El ataque militar sufrido por Venezuela por parte de Estados Unidos el 3 de enero, con el secuestro de su Presidente y esposa, abre una nueva coyuntura política en el país. Entre lo sucedido, lo que le siguió y lo que podría venir en el futuro próximo, una alternativa social y política que hice y garantice la bandera de la soberanía plena y la justicia económica y social, queda a la orden del día.
La última vez que jugué Call of Duty: Modern Warfare 6 me sorprendió el realismo a la hora de presentar una invasión armada. Pero, una cosa es el realismo digital y otra la crudeza del estruendo de aviones y helicópteros rasantes descargando la furia destructiva de los misiles. A las 2:30 de la mañana del 3 de enero, la onda expansiva de las explosiones en el Cerro el Volcán de la Trinidad, sitio donde estaban ubicadas las torres de comunicaciones del ejército venezolano, hicieron estremecer puertas y ventanas de las viviendas ubicadas en los municipios Baruta y El Hatillo, adjuntos a Caracas. Mientras tanto, otra ola de ataques se producía en La Carlota y sitios militares estratégicos ubicados en el distrito capital y La Guaira. “Son los gringos que están atacando” dijo al otro lado del teléfono el compadre Miguel. La felonía del bloqueo naval en el sur del Caribe escalaba a nivel de agresión directa en el territorio.
Las ondas de choque por las explosiones no cedieron en la hora siguiente. Recordé que el presidente Maduro y el alto mando militar venezolano habían mostrado con orgullo una enorme cantidad de baterías antiaéreas de fabricación rusa y otras tecnologías militares chinas, las cuales fortificaban la ciudad y permitirían repeler la anunciada invasión al país. Le indiqué a quienes me llamaban por teléfono que había que estar atento cuando se iluminara el cielo por las ráfagas de proyectiles, porque de seguro estos derribarían aeronaves invasoras que podrían caer en cualquier lado. Pero no solo ocurrió un apagón defensivo, sino que la captura y secuestro del presidente de la República se estaba dando en ese preciso instante en el Fuerte Tiuna, el acantonamiento militar más importante del país, sin la reacción de los cientos de militares que descansaban a solo metros en sus barracas, ni la activación de las baterías antiaéreas. Solo el anillo de seguridad presidencial combatió hasta la muerte, mientras las otras bajas ocurrieron por el ataque a los sistemas de defensa por parte de los 150 cazas F-35 y F-22, bombarderos B-1 y una docena de helicópteros del 160th Soar volando a solo 100 pies de altura.
Colapso. Independientemente de la supremacía tecnológica norteamericana, es evidente que ocurrió un fallo estratégico, inacción táctica, carencia de sistema de alerta temprana y un absoluto colapso operacional por parte de las fuerzas militares venezolanas. Todos los objetivos parecían marcados, no disgregados y soterrados como ordenaban las normas elementales de resistencia. El desastroso resultado del lado venezolano no se puede explicar solo por el uso norteamericano de los activos de guerra electrónica, del orden de los EA-18G Growlers y el CyberCom que crearon un corredor aéreo seguro, sino que colocan de relieve la posibilidad de infiltración y complicidad operativa. La traición al más alto nivel siempre ha estado presente en la literatura de Maquiavelo y Sun Tzu, pero necesita de un Fouché para concretarse.
Las imágenes de un Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, esposados y en custodia invadieron los noticieros y redes sociales. El orden jurídico internacional había saltado por los ares, pero la parálisis seguía siendo el signo operativo en Caracas. El protocolo de sucesión presidencial solo se activó dieciocho horas después de los ataques, creándose un peligroso vacío de poder en horas tan cruciales.
En horas de la tarde del mismo día de los ataques, el presidente norteamericano Donald Trump informaba su versión de los detalles operativos, a la par que anunciaba que estaba en conversaciones con Delcy Rodríguez y su equipo, quienes habían manifestado que no cometerían los mismos errores de Maduro y estaban dispuestos a cooperar. Pero eso no fue todo, anunció que, de ahora en adelante, él mismo y su equipo cercano gobernarían directamente a Venezuela, descartando a María Corina Machado para la transición. El riesgo de disolución de la República Bolivariana de Venezuela, con la pretensión explícita de convertirla en colonia, fue el anuncio más preocupante.
