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Familia, familias y el derecho a una vida libre y solidaria de las personas

Familia, familias y el derecho a una vida libre y solidaria de las personas

 

La reproducción social, entendida como reproducción física de los seres humanos y como motor y sostén de la vida, como la define Silvia Federici, puede leerse en todas sus complejas contradicciones en los códigos latinoamericanos. ¿Qué es una familia y por qué le imponen modelos que no corresponden a los deseos de las personas? ¿Pueden las mujeres sentirse libre si no les reconocen valor social y colectivo en el trabajo fuera de la casa, en la casa y en los cuidados hacia las personas enfermas? ¿Debe necesariamente creerse que hay familia sólo donde existen vínculos ascendentes y descendientes?

 

El 15 de agosto de 2014, en el muy católico estado de Michoacán (1) Cecilia González y Elizabeth Cervantes, una pareja lésbica, fueron a inscribir a Isabela y Emilio a la Oficialía 8 del registro civil. La jueza que oficializó el registro de los menores, Carolina Orihuela, determinó modificar los apartados donde debe escribirse el nombre del padre y la madre de los menores, cambiándolos a progenitora, Cecilia, y cónyuge, Elizabeth.

 

Aunque parezca increíble, los escollos más difíciles a superar en la Ciudad de México, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido desde 2010, fueron las cláusulas sobre maternopaternidad. En México, que la familia es una organización patriarcal queda demostrado porque el primer apellido se llama “paterno” y el segundo “materno”. Los burócratas de Estado, mujeres y hombres, se niegan a cambiarlo por algo más simple, que puede ser pactado entre los miembros del grupo de convivencia que registra su responsabilidad para con el crecimiento y la identidad de un infante: algo como “primer y segundo apellido”. En 2012, la primera mexicana con dos madres, Aimée, tuvo que pasar por un largo peregrinaje para poder ser inscrita como su hija y sólo gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que antepuso el derecho de las niñas y los niños a un nombre propio a los reclamos de los burócratas, logró tener registro.

 

La primera vez que Alondra e Irma quisieron inscribir a la pequeña Aimée como su hija, el juez del Registro Civil les dijo que tenían que estar casadas. Cumplieron con el mandato. Cuando regresaron un mes después con el certificado de matrimonio en la mano, les volvieron a negar el registro con el argumento de que en el acta de nacimiento queda registrado el nombre del padre y el de la madre, no de dos madres ni de dos padres.

 

De juez en juez no hubo uno que aceptara su petición, por lo que decidieron acudir a las oficinas centrales del Registro Civil, donde el jefe de la Unidad Departamental, Gustavo Robledo, les aclaró que no podían registrar a Aimée como hija de ambas porque no estaban casadas antes del nacimiento de la niña. Agregó, según una lógica jurídica por lo menos extraña, que lo único que procedía era la adopción. La instancia que las podía ayudar era el sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, del Distrito Federal.

 

El DIF es una institución sobre la que pesan muy diversas dudas y acusaciones: patriarcal al punto que sus dirigentes nacionales y estatales son las esposas de los mandatarios; laica pero atravesada por un moralismo liberal que hace coincidir los mandatos de fidelidad y género del matrimonio de Estado con los de la iglesia católica; constantemente expuesta a críticas por su incapacidad de manejar los casos de violencia sobre la infancia; etcétera. En el DIF, a las madres de Aimée les pidieron una impresionante cantidad de documentos y llegaron a la conclusión de que nada podían hacer por ellas ya que “esos casos son muy difíciles y nunca se ganan”.

 

Irma y Alondra habían decidido por mutuo acuerdo el embarazo de Alondra por inseminación artificial después de siete años de vivir juntas, sin imaginarse que habría trabas para registrar a su bebé como hija de ambas. Creyeron que el tema estaba resuelto tras la aprobación en el DF del matrimonio gay (reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, en vigor desde marzo de 2010).

 

Cuando presentaron su caso ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, ésta confrontó a los jueces que le argumentaron que la solicitud no procedía porque nunca habían registrado un caso así. Incluso una juez expresó con absoluta convicción que la pequeña Aimée no podía tener dos mamás en su acta de nacimiento “porque eso iba contra natura”. Finalmente, el director general de Registro Civil del DF, Hegel Cortés Miranda, intervino para que Aimée pudiera ser registrada por su madre biológica y su pareja como hija de ambas.

 

Cuando leí esa noticia, hace cuatro años, recordé como hace 20 años con el padre de mi hija, el pintor Guillermo Scully, habíamos decidido rescatar el derecho a una doble línea de ascendencia y descendencia, la de las mujeres y los hombres (algo así como un doble linaje), de manera que si nuestra hija nacía niña llevaría por primer apellido el mío y de ser niño, el suyo. Obtuvimos antes de que naciera una carta de una magistrada feminista y solidaria que no encontraba contradicción a nuestro deseo, pero nunca pudimos romper la inercia de la burocracia: si yo quería registrar a mi hija con mi apellido, debía hacerlo como madre soltera y borrar de su registro la figura del padre.

