Viernes, 23 Marzo 2018 16:55

La ofensiva general de Macron

Un ex ministro de Economía socialista que, más tarde, crearía un partido liberal a su imagen una vez detalló el arte y la manera de crear una sociedad de mercado: “No intenten avanzar paso a paso. Definan de manera clara sus objetivos y acérquense a ellos con saltos cualitativos hacia delante a fin de que los intereses sectoriales no tengan tiempo para movilizarse y entorpecerlos. La velocidad es esencial, nunca irán demasiado rápido. Una vez empezada la aplicación del programa de reformas, ya no se detengan hasta que esté concluida: el fuego de los adversarios pierde precisión cuando tiene que apuntar a un blanco que se mueve sin parar”. ¿Emmanuel Macron? No. Roger Douglas, en noviembre de 1989, en Nueva Zelanda. Exponía entonces las recetas de la contrarrevolución liberal que su país acababa de vivir (1).

 

Estrategia de shock

 

Casi treinta años más tarde, el presidente francés retoma todos los viejos mecanismos de esta “estrategia de shock”. Sncf (2), función pública, hospitales, escuelas, derecho al trabajo, sistema fiscal del capital, inmigración, sistema audiovisual público: ¿hacia dónde mirar y cómo resistir cuando, con el pretexto de la catástrofe que se acerca, de la deuda que explota, de la “vergüenza de la República”, el engranaje de las “reformas” funciona a toda máquina?

 

¿Los trenes? Un informe confiado a un compañero desempolvó el inventario de las plegarias liberales hasta ahora no satisfechas (fin del estatuto de los ferroviarios, transformación de la empresa en sociedad anónima, cierre de las líneas deficitarias). Cinco días después de su publicación, se inició una “negociación” para maquillar el dictado que se les quiere imponer a los sindicatos. Conviene, en efecto, aprovechar sin demoras el clima de desmovilización política, de división sindical, de exasperación de los usuarios ante las demoras, los accidentes, la vetustez de las líneas, el precio elevado de los pasajes. Porque la “urgencia de actuar” que invoca el ministro de Transporte está ahí. Cuando la ocasión se presenta, “nunca irán demasiado rápido”, insistía ya entonces Douglas.

 

El gobierno francés también cuenta con las fake news de los grandes medios de comunicación para diseminar “elementos de lenguaje” favorables a sus proyectos. La idea −lanzada rápido, retomada enseguida– de que “la Sncf le cuesta 1.000 euros a cada francés, incluso a los que no toman el tren” además recuerda hasta volverse indistinguible al famoso “cada francés pagaría 735 euros por la eliminación de la deuda griega” que, en 2015, contribuyó a la asfixia financiera de Atenas por parte de la Unión Europea.

 

A veces la verdad estalla, pero demasiado tarde. Varias “reformas” de las jubilaciones fueron justificadas con la prolongación de la esperanza de vida. Un estudio oficial, sin embargo, acaba de concluir que “para las generaciones de 1951 en adelante”, es decir, el 80% de la población francesa, “la longevidad media esperada una vez jubilado debería bajar un poco en relación con la generación de 1950” (3). Lo mismo que decir que un progreso histórico acababa justo de invertirse. Este tipo de información no ha martirizado nuestros tímpanos. Y Macron no nos alertó acerca de que habría “urgencia de actuar” en este frente… γ

 

1. Cf. Le Grand Bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Agone, Marsella, 2012 [1ª ed. 2004].

2. N. de la R.: Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses.

3. “L’âge moyen de départ à la retraite a augmenté de
1 an et 4 mois depuis 2010”, Études et Résultats, Nº 1.052, Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas (Drees), Ministerio de Salud, París, febrero de 2018.

 

*Director de Le Monde diplomatique.

Traducción: Aldo Giacometti

 

Las políticas sociales implementadas por los gobiernos progresistas en América Latina permiten deducir la lucha vivida a su interior, o la ausencia de un proyecto político y social con proyección de largo plazo. En lo aplicado en años recientes no todo fue positivo, aunque si hay avances con respecto a lo heredado. Los sistemas de salud, un ejemplo de ello. 

 

Latinoamérica continúa viviendo cambios políticos importantes; ahora la balanza en la orientación gubernamental se inclina más hacia las opciones conservadoras que hacia las democráticas progresistas que primaron al inicio del presente siglo y por más de un década.
Giro soportado en causas de distinto orden, entre ellas el propio desgaste de los gobiernos progresistas: por falta de efectividad en sus gestiones, por réplicas de clientelismo, burocratismo y corrupción a su interior; pero también, y esto no es menor, por el despliegue y efectos evidentes de una estrategia pensada y estructurada desde los sectores que controlaron el poder por casi dos siglos para provocar crisis de gobierno en sus respectivos países como expresión de lo conocido como golpes de Estado parlamentario, una versión "suave" de los golpes de Estado vividos en la región en décadas anteriores.


Golpes suaves


El uso de esta estrategia inició en junio de 2009 cuando el Congreso de Honduras resolvió la destitución del presidente Manuel Zelaya, por considerar que sus acciones de gobierno habían violado la Constitución y el ordenamiento jurídico del país. Su uso continuó en junio de 2012 cuando el Senado de Paraguay declaró culpable de los cargos de mal desempeño de sus funciones al presidente Fernando Lugo y lo destituyó.


Fue nuevamente utilizada en mayo de 2016 por el Congreso de Brasil que aprobó un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por supuestos actos de corrupción, que finalmente llevó a que fuera apartada de su cargo. Y hubo otro intento de uso cuando la Asamblea Nacional de Venezuela declaró en enero de 2017 el "abandono del cargo" por parte del presidente Maduro, pretendiendo la remoción, decisión que fue desconocida por el Tribunal Supremo, órgano que tenía la competencia para ello.


Ahora, también hay que mencionar que estos cambios políticos igualmente sucedieron por la tradicional vía de elecciones, que ha reposicionado nuevamente a sectores conservadores en la conducción del gobierno. Es el caso de Argentina donde el empresario Mauricio Macri salió avante en las elecciones presidenciales de diciembre de 2015, evidenciando otra tendencia que gana espacio en la región: que empresarios se conviertan en presidentes como han sido los casos de Sebastián Piñera en Chile, Pedro Kuczynski en Perú, Juan Carlos Varela en Panamá, Horacio Cartes en Paraguay, y el más reciente y sonado de los ejemplos, Donald Trump en Estados Unidos.


Progresismo y salud


Uno de los aspectos caracteristicos de la gestión progresista en la región radicó en su prioridad por lo social, propiciada a través del significativo incremento del gasto público en materia social, destacándose sus inversiones en educación, salud, alimentación, vivienda, saneamiento básico, entre otros temas. Para ejemplificar, en el caso de Ecuador en el 2005 el gasto en salud del sector público fue del 6,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2014 alcanzó al 9,2 por ciento (1); en Venezuela en 2000 fue de 4,4 por ciento del PIB y de 5,26 por ciento en 2015; en Argentina 2000 alcanzó al 4,7 por ciento del PIB y al 7,1 por ciento en el 2015; en Bolivia en el 2000 fue de 2,9 por ciento del PIB, quince añós después creció a 4,3 por ciento ; y en Brasil en el 2000 redondeó el 3,8 por ciento del PIB, aumentando al 5,1% en 2015 (2).


De manera específica, la tendencia en los gobiernos progresistas en materia de salud fue la de mejorar, de manera gradual, su sistema de salud, con el objetivo de lograr su universalización, incorporando medidas de gratuidad de los servicios para la población, agregando aspectos de interculturalidad, como en los casos de Bolivia y Ecuador, o salud comunitaria y familiar en el enfoque de atención primaria en salud, como sucedió en Venezuela, Paraguay, Uruguay y Brasil.


Estas experiencias en salud no fueron solo a nivel nacional, muchas encontraron espacio a nivel local, tanto en ciudades capitales como en muchos municipios. Por ejemplo los casos de Ciudad de México (3), Bogotá (4), Montevideo (Uruguay) (5), Rosario (Argentina) (6), y en muchos municipios de Brasil (7), que avanzaron en propuestas desde lo público impulsando de manera principal la estrategia de atención primaria en salud, generando respuestas institucionales a las necesidades concretas de salud y calidad de vida de las comunidades en sus territorios.


Un balance crítico de la experiencia en materia de salud de los gobiernos progresistas en la región, permite identificar que se debatieron entre el enfoque de la medicina social o también llamada salud colectiva –que reconoce la salud como derecho humano–, y el enfoque dominante de mercado neoliberal, lo que llevó a no avanzar por la vía esperada, como por ejemplo no lograr la gratuidad de los servicios de salud, o una real participación popular en las decisiones en este factor de la vida, o un énfasis en los procesos de prevención y promoción de la salud en lugar de los de atención a la enfermedad.


