Los indicadores sobre el mundo del trabajo confirman, una y otra vez, que en Colombia las políticas estructurales son contrarias a los intereses de quienes dependen de la venta de su fuerza de trabajo para vivir. El patrón de crecimiento concentra los beneficios en los dueños del capital en detrimento de la participación de los trabajadores; la pobreza y la desigualdad terminan aumentando por el efecto combinado de la aplicación de impuestos y del gasto público, los impuestos indirectos pesan más que los directos en la estructura de la tributación. Y en el país sigue arraigada una cultura antisindical que lo convierte en uno de los más peligrosos para los trabajadores que deciden ejercer el derecho a organizarse. ¿Qué espacio guarda en este escenario el trabajo decente?
La economía mundial enfrenta desequilibrios severos que amenazan con erosionar la democracia. Oxfam estima que el 1 por ciento más rico de la población mundial llegó a concentrar en el 2015 más riqueza que el 99 por ciento restante. Tan sólo 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones (1). La crisis económica que inició en los países más ricos en 2008 está trasladándose al mundo en desarrollo, que había servido de amortiguador de la economía global con el dinamismo de países como los Brics, cuya suerte está cambiando (2).
El panorama futuro no es muy alentador. En el 2015 el número de personas desempleadas en el mundo ronda los 197.1 millones, 27 millones más que antes de la crisis. Mientras que los países desarrollados se recuperan tímidamente, la pérdida de empleos se concentra en los países en desarrollo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en estos últimos el desempleo crecerá en 2.4 millones en 2016 y el empleo vulnerable (trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares) en otros 25 millones en los próximos 3 años. El crecimiento de la clase media (que alcanzó el 40% de la población de los países en desarrollo en 2015) se detendrá, así como la reducción de la incidencia de la pobreza entre la clase trabajadora (3).
Las respuestas a la crisis pueden terminar agravando estas tendencias. Después de los estímulos para sobreponerse a la recesión, el ajuste ha sido severo. Las políticas de austeridad prácticamente se han universalizado. Un estudio reciente señala que de una muestra de 189 países, 132 habían implementado, o estaban considerando hacerlo, recortes a subsidios en programas sociales, 130 recortes salariales, 107 contemplaban focalizar el gasto social en una población más reducida, 105 reformar los sistemas pensionales, 89 aplicar reformas laborales, 56 reformar los sistemas de salud, 138 incrementar impuestos indirectos y 55 privatizar empresas públicas como medidas para enfrentar la crisis. El 76 por ciento de los países contemplaba implementar tres o más de estas políticas y el 7 por ciento de ellos siete o más (4).
La austeridad hoy afecta a los países en los que vive el 80 por ciento de la población mundial y se estima que de implementar estas medidas se generarían pérdidas de alrededor del 7 por ciento en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y de 12 millones de empleos en los próximos cinco años (5). La austeridad está convertida en el marco de justificación de medidas que descargan el peso de la crisis en los trabajadores y permiten la entrada del capital privado a sectores a los que no había podido llegar, desmontando regulaciones protectoras y favoreciendo la concentración de la riqueza, con lo cual se agravan los desequilibrios existentes, arrinconando a los sujetos políticos que podrían resistirlos. Tendencia dificil de contener si organizaciones de los trabajadores como los sindicatos son criminalizados o sus derechos restringidos de diversas maneras. Existe una estrecha conexión entre mayores tasas de sindicalización y menores índices de desigualdad: es difícil encontrar una sociedad igualitaria que no tenga sindicatos fuertes (6). Pero con el debilitamiento del poder de los trabajadores se reduce la posibilidad de que fuerzas niveladoras contrarresten los desequilibrios.
La región y Colombia
En América Latina (AL) la Cepal pronostica para 2016 una contracción del 0,6 por ciento del PIB. Durante 2015 la región alcanzó un déficit fiscal del 3 por ciento del PIB y un nivel de deuda pública del 34,7 por ciento frente a este indicador. 11 de los 19 países analizados por la Cepal en su panorama fiscal de la región incrementaron simultáneamente su déficit fiscal y su deuda como proporción del PIB. Para 2014 el balance primario y el déficit de cuenta corriente se deterioraron a niveles no vistos desde 2001, marcando el fin de una época de altos precios de las materias primas y condiciones excepcionales de financiamiento externo (7). La región permanece como la más desigual del mundo y el poder redistributivo de la política fiscal es muy reducido en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). La tendencia al fortalecimiento de la clase media y a la reducción de la pobreza, el desempleo y la desigualdad está interrumpido. En 2015 la tasa de desocupación aumentó al 6,7 por ciento de la población económicamente activa, con un incremento proyectado de la población desempleada del 6,9 por ciento en 2016, lo que significa por lo menos 1,7 millones de personas desempleadas adicionales en la región (8).
