Fabio Mejía Botero, Cargados de “comodities”, fotografía (Cortesía del autor)

El bloque hegemónico colombiano ha llegado a un cierre de ciclo histórico. Si el ciclo del bipartidismo duró de 1886 a 1991, el gobierno del bloque emergente paramilitar cumple su trayectoria luego de dos décadas de inconformidad social. Esta es la hipótesis abordada en este artículo.


En la perspectiva del análisis político-económico, revisamos la historia del poder en Colombia, atravesado por los intereses políticos y económicos, lo que nos permite indagar por el bloque hegemónico colombiano, en su más reciente emergencia y reposicionamiento, y en un posible cierre del ciclo histórico de su dominio.


Al investigar la historia reciente colombiana, identificamos que la conformación del bloque hegemónico fue producto de los Pactos de Sitges y Benidorm que dieron lugar al acuerdo del bipartidismo conocido como Frente Nacional, en 1958. Con antecedentes disímiles, en las políticas de gobierno decididas a lo largo de aproximadamente seis décadas, la reconfiguración del poder político de liberales y conservadores dio lugar al bloque hegemónico emergente que tomó el poder en el año 2002. La confluencia de la financiación de los carteles de la droga con el paramilitarismo acordó en el Pacto de Ralito (2001) el control del poder del Estado colombiano. El fin del ciclo histórico que puede lograrse en 2022, comprende la elección de una clase política distinta que asuma el poder vía las elecciones legislativas y presidenciales.


El bloque hegemónico emergente ha materializado su dominio con la interdependencia de los poderes político y económico instituidos por la Política Económica de Confianza Inversionista, y con el poder militar que respalda la Política de Defensa y Seguridad Democrática. La interrelación de estas políticas públicas del gobierno colombiano ha tenido una sistemática continuidad a lo largo del periodo 2002-2022, y en ello la profundización de la inversión extranjera directa-IED, para la extracción de los recursos naturales en los territorios, tuvo en el incremento del pie de Fuerza Militar la función de defender los intereses de los capitales externos, en contravía de los intereses del pueblo colombiano.


La reconfiguración del bloque hegemónico colombiano en el siglo XXI ha llegado a un ciclo de dos décadas que cierran con las elecciones presidenciales del año 2022. Los cambios y continuidades entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010), Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014; 2014-2018), y el gobierno que termina de Iván Duque Márquez (2018-2022), resaltaron una dinámica de continuidad con la Política de Seguridad Democrática y con el modelo económico primario-exportador de la Política Económica de Confianza Inversionista.


El debate político que conoce hoy el país, liderado por los candidatos presidenciales que se han posicionado en los foros de los medios masivos de comunicación va dejando sobre la mesa de la opinión pública nacional, en primer lugar, la exposición de sus argumentos frente a los asuntos económicos del gobierno, la reforma tributaria, el combate a la corrupción y la generación de empleo. En segundo lugar, se ha solicitado a los candidatos dar respuestas a ¿cómo afrontar el miedo a la violencia? y ¿cómo han de encarar las negociaciones pendientes sobre el conflicto armado con los diferentes actores? En tercer lugar, la perspectiva de la educación pública, sobre la cual gana opinión una de carácter gratuita, universal y de calidad, en tanto, cada uno de los candidatos se identifica con mejorar los niveles de educación de la población colombiana.


Por su parte, en el escenario público callejero, el abucheo en distintas ciudades encarando al expresidente Uribe Vélez, deja en claro que un sector del pueblo colombiano no quiere más continuidad del proyecto político que representa la impunidad de los narcotraficantes y de los paramilitares instalados en el control del poder del Estado desde el año 2002. La coyuntura amerita un cambio político, que de llegar a darse podría estar liderado por la coalición agrupada en el Pacto Histórico. Sin embargo, es posible que se definan relevos de las clases dominantes con alguno de los candidatos del Centro de la Esperanza o del Equipo por Colombia.

Los vaivenes de los sectores económicos


En la actual contienda electoral, cada sector económico (agrario, financiero, comercial, de la construcción, entre otros) prioriza sus intereses por sobre los del país, con la óptica situada en que garantice sus ganancias actuales y futuras. La priorización de los intereses económicos puede observarse en las decisiones tomadas por los últimos gobiernos en materia de política económica, en cuanto a qué, el aumento de divisas en el país producto de la inyección de capitales externos benefició con grandes exenciones de impuestos a los empresarios colombianos que concentran la mayor acumulación de capitales.