Puede sorprender, pero la política social de estos gobiernos priorizó la atención a las poblaciones vulnerables, sosteniendo así los enfoque de focalización promovidos por el Banco Mundial, con lo cual una parte del gasto público fue a parar al sector privado por la vía del gasto del Estado en seguros de salud como en Venezuela (8) o por el pago a redes de prestación de servicios privadas, como fue el caso de Brasil. Contradicción entre discurso y hechos manifestada también en la valoración y visión de la naturaleza, en concreto en la continuidad e, incluso, ampliación de los procesos de explotación minera y petrolera, motivo de contradicciones y confrontación con los movimientos sociales (9). Y en la particularidad de experiencias en ciudades y territorios locales –que en algún momento llegaron a mostrar más avances que las experiencias nacionales–, pero que en su mayoría no se sostuvieron políticamente.


La salud en la nueva era conservadora


Ahora, con el péndulo de la política virando hacia el ala conservadora en la región, con la inversión social en picada y con el retorno del énfasis en el mercado, empieza a darse un retroceso en el específico tema de la salud. Varios casos así permiten afirmarlo:
En Paraguay se reestablecieron las cuotas por atención en los servicios públicos, eliminadas en el gobierno de Fernando Lugo; el gobierno de Horacio Cartes proyecta avanzar en un sistema para universalizar las coberturas vía mecanismo de aseguramiento privado.


En Brasil, el gobierno de Temer debilita al Sistema Único de Salud –SUS (10) al imponer un cambio constitucional que congela por 20 años los fondos destinados a salud; las reformas en curso permiten que empresas privadas proporcionen planes de aseguramiento, usando fondos públicos, para población pobre con baja cantidad de beneficios; y aprueba que todas las empresas estatales, incluido el SUS, puedan tercerizar (transferir fondos) a privados quienes brindarán el servicio. Si en Brasil se llegara a desestructurar el SUS sería una derrota para los sectores sociales, políticos y académicos que han defendido la salud como derecho humano en la región, evidenciando la debilidad del movimiento sanitario para lograr sostener y profundizar un sistema de salud público, universal y gratuito.


En Argentina, la situación de la salud en el marco de la denominada restauración neoliberal (11), tarea del gobierno de Macri, ha llevado a impulsar el establecimiento del seguro –como camino a la privatización de la salud–, a través de la denominada cobertura universal de salud (CUS) y de la mano del establecimiento del subsidio a la demanda, es decir, ya el Estado no transfiere un presupuesto anual a los hospitales para su funcionamiento (subsidio a la oferta), sino que el presupuesto para la institución de salud está mediado por la venta de sus servicios a las aseguradoras privadas de salud, tal como ocurre desde hace dos décadas en Colombia (12) con el sistema de aseguramiento vigente, y como ocurre desde hace una década en México (13) con el denominado Seguro Popular.


Es un panorama nada alagueño, que resume una tendencia en materia de salud en la región, la que concentra principalmente tres estrategias, con las cuales buscan fortalecer el enfoque de mercado en las políticas de salud: 1) impulso a la CUS, 2) derivar recursos públicos hacia los privados vía contratación con redes prestadoras de servicios de salud privadas y 3) impulso a las alianzas público-privadas (APPs).


Con la estrategia de CUS, el acceso a los servicios se mide por la capacidad de pago y de acuerdo a ésta se accede a paquetes de beneficios estrechos o amplios, los cuales no están ligados a las necesidades de salud de la gente, sino a su capacidad adquisitiva. Por esta vía podría llegarse a una cobertura universal, pero con profundas inequidades dada la diversidad de paquetes de seguro, además, sin garantías de acceso real a los servicios de salud, como ocurre en Colombia, porque una cosa es estar asegurado y otro acceder a los servicios.


Y a través de las APPs (14) se establecen contratos de financiamiento de obras y equipamientos, de construcción de inmuebles y de administración y operación de instituciones de salud. Estas APPS son una forma de privatización al incrementar los costos para generar ganancias a las empresas privadas, sin garantizar una atención adecuada a los pacientes.


Retroceso en la garantía del derecho a la salud en la región


Latinoamérica se agita políticamente. Los cambios drásticos que vive la región, como se observa en Brasil, Argentina y Paraguay, evidencian que el péndulo político oscila hacia la derecha e incluso hacia la ultraderecha. Tendencia que pretenden ahondar a través de la quiebra de los gobiernos de Venezuela y Bolivia, únicos que resisten el embate, en medio de una enorme polarización política interna y de grandes dificultades sociales, económicas y de salud que vive la población, propiciadas por los propios errores de sus gobiernos y alentadas a su vez por estrategias de desestabilización internacional.


Disputa entre la prevalencia de lo público o el ahondamiento de lo privado, la que en el terreno de la salud pretende quebrar los sistemas y políticas públicas para imponer un enfoque y orientación de mercado a través de estrategias como la de CUS y las APPs pretendiendo así avanzar en consolidar el mercado privado de la seguridad social y la salud, escenario hoy importante de acumulación de ganancias de las corporaciones del complejo médico-farmacéutico industrial y del sector financiero (15). 

 

 

* Versión en español del artículo Turn left, then right: political changes in Latin America and their impact on health systems publicado en http://www.internationalhealthpolicies.org/turn-left-then-right-political-changes-in-latin-america-and-their-impact-on-health-systems/ 

1. Loic Ramírez, "La revolución ciudadana y el sistema de salud pública", Le Monde diplomatique, edición Colombia, febrero de 2018.
2. Datos tomados del Observatorio Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPALC https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es 
3. Asa Cristina Laurell, "La reforma de salud en la Ciudad de México, 2000-2006", Medicina social, volumen 3, número 2, mayo 2008. http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view/200 
4. Torres-Tovar M. y otros. "Doce años de gobierno de izquierda en salud en Bogotá: logros, descalabros y retos". Periódico desdeabajo, Edición 20 de enero de 2016. https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28019-logros-descalabros-y-retos.html 
5. Organización Panamericana de la Salud. "Atención primaria de salud en Uruguay: experiencias y lecciones aprendidas". Octubre de 2011. https://uruguay.campusvirtualsp.org/sites/default/files/webfiles/contenido/OPS%20-%20libro%20de%20APS-2011-FINAL-tapas.pdf 
6. Miguel Cappiello. "La construcción de un sistema de salud para la Argentina: la experiencia Rosario y los cambios en la provincia de Santa Fe". En International Workshop for Latin-America Leaders: Quality improvement in Health Service Organizations, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 2013.
7. http://www.miguelcappiello.com.ar/contenidos/2016/07/05/Editorial_2813.php 
8. Sonia Fleury. "Democracia e inovação na gestão local da saúde". Brasil: CEBES, 2014. http://peep.ebape.fgv.br/sites/peep.ebape.fgv.br/files/file/DEMOCRACIA%20E%20INOVACAO%20NA%20GESTAO%20LOCAL%20DA%20SAUDE.pdf 
9. Oscar Feo Istúriz. "El deterioro de la salud en Venezuela". Aporrea, 28 de octubre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/a254438.html 
Xavier Maldonado, Érika Arteaga y Juan Cuvi. "Políticas neoliberales de salud en el gobierno de Correa". Rebelión, mayo 5 de 2017. www.rebelion.org/docs/226924.pdf
10. Asa Cristina Laurell. "Brasil, destrucción del sistema único, público y gratuito de salud". La Jornada, Edición noviembre 2 de 2016. http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/politica/a03a1cie 
11. Mario Rovere. "La situación de la salud en Argentina en el marco de la restauración neoliberal". Alames Argentina. 15 Octubre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=IXFs_D8q1Y8 
12. Torres-Tovar M. "Modelo de salud colombiano: exportable, en función de los intereses de mercado". Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 32. n. 78/90, p. 207-219, 2008 http://www.redalyc.org/pdf/4063/406341773021.pdf 
13. Asa Cristina Laurell. "Impacto del seguro popular en el sistema de salud mexicano". CLACSO, 2013. http://asacristinalaurell.com.mx/8-acl/100-impacto-del-seguro-popular-en-el-sistema-de-salud-mexicano 
14. Celia Almeida. "Parcerias público-privadas (PPP) no setor saúde: processos globais e dinâmicas nacionais". Cad. Saúde Pública [online]. 2017, vol.33, suppl.2, Oct 02, 2017.
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2017001403002&script=sci_abstract&tlng=pt 
15. Asa Cristina Laurell. "Contradicciones en salud: sobre acumulación y legitimidad en los gobiernos neoliberales y sociales de derecho en América Latina". Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 103, p. 853-871, 2014
http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38n103/0103-1104-sdeb-38-103-0853.pdf 

 

**MD, MsPH, PhD (c), Profesor Universidad Nacional de Colombia mhtorrest@unal.edu.co

 

—¿Doctor, este año por quién hay que votar? –pregunta Hortensia Murcia, una mujer de poco más de cincuenta años y treinta de vivir en la capital. Llegó de Suaza, Huila. De lunes a viernes trabaja como portera en un edificio al norte de Bogotá. Los sábados va a una casa de familia y ayuda con el aseo. Su educación es precaria. Y luego, sin esperar respuesta, dice:

 

—A mi hija, que acaba de ingresar a la universidad, le dijeron allá que hay que votar por equis.

