La política frente a las drogas en el contexto de la idea de paz total

Las pretensiones de paz completa representan una apuesta llena de complejidades para el nuevo gobierno colombiano, marcado por una realidad desafiante forjada en el período de los pos acuerdos de paz de 2016. En ese contexto, el narcotráfico y su evolución no lineal, atraviesa esas realidades abriendo nuevos escenarios y problemas que las viejas narrativas sobre las drogas son incapaces de manejar, demandando una disposición comprensiva en la intrincada relación con un conflicto armado que persiste.

Por: Ricardo Vargas M.

Apoyándonos en Emmanuel Kant afirmamos que la paz total más que un concepto es una idea trascendental (focus imaginarius), es decir, es una idea reguladora que tiene una función destacada pues contribuye a dar unidad a los conceptos que se derivan del entendimiento y, por tanto, de aquellas condiciones que se nutren de la experiencia.

Esta fortaleza, como todo devenir dialéctico, tiene su contrario, y es que la pretensión de paz total demanda enriquecerse justamente de la experiencia y por tanto con la evidencia suficiente, para poder resistir los desafíos inmensos de una realidad compleja, como lo es el conflicto armado colombiano, prolongado a pesar de los acuerdos de paz de 2016. Una realidad cambiante luego de los acuerdos del Colón, que desafía conceptos y metodologías de la época del conflicto con las Farc (1).

Uno de esos desafíos es el narcotráfico y sus procesos de cambio permanente, fenómeno que se reitera como indispensable manejar para poder materializar el sueño de paz total.

Como es conocido, Colombia se especializó en producir cocaína y es este el eje del problema del narcotráfico en este país, a pesar de que hoy existe una producción de una variedad de marihuana (creepy) que irrumpe en mercados internacionales como Brasil, desplazando la oferta de marihuana desde Paraguay. Así mismo, tiene una producción desconocida de amapola de la cual se extrae la heroína y cuyo mejor momento exportador fue a inicios de los noventa para luego entrar, por razones aún desconocidas, en una crisis de producción.

La ausencia de una estrategia clara del actual gobierno frente al manejo del narcotráfico –más allá de la retórica sobre legalización–, está produciendo grandes interrogantes en diferentes niveles del problema y entre los más importantes, tenemos:

1.  Hay ausencia de una estrategia clara en el manejo de la agenda sobre drogas frente a EU.

2.  Se carece de una redefinición frente a la inclusión de las fuerzas armadas y de policía en tareas de erradicación manual forzosa y por tanto en los indicadores que miden los resultados de las acciones de estas entidades de seguridad en los territorios.

3.  Ausencia de un diagnóstico claro sobre el vínculo de las organizaciones armadas (Eln, Disidencias, Clan del Golfo) alrededor del tema del narcotráfico y, por tanto, se observa un desconocimiento del tema en los eventuales diálogos y/o negociaciones para las pretensiones de la paz total.

4.  Inexistencia de conocimiento sobre las nuevas estructuras del narcotráfico, sus características, manejo de rutas, que permitan el diseño de una estrategia que vaya más allá de las zonas de producción de materia prima para elaborar psicoactivos.

Son un conjunto de pendientes que ameritan adentrarse en cada uno de ellos:

1. Sobre la estrategia de drogas y EU.

La inexistencia de una valoración clara sobre qué aspecto en particular configura el eje de los esfuerzos de la redefinición de la agenda bilateral sobre drogas con EU, ha llevado a privilegiar temas secundarios, como la extradición o el uso de la retórica de la regulación, mientras la estrategia de reducción de la oferta con énfasis en la disminución de áreas de cultivos de uso ilícito sigue vigente en las relaciones con Washington. La paradoja se traduce en la continuidad de acciones como la erradicación manual forzosa y que, según un informe que cita fuentes del Ministerio de Defensa divulgado por un medio periodístico, bajo la administración Petro “la Fuerza Pública ha desarrollado labores de erradicación en 63 municipios de 10 departamentos, con un total de 7.359 hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos. De estas, 481 hectáreas fueron en el interior de cuatro Parques Nacionales Naturales: Alto Fragua en el Caquetá, Paramillo en Córdoba, Nukak en Guaviare y Sierra La Macarena en Meta”(2).

