Suman ya 105.947 pacientes y usuarios de los servicios de salud en 20111 con reclamo de tutela, para ser atendidos a tiempo, recibir tratamientos adecuados y de calidad. Para resolver la situación de precariedad de la atención que genera la aplicación del modelo de la Ley 100 de 1993, y realizar un cambio a fondo del sistema de salud, hay un clamor generalizado en Colombia. Ausente, es justo un sistema nacional de salud de carácter universal, de base pública, con participación ciudadana en la toma de decisiones y en la protección de los recursos públicos de salud. Es un reto entre los sectores favorables a la salud como derecho humano.
El proceso político del sector salud desde la instalación de la Ley 100, a finales de 1993, ha generado de manera paulatina un cúmulo de resultados y hechos que establecen un consenso entre múltiples sectores sociales, políticos y académicos, que demandan su desmonte. El momento más candente y que permitió establecer un proceso de acercamiento y mayor identidad entre estos sectores fue la denominada “emergencia social en salud” a finales de 2009, que dejó ver claramente la condición mercantil del modelo de salud. Condición tal, que está por encima de la salud de las personas, e igualmente, por encima de las condiciones laborales de los profesionales de la salud (2).
Una mayor identidad, dada la experiencia de dos reformas a la Ley 100 (Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011) que no modificaron en absoluto la situación precaria de la red pública hospitalaria. Como tampoco el profundo deterioro de la calidad de la prestación de los servicios y la enorme precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores en un resultado que rebosa el vaso y permite el avance en una alineación e identidad entre diversos sectores como derecho humano, en contra de su privatización y su mercantilización, que demandan la eliminación de la Ley 100, y articulan propuestas alternas para configurar un nuevo modelo de salud en el país.
Entre estas opciones, vale reseñar la que en el último período ha trabajado la comisión de seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR), que recoge parte del acumulado de las propuestas elaboradas y discutidas en los tres congresos nacionales por la salud que impulsó el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social. La propuesta tiene el carácter de un Proyecto de Ley Estatutaria por el derecho fundamental a la salud, y cuenta con el respaldo de los sectores gremiales médicos, de pacientes, de diversas organizaciones sociales, sindicales, académicas y algunos sectores políticos (3).
Otra salud para Colombia: lineamientos no mercantiles
Como fundamentos para el enunciado de una Ley Estatutaria, ganan consenso: 1) reconocimiento efectivo de la salud como derecho humano fundamental, y no como negocio; 2) caracterización del Estado como garante de tal derecho a la salud, en cuanto lo respeta, protege y garantiza; 3) atención integral a la salud, sin paquetes de beneficios; con amplia visión de salud pública; redes integradas para la prestación de servicios preventivos, de atención con calidad a las enfermedades y de promoción de la salud basadas en la Estrategia de Atención Primaria en Salud, en que pueda participar el sector privado; 4) reconocimiento real de las diferencias regionales, urbano-rurales, culturales, étnicas, de edad y género de la población del país, y de las implicaciones de la diversidad para la comprensión y el enfrentamiento de los problemas de salud; 5) eliminación de la intermediación financiera con ánimo de lucro; 6) creación de un sistema único descentralizado de seguridad social en salud; 7) financiamiento público, con un fondo único nutrido por aportes fiscales y parafiscales, y una central única de recaudo; 8) amplia y efectiva participación social en la formulación de las políticas; en cuanto a funcionamiento, vigilancia, veeduría y evaluación del sistema; y 9) reconocimiento del carácter esencialmente intersectorial de la salud, que obliga a la coherencia de políticas económicas, fiscales, de educación, vivienda, empleo, tierras, alimentación, información, y ciencia y tecnología, entre otras (4).
Estos nueve postulados hacen evidente la diferencia con el argumento oficialista de que los sectores proclives a la salud como derecho humano propugnan por un regreso a la situación anterior a la Ley 100. No es verdad, dado que el país no ha vivido una experiencia histórica de contar con un sistema de salud de base pública, efectivamente integrado, que genere, sin barreras de acceso, procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación para quienes lo necesiten.
Posición del Gobierno y la bancada oficialista en busca de desmovilizar
Aunque en los pronunciamientos públicos Juan Manuel Santos se muestra preocupado por la salud y la necesidad de introducir cambios en el sistema, lo cierto es que el Ministerio de Salud y la bancada oficialista en el Congreso impulsan más de lo mismo, sin tocar los problemas estructurales. Los senadores Jorge Ballesteros y Roy Barreras, del partido de la U, radicaron el Proyecto de Ley 048 de 2012, como proyecto de Ley Estatutaria de Salud, con respaldo de la Ministra del ramo. Bajo la presión de los diferentes sectores sensibles contra la mercantilización, este proyecto establece derechos y deberes de los usuarios del sistema, un Plan Único de Beneficios, un Fondo Único Pagador Público, un nuevo mecanismo judicial y competencia especializada para el estudio de los conflictos en salud5, sin incorporar los aspectos sustanciales del debate y la rectificación de contenido humano.
Los aspectos de derechos y deberes de los usuarios, el plan único de beneficios y el fondo pagador único ya existen; pero no toca en absoluto la intermediación financiera de la EPS, núcleo estructural del problema. Con la propuesta de un nuevo mecanismo judicial para los conflictos en salud, que se ejercerá en cualquier tiempo, siempre y cuando subsista la amenaza o la vulneración del derecho fundamental a la salud, buscan quebrar el uso de la tutela, mecanismo que durante todos estos años ha protegido el derecho a la salud.