 

Algo similar ocurre entre millones de colombianos: su conciencia ciudadana es lo suficientemente desarrollada como para dictarles la importancia de elegir a los gobernantes, pero no lo suficiente como para generar un criterio autónomo. 

 

Sin embargo, no todos en el país caen en esa categoría. Millones más (y entre los anteriores y estos definen los próximos gobernantes) se ubican en una franja de mayor autonomía crítica, pero hacen parte de la “espiral silenciosa”, según el concepto acuñado por Noelle-Neumann (1), de una opinión publica moldeada y deformada por los medios, pero con el suficiente olfato para inclinarse por la opinión más valorada socialmente en asuntos controvertibles. Sucumben al mandato irracional del “Hay que votar por…”.

 

La principal consecuencia de lo anterior es la solidificación de una casta en el poder, entroncada no solo con los grupos de poder político y económico más tradicionales, sino con las prácticas de corrupción más voraces. Estas castas (en Colombia, en gran parte son dinastías) reinan sobre una opinión pública débil y lábil gracias a la manipulación ejercida por los medios que ellas mismas controlan. 

 

Y esto lleva a la pregunta que se formula una estrecha franja de ciudadanía consciente: ¿Cuándo el país tendrá la oportunidad de elegir un gobierno de tendencia progresista? A menos de tres meses de las elecciones presidenciales la probabilidad efectiva de que por primera vez, en más de doscientos años, el pueblo elector se incline por una opción democrática y social, y por fuera de las inveteradas facciones políticas y dinásticas, luce improbable y difusa.

 

¿Qué impide que la nación colombiana –no la maleable opinión pública de la espiral silenciosa sino la profunda y libre conciencia ciudadana–, sustituya a una clase política que nunca ha soltado el control de un país e instaure un gobierno con un modelo radicalmente distinto? ¿Qué se le puede contestar a una de tantas personas como Hortensia Murcia que acuden con la misma candidez en busca de orientación sin violentar su individualidad, ni su criterio, incipiente, pero al fin y al cabo el propio que desea afianzar?

 

¿Una causa perdida?

 

El pensamiento crítico, el mismo que no se pliega al supuesto fin de la historia, que no se resigna a ver la caída del Muro de Berlín como el fin de una ideología, que está dispuesto a seguirse matriculando en lo que Žižek llama “las causas perdidas” del socialismo y sus derivaciones, que sigue avivado por pensadores como Boaventura de Sousa Santos (2), que se remonta a los más elementales enunciados del Manifiesto Comunista de 1848, que se aferra al principio esperanza (3), y que nunca abandona creer en las utopías, y confía, como Chomsky, en los principios anarquistas para socavar las más sólidas bases del neoliberalismo, ese pensamiento crítico, es el que hoy parece ausente o desconectado en la ciudadanía para llevar a la nación colombiana a una nueva etapa de conciencia y desarrollo social.

 

Por otra parte, el pensamiento pesimista o determinista no ayuda a los grandes cambios. La indiferencia, la desesperanza y la molicie se conjugan en un aparente consenso en la más amplia franja de la nación abstencionista, aquella que se crio –y vive hoy día– bajo la consigna del “¡ay, deje así!”, como la caracterizó el humorista Andrés López en La pelota de letras. El “deje así” se convierte en un lastre para avanzar hacia horizontes más prometedores. 

 

Otros, como el médico Emilio Yunis (4), prefieren acudir a explicaciones genéticas para definir el carácter del colombiano y achacarle al mestizaje nuestro paradójico espíritu indómito-conformista, y no a causas de tipo cultural o sociológico. 

 

Factores que pesan demasiado

 

Pocos elementos ayudan a que esta opinión pública –y sus millones de Hortensias Murcia– y, más aun, la conciencia ciudadana, tenga una progresiva evolución hacia criterios autónomos. Son numerosos los antecedentes, circunstancias y causas que han llevado a una atrofia en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Hay que remontarse un siglo para entender cómo las iniciativas de auténtica oposición reflexiva han sido abortadas por fuerzas reaccionarias: el asesinato del líder liberal-socialista, Rafael Uribe Uribe, en 1914, inauguró una larga lista de prominentes líderes sociales eliminados antes de siquiera llegar a unas elecciones presidenciales: Jorge Eliécer Gaitán, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo leal, completan, entre otros, esa lista. Esta tendencia, a otro nivel, pero no menos repudiable, continúa actualmente con el asesinato de líderes sociales, en creciente desde octubre del 2016, con la firma del tratado de paz del Teatro Colón. 

 

¿Defensa de la tradición y de los privilegios a cualquier precio? En el contexto geopolítico, el país marcha a contrapelo de las tendencias históricas de sus vecinos; mientras en casi todo el continente opera el continuo derecha-izquierda, como en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, por no mencionar las naciones centroamericanas y del Caribe, hoy en Colombia ese continuo de poder no es más que una quimera. 

 

Por otra parte, entre los gobiernos sociales que en los últimos 15-20 años triunfaron en las urnas en Latinoamérica, pocos tuvieron el impacto de transformar las estructuras sociales y económicas de sus países. El colapso del experimento chavista después de la muerte de su líder quedó convertido en el mejor argumento en contra de cualquier propuesta progresista en la región y específicamente en Colombia. La mayoría de esos gobiernos cayeron en los errores, vicios y miopías de los que reemplazaron: la corrupción, el doblegamiento ante los organismos multilaterales, el PIB como único indicador del éxito, el minimizar la importancia de las capas sociales más desfavorecidas, el enajenamiento de los recursos naturales no renovables a las grandes multinacionales. Lo anterior contribuye a desestimular la esperanza de encontrar en un gobierno progresista alternativa atractiva para este país.

 

El triunfo de candidatos de izquierda en Latinoamérica en lo corrido el siglo, se debió a la emergencia de sólidas figuras carismáticas respaldados por programas conceptualmente propositivos: Evo, Correa, Chávez, Mujica, Lula, Dilma, Bachelet. Por su parte, si se examina el conglomerado de matices, ideas, movimientos y vertientes en las que se fractura el pensamiento progresista en Colombia, este no ha logrado cristalizar, desde el surgimiento de los primeros movimientos obreros hace un siglo con claro matiz socialista, un candidato con una opción real de disputar la elección presidencial. Los que podían serlo fueron asesinados. Hoy no ha surgido una figura que logre convocar, de manera mayoritaria, a una sociedad pensante y crítica.

 

En otro terreno, el pensamiento crítico y social, a nivel local, tiene pocas probabilidades de emerger con fuerza dentro del contexto global y de mercado donde se premia, estimula y exacerba el individualismo a ultranza. En ese sentido, las fuerzas del Imperio (como las entiende Negri y Hardt (5), el poder soberano que gobierna los intercambios globales y en efecto gobierna el mundo) han logrado enajenar y alienar la mente del ciudadano, no sólo en Colombia, sino en el mundo entero. Las redes sociales, los teléfonos móviles (a la fecha hay casi 60 millones de celulares en poder de los colombianos (6)), los videojuegos, el streaming de películas en dispositivos personales, todo esto consigue que el individuo se enfrasque en una comunicación aislada consigo mismo, en una relación narcisista donde lo importante es el selfi y el like, y rehúya los intereses de grupo, de clase, de solidaridad y de convivencia que son base de cualquier pensamiento crítico y social.

 

Semejante panorama descrito puede dejar sin aliento al más optimista pensador crítico; sin embargo, no todo es sombrío. Es claro que hay una oportunidad para que el país se abra a una transformación social, económica y política de fondo por vías democráticas.

 

Palancas del pensamiento crítico

 

La sociedad cuenta, afortunadamente, con diferentes palancas y pedales para fortalecer un pensamiento crítico y formar una conciencia ciudadana autónoma. En primer lugar, el fortalecimiento de una prensa independiente no controlada por los grupos hegemónicos de poder; esta se convierte en un foro formador de opinión que escapa de las fuerzas gravitacionales de los medios y grupos más poderosos. La prensa independiente del país no supera su debilidad y su limitado impacto. Los portales soberanos, los canales privados (no adscritos a grupos de poder), así como los comunitarios, locales y regionales, y los periódicos independientes, no logran inquietar y hacer reflexionar a una amplia base ciudadana.

 

Por otra parte, la universidad –cuna de la inteligencia de un país–, tanto la pública como la privada, parece de espaldas al fortalecimiento de un pensamiento crítico y una conciencia ciudadana autónoma. Sus estamentos se centran más en asuntos políticos y administrativos, como acreditaciones, certificaciones, publicaciones en revistas indexadas, sistemas de puntos, escalafones y disputas de poder, que en concitar las ideas en torno a propuestas viables para romper las estructuras tradicionales. Los ocasionales foros que tienen como sede los auditorios universitarios no alcanzan a movilizar de manera decidida a una ciudadanía cada vez más apática y escéptica. Por supuesto, muchas entidades universitarias privadas –ricas en recursos–, están concebidas para mantener y fortalecer el statu quo en lugar de cuestionarlo. 