Es decir, el tema de drogas sigue siendo para Washington un punto clave en la agenda de seguridad con Colombia y, por tanto, en las históricas relaciones con las FF.AA., incidiendo en su involucramiento con las tareas de reducción de la oferta, contribuyendo a la prolongación de la crisis de la estrategia militar si se tiene en cuenta su papel en la protección de la vida pues, como lo señala un centro de pensamiento transnacional

“[esta continuidad] ha alentado a los militares a centrarse en ciertos tipos de operaciones, en detrimento de la protección de los civiles. El ejemplo más evidente es el énfasis que el gobierno estadounidense ha puesto en la erradicación forzosa de cultivos de coca. Estas operaciones requieren enormes cantidades de inversión en equipos, tiempo de vuelo y mano de obra, lo que limita la capacidad de los comandantes de brigada para desplegar recursos hacia la protección de las comunidades” (3).

Las implicaciones de esta estrategia a nivel de los territorios continúan siendo negativas dado que, como lo señala Crisis Group en su último informe sobre Colombia, “[…] la erradicación forzosa y las capturas de alto nivel, que son otra de las prioridades de Estados Unidos, suelen poner a los civiles directamente en riesgo de sufrir represalias violentas, al tiempo que no consiguen desmantelar a los grupos armados y criminales ni debilitar los negocios ilícitos que estos gestionan. El daño involuntario causado socava la confianza local en las fuerzas de seguridad y refuerza la capacidad de los grupos armados para ejercer el control social y territorial” (4).

2. Un replanteamiento implica nuevos indicadores de eficacia de la estrategia de seguridad militar

Los resultados hasta ahora obtenidos del accionar de los organismos de seguridad, en términos de indicadores operacionales para establecer el grado de cumplimiento y eficacia en materia de drogas de la estructura institucional de defensa, obliga a una reformulación, la que a su vez necesita un marco de estrategia para el tratamiento del tema del narcotráfico. Los discursos sobre regulación, y sus difíciles posibilidades de concreción en el corto plazo, obligan a establecer un marco de política más realista que coadyuve tanto a un diálogo productivo con EU en materia de cambio en la agenda bilateral sobre drogas, como en el papel de las fuerzas de seguridad.

En ese sentido se propone la necesidad de establecer un modelo de reducción de daños, tanto en los temas de consumo problemático como a nivel de la producción (5). En este último caso la estructuración de una política obliga a un balance claro del  Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (Pnis) y la apuesta de los Programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet) y qué de ello se mantiene y qué se reformula. Ese balance debe verse también a la luz de la redefinición de la estrategia que debería replantear la nefasta exigencia de erradicaciones previas para que el Estado contribuya a los cambios requeridos en los territorios de acuerdo con la voz de las comunidades y la contrastación técnica de sus demandas.

Para lograr la reducción de la producción se necesita un voto de confianza en las comunidades, el fortalecimiento de sus organizaciones de cara al desarrollo territorial y la neutralización de las amenazas de seguridad por parte de las estructuras de violencia organizada. Las reducciones de las áreas cocaleras deben ser el resultado de la claridad existente de hacia dónde se orienta el desarrollo local y no de acuerdos inútiles de erradicación previa con cada familia cocalera. Establecer la gradualidad de las reducciones y el fortalecimiento del control social del monocultivo de uso ilícito (áreas permitidas, lugares, compromisos de reducción, acciones contra la infraestructura criminal y sus afectaciones de la vida de los territorios, entre otros).

