Una tendencia peligrosa

¿Quedará América en la historia, antes de finalizar la tercera década del siglo XXI, como una región libre de guerras entre países vecinos o con potencias inter o extrarregionales?

La nuestra, con brillo propio, integra un extenso territorio integrado por 35 países que, a lo largo de sus coordenadas Norte, Centro, Sur y Caribe, han logrado convivir y resolver la mayoría de sus conflictos sin tener que llegar a las armas. En el recuerdo están las confrontaciones armadas que en el siglo XX vivieron Colombia/Perú (diciembre 1932-mayo 1933), Ecuador/Perú (enero/febrero de 1995), Salvador-Honduras (14 al 18 de julio de 1969), y pare de contar. En el siglo XIX, otros conflictos armados tomaron cuerpo, en especial el conocido como el de la Triple Alianza (1864-1870), que unió a Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay, y el que llevó a las armas a Chile/Bolivia (1879-1884), los de más larga duración, con epicentro en esta parte del mundo. Este último, en particular, con una herida aún por cicatrizar: el acceso al mar por parte de Bolivia.

La inquietud toma cuerpo a propósito de la evidente decisión de los Estados Unidos de recuperar su presencia plena e indiscutible en lo históricamente conocido como su “patio trasero”, y que en geopolítica podría ser asumido como su zona de retaguardia y control estratégico. La región ha sido asumida así a lo largo del siglo XX y consolidada a través de medidas económicas, como también de acciones políticas y militares de diverso tipo.

En el recuerdo imborrable de lo realizado por la potencia regional que luego se constituiría como imperio global, figuran sus maniobras para lograr la escisión de Panamá de Colombia, y con ello controlar el Canal del Istmo; las realizadas para conseguir su dominación absoluta sobre Cuba, plena hasta 1959 (con estas dos medidas el Imperio ya aseguraba el control del mar en esta parte del mundo, y así estas rutas fundamentales para el comercio mundial), las decenas de golpes de Estado para sojuzgar los gobiernos de la mayoría de estos países, el más brutal de los cuales conllevó la instalación de una dictadura militar en Chile, prolongada por 17 años (1973-1990), y con ella miles de muertos, exiliados, refugiados, y la imposición del neoliberalismo, en experimento como modelo de acumulación y dominio económico, político, social, cultural y militar.

También hace parte de su proceder lo que sería una larga historia de violencia y ruptura de los principios del derecho internacional, como de la Carta de Derechos Humanos, entre otras perlas el copamiento militar de Granada (octubre de 1983, para impedir su alineamiento con Cuba), la maniobra militar sobre Panamá (diciembre de 1989, para reforzar su aplastante presencia en el canal interoceánico, en proceso de devolución a los panameños según lo acordado entre Carter y Torrijos, y que tenía como fecha límite el año de 1999), los asesinatos de numerosos líderes políticos y sociales en la inmensa mayoría de países de esta parte del mundo, así como el predominio económico en los mismos por medio de multinacionales de marca estadounidense.

Una hegemonía y un control territorial indiscutible por décadas, ahora en cuestión, como lo evidencia el avance en la región de potencias rivales –China en especial pero también Rusia–, por lo cual toma cuerpo la decisión de este imperio de retomar el control de su retaguardia inmediata, decisión fundamental para la administración Trump, cabeza visible de un grupo de poder al interior de Estados Unidos y con este de una iniciativa de largo aliento por impedir el hundimiento de la hasta hace pocos años indiscutible potencia global.

En procura de ello, una vez en funciones del segundo mandato de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio parte hacia Centroamérica para iniciar la “reorganización de la casa”. Según “[…] Marco Claver-Carone, enviado especial de Estados Unidos para América Latina, es la primera vez que un secretario de Estado de los Estados Unidos hace su primer viaje a Latinoamérica en más de 100 años” (1). En la gira realizada entre los días 1 y 6 de febrero, tiene especial interés Panamá, por la importancia geopolítica del canal interoceánico, y el interés de sacar de su administración a los capitales chinos. Con excepción de Nicaragua, todos los países, además de República Dominicana en el Caribe, son visitados y en todos encuentra recepción para sus exigencias referidas a migración e inversiones. En septiembre, celebra reuniones de alto nivel en Ecuador y México, con agenda centrada en la inseguridad regional, migración, narcotráfico e inversiones. De nuevo, resalta el interés por neutralizar la presencia de China en la zona de dominio estratégico de Estados Unidos.

