Existe un ambientalismo popular latinoamericano, no hay duda de ello, como lo confirman diversos procesos sociales de base, las resistencias indígenas contra la devastación de sus territorios, a la par de agendas lideradas por diversidad de Ongs. Se trata de una dinámica que en reciente encuentro celebrado en Buenos Aires permitió entrever la amplia dinámica existente sobre el particular.
En efecto, durante los días 31 de julio y 1 de agosto, a partir de la convocatoria de la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, se realizó el encuentro de la Pre-COP Buenos Aires Agenda Ambiental Latinoamericana en la Universidad de Lomas de Zamora. En él mismo participaron tanto referentes nacionales como internacionales y más de 2.000 personas que debatieron los desafíos urgentes de Latinoamérica frente a la crisis climática. Además, se llevaron a cabo conversatorios que promovieron la reflexión sobre distintas temáticas relacionadas con cuestiones ambientales que se vinculan estrechamente con tópicos de la COP30.
El encuentro se estructuró en torno a tres ejes centrales: el rol de los gobiernos subnacionales en la acción climática, el financiamiento internacional necesario para garantizar una transición justa y la necesidad de profundizar la integración latinoamericana como respuesta colectiva frente a la crisis ecológica. Dentro de estos ejes se desarrollaron conversatorios integrados por personas que representaban a distintas esferas de la sociedad: académicos, funcionarios públicos, recicladores informales, comunidades indígenas, emprendedores, entre otros. Siendo este un espacio en donde se mostraron los desafíos y oportunidades para avanzar hacia una transición justa y soberana en América Latina.
En ese evento, se planteó una mirada hacia la COP30 con esperanza y responsabilidad. No será una cumbre más: marcará los diez años del Acuerdo de París y los veinte del Protocolo de Kioto. También se cumplen los diez años de la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, un hito en el pensamiento ambiental contemporáneo que convoca a una ecología integral desde una perspectiva de justicia social y popular.
Cambio climático y crisis civilizatoria
La citación, por iniciativa de la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, es consecuente con todo lo que implica y significa la COP30, uno de cuyos mayores retos conlleva que las acciones en pro de contener el cambio climático en curso implica que la sociedad en su conjunto apropie la problemática en todas sus variables y actúe para contenerlas. Un giro en las formas de consumo, y en lo que se consume, es determinante, aunque mucho más lo es la transformación en la matriz energética y en todo el modelo productivo que rige todas nuestras relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, así como los asuntos militares.
En este sentido hay que recordar que el cambio climático (1), una realidad que no puede ocultar Trump, a pesar de todo el peso que tienen los Estados Unidos en la geopolítica global, se define como una variación del estado del clima identificable por alteraciones en la media y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante un período prolongado, generalmente décadas o más. Puede deberse a procesos naturales internos, forzamientos externos o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o el uso del suelo. Sin embargo, detrás de esta definición aparentemente neutral y científica se esconde una mirada fragmentaria del problema, que tiende a despolitizar sus causas estructurales.
Tal como señalaba Peter Drucker en los años noventa, el siglo XXI marcará el fin del capitalismo industrial clásico y el surgimiento de una sociedad poscapitalista, estructurada en torno al conocimiento, la información y la educación (2). Esta transición, que él concibió como el paso hacia una nueva lógica económica fundada en el saber, puede interpretarse hoy como una lectura anticipatoria de la crisis civilizatoria que enfrentamos. Desde una perspectiva contemporánea, sus planteos permiten vincular los impactos ambientales con el sistema socioeconómico dominante, evidenciando cómo la racionalidad productivista del capitalismo ha alcanzado sus límites.
Dentro de esta dinámica, leída a la luz de los desafíos actuales del cambio climático, la obra de Drucker invita a repensar el papel del conocimiento no solo como un recurso de productividad, sino como un instrumento ético y político para enfrentar la crisis ecológica global. En este sentido, el capitalismo aparece como un modelo agotado, cuyos remanentes continúan afectando al ambiente de manera irreversible, o al menos en escalas temporales que varias generaciones no alcanzarán a ver restauradas.
