El Centro de Pensamiento para la Paz, de la Universidad Nacional de Colombia, y la Oficina de la ONU en Colombia, por solicitud del gobierno y de las farc, organizaron un foro, “sobre la solución al problema de las drogas ilícitas”. Un tema en la agenda de la Mesa de conversaciones para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que sesiona en La Habana. El foro tuvo dos escenarios: uno nacional (Bogotá, 24-26 de septiembre) y otro de carácter regional (San José del Guaviare, 1-4 de octubre). La intervención de uno de los expositores centrales dejó varios interrogantes, entre ellos, ¿cuál es el interés particular del gobierno y el de la organización guerrillera en ese punto de la agenda?
En términos del tamaño del problema, en vez de constatar una disminución significativa de los cultivos de uso ilícito por las fumigaciones, el foro volvió a mostrar un desplazamiento de las zonas de cultivo, como ya indicaban los hechos hace casi 20 años. En una de sus aristas, también advirtió el vínculo entre el conflicto armado y estos cultivos y profundizó en el nexo esencial de esa producción ilegal con la estructura agraria. Un lazo indispensable entre el primer punto de la agenda, ya abordado en el foro realizado entre el 17–19 de diciembre de 2012 y sobre el que se hicieron acuerdos, y el cuarto punto, objeto del nuevo escenario de participación ciudadana.
Sus sesiones estuvieron determinadas por varias situaciones: hubo énfasis diferenciados en los análisis que entregaron en uno u otro escenario (nacional y regional), dado el carácter de sus asistentes: al primero, de finales de septiembre, llegaron organizaciones de todo el país, en total, 1.040 personas. Al segundo, celebrado San José del Guaviare, asistieron 300 personas, provenientes de tres departamentos: Meta, Caquetá y Guaviare.
En la capital de este último, por decisión expresa de la Mesa de La Habana y a diferencia del primer escenario del foro, participaron los gobernadores de los departamentos de Guaviare (José Octaviano Rivera), Meta (Alan Jara), y los alcaldes de los municipios de San José del Guaviare (Giovani Gómez); Puerto Rico, Meta (Samuel Yamid Mendoza); y de Miraflores (Julio César González). Y también asistieron, específicamente, campesinos que han tenido la experiencia de los cultivos, de las fumigaciones y de todo el enfrentamiento asociado a estos problemas.
Contenido del punto sobre drogas ilícitas
Las “drogas ilícitas” constituyen el cuarto tema en la agenda de conversaciones. Tres aspectos específicos trabajaron las personas asistentes al foro nacional:
- – Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
- – Programas de prevención del consumo y salud pública.
- – Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
El foro regional abordó los dos primeros.
Muchos actores y muchas voces, además de innumerables perspectivas, encuentra quien haga un asomo o mire el problema de las llamadas drogas y/o cultivos ilícitos. Igual ocurrió en este foro, en el que uno de los convocantes advirtió de antemano: “la problemática es muy compleja y estamos conscientes de la gran diversidad de opiniones y de perspectivas que hay sobre este tema. Por eso, uno de los principios que esperamos esté presente durante los tres días es el respeto y una actitud constructiva de diálogo”.
Un ejemplo de esta diversidad de miradas la entregó un campesino que entrevistó el periódico desdeabajo cuando sesionaba la plenaria nacional. Este labriego, de San José del Guaviare, dio sus declaraciones en el momento mismo en que su comunidad padece la fumigación sobre sus territorios:¿sectores de la población bajo los efectos de las políticas de Estado, y un país conversando en medio del fuego cruzado? (1). ¿La cruda realidad frente a los discursos?
Otro rasgo de este foro fue la asistencia de organizaciones sociales, no gubernamentales y académicas al tiempo que hubo poca o ninguna del sector privado (grandes empresarios y cultivadores, agroindustriales, ganaderos). Una circunstancia que despertó inquietud, una vez más, en Fabrizio Hochschild, representante de Naciones Unidas en Colombia, también participante en foros anteriores. Dice él que eso significa “perder una inmensa posibilidad” para superar el conflicto armado. En Bogotá, el único gremio empresarial que asistió fue la Andi (Asociación Nacional de Empresarios, antes, Asociación de Industriales). Tampoco estos sectores asistieron a San José del Guaviare.
