Centroamérica es una región conformada por 7 países, 65 diferentes pueblos indígenas, y con una extensión aproximada de medio millón de km² (cerca de 0.51% del territorio mundial) donde se alberga una alta variedad de ecosistemas, que van desde ecosistemas marino-costeros hasta bosques tropicales muy húmedos y de nebliselva.
Estudios realizados refieren que, la Región, alberga el 8% de la biodiversidad mundial distribuida en diferentes ecosistemas, y posee alrededor del 12% de las costas de Latinoamérica, las que albergan cuantiosos manglares y arrecifes coralinos. Cuenta con 23 cursos de agua internacionales y 18 acuíferos transfronterizos. De los 19 países megadiversos a nivel mundial, dos se encuentran en Centroamérica: Costa Rica y Guatemala.
Hablamos de una región que, aunque cuenta con una gran riqueza de biodiversidad naturalmente integrada, a la fecha todavía predomina una visión fragmentada dentro de los países y entre ellos para abordar y responder a la crisis climática actual.
Nuestras preocupaciones son varias:
• Mayores episodios de sequía. Actualmente, las proyecciones indican una disminución hasta de 144 mm de precipitaciones, y con esto, un incremento de la inseguridad alimentaria. El PMA estima que, alrededor de 8 millones de personas en Centroamérica sufren de hambre moderada o severa y más de 7 millones cuentan con acceso limitado y desigual al agua.
• Contaminación de fuentes hídricas. La disponibilidad de agua en la región se ha reducido aproximadamente en un 67 por ciento, y las fuentes están fuertemente amenazadas por la contaminación proveniente de los desechos y productos agrícolas, actividades mineras, sustancias químicas, residuos industriales y tecnológicos.
• Pérdida de bosques. Según datos de la Asociación Centroamérica Centro Humboldt(1), entre el 2015 y 2022, la Región tiene un ritmo de pérdida de 1 por ciento anual de bosques como resultado de la expansión de la ganadería e incendios forestales. En Guatemala, se estima que la deforestación bruta anual del país alcanzó una tasa de 3.4 por ciento(2).
• Transformación de los manglares en áreas de cultivo de camarón, el tráfico ilegal de fauna y otras prácticas. En El Salvador, el monitoreo climático comunitario, confirma un aumento en las temperaturas, desequilibrio en niveles de salinidad, disminución en los niveles de oxígeno y cambios en el uso del suelo, registrando más de un 60 por ciento de deterioro del bosque salado; en Guatemala se reporta una reducción del 53 por ciento.
• Alta dependencia de hidrocarburos. La dependencia en Centroamérica alcanza el 41.7 por ciento, aunque celebramos las iniciativas dirigidas a una mayor inversión a fuentes alternativas. El ranking de presupuestos sostenibles muestra, por ejemplo, que Guatemala tiene una puntuación de 2.6/4, que lo ubica en el nivel medio alto, como reconocimiento a la decisión del país de asignar 35 veces más presupuesto a iniciativas sostenibles en comparación con proyectos intensivos de carbono (3). No obstante, la región tiene importantes retos en su modelo económico basado en fósiles contradictorios a los compromisos climáticos, acceso desigual a financiamiento internacional, invisibilización presupuestaria de la transición energética, débiles sistemas de medición, entre otros.
• Modelo de gestión de riesgo sectorizado, que dificulta la articulación y complementariedad, da como resultado, una débil gestión de los riesgos y eventos climáticos.
• Pérdidas y Daños, que son difíciles de cuantificar por la falta de metodologías homologadas. Oxfam en Centroamérica, en conjunto con 3 organizaciones locales, ya está desarrollando una metodología homologada para este análisis basado en datos comunitarios. Hasta la fecha, las comunidades comparten un amplio recuento de problemas relacionados con sequías, estrés hídrico, temperaturas extremas, salinización, incremento de incendios forestales, otros. Como resultado, vamos registrando daños directos a la infraestructura o sus medios de vida. Los daños, no sólo se miden en cantidades, sino también en las preocupaciones de las comunidades por el deterioro de la salud mental y su propia cohesión, perdida de conocimientos y prácticas culturales, la migración forzada, violencia contra mujeres y niñas, así como una injusta distribución del trabajo de cuidados.
