Desde mucho antes del pasado 23 de marzo de 2016, es más, desde el apretón mismo de manos entre Juan Manuel Santos y Timochenko, que tuvo lugar en La Habana el 23 de septiembre de 2015, ambos sabían que no cumplirían. No podían mantener la fecha con anuncio al país para la firma de un acuerdo final de paz.
De alguna manera, al establecer tal plazo de una paz rápida, no sinuosa, sabida pretensión oficial desde sus primeros contactos, ambos jefes, el del Gobierno y el de la insurgencia en negociación, cañaban al país con su promesa. Cada uno tenía que aparentar más convencimiento y estar más dispuesto a la paz que su contrario. Quien dijera la verdad y expresara que la paz no era posible en los seis meses siguientes posaría ante la opinión pública como enemigo del proceso en marcha. Apariencia, acomodo, diplomacia. No es casual que así la califiquen, en tanto que ejercicio de gobierno y de poder han quedado marcados como el arte de las apariencias. Y en esta ocasión no hubo excepciones. Apretón de manos, actuando para la audiencia.
Así procedieron, como también lo han hecho las dos partes en repetidas ocasiones, tal vez en todas y cada una de las 66 declaraciones conjuntas entregadas al país a lo largo de los tres años y medio que transcurren de negociación. Pasan sin advertir las razones de fondo, que rozan los límites de preservar el actual estado de cosas: político, social, de injusticia y régimen, y de la culpabilidad histórica en el origen del conflicto.
En alerta de las dificultades inmediatas que afronta un acuerdo de paz, y a los ojos de cualquier espectador, el 23 de marzo –cuando supuestamente la Mesa de La Habana debía anunciar la firma de un acuerdo final de paz– las delegaciones ni siquiera encontraron un punto común de explicación al país, un mensaje, acerca de los motivos que impidieron concretar el final tantas veces propagandeado.
Así y todo, cabe decir, las declaraciones separadas del 23 de marzo que entregó cada una de las partes, establece un avance. Cada una explicita partes de los puntos aún por negociar, faltantes que son verdaderos diques en el camino para que el país avance hacia una nueva etapa en su historia reciente. De lo dicho por cada una de las delegaciones resulta que están atascados ante los siguientes muros:
Amnistía. Cese de fuegos y de hostilidades. Dejación de armas, bajo distintos intereses. Participación popular, no sólo de refrendación. Seguridad jurídica. Cumplimiento efectivo de todos los acuerdos. Margen de tiempo para la negociación.
Al propósito de este último inciso, la declaración de la delegación gubernamental expresa: “[…] esto exige decisiones prontas” y “[…] no estarán las partes indefinidamente en La Habana”. Además, enfatiza en “[…] garantía de ruptura de los vínculos de las Farc con todas las actividades ilegales” y, de una vez y para siempre, “[…] del vínculo entre política y armas” (1).
Vale la pena repasar las exigencias que el Gobierno le plantea a las Farc. Demanda que ciertamente rompan toda relación con la explotación ilegal de oro y otros minerales, así como dejar a un lado el cobro de gramaje de coca. Igualmente, abandonar toda relación con el comercio de coca pero también dejar la práctica de cobrar todo tipo de ‘impuestos’ en los territorios donde hace presencia y ejerce control. Y como garantía de su desenvolvimiento ‘civil’ venidero, asumir la legalización o lavado de todo el dinero que tenga bajo su control. Es decir, se le pide desencaletar todo el billete acumulado y centralizado en el curso de estos años. Con pacto de discreción, negociaciones de diverso orden pueden estar ocurriendo para hacer esto efectivo, de lo cual saldrían beneficiados los intermediarios de todo orden.
La declaración gubernamental, además, como si fuera hasta ahora un primer documento, hace constar su intención de firmar un acuerdo “[…] en condiciones de seguridad para todos. Sobre todo para los habitantes del campo colombiano y también para las Farc […]”. Así de escabroso está el camino.
Y así está la travesía que todavía falta por recorrer, para que en efecto quede sellado el acuerdo entre las partes reunidas en La Habana, acuerdo que tendrá el desafío de probar su capacidad de inclusión nacional plena, territorial y de compuertas, con la totalidad de los factores violentos, en diversos ángulos.
A los aspectos resaltados por las partes, falta agregarles todos los ítems no acordados, pendientes, en cada una de las agendas firmadas hasta ahora, incisos que, ante los aprietos de opinión, fueron dejados a un lado. Quedaron a la vera para seguir debatiéndolos, de manera tal que no entorpecieran un lenguaje de optimismo y presentación ante el país, como avances ciertos. En suma, dentro del blanco a la vista, subyacen otros oscuros. Así, el imprescindible punto del desmonte de las estructuras paramilitares. Es de suponer también que el de la liberación de los presos de las Farc en cárceles de los Estados Unidos, con toda seguridad expuesta días atrás a John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, aprovechando la reunión sostenida. Y, por supuesto, el incierto mecanismo de consenso para ratificar los acuerdos, que en la actual composición del poder y la opinión no puede tener esguinces leguleyos, con la simple lectura sin asimilación de un artículo constitucional. Duele decirlo.