En el último gobierno de Iván Duque, esto se concretó a través de la Ley 1943 de 2018, la cual expidió “normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general”, y la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico. Es sabido que, en el Estatuto Tributario diseñado por la Dirección General de Impuestos Nacionales fueron creadas un aproximado de “253 excepciones”, las cuales han beneficiado a “las 500 empresas más ricas del país” (Forero, 16 de julio de 2020).


En cuanto a las decisiones en política monetaria, existen alertas tempranas ante la intromisión del poder ejecutivo; por ejemplo, el llamado de Kalmanovitz a defender la autarquía del Banco de la República se dio en respuesta a las declaraciones del presidente Iván Duque sobre cuestiones de alza de precios y manejo inflacionario (Kalmanovitz, 2022). El dinosaurio intocable de la Banca Central en Colombia ha tenido, contra viento y marea, que mantener el poder adquisitivo de la moneda, hacer que el peso colombiano conserve su valor a toda costa, frente a una arquitectura financiera internacional que se devora con las ilusiones de dolarizar las fronteras, en la extensión de la frontera dolarizada con el Ecuador, o lo que han denominado los “trumps bachaqueros” en el proceso de “dolarización popular” que vive la frontera con Venezuela.


Entre los temas que son competencia de la Banca Central, el último aumento del salario mínimo del 10,07%, resultó irrisorio, debido al detrimento de valor del peso, evidente por el incremento de la inflación. Es decir, que se han presentado significativas variaciones en los precios, debido a las cifras de inflación con que cerró el año 2021, en “alimentos y bebidas (17,23%), restaurantes y hoteles (8,83 %) y el transporte (5,69 %)” (Portafolio, 8 de enero de 2022). El efecto inmediato de esta escalada, la disminución real en la capacidad de consumo de las mayorías ha provocado inconformidad en la mayoría de los hogares del país.


Además, en la crisis económica adjudicada al coronavirus, las cuarentenas estrictas y obligatorias aceleraron el posicionamiento del comercio digital y una mayor financiarización del mercado, el comercio y de la economía en general. A su vez, la situación portuaria se ha visto radicalmente afectada, no sólo por el virus que limitó durante un breve periodo el anclaje de los productos de importación y exportación, sino por una falencia en los containers. Esta situación ha perjudicado la entrada de insumos para el sector industrial y agrario, generando desabastecimiento en el caso de la cerveza, y aumento de precios de los productos agrícolas.


Estos asuntos han sido tratados en el debate político, entre los escenarios destacados, en agosto de 2021 fueron invitados los candidatos presidenciales a la Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI, en la cual expusieron sus proyectos relacionados con la política económica. La sistematización de las diferentes posiciones que compiló Portafolio (14-15 de agosto de 2021), ubican un panorama frente a las adhesiones y distancias que marcan los candidatos frente a los grupos económicos referidos. En síntesis, son claras posiciones a favor de la continuidad del llamado neoliberalismo en su versión del capitalismo financiero, que deja a Colombia con una deuda externa de “US$167.859 millones, el 53,1% del producto interno bruto (PIB)” (Ibid.) a diciembre de 2021.


Los clásicos del liberalismo persisten: libre empresa, libre mercado, libre competencia, son las denominaciones comunes. La única mención a un “nivel de proteccionismo” fue la intervención de Gustavo Petro, proteccionismo que debiera entenderse como un proyecto de reestructuración desde el Estado de la industria nacional, distinto al proteccionismo conservador que posibilitó la conformación de los monopolios empresariales de las clases dominantes colombianas. En tal sentido, puede dialogar la referencia a la industrialización por sustitución de importaciones de Jorge Enrique Robledo, en tanto regular las importaciones de productos industriales que son manufacturados y productos agrarios que hacen parte de la economía del campo colombiano.

Los grupos económicos, continuidad y fortalecimiento


Los grupos económicos colombianos siguen acumulando grandes fortunas que posicionan a sus propietarios entre los más ricos del mundo según la lista Forbes (2021). La concentración de la acumulación de capital está relacionada a “los patrimonios de las empresas que son de su propiedad” (Forbes, 2021). Se entiende que la generación de riqueza en Colombia está definida por la libre competencia de las empresas privadas que han creado el monopolio de la producción de bienes, servicios, dominando en todos los sectores económicos.