Inquietudes sobre aspectos nodales
Una de las perspectivas más cuestionadoras la presentó el profesor e investigador del tema Ricardo Vargas. Durante su intervención en el foro de Bogotá (2) formuló una pregunta inicial al auditorio: “¿por qué el eje de las conversaciones en el punto 4 debería ser la relación entre drogas y conflicto armado y las drogas como economía de guerra?” Y agregó a continuación: “considero que este es el punto nodal en este evento”. Y amplió la formulación: “otra manera de hacer la pregunta es: ¿cuál debe ser la contribución de la reforma de la política de drogas en la solución del conflicto armado?”.
El expositor señaló que “las mesas de este foro, deben evitar que el evento termine como un foro muy interesante sobre políticas de drogas, uso y producción, pero muy poco sobre el tema del conflicto”. Al respecto, el punto de partida que sugirió como clave fue responder qué propósito busca el gobierno colombiano al incluir esta temática en la agenda de conversaciones; y señaló que ese propósito es lograr que la insurgencia no utilice la economía ilegal de la droga como una fuente de financiación. “Eso es lo clave, más que apostar por una estrategia de reducción de la oferta”.
A esa primera, siguió otra pregunta: ¿cuál es el interés de la guerrilla para incluir esta temática en la agenda de conversaciones? “Veo dos opciones, indicó: Una es que la guerrilla actúe muy corporativamente y trate de beneficiarse de recursos del Estado para que se inviertan en zonas de su influencia […] y también, enviar una señal a Washington de cuál constituye su aporte, en relación con una exigencia de extradición, dado que como ustedes saben, una parte de la cúpula de las farc está pedida en extradición por el tema de drogas”.
En los pasillos del centro de convenciones donde se adelantó el foro en Bogotá, en una conversación referida a la expectativa de tratamiento de los debates del foro, Ricardo Vargas comentó (3): “es preciso vincular el tema de la dinámica de los cultivos con el tema del conflicto armado. Eso significa que no es solamente hablar de la solución a los cultivos, porque eso lo podemos hablar para Perú, Bolivia, Colombia; independientemente del conflicto. Pero el caso colombiano pone un elemento distinto al resto, que es la existencia del conflicto”. Y añadió: “siento que la gente en este foro casi no vincula en sentido estricto el conflicto armado. Se centra en el tema de la fumigación, de la militarización y poco habla del tema de la presencia en los territorios de rutas de trasiego, de centros de acopio. La problemática es más compleja: fuera de los cultivos, también hay otras partes del proceso que han agredido al territorio”.
Centros de la cadena del narcotráfico ausentes del diálogo social
Según su análisis, “hay zonas del territorio donde inclusive no hay cultivos pero que han sido muy agredidas, porque son puntos estratégicos para las salidas internacionales. Es decir, el tratamiento de esos puntos todavía está ausente”. ¿Por qué? “Claro: lo inmediato de la gente lo componen los cultivos, el día a día. Es un tema de ingreso”. Pero además, “en muchos territorios hay control para acopio, para procesamiento, para exportación, hay toda una dinámica de violencia y de sometimiento a las comunidades para garantizar esas estructuras”. Es el caso de la región del Pacífico: “una gran parte del litoral tiene ese problema, así no estén los cultivos ahí”.
Ricardo Vargas subrayó la gravedad de que esta realidad sea invisible: en una economía del narcotráfico, la hoja “necesita procesarse a pasta básica y luego esa economía necesita rutas de salida, necesita seguridad, protección para garantizar que eso sale hacia los mercados de gran demanda”. Por tanto, “la incidencia sobre las comunidades no se reduce únicamente al hecho de tener cultivos, sino al resto de la cadena, de los servicios para garantizar la exportación, y hay también una repartición sobre los territorios que es gravísima. Eso está totalmente invisibilizado”.
Con una mirada crítica, Ricardo Vargas insistió en que “todas las propuestas que la sociedad se está formulando, particularmente en este foro apuntan básicamente a cultivos y, sin embargo, el asunto va mucho más allá de eso”.
La otra cara de la moneda
El punto cuatro sobre drogas ilícitas, que Ricardo Vargas insiste en llamar “drogas como economía de guerra”, tiene su profundidad de manera más específica en la naturaleza del conflicto armado que hoy Colombia ansía que finalice. En uno de los ángulos de investigación y análisis, el conflicto actual existe de esa manera, en una buena parte, no en su totalidad, por la aparición del narcotráfico en Colombia: Tesis que sostiene José Aristizábal, un exdirigente de la guerrilla del Ejército de liberación Nacional, en su libro Metamorfosis (4).