 

Los movimientos sociales, la protesta popular y las acciones ciudadanas igualmente han probado sus bondades para frenar los excesos de poder y obligar al gobierno y los grupos que lo controlan a cumplir sus obligaciones, promesas y deberes, para detener o limitar a las multinacionales en sus prácticas extractivistas y salvaguardar los recursos naturales no renovables. La consulta popular, el derecho de amparo o de tutela, los cabildos y las mingas, son cada una, en su particularidad, herramientas para movilizar y formar conciencia en lo más profundo de la opinión pública.

 

Desde una perspectiva dialéctica, es en el mismo corazón de los dispositivos de control de la sociedad neoliberal donde se vislumbra la forma más efectiva de socavar su estructura. Por una parte, las redes sociales, el medio que el Imperio ha desarrollado en el siglo XXI para anestesiar, alienar y enajenar a la sociedad, es quizás el principal recurso que tiene el pensamiento crítico para contraponer una conciencia ciudadana y lograr la movilización hacia objetivos concretos. Estas redes virtuales demostraron su efectividad en la Primavera Árabe, el movimiento Occupy Wallstreet, el 15-M español, entre otros.

 

Por otro lado, grupos hacktivistas como Wikileaks de Julian Assange y Anonymous han desenmascarado las más corruptas practicas del Imperio, generando entre la ciudadanía una postura de repudio contra las mismas y potenciando un pensamiento crítico opuesto a dichas prácticas. Y con todo, ni las redes sociales, ni los hacktivistas han logrado movilizar en el país, hasta ahora, una conciencia ciudadana para erigirse contra las formas de dominación de los grupos tradicionales de poder acá reinantes.

 

Finalmente, los movimientos de género, étnicos y ambientalistas, logran llegar a lo más profundo de la conciencia ciudadana, bien sea para afirmar la identidad sexual, las raíces étnicas o la conciencia ambiental; estas iniciativas y movimientos logran modificar, entre sus militantes, antiguas prácticas aparentemente enquistadas en la sociedad y abren la puerta a nuevas prácticas y comportamientos autonómicos, alejados de los estereotipos, del clasismo, racismo y de prácticas devastadoras con el planeta y sus recursos. 

 

El gran reto del pensamiento crítico

 

Desde el derribamiento del Muro de Berlín –y aún antes–, el pensamiento crítico es consciente, en todas sus vertientes y manifestaciones (7), de su talón de Aquiles: la incapacidad a la fecha de articular una propuesta consolidada y coherente distinta al marxismo ortodoxo, que le haga contrapeso a un sistema tan desarrollado como el capitalismo y su estadio superior, el neoliberalismo. Desde el nacimiento de la Teoría Crítica en la Escuela de Frankurt con Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin y Fromm, y luego con las sucesivas generaciones de la escuela, la segunda, abanderada por Habermas y la tercera por Honeth, y sus incontables ramificaciones en el pensamiento continental y anglosajón, entre otros Toni Negri, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Judith Butler, Giorgio Agamben, Fredric Jameson y Gayatri Spivak, no ha cristalizado un modelo económico, político, social que sirva de alternativa viable al rampante neoliberalismo. Lo anterior solo demuestra que la esperanza de un modelo más justo, más inclusivo y más equitativo aún está por definirse, y no que el único modelo viable sea el capitalismo y su faceta más agresiva, el neoliberalismo.

 

Posibles faros y obstáculos

 

Más allá de los puntuales gobiernos progresistas en Latinoamérica del siglo XXI, con su punto más elevado en 2009, y sus relativos grados de éxito, lo cierto es que hoy día, naciones como Venezuela, Ecuador y Bolivia lograron dotarse de constituciones políticas que, si bien no rompieron con la estructura económica heredada, sí dotaron a sus sociedades de mecanismos de participación y acción que las hacen más inclusivas.  Es así como las iniciativas inspiradas en la sabiduría ancestral andina, como el Sumak Kawsay o buen vivir en Ecuador y Bolivia, demuestran que hay opciones viables a la hegemonía capitalista.

 

Pero esas coordenadas no han abierto compuertas en nuestro territorio, de ahí que en el curso de la actual agenda electoral la historia se repita: una izquierda fraccionada entre matices que se confunden con el neoliberalismo (la alianza Fajado, López, Robledo, o la constituida por Humberto de La Calle-Clara López), mientras otra intenta marcar fronteras con lo más evidente del establecimiento (Gustavo Petro), navegando entre una y otra la que levanta matices que tratan de concitar el apoyo de los movimientos sociales a partir de palabras pero sin modelos alternativos, y en medio de ellos un partido político de las Farc que no logra deslindarse (comenzado por su nombre) de un pasado armado en que no solo violaron elementales derechos humanos de miles de colombianos sino que perdieron el norte de su ideal político originario y generaron el rechazo de gran parte de la base que pretendían representar. En este panorama, ¿cómo acompañar a Hortensia Murcia a que tome la mejor decisión?

 

Entre todas esas variables que se reivindican del mismo tronco, solo el exalcalde Petro, con el multitudinario apoyo que recibió de la ciudadanía capitalina ante la intentona golpista del Procurador General de su época, ha despertado entusiasmos sociales. Sin embargo, su falta de experiencia en gestión pública y el poco tino para acercar a la franja del centro del espectro ideológico, así como para darle cuerpo a un proyecto político-ciudadano abierto a un liderazgo colectivo. lo dejan en una precaria situación frente a otros candidatos. 

 

Por su lado, la derecha en Colombia sigue tan rampante como en los últimos ciento cincuenta años –desde la Regeneración de Núñez. El hecho que figura tan controversial como el expresidente Uribe Vélez siga convocando y polarizando grandes sectores de la opinión pública, con sus acusaciones y amenazas, y apelando al miedo y al terror de que el país caiga en el “castrochavismo” son prueba de la efectividad de los grupos hegemónicos sobre una lábil e inmadura opinión pública, y de una conciencia ciudadana que aún no logra autoafirmarse. ¿Cómo evitar que Hortensia Murcia sea llevada al engaño y al equívoco con discursos de la derecha sustentados en la manipulación y el miedo, como ya sabemos que ocurrió durante el pasado plebiscito de los Acuerdos de Paz?

 

Mientras a esta opinión pública la sigan moldeando, debilitada y aletargada por unos medios controlados por el poder económico y político neoliberal, mientras la ciudadanía no se apersone de su conciencia y no la enajene, mientras no se desarrolle y amplíe un pensamiento crítico, es difícil vislumbrar un gobierno radicalmente distinto a los vistos en el país desde que tiene memoria de sí mismo. Será necesario trascender esa opinión pública, superficial y manipulada, para apelar a la más profunda conciencia individual y colectiva, aquella que se indigna, que no tolera más mentiras, dispuesta a movilizarse en masa, y a enfrentarse hasta las últimas consecuencias a la arbitrariedad y la manipulación, para que pueda emerger un cambio profundo en la sociedad colombiana. Es necesario sentarse con cada una de las personas que como Hortensia Murcia están ávidas de contar con un criterio, pero dada su precaria formación se ven perdidas frente al mar de mensajes de todo tipo que inundan una campaña electoral, y acompañarlas a que cultiven y desarrollen la autonomía de su criterio. Eso será un primer paso hacia una nueva sociedad. 

 

Hace años, un acreditado profesor universitario extranjero visitaba el país en compañía de su esposa, y recorría los más recónditos caminos. Al llegar a una modesta tienda, a orillas de una vía polvorienta y agreste en las montañas andinas, entró y preguntó por el refresco típico universal. El tendero le contestó con una amplia sonrisa:

 

—Sí hay, pero no tenemos.

 

El profesor no supe que contestar y salió, frustrado con la respuesta, pero más conocedor de la idiosincrasia de este país. Una respuesta similar puede darse, frente a la pregunta de dónde y en qué estado está la conciencia ciudadana –más allá de la opinión pública– que lleve al país a una trasformación esencial. 

 

1.  Abreu Sojo, Iván, ¿Es posible activar la conciencia ciudadana a través de los mass media?, en https://www.ull.es/publicaciones/latina/27ivan.htm

2. De Sousa Santos, Boaventura, Trece cartas a la izquierdas en Latinoamerica, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2016.

3. Bloch, Ernst, El Principio Esperanza, Trotta, Madrid, 2010

4. Yunis, Emilio, ¿Por qué somos así?: ¿Qué paso en Colombia? Análisis del mestizaje, Temis, Bogotá, 2003.

5. Negri, Antonio, Hardt, Michael, Imperio, Paidós Ibérica, Madrid 2012

6. http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-colombia-esta-superconectada-58-5-millones-de-celulares-activos

7. Keucheyan, Razmig, Hemisferio izquierda, un mapa de los nuevos pensamientos críticos, Siglo XXI, Madrid, 2016

El país se encuentra de nuevo en etapa electoral. Y los programas de los candidatos, presentados como el recetario para transformar la nación en una copia del paraíso, ignoran o esquivan el hecho de que Colombia afronta una base estructural de su economía que no sólo es volátil sino difícilmente sustentable en el mediano y largo plazo. La campaña se convierte así en un espejismo y en la garantía de la prolongación de nuestro estancamiento secular.   