De modo que, con las declaraciones entregadas en esta ocasión, las partes avanzan en franqueza ante el país. En algo, cuando la oficial confirma que “[…] subsisten diferencias importantes […]”, pese a lo cual, y de manera contradictoria, insiste en “[…] decisiones prontas”. Las Farc, en su declaración del 23 de marzo, recordaron la importancia de una Hoja de Ruta […] y ampliaron: “Al respecto, se está trazando un itinerario que contempla propósitos, requisitos y tiempos dentro del término del año 2016, para la finalización de la guerra […] (2).
Para dilucidar algunas de las contradicciones que perduran en esta negociación, y poder valorar los escollos que atraviesa la negociación habanera, adentrémonos de manera parcial en sus particularidades:
–Dejación de armas. Enfatiza la delegación gubernamental que se deben precisar plazos fijos, “sin zonas grises”: “Una dejación que se hará ante el componente internacional en forma totalmente transparente” […]. “Esta dejación es condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil” (cursivas del autor). Al cierre de esta edición, el lunes 28 de marzo, en alocución ante el país, el Presidente fue enfático: “El Gobierno exige que las Farc tienen que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad, para poder hacer política y circular por el territorio nacional”.
Por su parte, las Farc proponen que sus armas las entregará en la medida en que los acuerdos vayan entrando en rigor.
Conservándolas, además y ante todo, como garantía de protección y defensa. Diez años es el plazo máximo para su total entrega. De acuerdo a la demanda de la vocería gubernamental, sin la entrega inmediata de las armas por parte de la insurgencia no sería posible proseguir con la negociación y darle cierre a la misma: ¡una contradicción de marca mayor!
En contra de esta posición, en la alocución mencionada, Juan Manuel Santos insistió: “El Gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta” […] El Gobierno no puede permitir que ningún colombiano –en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas– quede desprotegido, como ocurrió en el Caguán”. Las desconfianzas son evidentes. Asimismo, las contradicciones, con dimensión no despreciable.
–Cese de fuegos. “Verificable por el mecanismo tripartito encabezado por NU”. Ante esta pretensión, no está demás interrogar: ¿Es posible garantizarlo cuando en muchos de los territorios en disputa subsisten factores armados –por ausencias o prepotencias– como el Eln y los paramilitares? ¿Qué dicen al respecto las NU? ¿Obligará esta realidad a la pronta apertura de negociaciones con el Eln, a fin de llegar a un acuerdo en “fecha límite”, que desbroce una firma total de paz en Colombia?
Es importante recordar que, militarmente, las partes viven una paz armada desde el propio momento en que las Farc declararon un cese unilateral de fuegos. Ahora, con su propuesta de dejación de armas de manera escalonada, paulatina y en la medida en que se verifique la concreción de los acuerdos firmados, esta organización proyecta una paz armada, prolongada, por lo menos durante una década. En paralelo, la concreción de esta modalidad del cese de fuegos en su primer escalón de “separación de tropas”, y la implementación de buena parte de los acuerdos a los cuales se llegue, obliga en forma exigente a la concentración de combatientes.
Sobre este particular hay distintas versiones, algunas de las cuales aseguran que la insurgencia propone 50 puntos diferentes del territorio (3). Otras, que demanda 80 sitios, mientras el Gobierno propone 10. Naciones Unidas ofrece acompañamiento en máximo 14 zonas, con demanda de trasladar al país cerca de 5.000 funcionarios. La garantía de seguridad sobre estos territorios también es objeto de diferencias. El Estado deposita tal responsabilidad sobre las Fuerzas Armadas, asunto que para la insurgencia no brinda total confianza. La presencia de la ONU reforzaría la propuesta gubernamental.
De acuerdo con el Gobierno, aclarados estos aspectos, y garantizados los “valores de la sociedad colombiana” que argumenta resguardar, tendremos una paz grande y buena. ¿Pensarán lo mismo las mayorías nacionales, que hasta ahora no se han sentido invitadas a este proceso de negociación? ¿Qué entenderán por una paz grande y buena estas mayorías? He ahí un verdadero dilema necesario de aclarar. En efecto, la negociación de paz en curso alcanzará al país como un todo. ¿Cerrará las válvulas que impidan tomar curso a nuevos conflictos armados?
De persistir por largo tiempo las diferencias acá relacionadas, según enuncia Humberto de La Calle de que “no estarán las partes indefinidamente en La Habana”, y más allá del dominio de la diplomacia, que hasta ahora marca esta negociación, ¿alguna de las partes tendrá capacidad para abandonar la Mesa? ¿Alguna estará dispuesta a correr con el costo político de tal determinación? Cualquiera que sea la respuesta a estos interrogantes, no se debe olvidar que, en perspectiva del nuevo ciclo electoral 2018, y ante una prolongación del tiempo para negociar de manera satisfactoria para las partes todos los puntos aquí relacionados, el tiempo, la imagen y la situación corren en contra del gobierno que encabeza Juan Manuel Santos.
* Expresión contenida dentro de la “Declaración Jefe de la Delegación del Gobierno, Humberto de la Calle”, marzo 23 de 2016, www.presidencia.gov.co.
1 Ibídid.
2 “Nuestra esperanza de paz se acrecienta”, http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-farc-ep
3 El Colombiano, 15 de marzo de 2016, pp. 4-5.
