como nos enseñan los libros de historia. Esa fue una designación que se utilizó años después –para diferenciar–, cuando el país que hoy ostenta el nombre de Colombia dejó de llamarse Nueva Granada. Esta decisión tampoco representaba inicialmente una fuerte convicción; aún entonces se apreciaba Colombia como un proyecto o una aspiración mayor. Obsérvese, por ejemplo, que en la Constitución federalista se hablaba de Estados Unidos de Colombia, en el mismo sentido que los Estados Unidos de América, es decir que, de alguna manera, se seguía entendiendo como un proyecto abierto. En síntesis, Colombia, como señal de identidad de una nación como la actual, sólo vino a consolidarse a finales del siglo XIX.
 
Esta disquisición nominalista no es ociosa: nos indica que probablemente la investigación histórica equivoca el camino cuando, una y otra vez, se apoya en el sentido común y parte de la ficción de un acto fundacional en el cual tres o cuatro naciones decidieron unirse. El hecho consiste en que no había tales naciones.

Las razones del fracaso


En el volumen correspondiente de la Historia extensa de Colombia se dice: “En el lapso breve transcurrido entre la salida del Libertador y su muerte, ocurrida en Santa Marta, se presenta para Colombia la disolución definitiva”1. Pero es necesario no extraer conclusiones apresuradas. En efecto, el proyecto estaba en cierto modo ligado a la persona de Bolívar, como tal había sido anunciado por él en el Congreso de Angostura de 1819, pero iba mucho más allá y respondía a las propuestas y los intereses de muchas otras personas y grupos sociales. Además, los síntomas de la disolución venían presentándose por lo menos desde 1826. Dan cuenta de rebeliones militares y descontento frente a algunas de las decisiones tomadas por el gobierno, localizado en Santafé, para no mencionar la conspiración que llegó hasta atentar contra la vida de Bolívar en septiembre de 1828. Esto último demuestra, por cierto, que, si bien la popularidad y por tanto la autoridad de Bolívar podrían interpretarse, por algunos aspectos, como el factor supremo de cohesión, no es menos cierto que abundaban también las resistencias y los odios. Y no debe llegarse a la simplificación de afirmar que se trataba de conspiraciones en Santafé (o “colombianas”) en contra de un “venezolano”, porque en territorio de Venezuela no era menos significativa la oposición. Páez llegó a poner como condición para su reconocimiento del Estado –es decir, de la República de Colombia– la renuncia y el alejamiento de Bolívar.

Las razones de la disolución están íntimamente ligadas a las dificultades intrínsecas del proyecto. En el fondo, se trata de la complejidad histórica de una construcción, en el sentido literal del término, que se fija un territorio ideal pero prácticamente indefinido, ya que se delimita con el avance de la emancipación de España, confiando en que tal emancipación bastara para cimentar una unidad. Hasta cierto punto, excesiva confianza en la ideología liberal. Como bien lo anota König, bastaba postular “las libertades ciudadanas y la representación popular” para fundamentar un Estado. La idea inicial era ofrecer un territorio de libertades en el que no se dependía de una metrópoli distante sino de las decisiones propias2. No se tomaba en cuenta la idea de nación, pues en ese punto se reconocía la identidad con la de la “madre patria”, y de ahí que la noción de patria se aplicara sencillamente a ésta “donde se había nacido”. Es más, siendo común esta identidad a todos los habitantes de Hispanoamérica, la única razón para definir esta República de Colombia era política y práctica. Por eso, Bolívar siempre vio con interés la posibilidad de integración con el Perú (Bajo y Alto), e impulsó alianzas, con miras a una federación, con Chile, con México y con las provincias de La Plata.

En este orden de ideas, varios factores pueden mencionarse: la necesidad de culminar la guerra de Independencia, con las campañas del noreste, del norte y del sur; la participación victoriosa en la guerra de Perú, que puso fin al dominio español; las dificultades de la economía con el empobrecimiento general, y particularmente de las arcas del recién inaugurado Estado; la descomunal deuda pública externa, la ausencia de nexos reales o en progresivo fortalecimiento entre las provincias; la pugna entre los diferentes grupos de poder, particularmente los militares y el clero; la dificultad de poner en práctica en todo el territorio, las leyes y decretos expedidos; las propuestas de gobierno autoritario o monarquía, y sólo en último lugar las que podían denominarse rivalidades entre neogranadinos y venezolanos, rivalidades que, en todo caso, sólo un absurdo anacronismo podía considerar “nacionalistas”.