 

Llegan a sus final ocho años del grisáceo mandato de Juan Manuel Santos, un anodino burócrata que desde los años noventa del siglo pasado hizo parte de todos los gobiernos, sin importar su signo político, y que en ocasiones fungió como funcionario internacional con el mismo tono opaco característico de su quehacer público. Su presidencia continuó, en el orden estructural, la ‘estrategia’ adoptada por las administraciones nacionales desde 1990: carecer de política e intentar acomodarse de forma reactiva a los vaivenes de la acumulación internacional del capital, y proactiva respecto de los dictados de los poderes multilaterales. 

 

El rito continúa. Por su obligada sucesión, entramos en ese breve interregno en el que los medios masivos de comunicación exacerban nuestro sentido ‘democrático’ y nos invitan a sufragar con entusiasmo para que los “colombianos decidamos” sobre el cambio de gobierno y quizá de suerte. Las ilusiones despiertan y la parafernalia que alimenta esperanzas y ensoñaciones es puesta a la orden del día, con tal fuerza, que pese a las continuas frustraciones, el mecanismo sigue repitiéndose periódicamente cada cuatro años, sin que dudemos mayoritariamente de él. 

 

Pero, ¿de qué cambio o continuidad hablamos? Miremos, primero, algunas generalidades de nuestra realidad macroeconómica, para luego preguntarnos sobre las posibilidades de vías alternativas en un país, que como el nuestro, ha entrado en una fase de estancamiento, cuando no de regresión, disimulados ya sea mirando la situación de otras naciones, o con los sofismas de siempre que van desde la distracción de los escándalos hasta el uso de anacronismos como que nuestro progreso es innegable puesto que hoy usamos televisión e internet y hace ochenta años carecíamos de esos servicios.       

 

Comencemos observando que la tasa de variación del PIB ha estado angostándose desde el 6,6 por ciento de 2011, el mayor valor alcanzado en las últimas décadas, hasta el magro 1,8 por ciento del año pasado (ver figura Nº 1), en una caída permanente que logró ser velada con la polvareda mediática del proceso de negociación con las Farc. En 2017, pese a que el PIB total no alcanzó valores negativos, la explotación de minas y canteras (-3,6%), la industria manufacturera (-1,0%) y el transporte (-0,7) quedaron en números rojos, en una clara señal, dada su importancia, de una debilidad económica que los medios convencionales han minimizado. La rebaja de “BBB-” desde una nota previa de “BBB” a la deuda colombiana, que la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s oficializó en la primera quincena de diciembre pasado, y que el ministro de hacienda Mauricio Cárdenasm subestimó diciendo que debía verse tan sólo como una advertencia, fue reforzada éste febrero por la agencia de calificación Moody’s que disminuyó de ‘Estable’ a ‘Negativa’ la perspectiva del país, si bien manteniendo su calificación en Baa2, en un claro mentís a las autoridades económicas nacionales y a los analistas convencionales, que clamaban regocijados que las bases para un repunte estaban dadas.

 

Doble descalificación que, en últimas indica que al capital internacional le preocupa el incremento de la deuda colombiana, que de representar el 35% del PIB en 2012 alcanzó, finalizando el 2017, el 47 por ciento. El mensaje es claro, y está destinado al próximo gobierno: el cumplimiento de los pagos al sistema financiero internacional está por encima de cualquier cosa, por lo que ajustar los ingresos del gobierno, con una reforma fiscal que invoque austeridad, es un requisito para contar con la anuencia de los poderes multilaterales. Y en esa materia, recitar el mantra del aumento del IVA, regresivo fiscalmente sin duda alguna, y rebajar impuestos a las empresas es lo único escuchado.

 

¿Dónde reside la incertidumbre?

 

El país desde los noventa del siglo pasado, cuando fue disuelto el llamado ‘Pacto del café’ que regulaba el mercado internacional del grano, principal renglón de exportación de nuestro país en ese momento –y que llevaba casi una centuria como el principal generador de divisas–, entró en una fase de reconversión desde un modelo agro-exportador a un modelo minero-exportador. El carbón, el ferroníquel y el petróleo asumen, entonces, el peso principal para el ingreso de divisas, y el país asume el papel de un abastecedor más de esas materias primas en la división internacional del trabajo, luego que el llamado proceso de globalización fuera convertido en la estrategia central del capital. Colombia inaugura así una etapa de su economía en la que la volatilidad será la marca de su desempeño.

 

Que dentro de los materiales del subsuelo el petróleo haya sido el remplazo del café como primer producto de exportación, coloca al país en una situación bastante vulnerable como quiera que nuestras reservas, tanto probadas como potenciales, son un porcentaje muy bajo del recurso en el panorama internacional (una cifra cercana al 0,1%) y, pese a ello, las ventas externas del crudo, entre 2012 y 2015, sumaron más de la mitad del valor exportado, reduciéndose en la actualidad hasta el 34 por ciento. El decremento de las reservas de petróleo, desde un máximo en la última década de 2.445 millones de barriles en 2013, a 1.665 millones al finalizar 2016 (ver figura Nº 2), muestran de bulto la problemática de la incertidumbre que encierra jugar a ser petroleros sin ninguna perspectiva real de llegar a serlo. Como no podía ser de otra manera, la producción promedio diaria descendió de un máximo de 1.009.691 barriles a 852.660 que fue la producción del año inmediatamente anterior (ver figura Nº 3).

Dado el peso del petróleo en el sector externo, el comportamiento de las ventas totales al exterior ha terminado dependiendo de las del crudo, hasta el punto que la caída experimentada por las exportaciones durante el último quinquenio lo explican plenamente las contracciones experimentadas por las ventas del llamado oro negro, como es observable en la figura Nº 4. La correlación entre los recorridos de las variables es evidente, y nada permite pensar que el país tenga forma de generar ventas externas que compensen la inestabilidad propia del mercado de los hidrocarburos. El 20 por ciento de los ingresos fiscales depende de las exportaciones de esa materia prima, por lo que una caída de las ventas del recurso necesariamente contrae el gasto y obliga a transferir ingresos, de otros agentes económicos al Estado, con las inevitables consecuencias sobre la demanda agregada. La baja en las calificaciones de riesgo de la economía colombiana, visto lo anterior, no son más que la formalización del diagnóstico realizado por los “mercados” –como les gusta decir a los creyentes en el automatismo social–  de un serio deterioro de la economía colombiana.

 

 

¿Qué prometen?     

 

Las propuestas de los candidatos del establecimiento –la llamada derecha– están enmarcadas en insistir en la inserción internacional a través de recursos del subsuelo, ignorando las limitaciones en su disponibilidad. Y cuando dicha limitación es reconocida por algunos, como en el caso del petróleo, al aceptar la realidad de una geología poco propicia, las propuestas apuntan a superar la situación aumentando las tasas de recuperación en los yacimientos existentes, o recurriendo a fuentes no convencionales como los hidrocarburos de esquisto, desconociendo que en la ronda de 2014 la participación en las concesiones ofrecidas para ese tipo de fuentes de recursos fue muy baja. 

 

Quienes desde ese horizonte ideológico aspiran a la magistratura ven un obstáculo en las consultas populares que, de acuerdo con la sentencia C-123 de 2014, son un proceso que obliga a las autoridades del orden nacional a concertar con las autoridades del orden territorial y las comunidades la planeación minero-energética. Limitar los efectos vinculantes de los resultados de dichas consultas es una promesa que en nombre del ‘desarrollo’ ofrecen los candidatos de ese espectro político. La expedición de la Sentencia de Tutela T-445 de 2016 por parte de la Corte Constitucional, confirmando el derecho que asiste a las autoridades del orden territorial de consultar a sus poblaciones si la explotación del subsuelo amenaza su bienestar, y el reconocimiento de “que no existe una investigación científica y sociológica elaborada por el Estado que permita determinar los efectos de la minería sobre los recursos naturales, el ecosistema y las poblaciones aledañas a los lugares donde se realizan actividades mineras”, así como la orden “al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República, que conformen una mesa de trabajo con el objetivo de construir dichos estudios en un término improrrogable de dos (2) años”, son una muestra más de que sostener el statu quo no obedece a cosa distinta de la impericia, la ignorancia y la incapacidad de pensar el largo plazo tan propio de la élites del país. Lo que entre líneas sostiene la Corte Constitucional es que las decisiones sobre explotación minera han sido tomadas sin estudios rigurosos y, por tanto, sin tener en cuenta los principios más elementales de la planeación.