Pese a que Colombia ha registrado en estos años un crecimiento económico superior al promedio de AL, la época de bonanza no se aprovechó para superar el rezago en indicadores sociales y laborales que nos sitúan apenas ligeramente por encima de los países más pobres de la región. Mientras que la tasa de desempleo promedio de AL cayó entre 2004 y 2014 de 10,3 al 6 por ciento (una reducción del 41%), en Colombia pasó de 15,4 por ciento a 9,9 (una reducción del 35%). Si bien a partir del año 2012 el empleo asalariado ha crecido a un ritmo mayor que el no asalariado, en contraste con lo ocurrido entre el período 2008-2011, pasando de una fase de crecimiento con trabajo precario a otra en la que la calidad del empleo mejoró, esto no ha sido suficiente para que el país recupere el peso que llegó a tener el empleo asalariado en la estructura total del empleo a comienzos de siglo. Así, mientras que en AL el empleo asalariado pasó de representar el 60,7 por ciento al 65,7 total de la ocupación entre el 2000 y el 2014, en Colombia cayó del 54,2 al 47 por ciento. En materia de calidad del empleo Colombia está entre los países con los peores desempeños en la región.
Una de las características de los mercados laborales de AL, que es particularmente grave en Colombia, es la segmentación, es decir, la existencia de compartimentos o estratos muy diferenciados en el mercado laboral, con niveles de productividad muy distintos, que determinan brechas enormes en las condiciones de trabajo, salarios, negociación colectiva, sindicalización, entre otras dimensiones del concepto de trabajo decente, y que produce una distribución desigual de ingresos, coberturas de protección social y, en general, de realizaciones que las personas pueden obtener en el mundo del trabajo. Es como si existiesen dos mercados laborales separados: uno para los trabajadores con máximo educación secundaria, caracterizados por la informalidad y la precariedad laboral y otro para los más capacitados, que pueden llegar a gozar de algunas garantías laborales. El tránsito del primero al segundo es bastante improbable, por lo que podría hablarse de la existencia en el país de un apartheid laboral en el mundo del trabajo. Algunos indicadores dan cuenta de esta enorme segmentación, por ejemplo, la cobertura a la seguridad social contributiva –la cual depende del acceso a un empleo de calidad– es 26 veces mayor en los hogares pertenecientes al 20 por ciento más rico que la de aquellos que están entre el 20 por ciento más pobre. Colombia está entre los países con brechas más altas en este indicador, solo superado por Paraguay y Honduras (9).
Respecto a los salarios reales, con un crecimiento de 17 por ciento entre 2000 y 2013, Colombia comporta un desempeño medio en comparación con los países de la región, situándose por debajo de Ecuador, en donde los salarios reales han aumentado en 79 por ciento, o de países como Chile, Brasil, Venezuela y Perú. Y en cobertura de los sistemas pensionales, el país ha sido clasificado por la OIT como parte de aquellos que han expandido la cobertura legal de las pensiones u otros mecanismos de protección en la vejez pero sin implementación efectiva, en contraste con la mayoría de los países sudamericanos (con la excepción de Perú y Paraguay), que además de la expansión de la cobertura legal garantizaron su eficaz implementación (ver mapa 1)
Un asunto particularmente crítico es lo que sucede con la distribución del ingreso nacional entre el capital y el trabajo, o la denominada distribución funcional del ingreso, pues la participación de las rentas del trabajo están cayendo de manera sostenida desde 1999. Esto significa que el patrón de crecimiento en Colombia tiende a concentrar los beneficios en los dueños del capital en detrimento de la participación de los trabajadores. El crecimiento económico del país está enfocado en el impulso de la demanda externa, y en el mercado interno a la capacidad adquisitiva de los sectores más pudientes y de la clase media. En cierta forma, el desarrollo económico en Colombia se ha independizado de la suerte de las clases populares. No obstante, en un contexto internacional volátil, en el que crisis económicas cada vez más recurrentes reducen de manera sustancial los flujos de inversión y la demanda de bienes y servicios en el mercado internacional, la importancia de un mercado interno dinámico es fundamental para sostener el crecimiento económico. Y un mercado interno en el que la demanda agregada logre impulsar, sin interrupciones, la actividad económica, requiere la democratización de las oportunidades de empleo decente e ingresos adecuados.
