El gobierno nacional se vio conminado a enfrentar el problema de la violencia sistemática contra el sindicalismo colombiano, cuando la cesación de la impunidad se convirtió en una condición de los Estados Unidos para suscribir el Tratado de Libre Comercio. A diferencia del asesinato de los periodistas, durante tres décadas el de sindicalistas no era materia de interés nacional. Ahora, las demandas de las víctimas alcanzan por fin eco en las organizaciones laborales, de derechos humanos y de los medios, aunque el problema sigue vivo.
Según la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), controlada por los gobiernos británico y norteamericano, y convertida ahora en Confederación Sindical Internacional (CSI), para principios del 2000 Colombia estaba a la cabeza de 119 países en materia de violación de derechos humanos. De 123 sindicalistas asesinados en 1998, el 80 por ciento era de colombianos, y en los registros de la Escuela Nacional Sindical (ENS) aparecía que en el lapso 1991-1999 habían sido asesinados en Colombia 1.336 sindicalistas (266 directivos) (1).
Y luego llegó una noticia rara en la prensa del país: “El pasado lunes 14 de abril [2003] la Corte del Distrito Norte de Alabama (EU) hizo público que Sintramienergética (sindicato que representa a los mineros del carbón de Colombia) puede seguir con la demanda que interpuso el año pasado contra su empleador, la Drummond, por los asesinatos de los líderes sindicales y empleados de esta multinacional Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler […] La Corte consideró que la Drummond ha violado los artículos 20 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y las Convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) […] Tras conocer la decisión de la Corte, Jeff Vogt, abogado asistente del International Labor Rights Fund, dijo que ‘espero que esta decisión sirva de advertencia para multinacionales y transnacionales como la Drummond, particularmente las que están operando en Colombia, para que se den cuenta de que no están por encima de la ley. Que sepan que vamos a responsabilizarlas de su participación en la violación de derechos humanos” (2).
Los demandantes fueron representados por el International Labor Rights Fund y la United Steel Workers of America (sindicato del metal de EU), que demandaron a Drummond, Coca Cola y Occidental Petroleum: “Estamos alegando que estas multinacionales tienen nexos con los paramilitares, y que usan a esos paramilitares para intimidar y asesinar a los líderes sindicales” (3).
Pero el golpe mayor vino en abril de 2008 (4), cuando 63 congresistas estadounidenses le dirigieron una carta al gobierno colombiano, lo mismo que a la Cancillería Británica y asimismo a expertos de la ONU, por la condena de la marcha contra las víctimas de los paramilitares realizada el 6 de marzo anterior y calificada por el entonces presidente Uribe como obra de las farc. La información añadía que un informe de Amnistía Internacional (5) señalaba más de 2.000 sindicalistas asesinatos y 138 desaparecidos, y que en el 90 por ciento de los casos los responsables no habían sido judicializados. Simultáneamente apareció otra noticia: “Un llamado al gobierno nacional para que mejore la seguridad de dirigentes sindicales y líderes de la sociedad civil hicieron ayer tres expertos de la ONU. ‘A lo largo de los primeros meses de 2008 se han perpetrado 21 asesinatos de sindicalistas y líderes de la sociedad civil, así como decenas de amenazas de muerte contra activistas y defensores de sectores que supuestamente han sido llevados a cabo por grupos armados al margen de la ley’, indicaron los expertos en un comunicado” (6). Los expertos instaron “al Gobierno para que adopte medidas efectivas y concretas para ponerle fin a la impunidad endémica respecto de los crímenes y violaciones cometidos en contra de los defensores de los derechos humanos […] Instamos al Gobierno a que emprenda acciones concretas dirigidas al reconocimiento público del trabajo de los defensores de los derechos humanos” (7).
El gobierno norteamericano le ayuda al de Colombia a morigerar la mala racha. En 2005 ayudó a que el país saliera de la lista de la Comisión de Aplicación de Normas, de la OIT, que rige para los países más violentos y en la cual había estado por más de 20 años (8), y en la 85ª conferencia internacional de esa entidad de la ONU, reunida en junio de 2008, Colombia apenas fue citada a sesión especial por exigencia de las centrales sindicales del país.
Los plazos para la aprobación del TLC con Estados Unidos consumían la atención del gobierno colombiano. La respuesta fue poner en marcha en el país la consigna del “trabajo decente”, enarbolada por la OIT y personificada en nuestro caso en la lucha de los asalariados contra las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), símbolo de la informalidad laboral y la extinción del contrato colectivo de trabajo, origen y razón del sindicalismo. El gobierno Santos promulgó entonces, el 10 de diciembre de 2010, la Ley 1429 (de primer empleo), que establece que el personal para labores misionales (mayores de un año) no puede ser contratado por CTA. El Decreto reglamentario 2025 de 2011 les dio al parecer la estocada final a esas cooperativas (9).