El gran ausente
La retórica popular-revolucionaria de los últimos meses y el antecedente de la amplia movilización popular que hizo fracasar el golpe de Estado contra Chávez de 2002, hacían presumir que las calles y avenidas de Venezuela estarían repletas de ciudadanos indignados por la violación a la soberanía patria y el secuestro de su presidente, pero eso no ocurrió. La oposición de derecha, que había invocado la agresión militar norteamericana para disparar los resortes de la transición postmadurista, tampoco se animó a salir a festejar. La izquierda venezolana, abiertamente opuesta a Maduro, vivía horas de discusión, respecto a cómo actuar ante el secuestro de quien les había confiscado la personalidad jurídica de los partidos legales, limitado el derecho a protestar y detenido dirigentes sindicales; al final prevaleció la línea política de solicitar su liberación sin dejar de denunciar el desastre en las condiciones materiales y políticas de la clase trabajadora, a las que había llevado el Madurismo y las sanciones gringas. Todo era muy confuso, habían secuestrado a Maduro, pero los rostros del resto del régimen gobernante no solo seguían en el poder, sino que de pronto recibían buenos comentarios, de parte de quién había autorizado el ataque a la soberanía.
Los días siguientes se producirían movilizaciones convocadas, dirigidas y orientadas desde el gobierno y el PSUV qué, aunque disminuidos en simpatías ciudadanas, aún conservan una base social importante que no les permite ganar elecciones, pero si movilizar contingentes. Las movilizaciones autónomas y autoconvocadas, que impidieron la consolidación del golpe de Estado en el 2002, ahora no ocurrieron.
Esta ausencia del sujeto popular en las calles se explica por la enorme rabia existente en todo el tejido social contra el madurismo. No solo porque ha convertido al salario en el más bajo de Latinoamérica, sino porque en su gobierno se destruyeron los rasgos de la modernidad burguesa (electricidad y agua potable que ahora son intermitentes al interior del país, precariedad en los sistemas de salud, seguridad, educación), se produjo la migración de casi el 30% de la población nacional, pensar o hablar se han convertido en delitos, y el futuro se garabatea en clave de distopía. No se trata de que el electorado haya girado a la derecha, sino que el sentido común colectivo de sobrevivencia apuesta a que cualquier gobierno pueda ser mejor que el madurismo. En esa deriva, Maduro arrastró a la izquierda, a quien le cuesta mostrar al común una identidad de justicia y bienestar distinta al madurismo. El signo de las emociones colectivas se expresa en tono de resignación y espera, con la esperanza que lo ocurrido pueda ser el inicio de algo mejor. Maduro y el madurismo hicieron una apropiación por despojo de la tradición antimperialista venezolana, sostenida a través del tiempo desde el Congreso Anfictiónico de Panamá, vaciándola de sentido, como parte de un discurso estridente para propiciar la negociación, no para fortalecer el nacionalismo colectivo.
Cadena de mando o correlaciones de fuerza
El madurismo no es la continuidad del Chavismo, por el contrario, es expresión de la liquidación del proyecto social-popular que encarnó Chávez, en el lento proceso de restauración del orden dominante, solo que ahora incluyendo a la nueva burguesía bolivariana. El antiimperialismo madurista es una herramienta para manejar la contradicción entre centro y periferia, con el propósito de lograr la aceptación de la nueva estructura de poder por parte de los gringos, el papel de representación política de las clases dominantes y de gobernabilidad policlasista, en el marco del capitalismo, no del socialismo, mucho menos del anticapitalismo.
Es una dura realidad, prolongada de manera indefinida por el establishment venezolano a partir de los eventos del 3 de enero, que cada vez más se coloca al margen de la Constitución de 1999. En el caso del secuestro de Maduro, la formalidad constitucional contempla los mecanismos de sucesión de la vacante presidencial, correspondiéndole a quien ocupe la vicepresidencia esta representación. En el caso de una ausencia temporal (art 234), la encargaduría es por tres meses, prorrogables por tres más, con un mes adicional para la convocatoria a elecciones; en caso de que la ausencia sea permanente (art. 233-235), lo que procede es que quien ocupe el cargo de vicepresidente(a) asuma el cargo, convocándose a nuevas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días. El camino que escogió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue de carácter extra constitucional, al crear la figura de vacante forzada, que no establece límite alguno para la convocatoria a nuevas elecciones, que podrían ser en 2031, cuando terminaría el cuestionado mandato de Maduro iniciado en 2025. La administración Trump, quien ha expresado que su prioridad no son las elecciones en Venezuela, ha guardado silencio al respecto, porque todo lo que se haga fuera de la Constitución fortalece sus iniciativas colonialistas.
