Colombia. Vivienda en la ciudad del siglo XX

Colombia. Vivienda en la ciudad del siglo XX

El Presidente dice que maneja una locomotora, ¿a qué velocidad y por cuál carrilera? El déficit de vivienda en los hogares colombianos en el año 2005 equivalia al 36,2 por ciento del total de los hogares, de los cuales el 27,0 por ciento están en las cabeceras urbanas y el 68,2 por ciento en las áreas rurales. Los anuncios oficiales que presentan como políticas sociales en materia de vivienda y hábitat, son parte del problema y no de la solución, con tintes aún más graves. Los procesos sobre la vivienda social están en asocio con intereses de los agentes privados financieros e inmobiliarios que condicionan una acción pública que no ataja los déficits.

 

Con la locomotora de la construcción, el gobierno Santos pasó de edificar 29.667 unidades habitacionales de todos los tipos en junio de 2000 a 200.816 en junio de 2012 (departamento económico Camacol, 2013). Así mismo, el cambio en la preeminencia de la construcción vertical (multifamiliar) al pasar del 59 por ciento en 2000 a 79 por ciento en 2011. Una dinámica cuando las ciudades latinoamericanas crecen de manera acelerada en las últimas décadas, con márgenes de aglomeración que van de la mano con un desarrollo no equitativo. Un desarrollo en medio de un contexto global asociado al desarrollo del capitalismo en grado máximo en la ciudad: la ciudad neoliberal.

 

Así, la promoción inmobiliaria con privilegio de la vivienda suntuaria en detrimento de la vivienda social, es una de las apuestas del neoliberalismo. Sin embargo, en los ciclos bajos de la curva del mercado inmobiliario, la vivienda social es el producto que permite al sector recomponer sus acumulados y compensar sus pérdidas.

 

Para vivienda, durante el año 2012, hubo 50.635 auxilios por un valor de $562.787 millones. Sin embargo, fueron devueltos en su mayoría, por la ausencia de oferta de Vivienda de Interés Prioritario -VIP-, tal fue el caso de Bogotá donde el 79 por ciento de las familias renunciaron al subsidio. La oferta de VIP resulta insuficiente, y al respecto Asocajas prevé la construcción de 23.718 para el 2013 y 18.817 para 2014. Aunque el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se propuso construir 70.000 viviendas entre 2012-2015, en Bogotá la cifra solo a diciembre de 2012 solo llegó a 3.363 VIP según la Secretaria Distrital de Hábitat (SDHT).

 

Cifras y pormenores de la problemática

 

Para observar el problema de la vivienda en Colombia, veamos algunas cifras asociadas a las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). Para 2013, existen 45.000 hectáreas de suelo disponible para urbanizar en el país, de las cuales el 78 por ciento corresponde con suelo de expansión en todas las regiones como evidencian los Planes de Ordenamiento Territorial.

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” (Ley 1450 de 2011), pretende aplicar “…políticas para aumentar la competitividad de la economía y la productividad de las empresas, en especial en aquellos sectores con alto potencial de impulsar el crecimiento económico del país en los próximos años”. En este sentido, definió las llamadas locomotoras de crecimiento (cinco) a través de las cuales tiene como propósito: i) incrementar el crecimiento económico en 1,7 puntos porcentuales por año; ii) reducir la pobreza en cerca de 1,2 por ciento y la pobreza extrema en 1 por ciento en los cuatro años, y iii) disminuir la tasa de desempleo en 26 puntos básicos por año. En el caso de la política de vivienda para el cuatrienio 2010-2014, define como meta la iniciación de un millón de viviendas, de las cuales 650.000 corresponden a Vivienda de Interés Social (VIS) (Ver Tabla 1).

 

Según indica el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la fecha, del millón propuesto, están en construcción un número cercano a la mitad: 458.832. De estas, 233.180 son tipo VIS, con 60.230 beneficiarios de Subsidio Familiar de Vivienda -SFV- a través de Fonvivienda, y 74.616 con recursos provenientes de las Cajas de Compensación Familiar. Para garantizar la meta propuesta, el gobierno de Santos tiene en marcha varios mecanismos, entre los que destacan:

 

Subsidio a la tasa de interés. Este instrumento busca incrementar la capacidad crediticia del hogar beneficiario, y parcialmente de aquellos hogares que han recibido un SFV por parte de alguna de las entidades del sector financiero mediante una cobertura condicionada a la tasa de interés disminuyendo la cuota por millón del crédito hipotecario. Este “subsidio a la tasa de interés” ha reducido en promedio el interés del crédito hipotecario al pasar del 18 por ciento en 2008 al 12,5 por ciento en 2013. Además de esta reducción, está la reducción de la tasa de interés por los 8 años restantes en condiciones similares que aplican directamente algunos Bancos. El costo a 2013 del crédito para compra de vivienda, oscila entre el 13,9 por ciento (BBVA) y el 5 por ciento (FNA). Las Tablas 2 y 3 indican las cifras correspondientes a las tres generaciones de subsidios a la tasa de interés hasta ahora aplicadas.