Pero no ocurrió así. Hoy, el Ministerio de Trabajo (extinguido por Uribe y revivido por Santos) da cuenta de muy pobres avances en la materia y las Cooperativas-CTA siguen campantes en las empresas públicas y privadas. La Encuesta Nacional Sindical –que goza de autoridad en la OIT y la CSI– señala que en Antioquia, en vez de desaparecer, se están transformando en sindicatos ficticios que firman contratos civiles con los patronos. En el Magdalena Medio, donde mandan las empresas de palma de aceite y los paramilitares siguen actuando bajo la enseña de “bandas emergentes”, la modalidad de engaño preferida son las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Tampoco se cumple la Ley 1438 de 2011, “que en su artículo 103 señala que el personal misional permanente de las instituciones públicas prestadoras de salud no podrá estar vinculado mediante la modalidad de CTA que hagan intermediación laboral, ni bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte sus derechos constitucionales” (10).
Los casos de la tienda comercial Carrefour y la empresa dulcera Colombina, que últimamente permitieron la creación de sindicato entre sus trabajadores de contrato temporal, son excepción. Una reciente Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo (ESLF), adelantada en 2010 por las entidades privadas Fedesarrollo, Cámara de Comercio de Bogotá y Fundación Konrad-Adenauer constató, al contrario de lo que sostiene el Gobierno, que en los últimos 12 años el trabajo temporal en Colombia muestra una tendencia ascendente y hoy representa “el 41 por ciento del empleo en la industria manufacturera EAM-Dane)” (11). En las CTA, “el número de asociados se multiplicó por cuatro en la última década, alcanzando 407.000 en 2010, según Supersolidaria” (12). En las entidades estatales nacionales, “por cada 100 empleados de planta hay un total de 132 de nómina paralela”, según Mintrabajo. En las territoriales, “por cada 100 empleados de planta hay 216 por órdenes de prestación de servicios”, y en las secretarías del Gobierno bogotano el promedio de contratistas es de 283 por ciento, “comparado con el número de funcionarios de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa, provisionales y vacantes”. En la Secretaría de Hábitat, “9 de cada 10 funcionarios son contratistas” (13).
En abril de 2012, el Grupo de Monitoreo del Congreso norteamericano sobre la situación del sindicalismo colombiano, informado de la lentitud de los cambios prometidos en 2011 en la relación con los sindicatos, le envió al Ministro de Trabajo una carta en que le recuerda que el Plan de Acción Laboral de Colombia había cumplido ya un año, llegando al momento de preguntar acerca del progreso y los desafíos que enfrenta el gobierno colombiano para la implementación del acuerdo. Requerido por la prensa local, el funcionario informó de supuestos avances en la formalización del empleo. Entre tanto, la eliminación de sindicalistas seguía adelante. En ese mismo mes y año, la prensa daba a conocer que sólo en el Valle del Cauca unos 114 maestros estaban amenazados y 18 de ellos estimados como casos críticos, de los cuales la Secretaría de Educación departamental había dado trámite sólo a 8. En la Salud pública, 10 empleados recibieron amenazas de muerte por denunciar irregularidades internas de las empresas, mientras Daniel Aguirre, uno de los líderes de los corteros de caña que en 2008 realizaron una huelga en procura de la recuperación de sus contratos laborales de término indefinido, fue el cuarto sindicalista asesinado allí en los primeros cuatro meses de 2012 (14).
Para mayor decepción, en junio de 2012 la Justicia morigeró los efectos de las investigaciones de crímenes contra la población atribuidos a las Fuerzas Armadas y en seguida el Congreso adoptó una reforma constitucional que suspenderá la prosecución de investigaciones judiciales contra altos dignatarios del Gobierno que ejercieron en las dos convulsivas administraciones de Uribe. En otras palabras, pasado el susto del TLC, el Tesoro nacional gastó unos millones más en mejorar los esquemas de protección de unos cuantos sindicatos y líderes sociales amenazados de muerte por los grupos paramilitares, y las cosas pueden recuperar su anterior fiereza, pues el país sigue siendo el peor del mundo en materia de criminalización de sindicalistas.