Si bien en el país ha mejorado la progresividad del gasto social, componentes como los subsidios a las pensiones y la política tributaria son tan regresivos que la pobreza y la desigualdad terminan aumentando por el efecto combinado de la aplicación de impuestos y del gasto público (10). Los impuestos indirectos pesan mucho en comparación con los directos en la estructura de la tributación, desaprovechándose el potencial de impuestos como los que gravan la renta personal, el patrimonio y la propiedad inmueble. Esto, sumado a los tratamientos preferenciales e injustificados de los que está plagado el estatuto tributario, y a la pérdida de recursos para el fisco por los flujos internacionales ilícitos como los dineros que los más ricos guardan en paraísos fiscales (de los cuales los Panamá Papers son solo una muestra) o la facturación fraudulenta en el comercio internacional, hacen que la política fiscal sea globalmente regresiva.
Finalmente, en relación con los derechos laborales colectivos, Colombia continúa como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad sindical. El año pasado la Confederación Sindical Internacional publicó su Índice Global Anual de los Derechos (Ituc, por sus siglas en inglés), que clasifica a los países en cinco categorías que van desde aquellos que no garantizan efectivamente los derechos laborales debido al colapso del Estado de derecho, hasta aquellos que tienen violaciones poco frecuentes de estos derechos. El índice permite identificar cuáles son los mejores y los peores países en los que los trabajadores y trabajadoras pueden vivir, tal y como lo muestra el mapa. Colombia es el único país de Sudamérica clasificado entre aquellos que no garantizan estos derechos y es uno de los 10 peores en los que los trabajadores pueden vivir de acuerdo con el índice (ver mapa 2).
¿Cuál ha sido la receta pensada en Colombia para enfrentar el impacto derivado de la caida de los precios del petróleo y sus efectos para al mundo del trabajo? En general, una receta no muy colombiana pues sigue al pie de la letra las recomendaciones del informe de la Ocde, un club al que el presidente Santos está obsesionado con que el país entre, obsesión que equipara en importancia a la firma de los acuerdos de paz, muy en la idea de la paz como negocio expresada por el director de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry. Bajo este enfoque, las garantías laborales parecen considerarse más un mecanismo de ajuste que un instrumento adecuado para escapar a una crisis más profunda.
Si bien la Ocde reconoce la necesidad de crear más puestos de trabajo en el sector formal, mediante la formación y dotación de mejores habilidades y competencias, su foco se concentra en el cambio de las políticas laborales (11). La Ocde plantea dos estrategias para dotar a los mercados laborales de mayor eficiencia e inclusividad: 1) mantener el incremento del salario mínimo cercano a la inflación, diferenciándolo a mediano plazo por edades; y 2) adoptar medidas adicionales para reducir aún más los costos laborales no relacionados con los salarios y, en particular, eliminar la contribución del 4 por ciento sobre la nómina que financia el sistema de Cajas de Compensación. El informe también manifiesta su preocupación por iniciativas que cursan en el Congreso como la remuneración de las horas extras, que plantea pasar de un turno nocturno de 8 horas a uno de 12, con un incremento salarial del 35 por ciento, pues, si bien acercaría las condiciones laborales del país a los parámetros de esta organización internacional, “es importante dotar a los empleadores de flexibilidad suficiente para ajustar el horario de trabajo a las necesidades de la producción”.
Pero nada dice la Ocde de la heterogeneidad estructural que caracteriza al sector productivo en Colombia, signada por una inocultable segmentación laboral, frente a la cual no se adoptan políticas industriales que permitan combatirla (12). Nada dice tampoco de la composición sectorial del crecimiento y sus efectos sobre el empleo (13), ni de la falta de coordinación entre las políticas macroeconómicas en función del aumento de la ocupación (14) o de las restricciones de demanda agregada que impiden el crecimiento del empleo (15). En nada alude el informe a los posibles impactos de la expansión del déficit en la balanza comercial sobre la ocupación, el cual además puede tener en un futuro próximo problemas de financiación ante una eventual caída de la inversión extranjera y el cambio en la orientación de la política monetaria en Estados Unidos (16).