 

Desde los grupos más conscientes, inscritos en las visiones de un mundo diferente, la aceptación de que debemos salir del ‘extractivismo’ es manifiesta, sin embargo los lineamientos de un proyecto alternativo al respecto son muy vagos, hecho que no es exclusivo de nuestros políticos y ambientalistas, sino que es común a los anti-extractivistas del continente. Renunciar a los recursos del subsuelo como la forma de participación en los intercambios internacionales significa una alteración radical de las actuales formas de vida de estos países, pues pasa por cuestionar muchos aspectos del consumo importado que, por razones tecnológicas, en algunos casos, o de economías de escala, en otros, no sería posible o conveniente producir de manera local. 

 

Realidad interna-externa que abre interrogantes como, ¿cuál debe ser nuestro grado de soberanía productiva?, ¿cuál es posible en las condiciones actuales? ¿cuán autónomos podemos ser para elegir nuestros bienes comercializables? Estos interrogantes, que hasta hace poco eran imposibles de hacer dejan, curiosamente, de ser absolutas herejías o simplezas, luego que los Estados Unidos, la más grande potencia capitalista, abogara por un cierre de su economía. El fracaso de los tratados de libre comercio firmados por nuestros gobiernos, que en el caso del suscrito con los Estados Unidos no ha sido evaluado de forma crítica, pues lejos de traducirse en una ampliación de las ventas a ese país ha sucedido todo lo contrario, como quiera que en 2012 –el año de su puesta en marcha–, las exportaciones a esa nación fueron el 36,3 por ciento del total de las exportaciones colombianas, mientras en el 2017 la cifra quedó reducida al 27,8 por ciento (en valores absolutos, de 21.833 millones de dólares en 2102, las exportaciones en 2017 quedaron disminuidas tan sólo a 10.541 millones); resultado que obliga a reformular las formas de interacción del país con el resto del mundo. 

 

¿Neo-sustitución de importaciones? 

 

El período de la segunda postguerra que va desde 1945 hasta finales de la década de los setenta, estuvo signado en los países periféricos por las fórmulas que nos debían conducir al ‘desarrollo’, y cuya estrategia central fue la sustitución de importaciones. La Cepal fue la institución encargada de dar las directrices cardinales y de estimular las políticas para tal fin, centrando en la industrialización el mecanismo de copia del transitar histórico de los países del centro capitalista. La revocatoria de ese modelo, impulsada por la búsqueda de la concentración y centralización del capital, iniciada desde los ochenta del siglo XX, para aprovechar las economías de escala en grandes unidades productivas, que no otra cosa fue el llamado proceso de neo-liberalización de la economía, recompuso la división internacional del trabajo y desindustrializó la mayoría de naciones de la periferia, desandando el camino iniciado por la política de sustitución de importaciones. La reprimarización de estas economías fue el resultado final de dicho proceso, que hoy ante el abatimiento del precio de las materias primas tiene a los países marginales en una encrucijada.

 

Revertir esa primarización y salir de su forma más perversa, el extractivismo, empieza a convertirse en una meta urgente para dar salida a la actual situación errática que enfrentan nuestras naciones, Pero, ¿por dónde empezar? Quizá resulte paradójico, o incluso parezca contradictorio señalar, que el comienzo de la autonomía puede residir en lo que algunos grupos alternativos han denominado soberanía alimentaria, y es paradójico porque la propuesta consiste, precisamente, en la retoma de ciertas producciones del sector primario que a estas sociedades les han sido arrebatadas: la obtención de sus propios alimentos. 

 

En el caso colombiano, quizá el ejemplo icónico es el del maíz, cuyas importaciones de alrededor de 4 millones de toneladas al año cuadruplica la producción nacional. En este caso, buena parte del estímulo a las importaciones proviene del hecho que en el TLC firmado con los Estados Unidos fue negociado un contingente de cero aranceles para dos millones 640 mil toneladas, que entran al país sin pagar un solo peso y que están jalonando el precio mayorista a la baja, desestimulando a los productores nacionales. Recuperar el sector, sin embargo, obligaría a denunciar el TLC con ese país, asunto que ninguno de los candidatos ha señalado.

 

Sobre los productos de la industria, el asunto es más complicado, en razón del abismo tecnológico. La desindustrialización sufrida a partir de los ochenta del siglo pasado no fue producto del llamado tránsito hacía una economía de servicios, característica del post-industrialismo, y motivada por los procesos de automatización del sector manufacturero, sino del desmonte absoluto auspiciado por los poderes del gran capital en la mayoría de nuestras sociedades, de la producción de ese sector. Los grupos más reaccionarios, cuando tocan el tema, apuntan a que el país dispute los procesos de maquila que los países industrializados exteriorizan con las deslocalizaciones de algunos procesos de ensamblaje. Los pensadores y políticos progresistas han señalado la necesidad de la re-industrialización de ‘sectores estratégicos’, pero sin especificar cuáles. La idea no es precisada, y no es claro si debemos retomar allí un proceso sustitutivo de importaciones, que vaya en contravía de la actual división internacional del trabajo, o procurar fabricar productos demandados en los mercados mundiales, para sustituir nuestros bienes exportables. 

 

Sea como sea, lo cierto es que la campaña electoral ha quedado dividida entre los que, digan lo que digan, lo único que ofrecen es profundizar la situación actual a pesar de los inmensos riesgos que conlleva y de los desastrosos efectos que ha tenido en la distribución del ingreso, y aquellos que ven la necesidad de superar la situación pero tan sólo pueden balbucear algunas generalidades, cuyos intentos de plasmar en la práctica, si existiera la oportunidad, seguramente conduciría a frustraciones mayores que más adelante generen escepticismo entre quienes desean un mundo distinto.

 

A pesar de lo anterior, no debe quedar la sensación de que cualquier resultado en las próximos comicios conduce a lo mismo. Es claro, por ejemplo, que los amigos de la conservación del actual estado de cosas buscarán torpedear la reinserción de las Farc en el concierto político de la legalidad, mientras que los llamados candidatos del centro y de la izquierda intentarán proteger el proceso, lo que seguramente no es poca cosa, pero, ¿no es igual de urgente plantear salidas a la incertidumbre que representa el actual estado estructural de la economía colombiana?, ¿debemos seguir navegando sin una política de Estado que garantice un futuro digno para todos los pobladores de nuestro territorio? 

 

Estamos, entonces, ante una realidad compleja que resalta en este tipo de momentos políticos. La ausencia casi total de pensamiento crítico y el nulo papel de la academia en la identificación de las amenazas hacía adelante que enfrenta el país, plantean la necesidad de una reflexión sobre nuestro quehacer que vaya más allá de las coyunturas electorales y que marque metas verdaderamente garantistas sobre el mañana. 

Viernes, 23 Marzo 2018 15:33

Una sociedad de miedos

La sangre continúa impregnando el campo y las ciudades colombianas. En su informe 2017-2018, “La situación de los Derechos Humanos en el mundo”, Amnistía Internacional recuerda que en Colombia “[…] el conflicto armado persistía en 2017, y en algunas partes del país parecía haberse intensificado”. Y especifica: “La población civil, especialmente los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, y los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, seguía siendo la más afectada por el conflicto armado que aún continuaba”.

 

Más adelante redondea un cifra: “Los delitos contra 31.047 víctimas del conflicto armado se registraron por primera vez entre enero y octubre de 2017” (1).

 

La cifra no es intrascendente y, si a ella fueran sumadas las víctimas del conflicto mismo afectadas entre finales del 2017 e inicios de 2018, se incrementaría en varios cientos o miles. Víctimas desprevenidas en unos casos, como la de Flover Sapuyes Gaviria, líder social, defensor de Derechos Humanos, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), y líder activo del movimiento Marcha Patriótica, asesinado el 23 de febrero en la vereda La Esperanza del municipio de Balboa, Cauca (2). O como la de Juan Carlos Páez, condenado por rebelión y sindicado de pertenecer al Eln, quienn luego de estar en prisión dos añoa y medio en el establecimiento de alta y mediana seguridad de Palogordo, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria; trasladado el día 20 de febrero por funcionarios del Inpec a su lugar de residencian en el municipio de San Pablo –sur del departamento de Bolívar– a las 8:30 a.m., en horas de la noche fue asesinado por dos sicarios (3). ¿Sabían de antemano los autores intelectuales del homicidio, y de su traslado y ubicación a su casa de familia los pistoleros? ¿Venganza? ¿Quién filtró la información?

 

Esta es una de las decenas de exguerrilleros asesinados en los últimos meses; los que estuvieron alzados en armas con las Farc registran un saldo que proyecta todo un plan de exterminio que nadie puede anticipar hasta dónde llegará, pero lo que sí es posible vaticinar es que no quedará estancado en los más de 30 asesinatos denunciados por las Farc el pasado 1º de febrero (4).

 

Da miedo el nivel de violencia en que continúa sumido el país, y da miedo asimismo la disposición para la venganza que bulle por doquier. Existe en Colombia una mentalidad de guerra que no será de fácil desmonte. Los 30,6 billones de pesos destinados en el Presupuesto General de la Nación 2018 para las Fuerzas Armadas así permiten deducirlo. 