En su reflexión, Aristizábal indica que si bien Colombia tiene desde hace muchas décadas un conflicto permanente, el actual, que comenzó en los años 60 del siglo XX, cuando se conformaron las guerrillas de izquierda, sufrió una metamorfosis en los años 80, uno de cuyos orígenes fue la incursión del narcotráfico. El excombatiente indica en primer lugar, que “el conflicto es anterior al narcotráfico”; luego revela que, “guerrillas y narcotráfico comenzaron a relacionarse porque han coincidido en aquellos territorios donde el Estado no ha existido o ha tenido una presencia precaria […]. El desarrollo paralelo del conflicto y el narcotráfico en el país, fue condicionando estas relaciones: el crecimiento militar de la guerrilla […] requería de más ingresos y control de territorios. A su vez, la producción de coca y amapola […] precisaban de una cierta fuerza que estableciera algún orden, algunas regulaciones […]”.
Con más detalle, “las necesidades de mayores recursos para el funcionamiento de los ejércitos y el control de los territorios mediante el control de la población”, dice Aristizábal en referencia a un momento en el que ya habían incursionado los paramilitares en zonas donde coincidían las farc y el narcotráfico, “[…] llevaron a (incorporar) a la economía del narcotráfico, no ya tangencialmente, sino directamente a la guerra. […] se convirtió en una economía de guerra insertada en la economía global, tanto para el paramilitarismo, como para la insurgencia”. Así, de manera similar a Ricardo Vargas, José Aristizábal advierte los intereses de los actores armados.
No obstante, aclara éste último, “aunque conflicto y narcotráfico están unidos desde los años ochenta, esta unidad no es tal que sean inseparables: el conflicto existió antes del narcotráfico y si se da una solución al primero, puede continuar el segundo en el posconflicto”.
Estructura agraria: raíz de los cultivos de uso ilícito
Una consecuencia clara del vínculo entre conflicto armado y cultivos de uso ilícito fue la experiencia del campesinado de una región del departamento de Norte de Santander en el primer semestre de este año 2013: “Las recientes movilizaciones de los campesinos cocaleros de El Catatumbo durante junio y julio fueron, tal como sucedió con las marchas del 96 que tuvieron lugar en Guaviare, Caquetá y Putumayo, inicialmente estigmatizadas como promocionadas por las farc, hasta el punto de acusar a uno de sus dirigentes de ser miembro de la guerrilla […] y las movilizaciones fueron reprimidas por las fuerzas militares” (5).
De esa manera introdujo el tema María Clemencia Ramírez en el foro de San José del Guaviare, pero en seguida, incluyó un “sin embargo”, con el que comenzó a tratar la problemática estructural del campo colombiano. Dijo: “en la medida en que continuaron las manifestaciones, fueron reconocidas las demandas de los campesinos y la movilización finalizó con una mesa de negociación regional con acompañamiento de las Naciones Unidas […]”.
A continuación entregó al auditorio sus reflexiones sobre el problema de los cultivos ilícitos con enfoque territorial, que era propósito de este escenario del foro, y advirtió de las falencias de la política de fumigación, que el campesinado reclama eliminar. Mostró que a pesar de esas acciones, en lugar de disminuir, los cultivos aumentaron dispersándose por todo el país: “entre 1994 y 1996, la Amazonia Occidental albergaba entre el 95 y el 100 por ciento de los cultivos de coca del país destinados al mercado del narcotráfico”. Justo, es en este territorio donde tuvieron comienzo “las primeras fumigaciones en 1994, al inicio del gobierno del presidente Samper, concentrándose en un 84 por ciento en los departamentos del Guaviare y Caquetá hasta 1998, lo cual, hace que los cultivos se desplacen para el Putumayo y hacia otros nueve departamentos”.
Por su parte, Absalón Machado, profesor de la Universidad Nacional y estudioso de la situación del campo colombiano, compartió en el foro elementos esenciales para entender el por qué de estos resultados. “En muy buena parte, señaló, la existencia de esos cultivos se explica por el tipo de estructura agraria que el país ha construido y mantiene”(6). Machado conectó esa afirmación con los resultados parciales de las conversaciones entre gobierno e insurgencia, al mostrar que su intención era relacionar los acuerdos sobre el punto 1 de la agenda denominado ‘Política de desarrollo agrario integral’, con las drogas y los cultivos de uso ilícito. Y enfatizó: “Esa relación es indispensable pues la solución del problema de los cultivos de uso ilícito no es independiente de los procesos que se adelanten relacionados con la estructura agraria nacional […] Veamos entonces las principales relaciones que pueden establecerse entre esos temas y los cultivos de uso ilícito, las drogas y las cadenas del narcotráfico”.