En efecto, hasta cierto punto puede decirse que eran más importantes, o por lo menos equivalentes, las rivalidades de muchas provincias con Caracas o Santafé, respectivamente. D. Bushnell, autor de un libro antiguo, ya clásico, sobre el tema (El régimen de Santander y la Gran Colombia), destaca en un texto más reciente que en las elecciones de 1826, de 176 votos electorales en territorio de Venezuela, 41 apoyaban a Santander, buena parte de las provincias opuestas a Caracas, y comenta con particular agudeza que la discusión entre centralismo y federalismo que agitó el escenario político durante todo este período, si bien favoreció al primero por consideraciones más que todo pragmáticas (la guerra, la organización del Estado), también se explica porque entre los federalistas nunca hubo acuerdo en si se trataba de una federación de provincias o, como pareció adquirir fuerza sobre todo en 1828, entre “tres estados”, momento en el cual lo que pudiera llamarse “Ecuador” ya estaba dudando si anexarse a Perú4.

Uti possidetis juris


En toda Hispanoamérica se viene utilizando hasta el día de hoy, principalmente para resolver disputas sobre asuntos de límites, el principio proveniente del Derecho romano que reza Uti possidetis, ita posseideatis, cuyo equivalente en castellano sería más o menos: así como posees, así poseerás, que, aplicado a nuestro continente, significa que cualquier delimitación territorial (“Estados soberanos”) deberá seguir aquella que originalmente había dispuesto la Corona de España para erigir virreinatos, capitanías generales y presidencias. Este principio fue mencionado incluso en el Congreso de Angosturas (1819). Quiere decir, en nuestro caso, que la orientación se apoya en lo que eran la Audiencia de Quito, el Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Perú.

En verdad, la utilidad del principio para definir límites ha sido bastante reducida: como se comprenderá, las demarcaciones territoriales a principios del siglo XIX debían ser bastante precarias, especialmente en las selvas del Orinoco y la Amazonia; además, es claro que se trataba de una simple división administrativa y que la preocupación por las “jurisdicciones” sólo debía ser importante según la distribución y la densidad de la población. Sin embargo, la insistencia en tal principio revela el sentido más profundo de lo que terminó entendiéndose en América por Naciones-Estados. Definición tan fácil como frágil. Para empezar, cualquier ocioso pudiera preguntarse si la jerarquía implícita en las divisiones establecidas por la Corona debía aplicarse a los nuevos Estados. En ese caso, o se acepta que unos Estados son más importantes que otros o se justifica la anexión de los de menor jerarquía. Pero, sobre todo, la definición deja de lado el asunto de la integración y la común identidad de la población perteneciente a la misma jurisdicción. Es evidente que la idea de “nación” resulta impuesta por la simple división administrativa. Puede decirse, por supuesto, que eso ha sucedido en todo el planeta, pero en América Latina el hecho singular consiste en que los elementos de identidad común en el continente son mayores. Las etnias y los pueblos sometidos, invisibilizados como los indígenas y los afroamericanos, existen también aquí pero no explican las diferencias entre las “naciones”. Al contrario, servirían más bien para negar la existencia de estas últimas.

Por tanto, las “naciones” terminan identificándose con ciertas ciudades cuando se les otorga a éstas el título de “capitales”. Es aquí donde vale la pena subrayar la importancia de la fundación de ciudades en el proceso de conquista y colonización españolas. De ahí que, desde entonces hasta hoy, el problema de las “provincias”, es decir, de las “no capitales”, junto con su entorno, siga sin resolverse. Se explica así igualmente la importancia de las guerras civiles entre federalistas y centralistas durante el siglo XIX en todo el continente. Recuérdese, respecto del tema que estamos tratando, que la provincia de Pasto, tan importante como era ya que constituía el eslabón que articulaba a Popayán con las provincias del Sur, pero declaradamente realista, fue el dolor de cabeza permanente del ejército patriota, problema que nunca se resolvió sino que se aplastó de manera sangrienta y no dejó de representar uno de los obstáculos más significativos para la formación de aquella República de Colombia.

Venenoso espejismo de la monarquía


Empero, la contradicción más importante que amenazó y prácticamente enterró el proyecto de República de Colombia fue la existente entre el ideal liberal que, como se dijo, se ofrecía como sucedáneo del de nación, y la tendencia autoritaria que, una y otra vez, reaparecía como fórmula para lograr el ‘orden’ y alcanzar la materialización de un símbolo más cercano de unidad, en este caso en la persona del Libertador. Esta contradicción ha sido examinada con excesivo simplismo como enfrentamiento entre Santander y Bolívar. Y, lo que resulta más esquemático aún: entre la civilidad y el militarismo, o entre la oligarquía y el pueblo. Para no volver sobre el ya mencionado entre granadinos y venezolanos. En realidad, eran (y son) varias las fuerzas sociales que se disputaban la utilización del nombre de Bolívar. Es cierto que se había construido una casta militar, de origen predominantemente venezolano ya que los granadinos habían sido en su mayor parte fusilados durante la reconquista de Morillo, y que terminada la guerra (aunque al final de este período se presenta la confrontación bélica con Perú) los enormes gastos continuaban gravitando sobre el precario aparato de Estado, simplemente para el sostenimiento de la oficialidad en activo y retirada, pero ese grupo social no alcanzaba a constituir una fuerza coherente, desgarrada incluso por sus personales rivalidades internas.