 

La familia, pues, es el lugar donde la relación desigual entre las mujeres y los hombres se adscribe de muchas formas.

 

¿Pero qué es la familia? ¿Tiene que ver con la necesidad, con la estirpe, con la casta, con el domicilio, con el parentesco? ¿Es por lo tanto una cárcel, un refugio, una obligación? ¿En ella se gestan las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombre, y enseña el racismo y la exclusión?

 

En su excelente compilación La familia en Iberoamérica 1550-1980, mi amigo Pablo Rodríguez recuperaba el dicho español de que “no hay pobre más pobre que el que no tiene familia” para afirmar que “hasta hoy la familia ha constituido el núcleo de relaciones más importante para cada individuo”. No puedo negar que históricamente Pablo tuviera razón, ni que políticamente esa sea una afirmación conservadora.

 

Hace unos 25 años, algunos de mis alumnos canadienses se presentaron en clases como Dinks: Double Income No Kids, eso es convivientes en parejas, casados o no, que podían tener más acceso a bienes materiales con sus dobles sueldos, negándose a dispersar sus ingresos en la manutención de hijos y otras personas dependientes. Hasta ese entonces, yo había rehuido del matrimonio como de la peste, porque lo relacionaba con la obligatoriedad de la atención y el cuidado de otra persona a cambio de protección (eso es, lo que me había enseñado la experiencia de mi madre, mi abuela, mis tías y sus amigas de sectores medios y medios altos), lo cual me lo hacía figurar como un estado de reducción de mi libertad personal. Con los Dinks, entendí que había componentes económicos indispensables para el capitalismo en lo que la ley civil de la mayoría de los países considera el núcleo inicial de la familia, la pareja.

 

Recientemente suena políticamente muy correcto hablar en plural, las familias, cuando se quiere aludir a un núcleo de convivencia con obligaciones recíprocas. No obstante, todas sus definiciones regresan a un núcleo que si bien no es único en realidad, es fundante de la idea misma de familia en los países cuya legalidad tiene un origen cristiano, la pareja.

 

De hecho, ha sido más fácil hacer coincidir las necesidades de las personas que aman a otras de su mismo sexo con su derecho al matrimonio, que hablar de sexualidades no monogámicas, triejas o grupos de convivencia no procreativos. En México, en Argentina, en Estados Unidos, como en las leyes homólogas de Europa, la pareja homosexual comparte derechos con la pareja heterosexual: a la herencia, al cambio de nacionalidad, a la reunión familiar, etcétera. La estructura cristiana de la convivencia obligatoria de un par de personas iguales ante Dios, se ha sumado a la necesidad capitalista del grupo mínimo de ahorro e inversión para perpetuar un modo de vida poco solidario y asocial.

 

Sin embargo, la pareja no implica la igualdad de los miembros del par. En las sociedades patriarcales, los hombres nunca han sido iguales a las mujeres, se han liberado de los trabajos de la reposición de la vida, descalificando las relaciones de sostén afectivo y todas sus expresiones. En la pareja, y en la familia fundada en ella, hasta el siglo XX los hombres eran dictadores con todos los derechos al abuso de autoridad, al sostener su derecho en la mentira del valor económico de su trabajo extra-familiar. El capitalismo siempre ha mentido, porque si el trabajo de reposición de la vida y la agricultura de subsistencia fueran pagados, no se habría dado ninguna acumulación originaria. Eso es, el capitalismo descansa en la gratuidad del trabajo del grupo de personas que sostiene a las familias: las mujeres. Y las familias construyen a las personas con determinación cromosómica xx en mujeres, eso es, en un “género” cuya obligación es la obediencia y el trabajo no reconocido con respecto a su par con determinación cromosómica xy.

 

En la actualidad, en las grandes urbes latinoamericanas crecen los núcleos de convivencia que remiten a vínculos afectivos no sexuados ni de sangre, sostenidos durante el tiempo que la relación de intercambio perdura y presenta formas económicas dispares. En las afueras de Lima, la olla común vehicula relaciones de intercambio afectivo y convivencia entre niñas y niños trabajadores. En el campo argentino, las comunas se reproducen en relaciones educativas, laborales y de convivencia libres. En la ciudad de México y otras ciudades donde la inseguridad es nota común, se multiplican las convivencias entre personas ancianas, entre adultos y niños y niñas necesitados de cuidados, entre mujeres que no quieren convivir con hombres ni tener una actividad sexual lésbica. En general, todas estas formas de intercambio económico, afectivo y de cuidados son más libres que las familias hetero y homosexuales sostenidas en la pareja y sus descendientes (en menos casos también en sus ascendientes, según el modelo de familia ampliada). Quizá deba tomarse en consideración que las “no-familias” existen al margen del reconocimiento estatal y preguntarse qué sucedería si el Estado dejara de privilegiar a la familia nuclear.