Las definiciones oficiales del cambio climático operan como recortes intencionados de una problemática mucho más amplia: la del modelo civilizatorio que lo sustenta. Bajo una retórica técnica y aparentemente objetiva, se ocultan las interdependencias entre economía, política, tecnología y naturaleza. En el discurso oficial se plantean diversas causas y consecuencias que no muestran una interrelación directa aparente, sin embargo, tanto la vida como los sistemas vivos no pueden segmentarse; siendo la segmentación una característica del pensamiento occidental, el cual nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos actualmente. En contraposición a esto, podemos decir que estamos frente a un sistema de interrelaciones multifactorial y multiescalar que hoy en día apunta a no controlar las variables y sí a la consideración de emergencias en un plano desde las incertidumbres.
En este sentido, la noción de terricidio(3) propuesta por la activista mapuche Moira Millán amplía y profundiza la crítica al cambio climático. Millán utiliza el término para denunciar no solo la destrucción ambiental, sino el exterminio integral de la vida en todas sus formas: la tierra, los pueblos, las culturas, las espiritualidades y los modos de relación con el territorio. El terricidio nombra la continuidad del colonialismo bajo la forma de un sistema que mercantiliza el planeta, lo depreda y lo transforma en objeto de especulación. Desde esta perspectiva, el cambio climático no es un fenómeno aislado o meramente físico, sino la expresión más visible de una violencia estructural que niega la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza.
Como expresión de ello, por tanto, podemos decir que la crisis ambiental global está íntimamente relacionada con los modelos de consumo que nos han llevado a una crisis civilizatoria a nivel planetario, a una crisis sistémica, que tiene un componente político-económico importante, en el que se entrelazan planos, contextos, líneas y gobiernos. Es más, podemos decir que la política es hoy por hoy geopolítica, lo que quiere decir que las grandes decisiones se toman en otras geografías y momentos, más allá de la escala local o nacional, incluso continental, lo que demuestra la complejidad del mundo actual (4). Sin embargo, estas decisiones repercuten sobre las situaciones locales, aunque muchas veces no nos demos cuenta de eso.
La Conferencia de las Partes (COP)
Desde la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), la comunidad internacional cuenta con un espacio institucional para coordinar esfuerzos frente a uno de los mayores desafíos globales: la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) y la estabilización del clima. De este marco jurídico nació la figura de las Conferencia de las Partes (COP), concebidas como el órgano máximo de decisión y negociación de la Convención. En ellas, todos los Estados adheridos se encuentran representados, lo que otorga a la COP un carácter universal en materia de gobernanza climática (5).
La primera reunión de este tipo, la COP1, se celebró en Bonn en 1995 y fue conocida como la primera Cumbre del Clima. Desde entonces, las COP se realizan de manera anual y se han convertido en escenarios estratégicos donde se define no solo la política internacional sobre cambio climático, sino también los mecanismos jurídicos, institucionales y administrativos que sostienen este entramado global.
En estas instancias participan prácticamente todos los países del mundo, discutiendo y negociando compromisos que reflejan tanto las urgencias ambientales como los intereses geopolíticos en juego. La COP3 (1997) fue una de las más esperanzadoras, se desarrolló en Japón y fue allí donde se firmó el Protocolo de Kyoto. Se fijaron los objetivos vinculantes para 37 países industrializados que entre 2008-2012 debían reducir un 5 por ciento de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero respecto del nivel alcanzado en 1990. Sin embargo, los llamados “países en desarrollo”, como China, India y Brasil, aceptaron asumir sus responsabilidades pero sin incluir objetivo de reducción de emisiones. Sin el compromiso de los Estados Unidos, responsable de un tercio de las emisiones, y con el aumento de las emisiones en países emergentes como India y China, el Protocolo de Kyoto perdió buena parte de su eficiencia ambiental. Sumado a esto las empresas y países petroleros han tenido una presencia controvertida en las COP, operando como obstáculo al progreso de las políticas climáticas. Afirman participar para contribuir a una transición energética sostenible, pero su objetivo ha sido priorizar sus intereses económicos sobre una acción climática efectiva (6). Así como lo ha demostrado Estados Unidos que, si es un país con ingresos altos y con la mayor deuda a nivel mundial, están incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud de la Cmnucc y el Acuerdo de París.
