A tres años de haber aplastado violentamente a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, utiliza su prestigio ante las poblaciones cingalesas –mayoría en el país– para desarrollar una política cada vez más autoritaria. Para cubrir sus abusos, se escuda en el hecho de que son denunciados por organizaciones extranjeras.
Severa derrota de Sri Lanka ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunido en Ginebra el 22 de marzo de 2012: con veinticuatro votos (incluido el de India) contra quince (incluidos los de China, Rusia y Paquistán), la institución internacional aprobó la resolución propuesta por Estados Unidos que solicita al gobierno que implemente las conclusiones de la Comisión Nacional de Reconciliación (Lessons Learnt and Reconciliation Commission). También debe poner fin a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última fase del conflicto que devastó al país entre 2006 y 2009 (1). Para medir el alcance de este desaire para el presidente Mahinda Rajapaksa, basta recordar que el 27 de mayo de 2009, una semana después del aplastamiento de la rebelión separatista tamil, una resolución aprobada por veintinueve votos (incluido el de India) había descartado toda injerencia de las Naciones Unidas en los asuntos del país.
Sin embargo, este año, al apartar al ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Gamini Lakshman Peiris, y a la embajadora en Ginebra, Tamara Kunanayakam, por considerarlos demasiado moderados, Rajapaksa había tomado la precaución de colocar a uno de sus allegados a la cabeza de la delegación. Incluso llegó a organizar manifestaciones en la isla durante toda la sesión, en contra de lo que él llama “la injerencia estadounidense”. Enfrente, el pequeño grupo de defensores de los derechos humanos srilanqués que había viajado a Ginebra se basaba en el informe de un comité de expertos nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, así como en una campaña desarrollada por organizaciones no gubernamentales (ONG) occidentales y medios de lengua inglesa: el canal de televisión británico Channel 4 había emitido un documental sobre las masacres de los últimos meses de la guerra que acusaba al ejército srilanqués de crímenes de guerra.
Durante la visita del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, al finalizar el conflicto, en marzo de 2009, Rajapaksa se había comprometido a respetar los derechos humanos, a cambio de la no intervención de la ONU, alertada de las masacres. Sostenía que la campaña militar en curso era una “operación humanitaria”. Al año siguiente, Ban había designado a un comité de expertos para evaluar si el compromiso era real o no.
De acuerdo con el informe publicado en 2011, algunos actos del gobierno y de su adversario tamil podían ser calificados como “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. El ejército bombardeó hospitales claramente identificados como tales y “zonas de seguridad” donde había alentado a la población civil a concentrarse: los Tigres utilizaron a civiles como escudos humanos (2). El International Crisis Group y otras ONG insisten en la degradación posterior: toma de control, por parte del ejército, de la administración y de las actividades económicas de las zonas tamiles; actos de discriminación étnica en la asignación de tierras; abusos contra las sesenta mil mujeres cabeza de familia y sus hijos en las regiones controladas por un ejército de doscientos mil hombres; asesinatos y desapariciones de periodistas (3).
Poder y minorías
Para contrarrestar estas críticas, el régimen contaba con las conclusiones de la Lessons Learnt and Reconciliation Commission, designada por el propio gobierno. Pero, por prudente que sea el informe (4), publicado en inglés en noviembre de 2011, acerca de los crímenes de guerra, se muestra tan crítico que el gobierno se niega a difundir la traducción al cingalés y al tamil. Basándose en testimonios, la comisión denuncia los secuestros y desapariciones, la impunidad de los grupos armados, las interferencias políticas que paralizan la acción de la justicia y la administración, la indiferencia de las autoridades ante los abusos que sufren las mujeres, niños, ancianos y discapacitados. Recomienda que se levante el control militar a la administración civil. Y concluye: “Aunque hayan pasado dos años desde el final de la guerra, en la vida social y política aún prevalecen la violencia, la suspicacia y el sentimiento de discriminación. El origen del conflicto étnico se encuentra en el fracaso de los sucesivos gobiernos para responder a los justos reclamos del pueblo tamil. La incapacidad de las autoridades para aplicar las recomendaciones de las comisiones reunidas en el pasado alimenta el escepticismo público respecto de todas las que ha nombrado el gobierno, incluida esta”.
En la actualidad, el sistema se apoya en China y Paquistán, a riesgo de cortar con India, cuyo apoyo, sin embargo, ha sido decisivo en su guerra contra los Tigres tamiles. Acusa a Estados Unidos de manipular a las ONG y a algunos “Estados clientes” (países suramericanos o africanos) para impulsar sus intereses neocolonialistas. La victoria de 2009 fue celebrada como la de un nacionalismo insular autóctono (cingalés) frente a un transnacionalismo de diásporas (tamiles) apoyadas por los occidentales.