• Incremento de las actividades extractivas. Aunque en Centroamérica, el 16 por ciento de los territorios ya está concesionado, el caso de Honduras- donde el 65 por ciento de los municipios tiene una concesión minera aprobada en su territorio- representa una grave amenaza para millones de personas que se ven forzadas a migrar.
En términos de avances, como Región celebramos que las proyecciones confirman que la mayoría de los países podrían lograr las metas en cuanto a las NDCs, para el 2030. Sin embargo, a nivel general, Centroamérica, en el 2019, alcanzó un puntaje de 61.58 en los ODS, teniendo como principal deuda la erradicación de la pobreza y las desigualdades.
Lo anterior confirma que la lectura sobre Centroamérica no está completa si nos quedamos con datos técnicos que hablan sobre los efectos de la crisis climática –como la pérdida de bosques o concesiones mineras– sin dejar claro que la desigualdad extrema y la erosión de la democracia son los factores determinantes de la crisis ambiental y climática de la Región.
Nuestro Informe “Más recursos para más derechos” refleja las bases del modelo económico en Centroamérica. Por un lado, tenemos evidencias sobre una extrema concentración de la riqueza donde el 1 por ciento más rico de Centroamérica concentra 13 veces más riqueza que el 50 por ciento más pobre. Y, por el otro lado, datos que confirman el alto nivel de endeudamiento de la Región, que no tiene la capacidad para brindar respuesta al impacto de los fenómenos climáticos extremos. Estos fenómenos han causado pérdidas millonarias en términos de infraestructura; los huracanes Eta e Iota en el 2020 provocaron daños estimados de USD 2,170 millones en Honduras.
El modelo anterior profundiza desigualdades, sobre todo, cuando considera los proyectos extractivistas como una oportunidad de crecimiento económico.
El Gobierno de El Salvador es uno de los países que expresa su respaldo a la minería como una oportunidad de crecimiento, y sobre esta premisa, la Asamblea Nacional derogó una de las leyes más progresistas en Centroamérica que, prohibía cualquier explotación minera. A partir de diciembre 2024, se aprueba una Ley de minería metálica en El Salvador, que hasta la fecha sigue motivando la movilización de organizaciones de sociedad civil que exigen el acceso al estudio que avaló técnicamente esta decisión, y se pronuncian contundentemente contra la minería, considerando que su aprobación no cumplió con el debido proceso de consulta y las preocupaciones sobre las implicaciones de estos proyectos para el abastecimiento de agua, y desplazamientos de las comunidades.
La falta de acceso a la información pública y el incumplimiento del debido proceso de la consulta libre, previa e informada, son efectos de la erosión democrática en la región.
La experiencia muestra que los Estados no cumplen con los estándares de derechos humanos relacionadas con estas iniciativas y tampoco tienen las capacidades institucionales que respondan a las necesidades de este tipo de procesos.
Aleisar Arana Morales, Autoridad Xinka expresa: “En el Pueblo Xinka decidimos informadas e informados; los cambios van a llegar cuando nosotros seamos capaces de generarlos en la colectividad”.
Sin embargo, los niveles de criminalización y violencia que enfrentan las mujeres, juventudes, pueblos indígenas y afrodescendientes, que deciden enfrentarse a proyectos extractivistas es alarmante.
Aunque como región enfrentamos diferentes formas de amenazas a la libertad de expresión, movilización y asociación, la criminalización sistemática de las y los defensores ambientales es un fenómeno en aumento. Según Global Witness (4), durante el año 2023 al menos 18 personas defensoras fueron asesinadas en Honduras, 4 personas perdieron su vida en Guatemala, y en El Salvador pese a que no se registran asesinatos, se han documentado múltiples casos de criminalización y persecución judicial.