Nada menciona, tampoco, sobre la baja densidad empresarial del país, o las barreras para crear empresas en el sector formal, que le ha colocado un techo a la capacidad de generación de trabajo asalariado (17). Nada dice de la concentración de la generación de empleo formal en ciertos mercados laborales locales (18), particularmente en Bogotá, ni del problema de calidad del empleo en el sector rural y sus determinantes (19). Nada dice de la incapacidad de contener el aumento de la participación laboral mediante medidas de política social que aseguren la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo (20). Y nada menciona, por supuesto, de los múltiples estudios que han concluido que los resultados de las reformas laborales inspiradas en el mismo diagnóstico de la Ocde no han tenido el resultado esperado y por el contrario termina atribuyendo, sin mayor análisis, el aumento en el crecimiento del empleo formal desde el 2012 –un fenómeno que ha sido común a toda América Latina– a la reducción de impuestos a la nómina efectuada por la reforma tributaria aprobada ese año (21).
Ninguno de estos problemas, ni otros varios más, pueden ser soslayados en la explicación del pobre desempeño laboral en Colombia, con el objetivo de justificar medidas que, además de ser dudosas en su eficacia, pueden ser inconstitucionales e incompatibles con estándares de derechos humanos, por tratarse de medidas regresivas en la protección de garantías laborales ya conquistadas, salvo que pudieran sobrevivir a un examen estricto sobre su proporcionalidad que incluye la carga de probar que son necesarias y que no existen medidas alternativas menos lesivas por la afectación de los derechos que pueden verse menguados con ocasión de su implementación (22). Sin embargo, esto está lejos de ser el caso, pues la imaginación para enfrentar el desempleo, la informalidad y la desprotección en la vejez no se ha agotado, y son muchas las alternativas de políticas que, sin retroceder en el grado de protección de los derechos de los trabajadores y las personas que aspiran a pensionarse, pueden implementarse para afrontar estos problemas. La garantía del trabajo decente, como ha insistido la OIT, puede ser, por sus efectos multiplicadores, el camino más efectivo para enfrentar contextos económicos adversos.
Todas estas realidades adversas para quienes viven de su fuerza de trabajo son motivos suficientes para reivindicar, en la calle y en el debate, un camino distinto al que defienden quienes pretenden hacer caer el peso de la crisis en los trabajadores y trabajadoras, apelando a la simpleza analítica de los dogmas ortodoxos de siempre.
1 Oxfam, “Una economía al servicio del 1%. Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema”, 2016. Disponible en: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-es_0.pdf
2 Banco Mundial, “Global Economic Prospects”, january 2016. Disponible en: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2016a/Global-Economic-Prospects-January-2016-Global-Outlook.pdf
3 OIT, “World Employment Social Outlook”. The changing nature of jobs, OIT, Ginebra, 2015.
4 Ortiz, I y otros, “The decade of adjustment: a review of austerity trends 2010-2020 in 187 countries”, Extension of Social Security Working Paper Nº 53, The South Centre. Initiative for Policy Dialogue (IPD). Columbia University, International Labour Office, 2015.
5 Ibídem.
6 Chaparro, Sergio, “Poder sindical, desigualdad y dignidad humana”. Open Global Rights Dejusticia Blog, 2016.
7 Cepal, “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. Las finanzas públicas ante el desafío de conciliar austeridad con crecimiento e igualdad”, Santiago de Chile, 2016.
8 OIT, “Panorama Laboral 2015”, OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, 2015. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_435169.pdf
9 Cepal, “Eslabones de la desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y protección social”, CEPAL, Santiago de Chile, 2012. Disponible en: http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/12118.pdf
10 Lustig, Nora y otros, “Inequality and Fiscal Redistribution in Middle Income Countries: Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, México, Perú and South Africa”, Commitment to Equity Project, 2015.
11 Estas ideas son retomadas de un texto en las que se desarrollan más ampliamente: Chaparro, S. La Ocde y el reduccionismo de la política laboral y pensional. Imaginar alternativas desde el trabajo decente y los derechos. Fundación Friedrich Ebert Stiftung – Fescol, Bogotá, 2015.