Esto supone una redefinición de los indicadores operacionales de las fuerzas armadas y de policía de modo que puedan plasmar el compromiso de protección de la vida de los líderes sociales y miembros de las comunidades que se ven afectados por el conflicto, tanto por los grupos armados y su apalancamiento de la fuerza para someter los territorios, como por el tipo de acciones que impone la estrategia de reducción de la oferta a los organismos de seguridad del Estado.

3. Los grupos armados, el narcotráfico y la paz total

Uno de los mayores desafíos a la política de seguridad es el reconocimiento tanto de la estructura operativa como de las líneas que configuran el portafolio de economías criminales. Así mismo, su articulación con los procesos de readecuación del Estado en sus diferentes niveles y el fortalecimiento del dispositivo que hace funcional la corrupción para los fines del control territorial, abarcando arreglos con grupos “legales” de poder en los ámbitos locales y regionales. Dentro de ese portafolio el narcotráfico es sólo uno entre diferentes actores con presencia en áreas de control criminal que, incluso, combinan negocios tanto en el área urbana como rural de diferentes territorios.

Hoy en día el narcotráfico se ve afectado en algunos núcleos de producción importantes en Colombia por una crisis en el flujo de circulante para los mercados de pasta básica de cocaína (PBC). Así se observa para el Catatumbo, Tumaco y la región de San Vicente, Llanos del Yarí y en el Bajo Caguán en el Caquetá. Para solventar ese trauma, cuyas causas aún no están plenamente establecidas, se manejan otras fuentes de rentas tal y como sucede para las dos primeras regiones, echando mano de la minería del carbón para el Catatumbo y un incremento vertiginoso de la criminalidad del secuestro, la extorsión y el atraco para Tumaco, siendo las comunidades igualmente sometidas en los nuevos escenarios.

Sin un conocimiento riguroso de estos movimientos y sus dispositivos funcionales difícilmente fructifica un diálogo enmarcado en la búsqueda de una paz total. Las rentas de bienes extractivos, que están entrando en un auge comercial a nivel internacional, deben ser parte de las alternativas para los territorios cuyo tratamiento no puede seguir dándose alrededor de un “cultivo sustituto” y sí demandan una mirada compleja que abarque al conjunto de riquezas y de actores en los territorios, más allá de dejarle el tema de las alternativas a los cocaleros como equivocadamente sugirió el presidente Petro en el Catatumbo.

La eventualidad de una agudización de los conflictos regionales y el nuevo accionar de los actores armados que involucra prácticas mafiosas como la vendetta, y que a modo de ejemplo caracterizó la confrontación entre el Eln y las fuerzas de la disidencia de las Farc en Arauca, así lo confirman. Hoy en día el arreglo de convivencia entre el Frente 33 y el Eln en el Catatumbo tiene fisuras que pueden desembocar en un escenario sangriento (6). Así mismo el aviso de ingreso de la columna Jaime Martínez al Macizo colombiano anuncia un nuevo escenario de confrontación (7).

El conocimiento detallado de las economías ilegales y sus poderosos portafolios, con sus fuertes impactos en las áreas locales, son indispensables para un eventual diálogo con los grupos armados que las controlan, anteponiendo una priorización de los territorios como los sujetos principales de la paz.

4. La economía ilegal de las drogas: relevos, recomposiciones y afianzamientos:
¿
Qué sabemos?

El narcotráfico, sin la participación del Estado para dar protección y viabilizar su estructura productiva y de comercio, no es factible ni sostenible. La corrupción en Colombia, que presenta un estancamiento en diferentes mediciones sobre su combate a nivel mundial (8), favorece ese papel y empodera a quienes ocupan lugares estratégicos en el Estado para hacer posible el circuito ilegal. Allí se incluye la compleja estructura de lavado de activos y que afecta diversos niveles socio económicos del país. El crecimiento de los mercados internacionales de cocaína ha recreado las estructuras del tráfico y que operan por medio de complejas redes transnacionales, en acuerdos con nacionales de múltiples países de tránsito y consumo.