Como aún goza de gran popularidad entre las masas cingalesas, que lo consideran como el hacedor de la victoria sobre los Tigres, Rajapaksa considera que puede ignorar estas críticas. “Nuestro presidente ha ganado la guerra, sabe lo que es bueno para el país”, se suele oír en público (en privado, las expresiones son más tibias…). Ya en 2010, una elección anticipada dio una clara mayoría al presidente saliente frente al general Sarath Fonseka. Este había conducido el ejército durante la ofensiva final, pero se había vuelto contra Rajapaksa, atribuyéndole la responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos por aquel entonces. Tan pronto como fue elegido, el presidente hizo que una corte marcial condenara a su rival. De modo simultáneo a las elecciones legislativas, el Parlamento aprobó la enmienda XVIII de la Constitución, que permite al presidente volver a presentarse de forma indefinida y le da plenos poderes para nombrar a la alta magistratura, así como a las comisiones encargadas de la organización y monitoreo de las elecciones, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
Paradójicamente, las condenas o sanciones del extranjero contribuyen a fortalecer su base. La población tiene la sensación de ser una víctima de la globalización y el gobierno supo explotar en su beneficio esta amargura. A pesar de una tasa de crecimiento alta (7% en 2011), el servicio de la deuda aumentó y, en enero de 2012, el Fondo Monetario Internacional suspendió sus préstamos, exigiendo una drástica devaluación, cuando la rupia ya se ha depreciado en relación con el dólar (-14% entre 2011 y 2012). Las sanciones económicas, tales como el fin de las tarifas preferenciales de acceso al mercado europeo, son interpretadas como señales de un complot del capitalismo cosmopolita contra la independencia de las naciones pequeñas.
La constante apelación al sentimiento nacional coloca a los militantes locales en una posición difícil, ya que se los acusa de jugar el juego del imperialismo sólo por defender los derechos sociales. Las ONG son criticadas por la prensa de lengua cingalesa, que mantiene la división entre clases populares e intelectuales progresistas, calificando a estos de especuladores cosmopolitas y simpatizantes encubiertos de los Tigres.
Peligros para la identidad
Las amenazas también apuntan a militantes de base sospechados de estar siendo financiados y manipulados desde el extranjero. Las organizaciones de ayuda para el desarrollo de los países nórdicos, influyentes durante la tregua de 2002 a 2006, las relacionadas con la Iglesia católica, las sectas protestantes fundamentalistas y, más recientemente, las financiadas por las fundaciones musulmanas de los países del Golfo son acusadas de atentar contra la identidad nacional.
Tras intentar conformar una fuerza política autónoma, los monjes budistas se unieron al bando presidencial, lo que les otorgó una posición privilegiada y fomentó el reclutamiento de niños monjes. Los más extremistas, que habían llamado a la guerra santa contra los separatistas tamiles, cantan loas al vencedor, denuncian a los moderados que se encuentran dentro del gobierno y organizan manifestaciones contra lugares de culto cristianos o musulmanes (5). A pesar de que son una minoría dentro de una comunidad monástica que cuenta con treinta y siete mil miembros, ejercen una influencia significativa en las clases urbanas y suburbanas y en las zonas agrícolas del centro norte recién dispuestas para el cultivo, en contacto con zonas tamiles. La mayoría de los monjes cingaleses, provenientes de medios humildes, se consideran los defensores de una lengua y una cultura amenazadas por la globalización, frente a una burguesía anglófona cosmopolita. Los adeptos al budismo estricto, educados en una doctrina que predica el retiro de la sociedad y la extinción de las pasiones, encuentran allí la justificación a su repliegue frente a un mundo malvado. Quienes siguen las enseñanzas del budismo modernista defienden el compromiso militante en defensa de una religión que es vista como amenazada por la expansión del cristianismo y el islam, dejando entre paréntesis el mensaje de la no violencia de Buda.
Rajapaksa también cuenta con el apoyo del ejército. La institución, estrictamente controlada por su hermano Gotabhaya, el ministro de Defensa, aún se beneficia con el prestigio de la victoria y brinda un medio de subsistencia a cientos de miles de familias populares. Con casi trescientos mil hombres, es una gran fuente de empleos y prebendas y absorbe una quinta parte del gasto estatal. En el norte y el este, controla la distribución de tierras, los circuitos financieros de la reconstrucción y la distribución de productos alimenticios. En esas zonas cuenta con hoteles, campos de golf, estadios y empresas de construcción. Este poder se ve acompañado de una corrupción que el gobierno no quiere ver.
