Colombia, primer semestre de 2022: tres jornadas electorales a la vista, dos seguras (Congreso 13 de marzo, Presidente 29 de mayo), y una probable (Presidente, segunda vuelta, junio 19).

Fabiana Peña, Color de ciudad (Cortesía de la autora)

Tres coaliciones en disputa, (re)confirmación de la crisis que arrastran los partidos desde hace décadas, como de la política tradicional, pero también radiografía del atomizado país que vivimos. Tres coaliciones, tres países resumidos en clases y sectores suyos, visiones y dispares prioridades económicas y sociales. ¿Recogerán estas coaliciones a todo el país o persiste uno, cuarto, por fuera de ellas, aquel que se abstiene, que no responde a los llamados de la democracia formal, que no se siente representado por los mismos de siempre, pero tampoco por los que se consideran por fuera y en contra del establecimiento?

Una disputa aún en pañales, y que tendrá claridad sobre su real potencial el 13 de marzo al escrutarse el voto por el Congreso, y el emitido en las consultas internas de cada una de las coaliciones. Allí, los 17 precandidatos que integran las listas del Pacto Histórico, la Coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia serán sumados. Entre todos ellos, uno –Gustavo Petro– desde hace meses se da como candidato elegido para liderar la campaña de la coalición que integra.

Se vive esta campaña en medio de un ambiente continental de giro político hacia el progresismo –¿recargado o como débil remedo?–, y en ese clima, pese a no ser candidato oficial de su coalición, tanto por su liderazgo como por estar en campaña desde meses atrás, el país político respira y exhala el ascenso “imparable” de Gustavo Petro, cabeza de uno de los progresismos en escena (1). En las reiteradas encuestas, en las que se consulta sobre él y otros candidatos que aún no descuellan como los más opcionados para barrer en sus agrupamientos, los datos arrojados por las mismas refuerzan una y otra vez el favoritismo del hoy senador por la Colombia Humana para habitar la Casa de Nariño desde el próximo 7 de agosto.

El efecto de los sondeos no pasa en vano para sus opositores, y ganan eco amenazas ya conocidas, como aquella que afirma mañosamente que, de llegar “el populismo a la presidencia, seremos como Venezuela”. Amenazas y manipulaciones mediáticas siempre idénticas también circularon en Chile y Perú para atemorizar al electorado. Los temores que alcanzan a despertar con este juego del coco no pasan en vano y ya se habla de fuga de capitales, también de la caída de la Bolsa de Valores, del alejamiento de la inversión de capital extranjero. En una palabra, se anuncia la debacle económica del país.


¿Temores ciertos o infundados? Al revisar el actuar de los llamados gobiernos progresistas en la región, la conclusión es que los temores son infundados, y las amenazas no corresponden al riesgo que corre la inversión privada sino, más bien, a la manipulación mediática, a la creación de un clima artificioso para inclinar a la opinión pública hacia el ángulo que les interesa. Es necesario mirar a Perú, donde el presidente Castillo no se cansa de aclarar el respeto a la propiedad privada, además de la indispensable alianza con el capital privado. En Chile, el recién elegido presidente Gabriel Boric nombra como ministro de Hacienda a quien hasta el 17 de enero de este año fue presidente del Banco Central en el gobierno aún en funciones de Piñera, y quien figuraba como “[…] el preferido para los mercados” para este cargo (2).


Las experiencias vividas en la región en este campo, por ejemplo en Brasil con Lula en sus dos gobiernos, indican que el giro que da el progresismo a la forma de gobierno se puede medir a partir del incremento de la inversión social, el fortalecimiento de subsidios para mayores porcentajes de excluidos, a la par de un mayor protagonismo del Estado, poniendo bajo cintura a empresas dedicadas a los servicios públicos y otras áreas estratégicas, pero no mucho más. Y eso en períodos de bonanza económica, con exportaciones en creciente, con flujo de divisas. Escenario que no es el actual.


Ese temor al progresismo es un juego mediático que, para el caso colombiano, oculta las restricciones de tipo económico que encontrará quien asuma la presidencia el próximo 7 de agosto. Con una posibilidad de divisas anclada excesivamente en el petróleo y el carbón; con más importaciones que exportaciones –y por tanto con una balanza de pagos desfavorable–; con una inflación de tendencia ascendente y difícil de controlar, ya que parte de la misma resulta del precio de los alimentos importados y la devaluación del peso, que es parte de los dogmas que delinean la dominante política estructural desde años atrás; en un país cada vez más endeudado tanto en lo público como en lo privado, y, para cerrar este “círculo virtuoso”, con porcentajes cada vez mayores de la sociedad empobrecidos, así como una desigualdad que polariza el tejido social y da forma, con ello, a un país de extremos.


La dura realidad. Con la “olla raspada”, quien asuma el gobierno el séptimo día del octavo mes de 2022 deberá liderar, entonces, reformas estructurales que permitan el flujo de ingresos para poder afrontar crecientes compromisos de deuda pública por vencer, como contar con el suficiente ahorro en caja para hacer realidad una mayor inversión social. Y no mucho más.


Y la “olla raspada” es una clara advertencia de crisis económica a la vista, la cual limitará el actuar del funcionario y su equipo de gobierno, sin margen de maniobra, actuando desde sus primeros días como bombero de incendios que se pueden tornar “incontrolables”. Si logra apagarlos, lo que implica menor o reducida inversión social, será elogiado por los gremios económicos; de lo contrario, será blanco de una abundante carga de críticas y señalamientos para mostrarlo como inútil, “espejo de Venezuela”.