 

Esa mentalidad de guerra cubre todo el establecimiento y se extiende como pensamiento sectario por nuestro frágil tejido social, de manera similar a lo conocido y sufrido por el país en los años 40 y 50 del siglo XX. Esa mentalidad deja claro, luego de un año y unos meses de la firma del Acuerdo Gobierno-Farc, que para llegar a un clima de paz es necesario mucho más que una firma de complacencia: economía, sociedad, cultura, etcétera, deben sufrir un cambio estructural para que así sea.

 

Es la misma mentalidad que alimenta e inspira los actos de saboteo de las manifestaciones político-electorales de las Farc. Como es conocido, la otrora insurgencia más numerosa del país, luego de firmar unos acuerdos que de una u otra manera les daban respuesta  a sus aspiraciones políticas y sociales, quedó sorprendida por el sustancial cambio, en el Congreso de la República, del espíritu del Acuerdo mismo, pero además por el deseo latente entre los sectores que por siempre han detentado el poder en el país de lincharlos –en el sentido literal de la palabra– en todos los niveles: hacerlos comer polvo. La falta de implementación de la legislación relativa a la mayoría de los puntos del acuerdo de paz, como lo recuerda Amnistía Internacional, es parte de ello (5).

 

No fuera raro que algunos de sus dirigentes amanecieran cualquier día en cárceles de los Estados Unidos o que fueran sometidos a otras situaciones extremas. La reciente sindicación de lavado de dinero, a través de las tiendas Supercundi y Merkandrea, indica claramente que les espulgarán hasta el más íntimo de sus rincones, labor que, como todos recordamos, en este país no avanza de manera exitosa sin la mano complaciente de la metrópoli, llámese FBI, CIA, DEA o cualesquiera otras de sus agencias de seguridad, y de sus aliados, Israel, Reino Unido o Francia. 

 

¿A dónde pretenden llegar quiénes están detrás de todo esto? El espíritu de venganza que bulle tras estas actuaciones gubernamentales no da para pensar menos, en un espíritu que transmite miedo, pues raya en la más ‘santa’ imagen de aquello conocido como Tradición, Familia y Propiedad, o defensa del status quo al precio que sea, con aprendizaje y disposición para que en este país nunca llegue a cuajar lo que ocurrió en El Salvador con los exguerrilleros o lo vivido por Uruguay, que según su pensar ya sería la debacle. Es notoria la disposición imperante por cerrarles el paso a los desmovilizados, bajo todo tipo de argucias y maniobras. Se trata de una resolución del poder todo, proyectada, además, con la plena indisposición de parte de ricos y poderosos por ceder así sea un pequeño porcentaje de su poder económico y político, urbano y rural. ¡Da miedo una mentalidad tan cerrada! 

 

Da miedo este país sometido a una minoría de millonarios dispuestos a seguir ahondando en privilegios, en propiciar miseria y potenciar las causas que originaron el conflicto armado, como la extensión de su mentalidad en el conjunto social: así se pudo percibir en expresiones de vecinos y propietarios de negocios aledaños a las saqueadas tiendas Supercundi y Merkandrea.

 

Preguntada una vecina de estos locales por lo que había visto, no dudó en decir: “Era un montón de gente sacando todo, papas, todo, como si fuéramos venezolanos […]. Aquí trabajamos, cada uno tiene con qué resolver lo suyo […]”. Esa respuesta deja a la luz varios aspectos sustanciales: su clasismo (¿somos mejores que “los otros”?); el desconocimiento del país real que habitamos, donde un porcentaje no despreciable de sus miembros padece desempleo o sobrevive en la informalidad y donde la inmensa mayoría no recoge lo necesario para vivir en dignidad; y el nivel de penetración logrado por el discurso sobre Venezuela, país sumido en grave crisis pero donde muchos de sus pobladores solamente ahora conocen niveles de necesidad extrema que obligan a pedir, y rebuscar en la basura y similares, como lo ha difundido la prensa oficialista u oficiosa. ¿Alguien recuerda desde cuándo vivimos tales extremos en Colombia? ¿Somos ciegos? Produce molestia que nos tapemos los ojos ante nuestro entorno, que lo neguemos, pues, como dice el refrán, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

 

A la vez, interrogado un comerciante aledaño a estos negocios en Bogotá, ofendido por el intento de saquear su local, no dudó en decir: “[…] señor Alcalde, señor Presidente, si esta situación les quedó grande; si no son capaces de controlar, déjenos actuar a nosotros”. Justicia por mano propia es lo que reclama este comerciante, la misma que les dio paso a las Convivir, antesala de los grupos paramilitares. Y ya sabemos el nivel de violencia que hay detrás, en medio y a los lados de todo esto; nivel de violencia potenciado por la propia actuación desde el alto Estado, como por sus fuerzas de seguridad; violencia para proteger privilegios, para ahondar el terror; para generar temor, pasividad, desconfianzas. Da miedo el miedo que potencian y la mentalidad que lograron introducir en el tejido social. Sin poder olvidar, ante todo esto, aquel otro decir del adagio popular: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”.

 

Estamos ante manifestaciones del poder y su real concreción en Colombia, aquel que padecen millones, no el adornado por los medios de información oficiosos, que ahora, en la aceptación que consigue Gustavo Petro como candidato a la Presidencia en un sector de la sociedad, permite divisar niveles de inconformidad social y deseos de cambio. Son anhelos cimentados por las pocas medidas de beneficio social que logró poner en marcha en su bloqueada administración como alcalde de Bogotá: reducción de tarifas en el transporte urbano; ampliación del cubrimiento de servicios y derechos básicos como los de salud, medio ambiente y el mínimo vital al agua; asignación al nuevo al Estado –en este caso Distrital– de funciones públicas arrebatas por el capital privado (recolección de basuras). Todo ello, de ser así, significaría que los más pobres anhelan un cambio signado en medidas concretas, más que en promesas, las que nunca tomarán cuerpo, mucho menos cuando la campaña electoral en Colombia no aborda las medidas que ciertamente ejecutará quien llegue al Ejecutivo, obligado por el capital internacional, a través de las anunciadas reformas fiscal, pensional, laboral, de la salud y otras, todas ellas dispuestas y necesarias para ahondar el poder económico y político de quienes lo controlan.

 

Hay un desborde de confianza y esperanza de cambio del régimen económico, social y político que tiene signos de similitud con la disposición de un sector social a saquear un local del que están seguros que todo se perderá si queda bajo control del Estado, como lo dijo uno de los pobladores entrevistados con ocasión de los sucesos comentados: “Nos metimos a coger las cosas, pues, si cierran el almacén, todo se perderá”.

 

La simpatía expresada con el candidato que por ahora puntea en las encuestas, tal vez en el techo de su popularidad electoral, por un lado proyecta una luz de esperanza en que no todo es apatía y sumisión en este país, como lo expresara con preocupación un importante investigador social: “[…] en Colombia, donde la apatía es de lo más brutal. Es uno de los países más apáticos, pasivos, más sumisos. ¡La gente es de una sumisión, de un aguante! No estallan. Eso no puedo entenderlo” (6). Pero, por el otro, denota que la gente, en vez de buscar una solución del conflicto histórico que nos arrinconó como uno de los países más desiguales y violentos del mundo, busca que alguien resuelva las frustraciones de una vida plagada de carencias, Busca un caudillo, delegando en él todo tipo de poderes y esperanzas. Da miedo esta decisión y sus consecuencias. El reto de un sujeto histórico, con vocación colectiva y decisión de romper todo tipo de barreras, continúa latente en Colombia.

 

Sin embargo, y, aunque la realidad esté llena de contradicciones y limitantes, la luz de cambio que proyecta el sector social que ahora permanece en la cabeza de la disputa electoral, a quien el poder y sus defensores de oficio han despreciado y maldecido desde años atrás, permite deducir que el miedo va perdiendo espacio y que, tal vez como ya lo expresó el poeta español León Felipe (1884-1968) (7), casi en silencio, con humildad, el miedo le dé paso a su opuesto:

 

Así es mi vida,
piedra,
como tú. Como tú,
piedra pequeña;
como tú,
piedra ligera;
como tú,
canto que rueda
por las calzadas
y por las veredas;
como tú,
guijarro humilde de las carreteras;
como tú,
que en días de tormenta
te hundes
en el cieno de la tierra
y luego
centelleas 
bajo los cascos
y bajo las ruedas;
como tú, que no has servido
para ser ni piedra
de una lonja,
ni piedra de una audiencia,
ni piedra de un palacio,
ni piedra de una iglesia;
como tú,
piedra aventurera;
como tú,
que tal vez estás hecha
sólo para una honda,
piedra pequeña
y
ligera...