En tal sentido la legislación colombiana ha beneficiado la libre empresa privada, con las exenciones de impuestos tributarios, como con la venta de las empresas del Estado a capitales privados nacionales y externos. Las rentas extraordinarias del Estado, que producía la nacionalización de la prestación de los servicios domiciliarios (agua, alcantarillado, aseo, electricidad, gas, telefonía), a partir de los años noventa ha sido ofertada a la acumulación de ganancias de sectores privados. Un solo ejemplo de los múltiples casos, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue la “privatización de la empresa estatal de producción y comercialización de energía eléctrica –ISAGEN” (Otero, 11 de agosto de 2013).


Las medidas económicas, jurídicas y políticas tomadas por los gobiernos de Uribe Vélez, Santos Calderón y Duque Márquez, han favorecido a los grupos económicos que concentran la mayor acumulación de riquezas en Colombia. Esto lo demuestran medidas como las que tomó el Banco de la República de inyección de liquidez al sector financiero, mediante emisiones monetarias en el año 2020, con la impresión de “$33 billones en 2020” (Cifuentes, 2021). Los salvavidas a los bancos fortalecieron al sector económico que mayor acumulación de capital ha detentado en las últimas décadas, evidencia de lo cual es el constante favorecimiento de las familias más ricas de Colombia, las cuales conforman los grupos económicos que dominan en todos los sectores de la economía.


Luis Carlos Sarmiento Angulo propietario del Grupo Aval, representa la mayor acumulación de capitales de los sectores financiero y de construcción. Frente a las candidaturas presidenciales se han registrado entrevistas y declaraciones de las posiciones de Gustavo Petro frente a la democratización bancaria, ante las cuales el empresario Sarmiento Angulo ha reiterado su respaldo a Uribe Vélez, con un claro mensaje sobre sus posiciones políticas en las elecciones presidenciales.


Al sector financiero llegó el nuevo rostro de David Vélez, quien es responsable del Banco Nubank, una estrategia de banca digital que logró posicionarlo en el segundo puesto entre los hombres colombianos más ricos. Frente a los mecanismos financieros de Nubank, Petro ha hecho declaraciones positivas, que permitirían aproximar su proyecto político al nuevo millonario; sin embargo, no se han registrado declaraciones del banquero virtual hacia sus preferencias de candidaturas en las elecciones presidenciales de 2022.


Los movimientos del Grupo Empresarial Antioqueño ganaron ritmo sísmico en la Bolsa Colombiana a lo largo de los dos primeros meses del año. Las acciones de la empresa de alimentos Nutresa y del Grupo Sura, han tenido ofertas públicas de adquisición (OPA) por parte de la familia Gilinski. Esto en la agitada política municipal de Medellín ha sido controvertido por declaraciones del alcalde Quintero contra los carteles empresariales que han gobernado en la ciudad. Además, se han modificado las alianzas económicas en la compra y venta del periódico El Colombiano, lo que muestra una gran convulsión en los relevos del poder económico en el departamento antioqueño. Los paisas tradicionales se atravesaron en la compra del periódico, también codiciado por el Grupo Gilinski que tiene cierta simpatía por Quintero.


En el escenario de la capital colombiana, el Grupo Santodomingo ha distribuido la fortuna entre las viudas Beatriz y Vera, y entre los hijos Alejandro y Andrés, quienes se posicionaron respectivamente entre los colombianos más ricos. Sus acciones mayoritarias en la oligopolización de Bavaria facilitaron una reducción de 19 a 6 fábricas en el territorio colombiano durante los últimos años, con lo cual se llegó hasta el episodio de desabastecimiento de cerveza en las fiestas decembrinas de 2021.


Sobre las retribuciones de los grupos económicos por las medidas que toman los gobiernos para beneficiar la acumulación de ganancias, es como pueden entenderse por ejemplo las relaciones políticas de Julio Mario Santo Domingo con Ernesto Samper. Poder político y económico entrelazado en este particular a partir del respaldo brindado por el empresario al político en el proceso 8.000, luego del escándalo por el ingreso de dineros del Cartel del Valle a las elecciones presidenciales de 1994.