 

Macroproyectos de Interés Social Nacional –MISN– Esta iniciativa que viene desde el gobierno de Uribe, ahora tiene un reencauche con la llamada “Ley de suelo urbanizable”, pretende desarrollar proyectos masivos de VIS y VIP en todo el país. Conllevan decisiones de ordenamiento desde el orden nacional que pasan, en la mayoría de los casos, por encima de los municipios. La ley define tres tipos de macroproyectos que se indican en la Tabla 4.

 

A febrero de 2013 estaban en ejecución 12 MISN de los 27 propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y, a esta misma fecha, tuvieron su comienzo 19.242 viviendas de las 99.926 que se espera construir por esta vía.

 

Subsidios para VIS y VIP. Se han asignado 50.635 auxilios de subsidio por valor de $562.787 millones. En el caso de Bogotá, el 79 por ciento de las familias renunciaron por la falta de oferta de Vivienda de Interés Prioritario –VIP–, pero también, por la imposibilidad de efectuar el cierre financiero para la adquisición de la vivienda, por la pérdida de empleo, y la imposibilidad de pagar los altos precios de la vivienda, o el incumplimiento de los promotores inmobiliarios y las constructoras.

 

Dadas las cifras sobre oferta VIP que anotamos en el primer párrafo, cada vez más, el Gobierno Nacional focaliza la asignación de los recursos de subsidios a través de las llamadas bolsas de beneficiarios en las distintas modalidades (Adquisición de Vivienda Nueva, Adquisición de Vivienda Usada, Construcción en Sitio Propio, Mejoramiento de Vivienda y arrendamiento). En el área urbana las bolsas son: Concurso de Esfuerzo Territorial Departamental, Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional, Bolsa para postulaciones de Ahorro Programado Contractual con Evaluación Crediticia Favorable, Bolsa de Subsidio Familiar de Vivienda para situaciones de Desastre Natural o Calamidad Pública, Bolsa de Subsidio Familiar de Vivienda por Atentados Terroristas, Bolsa de Recuperadores de Residuos Reciclables, Bolsa para Concejales, Bolsa para Población Desplazada. A nivel rural las bolsas son: Vivienda para damnificados por la ola invernal y Vivienda para la población en condición de desplazamiento forzado, vivienda para población asociada a cadenas productivas.

 

Las 100.000 viviendas gratuitas (Ley 1537 del 20 de junio de 2012). Esta política tiene una cobertura en 245 municipios sin cubrir las necesidades acumuladas de vivienda en estos. Además, la vivienda gratuita no garantiza las condiciones económicas de sostenibilidad de las familias beneficiarias, y con el paso del tiempo y del apremio económico puede generar la pérdida de la vivienda por el impago de servicios y otras tasas o el deterioro de la misma y la pérdida de las condiciones de habitabilidad.

 

Las 100.000 viviendas subsidiadas no gratuitas para las familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos mediante un plan de la política nacional (2013) que otorga como parte del estado $14,7 millones, y por cada hogar en beneficio, un aporte del 5 por ciento del valor de la vivienda, con un crédito hipotecario que es respaldado con 5 puntos del subsidio a la tasa.Esta política está por cumplir y para ella se han destinado 1,6 billones.

 

A todas estas, sin abordar la pobreza urbana de forma integral (168 millones en América latina); las intervenciones no pueden seguir con aplicaciones sectoriales. Los problemas de desigualdad de ingresos e inequidad, típicos de la pobreza urbana, están directamente relacionados con la falta de poder y con la vulnerabilidad individual y colectiva.

 

Políticas de vivienda social y de legalización de barrios

 

Son políticas constituidas en el marco de la aglomeración urbana en las ciudades latinoamericanas, que obra como uno de los mecanismos idóneos para la reproducción del capital y las condiciones generales de la producción. Tienen un impacto negativo, ya que fomentan una provisión insuficiente de viviendas no adecuadas y que, con ello, compromete la realización el derecho a la vivienda y, por tanto, del derecho a la ciudad de la población de bajos ingresos.

 

Entre muchos, los problemas de la vivienda y de la urbanización tienen que ver con asuntos como la pobreza, las distintas formas de exclusión social y sus consecuencias, el desplazamiento, la migración, el reasentamiento e inserción en la vida urbana, la transformación del espacio urbano informal y formal de la ciudad. Todo esto, junto a los impactos producidos sobre los hábitats de la población de menores ingresos, la economía y la actividad inmobiliaria en la ciudad informal, las políticas públicas de regularización y mejoramiento, y la transformación de los agentes urbanos y de los movimientos sociales, a la par que, las formas de participación comunitaria y la acción inter-institucional.