No es para menos. El cúmulo de inversiones económicas del gigante asiático, en todo tipo de proyectos de infraestructura, así como préstamos económicos, en mejores condiciones de tiempo e intereses para ser cancelados, le han permitido profundizar relaciones con casi todos los países de la región, inclinando a algunos, incluso, a romper cualquier tipo de cooperación con Taiwán, como condición indispensable para valorar y firmar cualquier tipo de cooperación. La novedad es que ahora Estados Unidos no cuenta con los recursos económicos, tecnológicos y en otros órdenes para competir en igualdad de condiciones, o en mejores si fuera necesario, con el imperio que desde Oriente extiende sus ofertas por doquier. La excepción pudiera localizarse en Argentina, país en el que su mandatario evidencia una afinidad ideológica total con el gobierno estadounidense, y este le corresponde, en momentos de creciente crisis financiera, con la aprobación de un swap de monedas por US$20.000 millones, a la par de lo cual le extiende su ‘invitación’ para que saque a China de Argentina, ‘sugerencia’ matizada poco después al declarar el presidente Trump que no es contrario a las relaciones comerciales entre el país austral y Beijing, pero sí a las relaciones militares.

En este particular, el propósito es claro: desmontar la Estación de Espacio Lejano, situada al norte de Bajada de Agrio, provincia de Neuquén, con una antena de 35 metros de diámetro que los estadounidenses señalan como potencialmente peligrosa para su seguridad, y que los chinos sostienen que tiene solo fines de investigación espacial. La sofisticada instalación, que ocupa 200 hectáreas, cedidas por 50 años, y permitida para levantar allí, como contraprestación, con acceso a su usufructo en el 10 por ciento del tiempo de su uso por parte de investigadores argentinos, es objeto de constante polémica por parte del gobierno estadounidense, que aspira a su total desmonte.

La ‘condescendencia’ de Estados Unidos al aceptar la libertad de relaciones comerciales es proporcional a su reconocimiento de que, si Argentina intenta romper sus relaciones comerciales con China, simplemente colapsa. Esa es la realidad, toda vez que los indicadores oficiales muestran que, en septiembre de este año, China superó a Brasil como primer socio comercial del país austral, con un crecimiento del 31,3 por ciento de las transacciones respecto del mismo mes de 2024. Lo paradójico de este guarismo es que, en buena parte, tal crecimiento obedeció a la batalla comercial que libran los dos grandes imperios, producto de lo cual China dejó de comprarle soja a Estados Unidos, reemplazado por Argentina.

Estamos ante una disputa dinámica. Veamos otras decisiones tomadas en su curso. Hoy, Estados Unidos acude al rescate financiero en forma de swap de monedas de Argentina, pero hace 16 años lo habían hecho los chinos con un monto de 18 mil millones de dólares. Y las inversiones mineras no paran, con grandes montos por parte de multinacionales gigantes como Ganfeng Lithium, Zijin Mining y Tibet Summit, inversiones sobre las cuales las provincias, en el contexto del federalismo que las rige, determinan, lo que dificulta aún más una factible pretensión de bloquear el avance chino en la región. Ganfeng Lithium, por ejemplo, ha anunciado una inversión de alrededor de 2.000 millones de dólares en el proyecto de litio ubicado en Pozuelos-Pastos Grandes, en la provincia de Salta.

Perú es otro de los ejemplos que hacen compleja la situación del dominio de Estados Unidos en Latinoamérica, más allá de las evidentes afinidades ideológicas, puesto que, además de la millonaria inversión en la construcción y la puesta en funcionamiento del megapuerto de Chancay por parte China, pueden ponerse como ejemplos de su peso en nuestros países, las inversiones en los yacimientos de hierro en Pampa de Pongo, Arequipa, gestionado por Zhongrong Xinda Group, y los de cobre y oro de El Galeno, en Cajamarca, de la Minmetals Corporation. La adquisición de la distribuidora de electricidad Luz del Sur, y la posterior compra de Enel por parte de la State Grid Corporation, son otra muestra de la penetración del capital chino en esta nación del pacífico suramericano.