1. https://www.amnesty.org/es/

2. http://www.reddhfic.org/

3. Comunicado del Colectivo de presos políticos Rafael Lombana Cabrera, cárcel de Palogordo-Girón; Movimiento nacional carcelario 

4. http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/02/24/colombia-asesinado-preso-politico-del-eln/

5. https://colarebo.com/2018/02/01/partido-farc-denuncia-asesinato-de-cuatro-de-sus-miembros/

6. Amnistía Internacional, op. cit.

7. Huergo Jorge y Morawicki Kevin, Memoria y promesa. Conversaciones con Jesús Martín-Barbero, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2016, p. 184.

Sábado, 10 Marzo 2018 11:19

Contra el miedo

 Esos recuerdos nunca nos abandonan. Al comenzar los años setenta del siglo XX, entrado ya en la pubertad, asistí a una de las reuniones de niños y jóvenes organizadas en Semana Santa por el colegio San Pedro Claver de Bucaramanga. Entusiasmado con la lectura y por la curiosidad, inquiriendo todo aquello que no comprendía, me atreví a preguntar en el círculo de la palabra en el que estaba adscrito por los otros hijos de María, la Virgen. Era una pregunta sincera pero que no encontró respuesta sencilla sino furia, al ser rodeado de inmediato por un grupo de muchachos mayores que amenazantes me gritaron con fanatizada mirada encendida en odio: ¡Cristo Rey vendrá a castigarlo!

 

En este mismo colegio compartí docentes con el hoy precandidato Alejandro Ordoñez, una de las opciones del uribismo en su consulta interna por celebrarse el 11 de marzo, a quien encontré y entrevisté brevemente en el evento con (pre y) candidatos presidenciales organizado por la Universidad del Rosario. Como egresados del mismo colegio nos alegramos al recordar con gratitud al hermano Arroyave, nuestro vasco y formidable maestro de lectura. Al preguntarle a Alejandro como quisiera ser recordado en cincuenta años, me respondió: ‘como un defensor de la familia, la propiedad privada, los valores tradicionales’. Sus palabras me retrotrayeron a las quemas de libros por él lideradas en el parque San Pío en los años sesenta. Ese tipo de sucesos, con el temor que despiertan, nunca se olvidan. Le pregunté si estaría dispuesto a trabajar en favor del país en un gobierno de signo diferente al de la ideología que encarna, y su respuesta fue rotunda: ¡No!

Sus palabras me llevaron a pensar por el tipo de “familia” a que se refería, porque por su entonación era evidente que creía que había sólo una. Y reflexioné sobre el miedo que desde siempre nos ha acompañado como humanidad ante el hecho de ser y pensar de modo diferente al establecido. El miedo a alguien que se declara “salvador” y “defensor de las tradiciones”, pues con esa autoconciencia se han adelantado las muchas cruzadas que han tenido lugar en este martirizado planeta. 

Pensé también en el miedo a las consecuencias por no aceptar las injusticias instauradas por las relaciones despóticas que trajo la Colonia. El miedo impuesto por los aparatos represivos del Estado adoctrinados en el anticomunismo y la contrainsurgencia desde los años cuarenta del siglo pasado. El miedo a expresar ideas diferentes a la burbuja de sentido fijado por quienes administran lo admisible y lo inadmisible. Administradores que ejercen un poder otorgado por la red corporativa beneficiada con el orden demencial imperante que pretende pasar como lo más normal del mundo.

En 1948, Gaitán se atrevió, venciendo el miedo engendrado por el genocidio ejecutado sobre su movimiento desde años atrás, a encarnar una opción popular para la presidencia de 1950. El gobierno de los Estados Unidos realizó entonces la primera operación encubierta de la Guerra Fría en Colombia. Éramos en ese entonces, y somos hoy, libres de elegir, siempre y cuando elijamos a uno de los candidatos del partido único de las corporaciones. Somos libres de elegir a cualquiera que acate la instrucción del poder global que ordena sacrificar las mayorías nacionales en los altares del recaudo para pagar la deuda que nunca se acaba de pagar. Una deuda incrementada de modo notable con la contratación del complejo militar industrial estadounidense, para develar y destruir no sólo la insurrección armada, sino la resistencia política al modo de dominarnos que nos empobrece y desangra.

Pero sucede que el miedo, como las bayonetas, no sirve para sentarse en él. Y hay hombres y mujeres que no se han vendido, ni se dejan intimidar, y conforman una estirpe del decoro que encarna el profundo anhelo de la multitud de grandes y sabias transformaciones. Y sucede también que los pueblos aprenden. Y los tiempos parecen estar cambiando. Y el miedo también se agota. Y despunta en el horizonte la Colombia digna y soberana largo tiempo anhelada. ν

 

 

Miércoles, 14 Febrero 2018 11:15

Los "idiotas útiles" del Pentágono

En Washington, demócratas y republicanos coinciden por lo menos cuando se trata de combatir a Rusia. En su opinión, Vladimir Putin duda de la determinación de Estados Unidos en defender a sus aliados y quiere proteger a su régimen autoritario contra un contagio democrático y liberal. Por lo que habría decidido agredir a Occidente. Entonces, para garantizar la paz y la democracia, el ejército estadounidense y los parlamentarios de los dos partidos decidieron contraatacar...

 

El ejército estadounidense, en primer lugar. Respondiendo a un pedido de la Casa Blanca, el Pentágono acaba de terminar un estudio que preconiza una utilización más generosa del arma nuclear (1). Al ser ésta demasiado destructiva para que su utilización sea imaginable, y en consecuencia sin poder desempeñar su papel disuasivo, convendría miniaturizarla más con el objeto de poder recurrir a ella contra un abanico más amplio de amenazas. Incluidas las "no nucleares": destrucción de las redes de comunicación, "armas químicas, biológicas, ciberataques", etcétera.


Alarmismo geopolítico


En 2016, poco instruido acerca de los fundamentos mismos de la disuasión, el candidato Donald Trump habría interrogado a uno de sus consejeros: "¿Para qué tener armas nucleares si no las usamos?" (2). El documento del Pentágono responde a su manera. Frente a las "ambiciones geopolíticas" de Rusia (pero también de China), de "modificar por la fuerza el mapa de Europa" y de "cuestionar el orden internacional posterior al fin de la Guerra Fría", Estados Unidos debe encarar sin demora "la modernización de [sus] fuerzas nucleares", con el objeto de seguir siendo "los centinelas fieles de la libertad". Esta abnegación democrática no tiene precio, o más bien sí: la multiplicación por tres del presupuesto militar estadounidense consagrado al ámbito nuclear.


Semejante alarmismo geopolítico al servicio de una nueva carrera armamentística suscitaría más oposición en Estados Unidos si, desde hace un año, lo que es considerado como la izquierda estadounidense no se hubiera encarnizado en presentar a Trump como una marioneta de Moscú (3). Incluso hasta el punto de obligarlo a entregar armas a Ucrania (su predecesor demócrata se había negado) y a endurecer las sanciones contra Rusia. El ex vicepresidente Joseph Biden acaba de regocijarse de eso en un artículo cuyo título advierte de entrada la sutileza: "Defender la democracia contra sus enemigos: cómo resistir al Kremlin" (4).


En el mismo momento, los senadores demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores hicieron público un informe que analiza "el ataque asimétrico de Putin contra la democracia en Rusia y en Europa". Más indignada todavía que de costumbre, la reconocida periodista Rachel Maddow, portavoz de la "resistencia" anti-Trump en la cadena NBC, ocupó su lugar en el acto: "No sólo nuestro Presidente no hizo nada para apagar este incendio ¡sino que observó el aumento de las llamas!". Puede dormir tranquila: el Pentágono sabrá velar por ella.

 

1. Ashley Feinberg, "Exclusive: here is a draft of Trump's nuclear review. He wants a lot more nukes", 11-1-18, www.huffingtonpost.com
2. Matthew J. Belvedere, "Trump asks why US can't use nukes: MSNBC", 3-8-16, www.cnbc.com
3. Véase "El lobby antirruso derrota a Trump", Le Monde diplomatique, edición Colombia, septiembre de 2017.
4. Foreign Affairs, Nueva York, enero-febrero de 2018.

 

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Víctor Goldstein

 

En la era digital, los datos genealógicos, así como muchas colecciones fotográficas, pasan de un estatus de patrimonio histórico común al de capital económico detentado por algunas empresas. La noción misma de patrimonio como bien común universal debe entonces ser reinventada.

 

Principales víctimas de la ocupación israelí, agobiados por la precarización social y económica, desconfiados de las organizaciones históricas, los jóvenes palestinos buscan nuevas formas de movilización política y de expresión para enfrentar la violencia cotidiana de sus vidas y redefinir su lucha nacional.

Lanzada en diciembre de 2015, la Iniciativa Africana de Energías Renovables busca solucionar la escasez de electricidad en el continente sin recurrir a energías fósiles y según las necesidades de los países involucrados. Pero las naciones africanas son presa de las multinacionales que aprovechan la liberalización del sector.

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Le Monde Diplomatique Colombia.

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