 

Es evidente el interés gubernamental, en un contexto neoliberal, por los barrios de origen informal y por los procesos y prácticas de la informalidad. Como un recurso para la ampliación del alcance del mercado formal, mediante el despojo y la apropiación, reconocen en su construcción el trabajo y las inversiones de capital efectuadas por parte de los pobladores urbanos. Las posibilidades abiertas por la reapropiación (selectiva) desde lo formal de los procesos y prácticas de la informalidad residencial y urbana (una innovación histórica) están limitadas por el propio sistema, no los puede reconocer el mercado. Crecen en franca contradicción con sus intereses básicos.

 

Históricamente la vivienda ha sido una necesidad de todos los seres humanos, resuelta en algunos casos de manera individual o colectiva, con respuestas diferenciadas en cada momento y por cada cultura. Ante toda la situación de necesidades y de proveer satisfactores a los habitantes urbanos, los gobiernos locales, tienen la cercanía más inmediata para el diseño y ejecución de políticas públicas para el adecuado suministro de bienes urbanos, servicios públicos esenciales e infraestructura.

 

* Arquitecto y Magíster en urbanismo. Doctor en arquitectura y ciudad, y candidato a Doctor en urbanismo. Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Arquitectura y Urbanismo. catorrest@unal.edu.co

 

 


 

 

Otras características de la ciudad latinoamericana del siglo XXI

 

El hábitat de muchas ciudades latinoamericanas de comienzos del milenio tienen rasgos comunes derivados del contexto de globalización económica, de la mundialización de la cultura, de la transformación en los roles, protagonismos y relaciones entre el Estado, las fuerzas del mercado y las organizaciones sociales y comunitarias y, finalmente, de los lineamientos internacionales establecidos para el desarrollo urbano. Dicho hábitat está marcado por condiciones referidas a la inestabilidad derivada del desplazamiento permanente de población producido por las tendencias demográficas, sociales y espaciales con origen en los conflictos internos como en el caso colombiano, el conflicto social y armado, a las particularidades de nuestros conflictos territoriales intra-urbanos y al agravamiento de la crisis social.

 

En la ciudad latinoamericana del siglo XXI, la vivienda vislumbra su solución en la producción formal de vivienda, asociada a las prácticas del mercado, vinculada a la gestión privada del suelo, y a la promoción inmobiliaria, la construcción y la financiación hipotecaria, por una parte, y de otra, una vivienda de origen informal, con su desarrollo en suelos no siempre aptos para urbanizar. Informal, con procesos de autoproducción desiguales y con tiempos extremadamente largos para su consolidación. Sin embargo, ambos modos de producir la vivienda y la ciudad coexisten en un solo espacio: la ciudad del mercado, la ciudad del siglo XXI.

 

El reto de nuestra ciudad en este siglo radica en la construcción colectiva de las políticas públicas para la ciudad, así como para el hábitat y la vivienda. Políticas que junto con unos adecuados instrumentos de gestión y regulación urbana superen el papel y tengan su materialización en la realidad, tanto en su configuración como en su aplicación, a partir de un enfoque de derechos del conjunto de sus ciudadanos que los considere como iguales y garantice la responsabilidad de lo público como un bien común colectivo y no de intereses particulares.

 

Bajo el abrigo ideológico del neoliberalismo, los diferentes gobiernos de las ciudades latinoamericanas han transformado su papel y responsabilidad en la organización del territorio urbano, transfiriendo las responsabilidades de los agentes públicos a la actuación de agentes privados. Se ha fomentado y estimulado la privatización de la gestión, de la dotación de servicios públicos domiciliarios y de los medios de consumo colectivo, cuya demanda crece a medida que se expresa con mayor fuerza la inequidad en la distribución de la riqueza y la segregación social.

 

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La tendencia generalizada a priorizar las políticas cuantitativas sobre las cualitativas frente a los déficits acumulados; la aplicación de modelos que no se adecuan a las características ambientales, culturales y de contexto; la falta de esquemas de participación ciudadana para la toma de decisiones sobre la ciudad y el hábitat; la ausencia de proyectos de ciudades que sean equitativas e incluyentes; entre otros. Esto en gran medida es consecuencia de una falta de vinculación entre la construcción colectiva de un modelo de ciudad y el derecho a la ciudad, que se reflejan en las prácticas caóticas de la planificación urbana y la planificación sectorial de la vivienda.

 

Asímismo, las ciudades, entendidas como motores del crecimiento y desarrollo de los países, son sistemas que requieren de un adecuado marco de políticas nacionales y locales, y de calidad en la gestión, para funcionar en forma coordinada y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de mejorar su calidad de vida.

 

La historia ha demostrado que, cuando esto ha sido posible, ha estado asociado a contextos y formaciones económico-sociales diferentes de la Latinoamérica actual.