Igualmente, Juan Manuel Santos Calderón durante su mandato ofreció homenajes ante el fallecimiento de Julio Mario. Actos que traslucen ante la opinión pública la adhesión de la familia Santodomingo al Partido Liberal Colombiano, y sus derivaciones como la del Partido de la U. Con el ingreso al mercado mundial de la cervecería que heredaron es clara la posición del libre comercio y la liberalización de capitales que éstos practican.

Por su parte, la Organización Ardila Lülle, que hizo una gran fortuna con los productos Postobón y los ingenios azucareros, ha regresado durante los últimos años a competir con el Grupo Santodomingo en la industria cervecera, fundando en 2014 la Central Cervecera de Colombia S.A.S., productora de la cerveza Andina y distribuidora en el territorio nacional de la cerveza Heineken. A poco menos de un año de la muerte de Carlos Ardila Lülle, puede entenderse que aún sigan los procesos de distribución de la multimillonaria herencia entre sus cuatro hijos. La Organización está en manos del mayor de ellos, Carlos Julio, y los demás mantienen otros roles menos visibles al interior de la jerarquía empresarial, al igual que algunos de sus nietos. De los manejos de Carlos Julio, es de recordar la expulsión de Vicky Dávila de La FM-RCN, tras las múltiples solicitudes del gobierno de Juan Manuel Santos.


Como hay evidencias de ello a lo largo de la historia mundial, las interconexiones familiares son íntimas entre las clases dominantes en el poder económico. El matrimonio de Antonio José Ardilla con Luz Ángela Sarmiento unificó a la Organización Ardila Lülle con el complejo financiero del Grupo Aval. Estás estrechas relaciones entre Bogotá y el Valle del Cauca, conjugan puntos estratégicos en los cuales circula la agroindustria de los ingenios azucareros con los pules del sector financiero, sector de la construcción y las vertientes de industria de gaseosas y cervecería.

Los otros actores


El análisis de las posiciones de los movimientos sociales frente a las elecciones, el panorama de las negociaciones de paz con los actores guerrilleros y unos posibles diálogos con el poder irregular de los criminales organizados, como lo viene incentivando Álvaro Leyva Durán, conllevan a dejar mencionada la crisis humanitaria que vive el departamento de Arauca, donde se han registrado “428 familias (1.531 personas aprox.)” (OCHA, 20 de enero de 2022) víctimas de desplazamiento forzado armado. El campesinado colombiano sigue cargando con todo el peso del conflicto armado, los actores con multiplicidad de intereses no han dado tregua a los líderes sociales, a los resguardos de comunidades indígenas y a los exguerrilleros que habitan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-ETCR en las zonas de frontera.


Distintos intereses económicos se cruzan en la zona, entre las rutas del tráfico de drogas hacia Venezuela, las pugnas por el control del territorio para garantizar las exploraciones y explotaciones de yacimientos petroleros. En ese marco, la codicia de las nuevas generaciones de traficantes ha desatado confrontaciones entre diversidad de organizaciones criminales “grupo armado organizado (GAO) y un grupo generador de violencia (GGV)” (OCHA, 20 de enero de 2022) como entre las mismas denominaciones guerrilleras. La intervención o complicidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, no logran informar lo que realmente sucede en el territorio.


Las acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional-ELN, las ubicaciones de los guerrilleros firmantes del acuerdo que se rearmaron en la Segunda Marquetalia con la comandancia de Iván Márquez, y el control del territorio de las disidencias de las FARC-EP que previo a firmar el Acuerdo de Paz de La Habana regresaron a las armas siguiendo a Gentil Duarte, conforman una bomba de tiempo que atraviesa desde el Pacífico nariñense y el Putumayo, cubriendo las regiones de la Orinoquía y Amazonía, hasta llegar a la frontera de Arauca con Venezuela. El país olvidado que se encuentra pasando los Llanos orientales, no logró saber en qué momento se dio un proceso de paz en Colombia.


El conflicto armado interno persiste claramente en la confrontación que emiten las posiciones contra el Estado, pero de la misma manera el conflicto social y político continúa atizado por los paramilitares y otras bandas armadas. El escenario del departamento de Arauca permite recordar los problemas estructurales de la necesidad de estatización de los recursos estratégicos y la transformación del actual modelo económico y el tipo de Estado, hacia uno protector de una economía planificada y que asuma los retos de modificación del modelo primario exportador. El paso a un sistema energético con energías limpias y renovables tiene el reto de atender otros sectores de la estructura socioeconómica colombiana, en el sentido de garantizar pleno empleo a la fuerza de trabajo, además de tomar posición activa y transformadora en la relación con la naturaleza y el cambio climático.