Por informaciones erráticas, que se reiteran a través de diferentes medios, el narcotráfico es asociado con las estructuras armadas que también venden protección en diferentes partes de la cadena ilegal, incluida la regulación de mercados de PBC. Del mismo modo, las narrativas que se difunden hoy reducen el fenómeno a “estructuras mexicanas” que “reemplazaron a los colombianos”, generándose una desinformación que contribuye a invisibilizar las organizaciones criollas y a desconocer el papel activo que tienen en el auge comercial de la cocaína. Todo este entramado organizativo, con un perfil bajo y un accionar silencioso, está por fuera de las cuentas sobre la paz total, estando a su vez en condiciones de acomodarse a escenarios con bajos usos de la violencia, que es a lo máximo que podría aspirarse por parte del gobierno para este nivel de la cadena de drogas.

No obstante, existe un proceso complejo luego de los acuerdos de paz de La Habana, asociado con el lavado de activos y se relaciona con el papel que están jugando grupos armados de la disidencia de las Farc en zonas protegidas, parques y en general áreas ambientalmente estratégicas. Se trata de la instalación de fincas ganaderas como culminación de los procesos de deforestación y avance hacia la amazonia. El gobierno Duque desarrolló un modelo represivo espurio (Operación Artemisa) que golpeó (detenciones, judicializaciones) a los jornaleros o a grupos contratados por actores invisibles asociado al narcotráfico para hacer las “tumbas” del bosque, pero que resultó incapaz de desvelar la estructura beneficiaria o determinadores de ese complejo proceso y que ha logrado acuerdos con actores armados para garantizar los fines propuestos.

Dentro del Área de manejo especial de la Macarena y el Parque de Chiribiquete se está dando un proceso acelerado en la época de los post acuerdos, donde el Estado ha carecido de herramientas contundentes para una caracterización acertada y el diseño de estrategias razonables y eficaces. En síntesis ¿qué está sucediendo allí?  Un investigador de la amazonia nos precisa una nueva dinámica del conflicto que necesita ser aprehendida con rigor, mucho más cuando se pretende una paz completa:

“[…] al igual que en la Reserva Forestal, el territorio ha sido “repartido” no solo entre colonos, campesinos sin tierra y población vulnerable. De hecho, es notoria la presencia de grandes fincas, mucho ganado, mafiosos locales, excombatientes de todo pelambre, ganaderos poderosos y la sombra de políticos regionales, así como el “combo” de los cocales, algunos con fincas afuera y cocal adentro. Entonces, la “repartición de la tierra” tiene otro tipo de socios, de fines y de orientación, que no coincide con la que pudo existir en algunas zonas de estos mismos parques hace treinta años.

El resultado: un proceso acelerado de deforestación, creación de nuevas fincas, carreteras, incremento del hato bovino, cocales, casas, corrales. El caso más importante de este fenómeno es el del Parque Tinigua, donde la concentración de la deforestación durante los últimos dos años ha sido de las más altas de toda la cuenca amazónica, y en 2020 (seguía) siendo de las más altas en la Amazonia colombiana. Grupos de familias de diferentes departamentos del país han llegado a la región y han recibido lotes de entre 80 y 100 hectáreas, ganado al aumento y, en ocasiones, facilidades para adquirir la semilla de coca. Claramente, no tienen los recursos económicos para este proceso, lo cual lleva a preguntarse ¿de dónde provienen?” (9).

La regulación de todo este proceso corre por cuenta de las llamadas disidencias de las Farc que al ser simplificadas al extremo como “narcotraficantes” o simples “criminales”  se obvia el conocimiento de las dinámicas que se están abriendo en la época de los pos acuerdos (10). Estas informaciones y primeros análisis configuran una mirada más compleja de la época de los pos acuerdos y los desafíos más entreverados y difíciles para la construcción de paz muy diferenciados de la época “clásica” de las guerrillas. En todo este proceso, el narcotráfico y las economías ilegales atraviesan no sólo la caza de rentas sino una serie de transformaciones que abarcan territorios complejos en sus nuevas configuraciones.