La Constitución de 1999 ha sido en realidad un problema para el madurismo, por eso alejó del poder a quienes la defienden como marco político del proceso bolivariano. El madurismo, al adquirir una identidad distinta al Chavismo, desde 2013, fue apartando de la dirección gubernamental y política a figuras históricas del periodo Chávez como Jorge Giordani, Héctor Navarro o Rodrigo Cabezas. Pero también, al asumir el papel de representación de la nueva burguesía, tomó el control de la estatal petrolera, dirigida durante una década por Rafael Ramírez, la persona de confianza de Chávez para apuntalar la reingeniería social. Una especie de “Juego de Tronos” que acompañó el progresivo apoyo social que por más de una década ostentó Chávez.
En los últimos años surgieron nuevas tensiones al interior de las dinámicas de poder, los equilibrios consolidaron rostros e hicieron aparecer figuras nuevas, pero esto no fue apacible, por el contrario, la “danza de puñales” se mostró como pases de factura, mostrando que el madurismo era en realidad una cohabitación de tendencias. Las facciones no resolvían sus conflictos con el performance de disputas ideológicas, como diferencias políticas, sino que se tornaban cada vez de manera más nítida en competencias por el acceso y sostenimiento en cargos decisivos del aparato estatal. El conflicto por lo general se resolvía mediante intrigas, traiciones y cancelaciones políticas. Uno de los incidentes emblemáticos fue lo ocurrido con Tareck El Aissami (2023), acusado de hacer desaparecer 23.000 millones de dólares del erario público, cuyos delitos de corrupción habrían sido imposibles de lograr sin la complicidad de un amplio entramado institucional del que formaban parte las otras facciones maduristas; muchos atribuyen su caída en desgracia, como parte de una exigencia en el marco de las negociaciones que sostenía el madurismo con los Estados Unidos, diálogos relanzados en 2018 y reconocidos públicamente en 2021. Es el mismo periodo en el cual desaparece y es asesinado Carlos Lanz Rodríguez, el histórico guerrillero venezolano, a quien se le señalaba de haber sido parte del secuestro en los setenta del industrial norteamericano William Frank Niehous, figura a la que los revolucionarios sindicaban de ser cooperador con la CIA. Contrario a lo que muchos piensan, la comunicación entre los Estados Unidos y Venezuela nunca fue una puerta cerrada. Recordemos que Maduro fue actor central en la conformación del grupo parlamentario norteamericano de amistad con Venezuela (2002), justo después del golpe de Estado de ese año, y que este grupo estuvo activo durante todo el gobierno de Chávez. Al asumir Maduro el poder, sus equipos de negociación internacional con Estados Unidos, México y Europa, fueron dirigidos y controlados por los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge), a quienes se les atribuye el rol de Robespierre en las disputas maduristas.
Hoy más que una presidencia encargada, Venezuela tiene una Junta de gobierno, con la cual Estados Unidos pretende relacionarse como si fueran los administradores de su protectorado. Después del 3 de enero, la desprestigiada alianza cívico-militar-policial está representada por Vladimir Padrino al frente de las Fuerzas Armadas; Diosdado Cabello responsable de las policías, los servicios de inteligencia y ahora con un hombre de su confianza al frente de la Casa Militar; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, factor clave en la reconfiguración del entramado jurídico que permita la actuación expedita del capital y las empresas trasnacionales, así como de las normas que contengan el orden interno. Jorge Rodríguez es la persona intelectualmente más influyente en esta junta; y finalmente, Delcy Rodríguez, artífice de la articulación política entre la vieja y la nueva burguesía, a quien se le debe atribuir el logro político del descarte de Trump a María Corina Machado como líderesa de la transición. Los cuatro, controlan el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no es un partido deliberativo clásico, sino más bien una falange que opera alrededor de las instrucciones que emanan del Ejecutivo. La incógnita es si este cuarteto logrará hacer prevalecer los intereses comunes o el control total del poder hará que se sigan decantando entre ellos. Por otra parte, se equivocan quienes han descartado de manera definitiva la participación de Machado en la transición, algo aún posible en escenarios de eclosión del grupo gobernante o de ingobernabilidad por reaparición del sujeto social movilizado.
La restauración fast track
Los ataques a la soberanía territorial de Venezuela, ocurridos en la madrugada del 3 de enero, fueron complementados ese mismo día por la tarde, mediante violación de la soberanía político-administrativa, al anunciar Donald Trump que él y su equipo gobernarían el país, venderían directamente el petróleo y garantizarían para los Estados Unidos un “acceso total” a las riquezas y decisiones gubernamentales.