 

¿Hay que considerar que los Estados siempre serán patriarcales y capitalistas en el reconocimiento de las relaciones sexo-afectivas y de convivencia? En la increíble Nicaragua, donde un gobierno encabezado por un exguerrillero corrupto y misógino le niega el derecho al aborto a las mujeres en cualquier condición (ni siquiera pueden abortar cuando el producto es inviable y las expone al riesgo de muerte), tienen lugar desde hace 35 años grandes debates sobre qué es la familia nicaragüense. Deberíamos considerar la reflexión y no llegar a conclusiones. Quizá ese país centroamericano está gestando un cambio universal de concepción.

 

La revista Envío, de la Universidad Centroamericana (UCA, de los jesuitas), ya en 1984 escribía, por ejemplo, que la familia nicaragüense es, en su estructura, en las funciones que desempeñan sus miembros y en la autocomprensión que de ellas tienen, heredera del modelo colonial (feudal-patriarcal) y del modelo indígena, de rasgos clánicos y matrilineares, como gran parte de las estructuras familiares del continente latinoamericano, especialmente entre los sectores más pobres.

 

Según un informe elaborado por la Dirección de Orientación y Protección Familiar -organismo creado en 1979, a los 15 días del triunfo revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional– del 34 por ciento de los hogares urbanos a nivel nacional, el 60 para Managua, está ausente de padre. En ellos, la madre responde económicamente por la casa y los hijos y es la que juega el papel más determinante como agente socializador de la niña/o.

 

Los jesuitas sacaban de estos datos la extrafalaria conclusión que en Nicaragua podría haber un matriarcado en los hechos, aunque reconocían que el padre ausente de algún modo vive en las familias y sus idearios. La madre educada en el patriarcado, en efecto, suele colocar en el hijo un “cariño respetuoso” hacia el padre, a quien ve alguna vez o de quien habla. La presencia del padre es evocada de diversas maneras, aunque no viva en el hogar, de modo que refuerza el clásico esquema de la mujer que “sufre” por causa del hombre, es débil sin él, es su “propiedad”, etcétera. Estas pautas construyen un patriarcado persistente, marcadamente machista y violento, justificando su irresponsabilidad, identificándola con la libertad.

 

La revolución nicaragüense y los posteriores gobiernos, aún los conservadores, no dejaron de estudiar las relaciones familiares, descubriendo que es en las áreas marginales de las ciudades donde el fenómeno de la ausencia del padre es mayor. Ahora bien, en América Latina, es por lo general en las capitales nacionales y regionales donde confluyen las oleadas de migraciones campesinas, los grupos de personas que buscan refugio de la violencia militar, delincuencial y paramilitar, y en ellas este patriarcado sostenido por las madres en ausencia del padre puede observarse en sus causas y en sus consecuencias. Los hombres sin responsabilidad, sin vínculos afectivos, sin acceso son, en muchos casos, los que deciden el número de hijos, su conducta, el cambio de domicilio.

 

Ahora bien, no podemos obviar que la pareja es más importante para las familias de los sectores altos y medios, que para las clases populares. Para ello, las razones económicas son determinantes. En las familias de clase media y alta el padre es su principal proveedor monetario. En las marginales, el padre ausente no sostiene a la familia, compensando esta impotencia económica con actitudes machistas (que pueden llegar al feminicidio), lo cual lo convierte muy frecuentemente en un ser indeseable y desechable.

 

El estudio y el intento de comprensión de los mecanismos reales de la familia nicaragüense, muy diferentes a los principios morales del deber ser de la misma, al reconocerle que es extensa, que busca liberarse del machismo, que sin embargo lo reproduce, que se recompone con cada cambio, que requiere de la presencia de diversas/os adultas/os en el hogar, ha llegado a reconocer en febrero de 2014, en la propia Constitución, que la nación la conforman sus “heroicas mujeres”. Explícitamente, el artículo 4, afirma: “El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad, y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanísticas, como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense”.

 

Si son la persona y la comunidad el origen del Estado, y ya no exclusivamente la familia entendida como su “célula fundamental”, como la define la muy conservadora constitución de Chile, ¿estaremos frente a una forma no capitalista, más justa y libre de relación con las instituciones?

 

  1. El mismo que sufre la presencia de los Caballeros Templarios y sus extorsiones a campesinos y transeúntes, además que su tráfico de drogas y el control portuario de sus agentes; el mismo que al tener un 45 por ciento de su población purépecha o náhuatl ha logrado organizar en Cherán el primer municipio sin partidos y de conducción colectiva, un verdadero ejemplo de gobierno con base en formas no occidentales sin romper con el Estado-nación.
  2. Universidad Externado de Colombia-Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2004.

 

*Escritora mexicana, feminista autónoma

 

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