Uno de los nexos más específicos entre cultivos de uso ilícito y el desarrollo agrario integral que refirió Absalón Machado fue el acceso a la tierra. Y destacó los acuerdos que en ese aspecto son públicos (7), y al respecto del asunto, comentó que tiene dos connotaciones: si se trata de campesinos que no están cultivando coca u otros productos de uso ilícito (al interior de la frontera agrícola o en las zonas de colonización) o si son cultivadores de bienes de uso ilícito. En el primer caso, garantizar el acceso a la tierra contribuiría a que el campesinado no se desplazara a buscar opciones en cultivos ilícitos. Es decir, “constituye una garantía para frenar esos cultivos si el acceso a tierra es concebido de una manera integral como lo prevé el Acuerdo”.
Con respecto a la segunda connotación, “si se trata de cultivadores de bienes de uso ilícito, estaría la condición de que usen la tierra en otras actividades y acepten programas de reconversión productiva y de formalización y legalidad. En este último caso, ese proceso llevaría a repensar aspectos de ordenamiento territorial, dado que no todas las tierras con coca hoy, son aptas para otros cultivos”. Advirtió Machado que ese proceso tiene estrecha relación con la delimitación de la frontera agropecuaria, el cambio de uso del suelo, la formalización de los derechos de propiedad, y las posibilidades de acceder a subsidios para la compra de tierras y a líneas especiales de crédito, aspectos acordados en La Habana.
Hasta dónde ir
La frontera agraria y las zonas de reserva campesina son cruciales tanto en el país como en las conversaciones hacia la construcción de la paz. Al respecto, Absalón Machado comentó las exigencias que conllevan para el Estado y para las comunidades. Sobre la frontera indicó que su delimitación es una decisión que implica el control de los territorios por el Estado y las regulaciones serias sobre el uso de los recursos naturales disponibles y el uso del subsuelo. Subrayó que “si no se combaten las mafias del narcotráfico allí aparecerán cultivadores en conflicto con el Estado”.
Y acerca de las Zonas de Reserva Campesina mencionó que pueden ser una oportunidad: “Los acuerdos con los cultivadores para eliminar los cultivos existentes de una manera no traumática, y el compromiso de no permitirlos por parte de la comunidad, es una oportunidad de rendimientos insospechados en la consecución de un desarrollo alternativo sostenible basado en la economía familiar”.
1 http://www.youtube.com/watch?v=cRoFeYCCsd4&feature=c4-overview&list=UUqbmS9i2QlJ33CXgkz_WHwQ
2 Audios de las intervenciones de los foros nacional y regional sobre solución al problema de las drogas ilícitas, Bogotá, San José del Guaviare, septiembre y octubre de 2013.
3 Ibídem.
4 Aristizábal, G. José. 2007. Metamorfosis. Guerra, Estado y globalización en Colombia. Biblioteca Vértices Colombianos, Ediciones Desde Abajo. Bogotá.
5 Audios de las intervenciones de los foros nacional y regional sobre solución al problema de las drogas ilícitas, Bogotá, San José del Guaviare, septiembre y octubre de 2013.
6 Absalón Machado retoma el documento titulado “Primer informe conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Farc EP”. Y resume los acuerdos publicados sobre el subtema de ‘acceso a la tierra’: “los acuerdos que se conocen giran alrededor de los siguientes aspectos: la constitución de un Fondo de Tierras, la garantía de un acceso integral a la tierra, la formalización de la propiedad, aspectos sobre la jurisdicción agraria, un plan para formar y actualizar el catastro, el adecuado sistema de cobro y recaudo del predial; mecanismos y lineamientos para mejorar el uso del suelo; un plan para delimitar la frontera agropecuaria; las zonas de reserva campesina y sus planes de desarrollo”.
7 https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-26-de-mayo-de-2013
* Investigadora y escritora.
“Los colonos no buscaron la coca”
En San José del Guaviare, el sociólogo y periodista Alfredo Molano comentó: “los colonos no buscaron la coca, la coca les llegó”(1). Una idea reiterada durante los intercambios de quienes asistieron a estos escenarios de participación impulsados desde La Habana. Esa perspectiva exige recordar que si bien los cultivos para uso ilícito han sido especialmente sostenidos por las familias colonizadoras, las olas de colonización no tuvieron origen en ellos.