12 Mientras que en América Latina la participación en la economía de sectores difusores de conocimiento en la industria se incrementó del 20 al 30% entre 1970 y 2000, en Colombia la participación de estos sectores cayó del 15% al 13% en este período. Véase Cimoli, M. Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en América Latina. Comisión Economíca para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2005. Recuperado el 31 de Mayo de 2015, de repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2799/S2005051_es.pdf?sequence=1.Véase también Infante, R. (2011). América Latina en el “umbral del desarrollo”. Un ejercicio de convergencia productiva. CEPAL. Recuperado el 30 de mayo de 2015, de http://archivo.cepal.org/pdfs/ebooks/Infanteumbraldesarrollo.pdf
13 Según Fedesarrollo y Acrip: “Al analizar las tasas de crecimiento promedio de ocupación por sector económico [entre 2002-2012] se observa que el empleo creció más, paradójicamente, en los sectores menos intensivos en mano de obra, lo cual ayuda a entender por qué la disminución del desempleo en la última década, si bien fue importante, no ha sido mayor. En efecto, de los cuatro sectores que más empleos ocupan en la economía-comercio, servicios, agrícola e industria- ninguno presentó una tasa promedio superior al 3,5% anual durante la última década. De hecho, el ritmo de crecimiento anual de esos sectores fue de 1,9%, lejos del crecimiento de los demás sectores que crecieron en promedio 5,5% anual”. El estudio concluye que: “Haciendo un análisis sobre la existencia de síntomas de enfermedad holandesa en el mercado laboral, se encuentra que hasta 2011 no había evidencia que sustentara esta hipótesis, pero los desarrollos más recientes, para 2012, sugieren la aparición de síntomas preocupantes con la pérdida de empleo en los sectores agrícola e industrial”. Fedesarrollo y ACRIP. Composición sectorial del empleo en Colombia. Informe mensual del mercado laboral, Bogotá, 2013. Recuperado el 31 de mayo de 2015, de http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/571/1/IML_Febrero_2013.pd
14 Ffrench-Davis, R. (2011). Macroeconomía para el empleo decente en América Latina y el Caribe. Ginebra: OIT. Recuperado el 31 de Mayo de 2015, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/documents/publication/wcms_156123.pdf
15 Moreno Rivas, A., Mora Cortés, A., & Velásquez, I. D. “Una propuesta de buffer de empleo para reducir la tasa de desempleo en Colombia”. En L. J. Garay, Á. Moreno Rivas, A. F. Mora Cortés, & I. D. Velásquez Garzón, El derecho al trabajo y la política de buffer de empleo, Planeta Paz, Bogotá, pp. 51-108, 2011. Recuperado el 31 de mayo de 2015, de http://www.hss.de/fileadmin/americalatina/Colombia/downloads/dialogo_pendiente_III.pdf
16 Montengro, S. “Panorama preocupante”. El Espectador, 17 de mayo de 2015. Recuperado el 1 de junio de 2015, de http://www.elespectador.com/opinion/panorama-preocupante. Según la revista The Economist, Colombia aparece con una proyección del 6,4% del PIB de déficit de cuenta corriente para 2015, la más alta entre los 42 países para los que se realiza el ejercicio.
17 Hamann, F., & Mejía, L.-F. Formalizando la informalidad empresarial en Colombia, Banco de la República, Bogotá, 2011. Recuperado el 1 de junio de 2015, de http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra676.pdf
18 Díaz muestra que la tasa de empleo es, en promedio, más alta en los municipios con una mano de obra más calificada que en aquellos municipios con una mano de obra poco calificada: un aumento del 10% en la tasa de cobertura escolar incrementa la tasa de ocupación entre 1.7 y 2.2 puntos porcentuales. Díaz, A. M. (2013). Las ventajas laborales de la aglomeración del capital humano en los municipios colombianos. Banco de la República. Recuperado el 1 de junio de 2015, de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/espe_art7_70.pdf?__utma=1.736323173.1433349551.1433349551.1433349551.1&__utmb=1.2.10.1433349551&__utmc=1&__utmx=-
19 Leibovich, J., Ospena, N., & Velos, R. Caracterización del mercado laboral rural en Colombia, Banco de la República, Bogotá, 2006.
20 González, N., Daza, N., & Garavito, N. Determinantes y perfiles de la participación laboral en Colombia. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2014.
21 “Estudios económicos de la Ocde. Colombia: visión general”, Ocde, 2015. Disponible en: http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf
22 Al respecto ver Uprimny, Rodrigo y Guarnizo, Diana. “¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de regresividad? Un enfoque desde la jurisprudencia colombiana”. En Direitos Fundamentais. Justica Nº 3. Abr/Jun. 2008
* Economista y Magíster en Derecho de la Universidad Nacional e investigador de Dejusticia (www.dejusticia.org)