El asesinato del ambientalista Juan López en Honduras es un reflejo de la situación de defensores que, en Centroamérica, se enfrenta a empresas mineras y elites económicas. El caso sigue en investigación, pero el hostigamiento a la organización que representaba, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, persiste.
La falta de voluntad política en Centroamérica constituye la barrera principal para atender los casos de criminalización, pero igual para avanzar a políticas públicas integrales que conecten y pongan en el centro, la defensa de los bienes comunes y la protección a las personas defensoras de derechos humanos.
Lo anterior se ejemplifica con lo complejo que ha sido la ratificación y adhesión al Acuerdo de Escazú en Centroamérica. En este caso existe estancamiento en los poderes ejecutivos para impulsar la adhesión y un alto grado de influencia por parte de intereses económicos, que argumentan y posicionan una narrativo que el Acuerdo obstaculiza el desarrollo, ahuyenta la inversión y genera inseguridad jurídica.
¿Le sirve la COP 30 a Centroamérica para enfrentar la crisis climática y ambiental actual?
Centroamérica rechaza modelos económicos que promueven la acumulación de riqueza y que se sustentan en el extractivismo. Si en esta Conferencia, los Gobiernos:
• Se comprometan a ver a Centroamérica como una Región para articular y fortalecer sistemas de prevención de riesgos a desastres de manera integral, y no sectorial, Centroamérica estará mejor preparada para el futuro. En este sentido, el trabajo en zonas transfronterizas debe respetar las propias formas de organización de las comunidades, su forma de vida y decisiones comunitarias respecto a su tierra y territorio.
• Reconocen el rol de la sociedad civil y los movimientos sociales en todo el ciclo de políticas públicas relacionadas con la protección y preservación del medio ambiente, Centroamérica gana experiencias, aprendizajes y capacidades, que van desde monitoreo climático comunitario hasta metodologías participativas para el análisis de pérdidas y daños.
• Respetan y fortalecen los acuerdos internacionales y mecanismos de participación ciudadana como el principio de la consulta previa y consentimiento libre e informado, Centroamérica se encamina hacia proyectos realmente sostenibles que responden a los intereses y necesidades de las comunidades.
• Asumen el compromiso de ratificar el Acuerdo de Escazú, como un mecanismo que protege a las personas defensoras de derechos humanos, y del territorio, Centroamérica fortalecerá mecanismos de acceso a la justicia frente a casos de criminalización, persecución y violencia contra las personas defensoras del ambiente.
• Se suman al Pacto Regional para transformar sus sistemas tributarios y fiscales a unos más progresistas que privilegie la justicia climática, la sostenibilidad y la preservación ambiental, Centroamérica contará con los recursos para invertir estratégicamente en una agenda que ponga en el centro la justicia climática, y garantice que las comunidades tengan acceso a agua, alimentación y capacidades para responder a eventos climáticos extremos.
• Consideran en el centro de sus decisiones de política, el valor fundamental de la naturaleza para la sostenibilidad de la vida, Centroamérica tendrá mayores oportunidades de resiliencia, adaptación y una convivencia armónica de los pueblos con su territorio.
Necesitamos una COP30 que se mueva del discurso a la suma de voluntades para ver a Centroamérica como una Región que enfrenta las causas estructurales de la crisis climática. ν
1. Asociación Centroamérica Centro Humboldt, 2022. Valoración del aprovechamiento y protección de los recursos naturales.
2. URL (2022) Perfil Ambiental: Bosques. Pp. 56 Disponible en https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/pPublicacion.aspx?pb=986
3. GFLAC (2024) Índice de finanzas sostenibles. Disponible en https://www.sustainablefinance4future.org/_files/ugd/32948d_b321b456ac084d58889cdf45b19ffc46.pdf
4. Global Witnees, 2023. Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Disponible: https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/#killed-es
* Directora de Programas de Oxfam en Centroamérica.
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