El poder de Trump y sus pretensiones de redención de una sociedad en crisis de unidad social, ahondada por la desigualdad que crece dentro de Estados Unidos, encuentra en las narrativas militaristas de la guerra contra las drogas, una contribución para afianzar la violencia simbólica, el chantaje y la coerción, instrumentos para alinear y disciplinar a contrapartes acusadas de ser responsables de “amenazas externas” como la migración y el alto consumo de psicoativos prohibidos.
Una de las características centrales de la actual política exterior de Washington es su anuncio de que «Estados Unidos está de vuelta» bajo la aspiración de recuperar su primacía mundial, así como los atributos internos e identitarios para reconfigurar el proyecto estadounidense. Se trata entonces de valorar los atributos duros del poder de EU anunciados desde la primera administración Trump (2016) y que ahora son relanzados con ímpetu en 2025, bajo una impronta de un sentido “nacionalista, hiperreligioso, neopatriota, militarista y nativista, que encarna la autoimagen del «excepcionalismo» estadounidense y cuyo corolario natural es anteponer sus intereses frente a los de los demás” (1).
La visión del mundo “Make America Great Again” (Maga) representa una fuerte reacción antiliberal, antiprogresista y antiglobalista basada en la exacerbación de valores conservadores y reaccionarios de una teología política que se afirma en el supremacismo, la xenofobia y el nacionalismo proteccionista.
Uno de los elementos de concreción de esas pretensiones se relaciona, entre otros, con magnificar el tema migratorio como una amenaza que está hoy en el interior de ese país y a partir de allí, se establece una estrecha asociación con la seguridad interna. En consecuencia, es esencial demostrar la capacidad de agresión que viene desde fuera y legitimar así la criminalización de la migración. Del mismo modo se ha creado una asociación del narcotráfico como otra amenaza externa fundada en un potenciamiento del carácter interméstico –que une lo doméstico con lo internacional– ahora agravada por el señalamiento de ser terroristas quienes trafican o controlan ese negocio.
Escenario que favorece sus pretensiones de dominio unilateral y de creación de lealtades bajo el uso del chantaje y de un lenguaje amenazante que combina lo económico con un eventual uso de la fuerza. Esto se facilita en contextos de menosprecio por los escenarios multilaterales y la promoción de acercamientos bilaterales que favorecen las pretensiones de sometimiento sobre todo de países latinoamericanos con gobiernos conservadores, que lo son bien por convicción (Argentina, El Salvador) o por conveniencia (Perú, Ecuador, Guyana entre otros) afines a mantener un énfasis en un relacionamiento sumiso frente a Washington.
Allí se inscribe la actual política de drogas de Washington y que busca un retorno a su remilitarización, con agendas para consolidar lealtades o generar amenazas a regímenes que son señalados de favorecer la economía ilegal de los psicoactivos proscritos como en el caso de Venezuela. La vinculación del tema del narcotráfico como un relevante asunto de seguridad y que a su vez se articula a la totalidad de la agenda bilateral, es otra característica que se suma al hecho de borrar dos dimensiones importantes: uno, los contextos socioculturales y de crisis económica interna de EU en sectores sociales rurales y urbanos y que está en la base del consumo de opiáceos sintéticos y dos, la aniquilación de la evidencia, ahora sustituida por la construcción de narrativas que recogen la finalidad del propósito Maga y que genera una situación perversa de tratos diferenciados donde países que más comprometen su soberanía con el tráfico de drogas, pueden ser tratados con benevolencia y aquellos relativamente marginales en materia de drogas pero no leales, son tratados como cómplices.
Las macro rutas
Una de las características en el actual auge de la cocaína a nivel mundial es el incremento de la demanda en Europa y el desarrollo de un proceso de incidencia tanto del uso como el trasiego continental en África, Asia e incluso Oceanía. En el volumen global de ese incremento participan desde el punto de vista del origen productivo Colombia, Perú y Bolivia y a la vez, se ha generado en ese marco, una diversificación de rutas que utilizan principalmente los mares y que buscan puertos de embarque estratégicos y funcionales. Observemos como es la participación en Latinoamérica en cuanto a puntos de embarque:
Para el período 2020-2021, en el caso de los embarques hacia Asia, se producen variaciones interesantes pues Brasil incrementa esa condición al 72 por ciento y Panamá lo hace alcanzando el 16 por ciento.