Paradoja. Con reducida inversión social, las expectativas por las cuales puede ser elegido caen al piso y con ella se abre el espacio para que la desilusión se torne en amplia protesta social, la que también retomará como exigencia los incumplidos compromisos firmados por anteriores gobiernos.


Pero de actuar efectivamente con las reformas estructurales en pro de fortalecer la estructura económica del país, deberá pisar callos, despertar dolores en los bolsillos de los privilegiados de siempre, reorientar diversas políticas económicas que ahora son de Estado, y por ello dejar a un lado la dependencia que mantienen las divisas nacionales respecto del petróleo y el carbón; renegociar o negar tratados de ‘libre comercio’ que han llevado al país a importar más y exportar menos; realizar una real, integral y modernizante reforma agraria que permita en el mediano plazo ser autosuficientes en variedad de productos que hoy se importan, además de controlar por esa vía el alza de los precios de los alimentos, ampliando al mismo tiempo el mercado interno, atacando a la par los factores que les inyectan carburante al narcotráfico y al sempiterno conflicto armado. Una sola de estas medidas ya es suficiente para desatar una escalada opositora de incalculable impacto.


Pero le tocará reformar mucho más. Deberá apretar a los ricos, y a los ricos entre ellos, elevando las tasas impositivas, realizando la máxima de “quien tiene más paga más” por medio de una reforma tributaria estructural y progresiva, y frenando la evasión y el blanqueo de capitales. Al actuar así, todos los cacaos, junto con los señores del campo y de la guerra, más otros, estarán unidos en la conspiración, acción que en Colombia no llega hasta las simples palabras. La inestabilidad será entonces la marca del gobierno por venir. En paralelo, con un propósito de justicia y vida digna, cerrarle la puerta a la quiebra de los salarios, y potenciar la creación de muchos miles de nuevos puestos de trabajo, como efectivo dique para contener el ascenso del empobrecimiento.


Son realidades, dilemas y retos agravados en lo económico por los anuncios que llegan desde Washington, en el sentido de elevar las tasas de interés, lo que derivaría en que los capitales llegados al país, en procura de ganancias rápidas, partan hacia donde les ofrezcan más; pero también por la reducción del mercado mundial en el que, a menos que se repita el ciclo de alzas de los precios de las materias primas, acompañado de un boom de importaciones (¿China?), hace imposible un modelo exportador, obligando a recurrir a modelos de ‘desconexión’ que lo enfrentarían con otros grupos también poderosos pero, sobre todo con la franja de la tecnocracia.


Esta es la misma disyuntiva –¿tragedia?– vivida sin diferenciación alguna a lo largo de la región por parte de gobiernos que han querido darle un rostro más humano al capitalismo, pero sin romper ni en lo más tímido con el sistema. No tienen economía, ya no hay boom de materias primas para darle piso al reformismo progresista que amplía el mercado nacional, potencia la capacidad de consumo de millones de familias excluidas de esa posibilidad por décadas y con la demanda multiplicada le exigen mayor producción a la industria criolla. Para el caso nacional, en tanto que cada vez es mayor la cantidad de alimentos básicos que se importan (alrededor de 15 millones de toneladas por año), así como de insumos de diverso tipo, la exigencia recaerá en la industria agrícola y fabril de otros países, sin duda Estados Unidos y China.


Queda una carta: los movimientos sociales. Es necesario estimularlos, apoyarlos, para que inunden calles demandando un cambio verdadero, y que con el eco de sus exigencias lo lleven en hombros a realizar lo prometido. Pero en este caso se corre el riesgo de que el diablo se escape de la botella. ¿Se correrá ese riesgo?


¿Qué temen entonces los propietarios del capital? ¿Por qué tanto ánimo de algunos sectores sociales de llegar al gobierno y administrar las ruinas dejadas por los malos gobiernos que les antecedieron? ¿Por qué quienes priorizan la opción electoral no optan, en los días que vivimos, más bien por potenciar el fortalecimiento de los movimientos sociales a partir del desarrollo de infinidad de iniciativas autogestionarias que los lleven a tejer mayores y más fuertes lazos de economía propia, de solución a las angustias cotidianas de millones de excluidos, de coordinación de saberes y experiencias? Así se crearían condiciones para que emplacen a los gobiernos tradicionales, forzándolos al giro en sus tradicionales políticas por medio de las cuales siempre favorecen a los mismos, gobiernos de ricos para ricos, y, si no obran en consecuencia con estas demandas, estos actores con capacidad de resolver lo propio no escatimen en los niveles de la protesta, llevándola incluso a obligar a los gobernantes a su renuncia.


¿Por qué quienes priorizan la vía electoral, revisando el pasado inmediato del alzamiento social conocido como 28A y las aspiraciones allí enarboladas, no potencian la autonomía y el ahondamiento del tejido social, estimulando líneas transversales de acción aupadas en políticas medioambientales, de educación superior y universitaria universal, igualdad de derechos entre mujeres y hombres, creación de empleo, quiebre de la informalidad, salarios fijos…?
¿De dónde vendrá el cambio para un país con mayor justicia y menos desigualdad social? Tal vez a esto sí le teman los cacaos. Lo otro, según lo indican otros gobiernos en la región, es parte del libreto para ambientar la inestabilidad del gobierno en funciones que no se enfoque en privilegiarlos.