La violencia y el mundo sindical
La investigación sobre violencia contra sindicalistas que seis ONG de derechos humanos, coordinadas por el PNUD, desarrollaron entre 2009 y 2011 sobre 1984-2010, se inscribió en ese mismo intento político de los gobiernos con intereses en Colombia: antes que esclarecer más la verdad sobre tan tenebroso asunto, contribuir a calmar los ánimos para la firma de un contrato internacional de comercio lesivo en líneas generales de los intereses del pueblo colombiano y repudiado por la mayoría del sindicalismo del país con apoyo de la vasta opinión pública del Norte, tan sensible en materia de derechos humanos.
La principal organización sindical colombiana, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se apartó del proyecto por estimar que un estudio de esa naturaleza debía ser dirigido por ella misma, pero los resultados muestran que no tenía razón. Estas notas sólo hacen referencia al trabajo realizado al respecto por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) (todavía inédito, por lo cual no podemos especificar la ubicación exacta de citas y fuentes). El Centro trabajó bajo la hipótesis: “La violencia contra los trabajadores sindicalizados –independientemente de sus generadores y sus móviles–, además de ser una constatación dramática de la crisis humanitaria que vive el país en los tres últimos decenios, termina produciendo el debilitamiento del sindicalismo, y en algunos casos su aniquilación”.
La puesta en marcha del nuevo modelo económico en el último decenio del siglo XX –apoyada en la extinción de la industria nacional, el desplazamiento de la explotación petrolífera tradicional a las fuentes del oriente del país, la extensión de las áreas dedicadas a elaborar biocombustibles, la ampliación de la explotación carbonífera y la desaforada irrupción de las multinacionales sobre los recursos naturales, los minerales y las fuentes de energía colombianos– ha contribuido a ampliar el escenario de violencia contra los trabajadores artesanales y las comunidades de varias regiones (15). El estudio constató que “en general, esa violencia suele ocurrir con más intensidad en los momentos y sectores de más actividad sindical contenciosa, en especial cuando se acude a la huelga… Y la respuesta violenta es más dura –masacres y asesinatos selectivos– cuanta más fuerza independiente hayan desplegado los sindicatos”.
Para el Cinep, “el número de 4.785 víctimas sindicalizadas, objeto de violaciones de derechos humanos entre 1984 y 2010 –de las cuales 3.000 fueron en la modalidad de homicidios–, es una cifra escalofriante en cualquier latitud del mundo. Casi explicaría sola la debilidad de nuestro sindicalismo, manifestada, entre otros factores, en la disminución proporcional de su protagonismo en el conjunto de las luchas sociales de esos años, el decrecimiento del uso de la huelga como mecanismo de presión clásico laboral, y las bajas tasas de sindicalización y de densidad sindical, aun en términos comparativos con otros países de América Latina”, agravadas por la proliferación de contratación no laboral, como las CTA y SAS.
El estudio encontró que, en las zonas de “enclave extractivo”, las relaciones laborales –definidas como “primitivas” por la precaria regulación estatal en medio de la voracidad patronal, que acude a bajos salarios o extensas jornadas de trabajo para mantener sus tasas de ganancia– no fueron ajenas a las espirales de violencia que allí se incubaron. En cuanto a los victimarios, halló que, dejando de lado los abundantes casos sin información, los paras fueron los mayores responsables, seguidos de lejos por las Fuerzas Armadas y otros agentes estatales, los sicarios de la delincuencia común y las guerrillas.
La comprensión adecuada de formas e intensidad de la violencia exige conocer los móviles que impulsan a los distintos perpetradores de crímenes. En un estudio de 2007 sobre asesinatos, detenciones arbitrarias y amenazas contra sindicalistas, Amnistía Internacional señala que “el terror es parte fundamental de esta estrategia”, utilizada por las fuerzas de seguridad estatales, los grupos paramilitares y las guerrillas, en un conflicto que se caracteriza por las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario cometidas por todas las partes”. El objetivo explícito es “romper toda vinculación real o aparente entre la población civil y la guerrilla” (AI, 2007, 9).
El sindicalismo busca establecer nuevas relaciones laborales y se opone a políticas privatizadoras y aperturistas, la mayoría ligada al neoliberalismo. El estudio de AI apunta en tal dirección: “El hecho de que un gran porcentaje de los abusos contra los derechos humanos sufridos por sindicalistas se cometan en el contexto de conflictos laborales revela la existencia de una constante que indica que se ataca a los sindicalistas debido a su trabajo a favor de los derechos socioeconómicos” (AI, 2007, 11).