En la metodología que toma como base los análisis de las incautaciones adelantadas por países miembros de Unodc buscando conocer su procedencia y que se reportan a Viena como menciones, aparece un orden global que da cuenta de las nuevas tendencias en los embarques y que sin duda son variables. En diversos casos el origen productivo y la procedencia (tránsito) coinciden. El orden es como sigue:
Lugar de procedencia (Países de embarque) de cocaína a nivel global (Menciones de incautación y análisis del origen).
1. Colombia
2. Brasil
3. Ecuador
4. Perú
5. Bolivia
Este dato global se puede contrastar con una información más precisa sobre el uso de puertos en Latinoamérica desde donde se embarca la cocaína:
La información es coherente con el peso que se ha descrito de los embarques desde Colombia, Ecuador y Brasil para las diferentes rutas y donde Brasil, como se observa, asume una creciente importancia como lugar de tránsito hacia diferentes continentes.
El caso de Venezuela y el Cartel de los Soles: contrastación con datos oficiales del papel del país andino en el tráfico de drogas frente a Estados Unidos.
El punto de partida principal son los porcentajes de los embarques hacia Estados Unidos que salen desde Colombia como principal país productor de cocaína a nivel mundial y que escalan en países con costas en el Pacífico y en el Caribe. Como se observará, es importante diferenciar la “procedencia originaria” desde el punto de vista de la producción y la procedencia en tanto país de tránsito. Colombia sigue siendo relevante en el origen productivo de la cocaína consumida en Estados Unidos, así:
En cuanto a las macro rutas, la vía del Pacífico es la principal ruta de embarque desde Suramérica (2029) con un 74 por ciento mientras por el Caribe cruzan alrededor de un 16 por ciento de los cargamentos.
Según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Venezuela participa del 30 por ciento de las exportaciones que van por el Caribe (2) siendo así, si se exportan 1.000 toneladas 740 ton. van por el Pacífico y 160 por el Caribe, de las cuales Venezuela estaría implicada tan solo en 48 toneladas.
Bajo el liderazgo de Maga de Trump, se plantea el caso de Venezuela como el lugar de donde procede la cocaína que “envenena” y “mata” a los usuarios de EU y, por tanto, es contra ese país que se dirigen serias amenazas de acciones de uso de la fuerza por parte del sistema de defensa de EU. Las cifras que hemos usado de Unodoc Informe Mundial 2022 para contrastar estas afirmaciones, muestran que no hay evidencia cierta del peso que Washington le atribuye a Venezuela. Prima entonces la elaboración de narrativas que obedecen, más que al esfuerzo por conocer cómo opera hoy el narcotráfico, a intereses superpuestos en materia de estrategias de seguridad y control hemisférico, la contención a la eventual influencia China o rusa en América o sencillamente, las expectativas por el control de recursos estratégicos. Para fortalecer las narrativas se necesitan otros complementos en la creación de imaginarios bajo el mismo propósito.
El Cartel de los Soles
Para el destacado analista Michael Shifter, ex director del Diálogo Interamericano el Cartel de los Soles no existe, pues no hay evidencia seria de que haya una estructura organizativa como las existentes en México o en Colombia, tampoco una centralización orgánica que tenga el control de la economía de las drogas que, si bien existe en Venezuela, no es de la trascendencia divulgada (3). Tampoco hay un reconocimiento de la también mencionada y magnificada estructura criminal “Tren de Aragua” como una organización importante que trafique drogas y mucho menos por vía marítima, de acuerdo con investigadores que hacen seguimiento a esta estructura (4). Narrativas desde las cuales se justificó la ubicación de un dispositivo marítimo en el Caribe frente a las costas de Venezuela desde el pasado 20 de agosto y la implementación de un primer bombardeo el 2 de septiembre a una pequeña nave con 11 personas señaladas de narcotráfico. Luego el 15 de septiembre, se anunció un segundo ataque destructivo con tres personas a bordo de otra embarcación. De cualquier manera, estas acciones sientan unos antecedentes muy graves en nombre de la lucha antidrogas al violentarse disposiciones sobre derechos humanos, la defensa de la soberanía nacional de los países, la paz mundial, el derecho internacional del mar y múltiples disposiciones en materia de cooperación en políticas de drogas y de regulación de conflictos internacionales (5).
Los costos políticos para Latinoamérica del modelo Maga y la guerra contra las drogas
Aunque escasos en número, el surgimiento de una expresión de apoyo de algunos países latinoamericanos a la narrativa estadounidense contra Venezuela y al dispositivo marítimo de seguridad, deja entrever uno de los propósitos del objetivo Maga para Latinoamérica que busca afianzar relaciones bilaterales que redunden en sometimientos o lealtades país por país, en contravía a los espacios multilaterales y de posiciones como región que busquen mayor correspondencia con la responsabilidad compartida en materia de drogas (6).