 

 


 

Una “burbuja inmobiliaria” estaría en ciernes

 

Después de dos décadas, en América latina sus ciudades se han constituido en un escenario para la puesta en escena de las prácticas de las políticas neoliberales en el espacio urbano y residencial. Los efectos estructurales de estas políticas en materia de suelo y vivienda para la población de más bajos ingresos han generado o reforzado dos fenómenos: la especulación sobre el suelo disponible y una promoción inmobiliaria insatisfactoria que no observa la promoción de vivienda social adecuada. En el primer caso, la elevación de los costos de localización en la ciudad se asocian al empleo artificioso de la “escasez del suelo” como argumento para aumentar los costos del mismo y generar nuevo suelo con base en la reconversión de suelo existente, bien localizado y dotado, entre ellos las áreas dispuestas por la legalización de barrios, y todo ello sin disponer suelo urbanizable a un precio adecuado para la vivienda social.

 

La vivienda –en un mundo regido por el capitalismo– tiene su base en la concentración del suelo urbanizable, la promoción inmobiliaria especulativa, una industria de la construcción al servicio de los intereses del capital, y el desarrollo del sistema financiero que acumula cada día más ganancias a partir de transferir todos los costos de su operación a los usuarios finales de la vivienda. La vivienda es entendida desde el Estado no como un medio satisfactor de necesidades de las sociedades, sino, como una mercancía, posible de acceder por vía del mercado, según la capacidad de pago de cada individuo.

 

Con el aumento del metro cuadrado de construcción en tres veces más que el IPC, Colombia está próxima a una nueva burbuja inmobiliaria (Ver Eduardo Sarmiento (marzo 2012) e Informe del Banco de la Republica (abril 2013)). Los síntomas aparecen en la VIS y VIP con el reflejo de la disminución de los metros cuadrados ofrecidos. Al no poder aumentar el precio por el tope de ley, viene el efecto de reducción de la espacialidad de la vivienda, en tanto, las construcciones con un costo mayor de 135 smmlv tienen la utilidad de un precio que sube y esta disparado. Un precio comercial al cual contribuyen los blanqueos de capitales de paramilitares y del narcotráfico, además de la inversión extranjera (espacialmente capital español).

 

Riesgo en una situación en Colombia, que como parte del caso latinoamericano, dada en el marco de las particularidades del desarrollo del modo de producción capitalista, agrava la penuria de la vivienda en este siglo XXI, con aumento de la inequidad, de la inseguridad en la tenencia y de las demás imposiciones del neoliberalismo, que asociadas hoy a la producción de la vivienda social agravan las problemáticas del espacio residencial de la población de bajos ingresos. En otro ángulo, afecta en negativo la construcción, amplía la inseguridad jurídica de la posesión de la vivienda y la inseguridad económica de las familias, haciéndolas cada día más vulnerable.

 

Los circuitos del mercado tienden a favorecer los criterios de gestión económica de la vivienda antes que su calidad espacial y sus condiciones de habitabilidad, dificultando aún más el acceso a la mayor parte de la población necesitada a una vivienda adecuada. En otros contextos la solución al problema de la vivienda ha sido en el orden cuantitativo, cuando los problemas de orden cualitativo y asociados a los costos de financiación (impago de las hipotecas) están hoy a la orden del día.

 

Relectura y desarrollos universales en el marco de justicia para una solución

 

Los estados ofrecen como responsabilidad y respuesta a la mayoría de la población necesitante, no soluciones en concordancia con el mandato de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que establece la vivienda digna como un derecho humano, asimismo, con precisión en la Declaración de DESC (1966), en tanto debe ser adecuada. Por supuesto, un contenido que también profundiza las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud -OMS- (1991) en relación a la necesidad de que la vivienda debe ser saludable. Sin embargo, los Estados no aplican los avances aprobados sobre la vivienda en los escenarios internacionales, que establecen la vivienda más que como un objeto, en su requerimiento como construcción colectiva del territorio, donde prime la construcción del hábitat y la mejora de la calidad de vida de todos los seres humanos. Hace falta construir entonces, una relectura de la ciudad donde la vivienda y el hábitat se aborden de manera colectiva. Una lectura que recoja la diversidad y la complejidad existente en los territorios urbanos, donde además se reconozca la existencia de un hábitat informal.

 

Relectura que debe llevar a la actuación y al mejoramiento de las condiciones de los asentamientos precarios, a la definición de unas normas mínimas (básicas) de hábitat, vivienda y urbanización no sujetas de manera exclusiva al mercado y al mundo financiero. Debe conducir, además, a la reinterpretación actual del proceso de expansión y consolidación urbana en las ciudades, al establecimiento de un reordenamiento territorial de las periferias y a la configuración de instrumentos reales de planeación participativa con la capacidad de acción para la toma de decisiones.

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