La solución de los problemas sociales sigue en la raíz del conflicto: la distribución de las riquezas. Es necesario que las clases dominantes del poder económico se comprometan con el cumplimiento de la reforma agraria que permita la devolución o restitución de tierras productivas al campesinado, como la entrega y protección de las tierras de los resguardos indígenas y de las tierras de propiedad colectiva de las comunidades de negros, afrodescendientes, raízales y palenqueros. A su vez, en la transformación del modelo económico pueden ejercer un importante papel en incentivar la diversificación de la producción industrial.


El análisis de la coyuntura ante las elecciones legislativas y presidenciales debe colocar sobre la mesa la salida política negociada con todos los actores en conflicto, como la implementación real del Acuerdo de Paz suscrito en 2016.

El final del bloque hegemónico colombiano


El final del ciclo histórico del bloque hegemónico colombiano emergente, ligado a los carteles de la droga, al paramilitarismo y al sector agroindustrial dominado por terratenientes, exige una ruptura con la Política Económica de Confianza Inversionista y con la Política de Defensa y Seguridad Democrática. La composición de las clases dominantes en el poder económico da cuenta de la utilización que realizan los gobernantes para el incremento en la acumulación de sus capitales.


En esta dinámica el bloque financiero ha incrementado su poder sobre el Estado, así como ha multiplicado sus riquezas, en detrimento de los bloques industrial y agrario, que protagonizaron en el siglo XX los debates centrales de la política económica. A la par de ello, los emporios agroindustriales y la firma de tratados de libre comercio despojaron y liquidaron las economías de los medianos y pequeños productores agrarios. Asimismo, la incipiente industria nacional fue arruinada con la competencia internacional, a partir de la apertura de libre comercio facilitada por el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y el cambio de reglas comerciales posibilitado por los tratados de libre comercio firmados por los gobiernos colombianos desde el año 2006 hasta el presente.


Al proceso de alianza de las clases dominantes en Colombia le urge el entendimiento del momento histórico que atraviesa la economía colombiana, en tanto la responsabilidad directa que tienen en la persistencia del conflicto armado. La desigualdad social y económica persistente, el acaparamiento de tierras, el incumplimiento de una reforma agraria efectiva y la militarización del territorio, entre otros factores, siguen estando en la raíz del aumento de la miseria y el desempleo. Por tales razones, la imposibilidad de garantizar puestos de trabajo y educación de calidad a la juventud, la pendiente reforma estructural el modelo económico y del tipo de Estado, continúan conduciendo al fortín de las armas, prolongando el final del conflicto armado.


En tal sentido, es necesario que se comprenda el llamado realizado por Robert Boyer (2019), en cuanto a que, “el análisis de la formación de un bloque hegemónico es un principio rector de la investigación actual en teoría de la regulación” (Almada, Julieta A.; Ormaechea, Emilia, 2019). En clave de entender la composición de la “intermediación política” que ejercen las clases dominantes que controlan el poder económico y el poder militar. Es una perspectiva en el análisis que permite develar las razones de la prolongación del conflicto armado, descomponiendo los intereses económicos de las multinacionales en el control de amplias franjas del territorio colombiano para la extracción de los recursos minero-energéticos.


Así queda mucho más claro que el final del ciclo histórico del bloque hegemónico emergente, ligado a la cooperación militar y comercial con Estados Unidos, representa en Colombia la oportunidad de modificar estas relaciones e impulsar la apertura de nuevas y más flexibles alianzas internacionales.


El punto central que han elevado, de nuevo, las disidencias y las guerrillas que siguen en armas es el asunto de la toma del poder del Estado capitalista colombiano por la vía de las elecciones o por la vía de una revolución armada. Esto comprenderá igualmente la necesidad de la transformación del régimen de acumulación, entendiendo que el trabajo del guerrillero heroico fue mucho más retador en el Ministerio de Economía que en la estrategia militar. Sean las ilusiones de los cuarteles de inverno, un aterrizaje para asumir la solución política definitiva de este conflicto sin fin.

*Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana-UDFJC; Magíster en Estudios Políticos-UNR; Candidata a Doctora en Ciencias Sociales-UBA.

Referencias