Sin embargo, el accionar de algunos líderes políticos corruptos comienza a socavar la buena imagen del poder. El caso más famoso es el del ministro de Relaciones Públicas, Mervin Silva. Este diputado de un suburbio de Colombo conocido como la guarida de los barones de la droga y el alcohol adulterado muestra sus vínculos con la mafia. Se filmó atando a un árbol a un funcionario que no había obedecido sus órdenes, se jacta de haber quebrado las piernas a un periodista disidente y anuncia que hará sufrir la misma suerte a todos los opositores. El clima de impunidad e inseguridad se generaliza. Hombres vestidos de civil, que actúan por encargo, suben a sus víctimas en camionetas blancas con patentes adulteradas y las hacen desaparecer: entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, se registraban treinta y siete secuestros de militantes o detenidos que acababan de ser liberados por falta de pruebas.
Conflictos de tierras
Además, la cuestión de la tierra sigue siendo un tema político muy sensible. En la década de 1950, la rivalidad por la asignación por parte del Estado de terrenos recién irrigados provocó los primeros enfrentamientos entre tamiles y cingaleses. Este conflicto y, luego, el tsunami de 2004, provocaron desplazamientos masivos de población perteneciente a todas las comunidades. El reasentamiento de las personas desplazadas (doscientos cincuenta mil en 2009, al menos el triple con los antiguos refugiados) resulta problemático, dado que a menudo sus tierras son ocupadas por otros. El ejército, que conserva la última decisión en el proceso, tiende a favorecer el establecimiento de cingaleses. Los títulos de propiedad o los contratos de alquiler otorgados por el Estado se han perdido o se arruinaron en la tormenta y las autoridades se muestran reticentes a otorgar certificados de fallecimiento a los sobrevivientes para que puedan heredar.
La cuestión del idioma también es espinosa. El tamil, hablado por el 25% de la población, todavía no se usa en muchos documentos administrativos y sigue siendo desconocido para la gran mayoría de los miembros de las fuerzas armadas que controlan el norte y el este. Casi la mitad de los hablantes de tamil ahora puede expresarse en cingalés (frente al 9% de hace treinta años), mientras que sólo el 4% de los hablantes de cingalés habla tamil. El inglés, que se supone debe servir como lengua de intercambio, es hablado por el 22% de los tamiles, pero sólo por el 13% de los cingaleses. La ignorancia en la que se tiene la cultura del otro es mantenida por los programas escolares. Por ejemplo, los libros de texto cingaleses no dan ningún espacio a las influencias del sur de India en la historia y la civilización de la isla. Ya en mayo de 1981, el incendio intencional de la biblioteca pública de Jaffna, iniciado por vándalos a sueldo del gobierno, había reducido a cenizas un patrimonio de cientos de miles de libros y manuscritos y lanzaba a la revuelta a las clases cultas tamiles, hasta entonces muy moderadas. En venganza, los Tigres habían atacado los santuarios budistas del Árbol de Bodhi y el Templo del Diente.
Todo está dado para borrar el recuerdo del conflicto, el número de víctimas, la memoria de los vencidos. El ejército arrasó con topadoras las tumbas y cenotafios (tumbas vacías en memoria de un muerto) de los cementerios donde los Tigres habían iniciado un culto a los héroes caídos en combate. Como si la afrenta no fuera ya lo suficientemente grande, en esos sitios se instaló un campamento militar y se construirá un hotel. La propaganda turística despliega sus clichés sobre un paraíso ecológico y la sonriente acogida de un pueblo pacífico; pero no por ello se disiparán los fantasmas del pasado. ν
1 Véase Cédric Gouverneur, “La derrota de los Tigres hunde a los tamiles”, Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2010.
2 www.un.org; www.crisisgroup.org.
3 Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), con 34 periodistas muertos, 10 desaparecidos y 50 exiliados, Sri Lanka es el país número 163 de 178 en términos de libertad de prensa. Entre noviembre de 2011 y enero de 2012, fueron bloqueadas 35 páginas de internet.
4 www.priu.gov.lk.
5 Véase “Religions et politique à Sri Lanka à l’ère post-coloniale”, en Christophe Jaffrelot y Aminah Mohammad Arif (eds.), Politique et religions en Asie du Sud. Le sécularisme dans tous ses états, París, Editions de l’EHESS, col. Purushartha, 2012.
*Historiador, profesor emérito del INALCO (Instituto Nacional de las Lenguas y Civilizaciones Orientales, París). Coautor, junto con Delon Madavan y Gaëlle Dequirez, del libro Les communautés tamoules et le conflit sri-lankais, París, L’Harmattan, 2011.
Traducción: Gabriela Villalba