Ante esta realidad, la gran incógnita es saber si, más allá del envío de portaaviones como el USS Gerald Ford a impulsar algunos golpes de Estado, le es posible al Imperio obligar a los países latinoamericanos a renunciar a sus ventas de bienes primarios a China, así como a la compra de sus manufacturas, sin un colapso económico de la región, de dimensiones colosales. Las condiciones no son las mismas del siglo XX, cuando la instauración de dictaduras militares impulsadas desde Washington no contaba con el obstáculo de que otra potencia fuera el comprador y el proveedor principal de bienes en la región. ¿Será posible, entonces,  la coexistencia de una realidad bipolar en la que uno de los dos grandes jugadores mundiales marque el campo de lo económico, y el otro el de la seguridad y lo político, máxime cuando los dos se disputan la supremacía?

Con respecto a Rusia, la preocupación estriba en el tipo de proyectos y acuerdos avanzados en materia militar con Cuba, Venezuela y Nicaragua, los cuales incluyen, además de venta, asesoría y mantenimiento de diverso equipamiento militar, la construcción –para el caso de Venezuela– de infraestructura para fabricar fusiles AK-103, proyecto en curso desde los tiempos de Hugo Chávez, y prolongado en el tiempo como coletazo de la profunda crisis económica que sacudió por varios años a este país.

Con Cuba, la cooperación y los acuerdos de asesoría militar, refrendados el pasado 15 de octubre, son de vieja data, desde la extinta Unión Soviética, expresión pública de lo cual resaltó, en primera instancia, con la conocida crisis de los misiles (1962). Esa alianza, con seguridad, transitó los planos de la inteligencia militar, transmitiendo a la isla caribeña las capacidades acumuladas en ese campo por el país del fracasado socialismo de Estado, pero que no llegó a amarrarle las manos al internacionalismo cubano, que lo llevó a intervenir de manera directa y con operaciones de gran calado en África, aportando de manera invaluable a su descolonización. En América Latina también serían imborrables sus acciones, con el asesinato del Che Guevara y de otros guerrilleros internacionalistas en esos procederes por llevar a cabo la lucha por la segunda y definitiva independencia de la región. Se trataba, de igual manera, de un proceder para impedir el aislamiento de la Revolución Cubana: el temor por comprobar en cuerpo propio el fracaso del socialismo, cuando reposa en un solo país, también pesaba en ello.

En su interés por tener presencia activa en la región y meterle un palo en la rueda al coche gringo, Rusia firmó acuerdos militares de asesoría, cooperación y defensa mutua con Nicaragua el pasado 23 de septiembre; con Venezuela, proceden del día 7 de mayo de este año. Tal vez producto de ello es que el presidente Nicolás Maduro declaró el 23 de octubre que tenía listos cinco mil misiles Igla-S de defensa antiaérea para proteger al país de una temida intervención directa de los Estados Unidos (2).

Aquel es un temor no gratuito, toda vez que el radar estadounidense fue de nuevo concentrado por estos días sobre territorio venezolano, presionando por diferentes vías para negociar o concretar una transición del régimen encabezado por Nicolás Maduro. Sanciones económicas y políticas, sabotajes, intentos de golpes de Estado, así como de asesinato del presidente venezolano, como de Chávez, han estado –y estuvieron– a la orden del día a lo largo de varios años, hasta llegar al despliegue de un dispositivo marítimo de gran calado, con unidades navales de inmenso poderío letal, las cuales pueden ser reforzadas en cualquier momento y sumar entre todas para concretar un bloqueo naval total del país, impidiendo la salida de sus exportaciones de petróleo.

Estamos, no hay duda, ante una renovada fase de presiones por parte de Washington sobre Venezuela, en este caso de guerra psicológica, que busca elevar la tensión interna dentro del propio régimen bolivariano, en pro de inducirlo a una transición negociada, pero también a estimular el ahondamiento de  contradicciones que pudieran existir entre sus dirigentes, motivando a un sector de estos a un golpe interno, como también a la posible captura y entrega del Presidente, por quien Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares, sindicándolo de ser el jefe del denominado por ellos “Cartel de los Soles”.