Existían, en cambio, otros sectores sociales interesados en cierto ‘orden’ e incluso en un retroceso respecto de las medidas liberales adoptadas en la primera fase, por ejemplo, el clero o los artesanos del sur o los comerciantes caraqueños. El examen de los documentos de la época, en especial las cartas personales de unos y otros, demuestra que es mayor la presión sobre Bolívar para que asuma un papel autoritario que su propia convicción. Claro que la experiencia en Perú y las crecientes dificultades en Colombia terminan por convencerlo –y entusiasmarlo– con un modelo romano o cesarista de gobierno, tal como lo formuló en la Constitución boliviana. El comienzo del fin, como se sabe, fue el momento en que, luego del fracaso de la Convención de Ocaña, invitado por una junta de notables de Bogotá –cuya declaración fue repetida y suscrita en gran número de ciudades–, aquél asume la dictadura.

Esta historia es relativamente conocida. Lo que no se toma en cuenta muchas veces es la presión internacional. Pues, bien, uno de los éxitos de este período fue el reconocimiento como Estado soberano que progresivamente fue logrando la nueva república, muy temprano, en 1822, por parte de Estados Unidos y algunos años después por la Gran Bretaña. De estos reconocimientos dependía en primer término la seguridad de que España no habría de intentar una nueva reconquista, pero también la recuperación del crédito en el exterior. No sólo Bolívar. En general todos los líderes del proceso, incluido Santander, desarrollaron una permanente ofensiva en este sentido. No escatimaron esfuerzos, al punto de terminar expuestos a la necesidad de hacer concesiones, algunas inaceptables y que se rechazaron, pero al precio de introducir nuevos factores de división interna. Fue el caso de la propuesta monárquica. Téngase en cuenta que en Europa se vivía el período posnapoleónico de la restauración bajo la égida de la Santa Alianza. A los monarcas europeos, por supuesto, no les daba tranquilidad la existencia de estos nuevos Estados bajo formas liberales.

La intervención de Inglaterra y Francia era más que evidente. Hasta tal punto que, en algún momento, el propio gobierno inglés tuvo que llamar al orden al cónsul Robert Sutherland por su descarada intervención en los asuntos de Colombia. El problema residía, en todo caso, en ciertos grupos de colombianos. Confiados en la aceptación de la propuesta por parte de Bolívar (lo que posteriormente se apresuró en negar explícitamente), no dudaron en adelantar conversaciones con emisarios ingleses y franceses. El asunto que más les preocupaba era la sucesión de Bolívar (se hablaba entonces de Simón Primero), ya que no tenía descendientes ni familia en capacidad de heredar la Corona, por lo cual se hacía necesario tomar prestada una dinastía europea, y los ‘orleanistas’ en Francia ya se sentían escogidos.

Una clara ilustración de estos procederes se puede apreciar en las cartas del general O`Leary, quien fuera, además de comandante de la Legión Británica y asesino de Córdoba, edecán de Bolívar, y quien volvería años después de la muerte de éste como embajador británico. Especialmente algunas entre 1829 y 1830, recientemente descubiertas. Hay una, por ejemplo (noviembre de 1829), en que le dice a Bolívar, precisamente para conjurar las tendencias separatistas: “La pobreza del país no me detendría ni un momento de pronunciarme a favor del sistema monárquico. Ofrézcanse seguridades y estabilidad a los europeos y no dilatarán en traernos sus capitales. La Europa toda vería con placer la adopción de este sistema. No veo tampoco la urgente necesidad de crear al momento una nobleza. Esto se hará poco a poco. […] La aristocracia eclesiástica está ya establecida y el pueblo muy bien se amaña con ella. La aristocracia militar existe también. Solo falta la civil y ciertamente que sería una medida popular elevar en la sociedad algunos civiles”.

En el lenguaje actual, diríamos que esta propuesta fue una verdadera bomba de tiempo contra la propuesta de República de Colombia que, por lo demás, era lo que mejor nos podía haber sucedido. Es posible, incluso, especular, a posteriori y anacrónicamente, en cuáles eran las alternativas. Como un ejercicio, aunque parezca raro, de enorme actualidad.

^{1 Historia extensa de Colombia, Ediciones Lerner, Bogotá, 1970, vol. VII, p. 371.
2 König, Hans-Joachim, En el camino hacia la nación, Ed. Banco de la República, Bogotá, 1994.
3 Bushnell, D. The making of modern Colombia: A nation in spite of itself. University of California Press, Los Ángeles, California, 1993.
4 Para comprender la naturaleza de este intrigante, pero además de las reales contradicciones dentro de la república de Colombia, basta otra muestra: “Por momentos espero tener noticias del Chocó. Si aquella provincia aún resiste después de mi intimación, yo marcharé para ahí con 200 hombres y no dejaré un grano de oro en sus ríos o minas, porque a esos infames negros es preciso degollarlos a todos” (a Bolívar, octubre de 1829). Una selección de estas cartas se ha publicado en: Militares extranjeros en la independencia de Colombia, Ed. Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 2005.}