En la última COP celebrada en Bakú, el rico país petrolero de Azerbaiyán, el final de las discusiones fue tortuoso y doloroso, lo que permitió ver con nitidez que los países más ricos del mundo se han dedicado a intimidar a los de ingresos más bajos para que acepten un acuerdo de financiación miserable que podría embarcarlos en graves deudas, ocultando el hecho de que este acuerdo es catastrófico para los derechos humanos de las personas y comunidades que están en primera línea de los crecientes efectos negativos del cambio climático (7). Esto demuestra que los países no están comprometidos de manera cabal y equitativa frente a la crisis climática.
Que Brasil reciba en 2025 la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) no es un dato menor: el acontecimiento expresa un cambio simbólico y geopolítico de gran magnitud. Por primera vez desde la firma del Acuerdo de París en 2015, la cumbre climática volverá a celebrarse en América Latina, y lo hará en un lugar cargado de sentido: Belém, en plena Amazonía, territorio que condensa las tensiones del presente –la explotación extractivista, la deforestación y el acaparamiento de recursos– y, al mismo tiempo, las posibilidades de un futuro sustentable a escala planetaria.
La próxima COP30 deberá enfrentar desafíos cruciales: reactivar la centralidad política de la agenda ambiental, erosionada por la inercia y las promesas incumplidas; reconstruir la confianza entre el Norte y el Sur Global, profundamente marcada por desigualdades históricas; y, sobre todo, movilizar financiamiento real para sostener una transición energética justa, evitando que las soluciones recaigan en mecanismos financieros opacos o insuficientes.
Otro eje ineludible será el de la adaptación climática, particularmente en aquellas regiones más expuestas a los impactos del calentamiento global. En este sentido, la Amazonía no es solo un escenario simbólico: es un recordatorio tangible de que la disputa por el rumbo climático mundial se juega también en los territorios donde convergen biodiversidad, soberanía y justicia ambiental.
Desde el Sur también marcamos el camino
Si bien el negacionismo climático que impulsa Estados Unidos, secundado por el gobierno de Javier Milei, forma parte de una batalla cultural más amplia sobre qué modelo de sociedad queremos construir, incluso más allá de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Pacto por el Futuro, nos obliga a repensar nuestro papel en el cuidado de la casa común. La Pre-COP mostró que desde la perspectiva de los gobiernos subnacionales se sostiene un compromiso con convicción, pero también con la certeza de que podríamos hacer mucho más si contáramos con una política ambiental nacional acorde a la gravedad del contexto; porque mientras nosotros trabajamos todos los días para enfrentar la crisis climática, particularmente el gobierno nacional argentino niega su existencia, desfinancia organismos clave y desarma normativas que costaron años de construcción colectiva. También sabemos que ningún esfuerzo local o subnacional alcanza si no está acompañado de compromisos globales reales. La transformación que el planeta urge, requiere recursos, voluntad política y cooperación multilateral efectiva.
Este encuentro fue la expresión concreta de que existe un ambientalismo popular latinoamericano, con ideas y con voluntad de transformación. Nos llevamos un mandato: hacer oír nuestra voz en Belém. Construir un modelo de desarrollo compatible con el buen vivir de nuestros pueblos no es una opción: es una responsabilidad ética y política. Porque no hay justicia climática sin justicia social.
1. IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, “Cambio climático 2021: Bases físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”, 2021.
2. Drucker, Peter F., Sociedad poscapitalista. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1993.
3. Millán, M., Terricidio. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 2024.
4. Maldonado, C. “Una mirada sintética a los males del mundo: La derecha es una enfermedad mental”. Le Monde diplomatique edición Colombia Nº 257, 2025.
5. United Nation Climate Change (2022). United Nations Framerwork Convention on Climate Change.
6. Baldasano Recio, J.M., ¿Sirven para algo las COP? The Conversation Edición Global, 2025.
7. Harrison, A (2024) COP29: El objetivo de financiación generará desigualdad y abusos. Amnistía Internacional en Español edición 25-11-24.
* Respectivamente. Profesora-Investigadora, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Argentina.
Profesor-Investigador en el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México. Punto Focal de la Carta de la Tierra en el Estado de México.