Con una postura a favor de los intereses comerciales, la senadora Zuccardi, también del partido de la U, propuso la Operación Acordeón(6). Una estrategia similar fue aplicada en la crisis financiera de 1998 para la intervención directa de la Nación, que ahora contempla la ‘nacionalización’ transitoria de las EPS, que, al quedar saneadas, pasarían nuevamente al sector privado sobre la venta de las acciones del Estado. Es decir, volvemos a salvar al sector privado con las finanzas públicas, y, una vez estén produciendo ganancias, vuelven a su condición privada. Se trata de una fórmula opuesta a la necesidad de la inmensa cantidad de sectores sin atención.
Aprovechar la coyuntura para ganar el pulso
Estamos en un momento excepcional de consenso por parte de múltiples sectores sociales y políticos frente a la necesidad de una nueva política y un nuevo modelo de salud en el país, que no es compartido ni por el gobierno nacional ni por el sector oficialista parlamentario ni por las EPS. Constituyen una suma por ese objetivo, desde los usuarios de los servicios de salud hasta los médicos y en general trabajadores del sector, académicos, periodistas, directores de hospitales públicos, secretarios de salud, cabezas de instituciones de control estatal y congresistas que demandan un cambio en el servicio. Los trabajadores y los profesionales de la salud quieren estabilidad laboral y salarios dignos, y no perder la autonomía profesional. Los hospitales públicos reclaman el pago oportuno de los servicios realizados; los estudiantes de las áreas de la salud demandan espacios de formación que les brinden condiciones de calidad; los académicos demandan que no se archiven las investigaciones que evidencian el fracaso del modelo y que, a la vez, haya un presupuesto para investigar en los temas relevantes de salud del país.
La meta por establecer un nuevo sistema de salud en Colombia requiere la alianza de los sectores por la salud como derecho humano. Así lo ha comprendido la actual dirigencia al frente de la Alcaldía de Bogota. Pero hacerla realidad exige un acuerdo ante la iniciativa del nuevo sistema y una amplia difusión de sus contenidos, acciones inmediatas, y, además, controvertir la estrategia de distracción del gobierno nacional y alcanzar un alto nivel de movilización social con el necesario músculo político que permita ganar en forma plena la batalla por el derecho a la salud.
1 Defensoría del Pueblo. La tutela y el derecho a la salud 2011. 20 años del uso efectivo de la tutela 1992-2011. Bogotá, 2012.
2 Torres-Tovar M. Acción social colectiva por el derecho a la salud, Bogotá, 1994-2010. Controversia v. III fasc. 197 pp.231-269, 2011.
3 Entrevista con Saúl Franco, vocero de la CSR. Escuela Nacional Sindical. Agencia de información laboral. Agosto de 2012. http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=a—;1;-;-;&x=20167296.
4 CRS. Proyecto de Ley Estatutaria por el Derecho fundamental a la salud. http://www.viva.org.co/pdfs/comision_salud/Proyecto_Ley_Estatutaria_salud_CSR_version_13_07_12.pdf .
5 Consultado en http://senadorjorgeballesteros.com.
6 Consultado en http://www.zuccardipiedad.com.
* Médico, Magíster en Salud Pública y en Estudios Políticos, miembro del Movimiento de Salud de los Pueblos y de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).
No olvidar ni el ayer ni el ahora de la Ley 100
Hacerle el quiebre a la Ley 100 en favor de la salud de la población colombiana les exige a los actores sociales y profesionales activos actuar con inteligencia, audacia y generosidad colectiva, y requiere pensar con la historia*; para no olvidar las consecuencias de esta Ley en cuya aplicación el gobierno nacional, con habilidad, sale avante de las luchas y los debates sociales ante la crisis del sistema, como sucedió en 2006 y 2009 en la emergencia social en salud, cuando impulsaron reformas a la Ley 100 a través de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Hoy, como si nada, buscan ir por el mismo camino.
Los sectores oficialistas en el Congreso presentan una nueva reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud como salida a la crisis, pero aplicando la misma fórmula de hacerle retoques al modelo de salud y manteniendo el aspecto estructural de la intermediación financiera con las EPS. Para aprovechar esta coyuntura, hace falta impulsar diversas estrategias que van desde la generación de una gran alianza nacional por la salud hasta el sostenimiento y el incremento de la movilización social.
Promover y consolidar la iniciativa de una “alianza nacional” por un Nuevo Modelo de Salud
El país tendrá que asistir a una gran coalición entre los más amplios sectores sociales, populares, académicos, gremiales y políticos, que configure un actor político con real capacidad de poder para deslegitimar la Ley 100 y establecer un nuevo modelo. Esta alianza debe establecer un acuerdo sobre la propuesta del nuevo modelo de salud para el país, y debe realizar su amplia difusión para la comprensión, apropiación y defensa por parte de la gente, y su comprensión de la estrategia que utiliza el gobierno nacional, que va en la misma vía de las dos reformas anteriores y no resolverá la crisis del sistema de salud. Como riesgo, subsiste que en su respuesta el gobierno puede conseguir la cooptación de algunos sectores que hoy rechazan la Ley 100, y asimismo una nueva desmovilización social.
El escenario fundamental de la movilización social es lo que determina que el espacio parlamentario de presentación de un proyecto de Ley no quede a merced de los intereses comercializadores, tal como ha ocurrido en las ocasiones anteriores, guardando en la gaveta del olvido la aspiración de contar con un real sistema de salud garante de su derecho.
Fue una enorme movilización social la fuerza que detuvo el proyecto de reforma a la educación superior, y como tal constituye un ejemplo por seguir.
* Expresión del profesor Rubén Sierra en entrevista “La negligencia para pensar nuestros problemas” que realizó Londoño R, Jiménez D. UN Periódico. Edición Nº 158, 12 de agosto de 2012.