Se podría esperar una reacción antiimperialista contundente del gobierno interino –que tardó todavía horas más en instalarse–, pero la respuesta de la presidenta se limitó a precisar que “estamos en un nuevo momento político”. Como si se tratara de un pasaje del incidente entre el profesor y su hija, en la novela “El Barón Wenckheim vuelve a casa” del laureado con el premio Nóbel de literatura Lázlo Krasznahorkai, Delcy Rodríguez afirmó que lo ocurrido “es una mancha en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y esa mancha la vamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara”.
El inquilino de la casa Blanca se apresuró a anunciar que confiscaría 50 millones de barriles de petróleo, Estados Unidos los vendería directamente y transferiría parcialmente los fondos con destino marcado e instrucciones para uso por parte del gobierno de Caracas, cuidando de quedarse con un porcentaje de lo recaudado como “reparación de justicia”, por el “petróleo robado a los norteamericanos” (¿?). Realizó además una reunión con los magnates petroleros para recaudar 100.000 millones de dólares que le permitan a Estados Unidos colocar la industria petrolera venezolana en su mayor capacidad productiva, para lo cual instó a que Venezuela hiciera los cambios necesarios. Al día siguiente, exigió la libertad de los presos políticos, estatus que no reconocía el gobierno de Maduro y sus sucesores.
Inmediatamente se iniciaron las excarcelaciones a disidentes y dirigentes sociales retenidos (aún son más los detenidos que los liberados), se produjo una reducción significativa de las normas de comercio para facilitar la inversión privada, nacional y trasnacional, se habilitaron cuatro bancos privados para reincorporarse al sistema Swift, recibir y subastar los dólares provenientes de la venta del crudo por parte de Estados Unidos (el Banco Central de Venezuela dejaría de ser el encargado de subastar las divisas) y finalmente se produjo una reforma de la Ley de Hidrocarburos que retrotrae la situación del control estatal sobre la industria petrolera a condiciones peores que la legislación de Juan Vicente Gómez, dictada por las trasnacionales en la década de los veinte del pasado siglo. Para Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, “no importa quien extraiga el petróleo, sino que lo sustantivo es como se usan los ingresos provenientes de su comercialización”. Paralelo a ello, la promulgación el 3 de enero del Decreto de Conmoción Exterior, ha dado forma a una nueva oleada de represión, actuando la liberación de presos como una puerta giratoria, mientras unos salen de las cárceles, otros entran.
En medio del desconcierto, en solo semanas se ha avanzado de manera acelerada en la creación de las condiciones jurídicas y políticas para el definitivo desmontaje de toda huella de la revolución Bolivariana y la instauración de una relación colonial con los Estados Unidos.
¿Qué podemos esperar?
La estabilidad política de Venezuela no dependerá del despliegue militar norteamericano, ni de la adaptación del gobierno de Delcy Rodríguez a los designios de la Casa Blanca; tampoco de que se le ceda el poder a María Corina Machado o se designe a una junta de salvación nacional (como se llamaba el decreto del golpe de Estado de 2002). La expectativa de mejora de las condiciones materiales de vida y justicia salarial son inmensas, además que esto posibilitaría el retorno de la diáspora migratoria y la reunificación familiar del pueblo venezolano. Pero hasta ahora los números de la economía no auguran un camino fácil y expedito para ello.
La esperanza que todo mejore en el periodo postmadurista podría ser la última ilusión que se permita el pueblo venezolano. De no concretarse nadie sabe hacia donde puede orientarse la situación política interna, tampoco se tiene certeza en que pueden desembocar los acontecimientos. Lo cierto es que la gente común está cansada, pero no resignada. Que nadie se le ocurra creer que puede lanzar un cerillo encendido al aire, porque puede estar detonando un polvorín de consecuencias impredecibles. ν
* Profesor universitario y cientista social venezolano. Actualmente profesor visitante en la Universidad Federal de Sergipe (UFS) de Brasil. Fue presidente del Centro Internacional Miranda (CIM) y viceministro de educación universitaria en el gobierno de Chávez. Ocupó la presidencia del IESALC-UNESCO integró el Comité Directivo de CLACSO. Es director fundador de Otras Voces en Educación. Sus libros más recientes son O Chavismo (2025), La situación de la clase trabajadora venezolana 2014-2025 (2025), Internacionalización universitaria: una constante en la historia de Latinoamérica y el Caribe (2026). Es integrante de los consejos editorial de las revistas Crítica Socialista y Lucha de Clases.