Roberto Pineda, antropólogo, relató que surgieron en un contexto de insalvables dificultades para sobrevivir con sus cultivos de pancoger y para comercializar los destinados al mercado: “Difícilmente la familia campesina de las áreas de colonización (alejadas, que están abriendo la frontera agrícola) se consolida”. Así dijo en 1993, época en la que los cultivos estaban afianzándose en la región amazónica. “El mercado para sus productos agrícolas está fuera de la región pues la gente cultiva localmente sus propios alimentos. Pero esos productos no pueden competir con otros similares en costos y precios en razón de factores macroeconómicos, dificultades de acceso a los mercados nacionales e internacionales, deficiencia en las vías de comunicación. Más baratos resultan los producidos en áreas cercanas a los centros urbanos. Ese es el nuevo contexto en el cual surgen el cultivo ilícito de la coca” (2).
Y si por una parte, las posibilidades de subsistencia resultaban estrechas cada vez más, por otra, se fortalecía la economía de la droga, hasta convertirse en economía de guerra, de manera tal, que pedía más y más cultivadores y territorios para la producción de su materia prima. Con unas condiciones ventajosas frente a las enormes dificultades que mostraban los otros cultivos, descubiertas desde comienzos de su inserción: “es una planta perenne, se comentaba en 1993, que produce hojas durante un lustro. Permite la cosecha –arrancar hojas– a los 4 meses de plantada, 4 ó 5 veces al año. La planta se adapta bien al bosque tropical amazónico y no requiere de mucha inversión para su cultivo”.
Veinte años después, persiste la misma reflexión con respecto a las ventajas de la coca frente a las dificultades de las familias colonizadoras. Según María Clemencia Ramírez, “el cultivo de coca se adapta a las condiciones medioambientales de la selva amazónica, reporta flujos de dinero constantes según períodos cortos de cosecha, lo cual permite a los campesinos lograr su subsistencia con algunos recursos que superan el salario mínimo por familia, que aunque no los ha hecho ricos, si permite que sus hijos salgan a prepararse a nivel de la educación superior, un beneficio a veces intangible en los balances que se hacen sobre los cultivos de coca”.
1 Registro suministrado por la Oficina de Naciones Unidas en www.pnud.org.
2 Pineda Camacho, Roberto. 1994. “La selva canta, cuenta, clama. Historia y configuración regional – Región de la Amazonia”, en Colombia País de Regiones, fascículo No. 35, Cinep y El Colombiano, Bogotá-Medellín.
Cronología y avances de un acuerdo
¿Cuál fue el camino para este nuevo foro? ¿Cuáles lo antecedieron, cuándo y qué temas abordaron? ¿Por qué estos temas y no otros? ¿Qué es la Mesa de Conversaciones? ¿Por qué sesiona en La Habana? ¿Qué relación tiene todo esto con el foro del que trata este artículo?
Recorrido en veinte meses
Todo comenzó el 23 de febrero de 2012 con un encuentro exploratorio, también en Cuba, con duración por seis meses, entre el gobierno colombiano y la organización insurgente Farc. Con la colaboración de los gobiernos de esta isla y de Noruega, decidieron conjuntamente sondear las posibilidades de trazar un camino de terminación del conflicto armado en el país. El resultado fue la firma de un acuerdo de 6 puntos, orientado a poner fin al conflicto, como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera en Colombia.
Los seis puntos fueron, en resumen:
– Iniciar conversaciones directas e ininterrupidas, sobre una agenda también de 6 temas.
– Establecer una Mesa de Conversaciones cuya sede principal sería La Habana.
– Garantizar la efectividad del proceso.
– Apoyarse en otros gobiernos.
– Cumplir la agenda mencionada en el primer punto.
– Seguir unas reglas de funcionamiento.
Una de estas reglas dice en las últimas líneas que la Mesa de Conversaciones podrá delegar a un tercero la organización de espacios de participación de los ciudadanos colombianos y de organizaciones del país para recibir sus propuestas sobre los temas de la agenda. Estos espacios se complementan y complementan otras formas de recepción de las propuestas sociales.
Desde entonces, la Mesa ha delegado en conjunto a la Universidad Nacional de Colombia y a la Oficina de Naciones Unidas en Colombia el adelanto de tres foros de participación en el país: uno, sobre el tema agrario, que ocurrió en diciembre de 2012; el segundo, sobre el tema de participación política, que sesionó a finales del mes de abril de 2013, y el tercero, sobre drogas ilícitas.
En La Habana, las delegaciones del gobierno y de las farc han recibido hasta hoy las relatorías construidas por la Universidad Nacional y por Naciones Unidas de los dos primeros foros, mientras afinan las del último. Allá, resuelven mientras los demás aspectos del acuerdo.