Lo anterior ya era señalado en 2003 por el Director de la Oficina Colombiana del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: “En Colombia se ha hecho notorio que buen número de los hombres y mujeres afectados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, privaciones ilegales o arbitrarias de la libertad, amenazas de muerte, tomas de rehenes, desplazamientos forzosos y otros hechos criminales del mismo género, ejercían actividades relacionadas con la dinámica sindical. Infortunadamente, bajo el clima de violencia y polarización que hoy padecen los colombianos, en muchos casos la búsqueda de la justicia social y de la realización efectiva de los derechos del trabajador resulta estigmatizada y expone a las más atroces retaliaciones”(16).
La violencia de la insurgencia arroja víctimas sindicales –renglón que no registra indicadores altos– con efectos indirectos. Las guerrillas incluyen en su estrategia aprovechar la organización sindical para legitimar sus reivindicaciones. La historia de la infiltración de los sindicatos por la guerrilla, y también los casos de simpatía explícita o implícita de grupos sindicales con la causa guerrillera, ofrece a algunos agentes estatales, sobre todo al paramilitarismo, pretexto predilecto para considerar al sindicalismo como subversivo. Por eso, la acción guerrillera enderezada a una supuesta defensa de los intereses de los trabajadores los perjudica, ya que es un factor ajeno a sus prácticas laborales y que pretende sustituir al sindicato por una fuerza armada externa, hecho que lo debilita internamente, le resta autonomía y lo expone a la acción de grupos armados.
El daño de la violencia antisindical está hecho. Las víctimas, según la CUT, exigen “verdad, justicia, reparación y no repetición”. Los victimarios deben ser aprehendidos y judicializados. En ese contexto se entiende que Colombia siga siendo el país más peligroso sindicalmente. En 2009, según la CSI, “de las 101 víctimas en el mundo, 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, 6 en México, 6 en Bangladesh, 4 en Brasil, 3 en República Dominicana, 3 en Filipinas, 1 en la India, 1 en Iraq y 1 en Nigeria […] 22 de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes, 5 de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida registrada en años anteriores […] ‘Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, no obstante la campaña de relaciones públicas del gobierno colombiano en el sentido contrario’, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI” (17). Informe Anual de la CSI, junio de 2010. Consultado en línea. Ryder acaba de ser elegido presidente de la OIT).
Como demostró el estudio de Cinep, los sindicatos hacen parte de la construcción de una sociedad democrática y éticamente sana; no son la causa de las inequidades y las exclusiones económicas y políticas vividas por el país; al contrario, son parte de la solución. El director de la oficina colombiana del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó en 2003: “Nadie puede desconocer el poderoso y significativo papel que las organizaciones sindicales cumplen respecto al desarrollo de la vida democrática de cualquier país. Los sindicatos no solamente son órganos de negociación colectiva, de cooperación mutua y de representación, sino también agentes eficaces de la educación en los derechos humanos, centros impulsores del robustecimiento de la solidaridad entre los trabajadores, y mecanismos al servicio de la acción común por ellos emprendida para el logro de sus reivindicaciones” (18).
1 El Colombiano, febrero 12, 2000, 2B.
2 Voz, abril 30, 2003, 4.
3 Voz, junio 4, 2003, 5.
4 El Mundo,
5 Amnistía Internacional. Sindicalismo en Colombia. Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte. Madrid. Amnistía Internacional, 2007. mayo 1, 2008, A6.
6 El Nuevo Siglo, mayo 1, 2008, 10-A.
7 íd.
8 La República, junio 5, 2008, 3-A.
9 El País, octubre 30, 2011, C3.
10 ENS, mayo 6, 2012.
11 El Nuevo Siglo, dic.14/11, 4C-5C.
12 El Tiempo, diciembre 23, 2011, 1-18.
13 El País, abril 30, 2012.
14 La muestra más importante del nuevo panorama contencioso de la sociedad del país, abierto por el asalto masivo del capital multinacional sobre los recursos naturales colombianos, fue la proclamación de un nuevo movimiento social y político, Marcha Patriótica, hecha el pasado 23 de abril en Bogotá por alrededor de 30.000 manifestantes venidos de los más lejanos rincones de la nación, suceso absolutamente desconocido hasta ahora aquí.
15 Frühling, Michael. “Los organismos internacionales de derechos humanos frente a la situación del sindicalismo en Colombia”. Ponencia al Foro Social Mundial Temático: Democracia, derechos humanos, narcotráfico y guerra. Cartagena de Indias. 17 de junio de 2003).
16 Informe Anual de la CSI, junio de 2010. Consultado en línea. Ryder acaba de ser elegido presidente de la OIT.
17 Frühling, ídem, 2003, 1.
18 Cinep. Informe presentado al Pnud, 2011.
*Periodista, investigador del equipo de Movimientos Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