Es una realidad compleja y cambiante que evidencia que la idea reguladora de la paz total necesita alimentarse de una mirada mucho más exhaustiva con los nuevos fenómenos de la conflictividad y de uso de la violencia. Una realidad que señala límites en los alcances del importante acuerdo con las Farc.

De ahí que el tratamiento de los nuevos problemas que prolongan las violencias y los desarreglos representen un reto para innovar las estrategias de seguridad y crear una institucionalidad eficiente para la paz. Exige, asimismo, remover los lugares de confort de conceptos e instrumentos que de alguna manera sirvieron para tratar el desafío de las antiguas guerrillas. Tampoco se trata del uso cómodo de categorías binarias que todo lo reducían a ser políticos o ser criminales y actuar en consecuencia: estamos ante un nuevo contexto nacional, regional y local, con muchos matices que necesitan ser revelados.  ã

1. Kant, E. “Crítica de la razón pura”, Apéndice a la dialéctica trascendental. El uso regulador de las ideas de la Razón Pura, B671, B672 p.531 Alfaguara cuarta edición 1985.

2. Véase El Espectador, “Pese a promesas de Petro, continúa erradicación forzada y uso de glifosato”, 23 de septiembre de 2022 https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/glifosato-a-pesar-de-orden-de-petro-continuan-las-erradicaciones-forzadas/

3. International Crisis Group “Atrapados en el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para salvar vidas en Colombia. Preguntas frecuentes”. Septiembre 27 de 2022.

4. Ibídem.

5. La argumentación de este propósito está en Ricardo Vargas, “El narcotráfico un problema transversal que desafía la paz total”. En: Construir la Paz y Cuidar la Vida. Recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Proyecto Conflicto Violento y Paz. IEPRI Universidad Nacional de Colombia.

6. Agradezco a Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar esta referencia.

7. Véase “Columna Jaime Martínez con panfletos anunció que hace presencia en Rosas, Timbío y Sotará Cauca”, mayo 18 de 2021 https://radio1040am.com/2021/05/18/columna-jaime-martinez-con-panfletos-anuncio-que-hace-presencia-en-rosas-timbio-y-sotara-cauca/

8. La República, “Colombia se vuelve a rajar en corrupción según índice de Transparencia Internacional”, enero 26 de 2022, https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-vuelve-a-rajar-en-corrupcion-segun-indice-de-transparencia-internacional-3291811.  Jhorland Ayala-García Jaime Bonet-Morón Gerson Javier Pérez-Valbuena Eduardo José Heilbron-Fernández Jéssica Dayana Suret-Leguizamón “La corrupción en Colombia: un análisis integral”, Banco de la República, Economía Regional y Urbana. Documento de Trabajo Núm. 307 Mayo, 2022 https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10302/DTSERU_307.pdf

9. Rodrigo Botero G. “La deforestación reciente en la amazonia colombiana: consideraciones para su análisis” Friedrich Ebert Stiftung, marzo 4 de 2021.

10. En esta simplificación extrema ha caído el ex alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo al criticar los eventuales enfoque de tratamiento político para las disidencias en el marco de la paz total. Véase por ejemplo Semana “Una seria preocupación: Sergio Jaramillo advierte problemas en zonas territoriales y carácter político de los grupos criminales en la paz total”, septiembre 12 de 2022. https://www.semana.com/nacion/articulo/excomisionado-de-paz-sergio-jaramillo-expresa-sus-dudas-sobre-el-plan-de-paz-total-del-gobierno-petro/202254/

* Sociólogo. Investigador asociado al Transnational Institute TNI.

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