Las pretensiones políticas de buscar debilitar el régimen de Nicolás Maduro por parte de EU, puede derivar en un incremento de las medidas internas de seguridad con lo cual se cercenan aún más las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía en general y de los sectores demócratas, a la vez que se crea una falsa salida al problema político interno como que corresponde a una potencia externa esa solución y no a las fuerzas políticas que reclaman el retorno al libre juego democrático y la vigencia de un estado de derecho.
Descertificando por conveniencia
El pasado 15 de septiembre, la casa Blanca anuncia el listado de países descertificados por no cumplir con los requerimientos de la guerra contra las drogas, en el que señala a Afganistán, Bolivia, Birmania, Venezuela y Colombia. En el caso colombiano, la sanción fue el resultado de un lobby de varios meses buscando resolver el dilema de cómo focalizar el castigo exclusivamente en la cabeza del presidente Petro, sin que se viesen afectados los intereses del sector privado y fuerzas de extrema derecha. Para ello se produjo una modificación de la ley bajo el proceso 22 USC 229 1j-1 en donde se establece que, excepcionalmente y pesar de una descertificación, el Fondo de Apoyo Económico, el Departamento de Defensa, entre otros, mantendrían la cooperación en materia de narcotráfico. La figura de la descertificación era otra oportunidad política buscando, entre otras, deslegitimar las constantes críticas del presidente Petro a decisiones de Jerusalén y Washington en relación con el genocidio en Gaza o las acciones unilaterales y violatorias de diversas normas en los bombardeos de la fuerza naval de EU en contra de pequeñas naves de Venezuela, cuyos ocupantes fueron acusados y condenados a pena de muerte sin fórmula de juicio.
Como la avestruz
La crisis generada alrededor de la narrativa que vincula narcotráfico con terrorismo y que busca justificar la remilitarización de la guerra contra las drogas, aunado al primer “laboratorio de control” que expone Washington en la región en contra de Venezuela, presagia la posibilidad de un escenario en erupción que se deriva de un uso exacerbado de la violencia simbólica, el unilateralismo que se respalda con el uso de la fuerza y el menosprecio hacia el encadenamiento de consecuencias impredecibles en el contexto regional latinoamericano.
El unilateralismo se exacerba con el potenciamiento del problema de las drogas como proveniente del exterior de Estados Unidos, lo que evita una mirada interna de una compleja trama sociocultural de crisis de proyecto de vida tanto de masas de población empobrecidas y marginadas, como de la emergencia de una narrativa política de magnates de la tecnología y de los negocios financieros que menosprecian el papel social del Estado y de la mejora en la equidad social y económica.
En contravía a esa mirada interna, se crea un discurso de crisis existencial amenazante que demanda acciones unilaterales soberanas, firmes y decididas y que no deben verse obstaculizadas por controles, contrapesos procesales, la legalidad y las preocupaciones sobre derechos humanos que caracterizan la política tradicional (7). Crisis existencial que se traduce finalmente en la creación de miedos, estados de ansiedad e inseguridad, que busca resolver un liderazgo que se afirma en el uso de la fuerza –tanto a nivel interno como externo– desde narrativas de redención y esperanza: ¡Hacer de Nuevo Grande a los Estados Unidos!
1. Un excelente análisis de estas características en Carlos A Romero, Luján, C, González G., Tokatlián, J y Hirst M., “Trump y América Latina y el Caribe: ¿Un laboratorio de control?”, Nueva Sociedad, 2025.
2. Periódico El Colombiano agosto 25 de 2025.
3. https://www.youtube.com/watch?v=7viI8k_3CfQ
4. Entrevista a Steve Dudley de “Insight Crime”. En: Deborah Bonello “The US just bombed a ‘narco Terrorist’ boat or Did it?” Instagram.
5.Carta al Sr.Volker Türk Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). Septiembre 8 de 2025. Para las organizaciones, juristas y académicos firmantes es altamente preocupante la serie de acciones que, so pretexto de la seguridad regional y la lucha antidrogas, comprometen gravemente el Estado de Derecho a nivel internacional y tienen un impacto directo y perjudicial sobre los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
6.Se trata de Argentina, Ecuador, Paraguay, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago.
7.James Martin & Saul Newman (2025) “Recontesting the Sacred: political theology as ideological method”, Journal of Political Ideologies, 30:1, 67-83, DOI: 10.1080/13569317.2023.2225237
* Sociólogo, especializado en temas de narcotráfico, drogas y conflicto armado. Director del programa “Noches de opinión”, RTVC.