Esta fase de presión psicológica –con ataques a lo que denominan “narcolanchas”, con el asesinato aleve de sus ocupantes, sindicados de traficantes de estupefacientes, sin prueba evidente ni proceso judicial alguno, ataques realizados bajo la seguridad de que prevalecerá la impunidad, en tanto que Estados Unidos impone como imperio sus decisiones y sus actuaciones a la comunidad internacional– podría ampliarse a la ejecución de “operaciones quirúrgicas” al interior del territorio venezolano, en particular, como ya lo hicieron con Irán al atacar objetivos predeterminados y de alto valor estratégico, en este caso sobre el Presidente o la dirigencia de primera línea del actual gobierno.

Esta, que es una opción indescartable, daría paso de manera colateral a un descuadre de la estabilidad regional, al atizar ese proceder las contradicciones que ya tiene Estados Unidos con Brasil, Colombia, Cuba y Nicaragua, países que muy seguramente rechazarían y denunciarían tal modo de actuar, secundados por Rusia, China, Corea del Norte e Irán, países con los que Venezuela mantiene relaciones de alto valor estratégico.

Se trata, entonces, de una previsible consecuencia, la misma que podría contener a los Estados Unidos de tal tipo de operaciones, para nada interesado en que su zona de control estratégico se convierta en una región en disputa militar, sobre la cual de manera directa o indirecta actúen Rusia y China, así como ellos actúan en Ucrania sobre Rusia, o tratan de hacerlo sobre China vía terceros países.

Se trata de una consideración que llevaría a suponer que su mayor interés descansa en una transición negociada del régimen actual. ¿Estarán en marcha negociaciones en pro de ello? ¿Será suficiente la presión naval estadounidense para lograr tal resultado? ¿Cómo actuarían China y Rusia frente a la concreción de un giro de tales características? ¿Respetará un gobierno de nuevo tipo en Venezuela los acuerdos que en materia de explotación de toda clase de minerales, además de petróleo, tiene firmado el actual gobierno con China y Rusia? ¿Será suficiente para Estados Unidos lograr una renegociación sobre recursos mineros y energéticos venezolanos o su apuesta solo será satisfecha con la transición del actual régimen político?

Estamos, de todas maneras, ante un escenario de presiones que transciende a Venezuela, como se hace evidente con el ataque y la destrucción de las denominadas narcolanchas –de hecho, fusilamiento de sus tripulantes– y que, por la ubicación de la fuerza naval estadounidense, afecta también a Colombia y Ecuador. Esta realidad, además de la valoración de la estrategia de la política antidrogas de los Estados Unidos, es asumida como oportunidad por el presidente Gustavo Petro para contradecir el proceder del gobierno de Trump, que, junto con la denuncia del genocidio sufrido por el pueblo palestino y el papel jugado en ello por el gobierno del Imperio, le ha permitido situarse como paladín de la lucha antiimperialista y provocar así la animadversión de su par estadounidense.

Tal maniobra, en lo profundo de la misma, busca potenciar su liderazgo, con miras a la campaña electoral de 2026. Por lo pronto, ha ganado que los Estados Unidos lo asuman como su enemigo. Trump picó el anzuelo, se pudiera decir en términos coloquiales, lo cual alimenta el antiimperialismo por parte de las fuerzas políticas y sociales afines a su gobierno, pero le abre una amplia brecha con las fuerzas de centro y de centroderecha, algo que le dificultaría al Pacto Histórico constituir una amplia alianza con la cual encarar en las urnas, con alguna posibilidad de éxito, la continuidad del proyecto del cambio que ha estado al frente del país desde agosto 7 del 2022.

Estamos, con esta provocación calculada y con arengas incluso al interior del territorio estadounidense, ante un afán de protagonismo y liderazgo que parecen improvisados y de poco tacto político, cuyo resultado final solo veremos una vez concretado el calendario electoral del próximo año. Indudablemente, es una realidad que podría girar de una u otra manera, según sea el desenlace de la maniobra en curso por parte de los Estados Unidos sobre Venezuela.

Por lo pronto, nuestra región entra abiertamente en la disputa geopolítica global. ¿Podría esta disputa llegar hasta el escenario militar abierto? γ

1. https://ar.usembassy.gov/es/viaje-del-secretario-marco-rubio-a-cinco-paises-de-latinoamerica/.

2. https://elpais.com/america/2025-10-23/maduro-advierte-de-que-tiene-5000-misiles-de-defensa-antiaerea-para-garantizar-la-paz.html.

Información adicional

Autor/a: Carlos Gutiérrez Márquez
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Periódico Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº260, Noviembre 2025
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