Las reformas pensional y laboral son dos componentes centrales de la propuesta de cambio del Pacto Histórico. La reforma laboral busca mejorar la estabilidad de los trabajadores formales y garantizar los derechos humanos y laborales (42% de la fuerza de trabajo colombiana), pero conllevará una carga mayor en costos para las micro y pequeñas empresas, las que más emplean pero no cuentan con suficiente músculo financiero para asumir un reto de tal naturaleza. “Cambio para la vejez” es el rotulo dado al proyecto de reforma pensional, cuyo objetivo, entre otros, es garantizar una renta básica de jubilación para 2,6 millones de adultos mayores de 65 años sin posibilidad de pensión y que viven en la pobreza e implementar un sistema de cuatro pilares para universalizar la cobertura. Los trabajadores informales y las unidades económicas populares (58% de la fuerza laboral) quedan al margen de los beneficios de las reformas propuestas en el mercado de trabajo y en el sistema de seguridad social. Conocer el mercado laboral nacional es esencial para poder medir la realidad del mundo del trabajo en nuestro país y las circunstancias complejas y diversas de todo tipo que rodean, en sus efectos positivos como negativos, además de logros y tensiones económicas que generan las reformas aquí consideradas (ver recuadro).
Los derechos humanos económicos, laborales y sociales enfrentan, antagónicamente, de una parte, a los agentes políticos de derecha y promotores de la ideología neoliberal que defienden la necesidad del empleo asalariado precarizado y las políticas sociales asistencialistas y focalizadas en los más pobres como condición necesaria para retribuir rentablemente al capital, garantizar la acumulación y generar empleo y, de otra parte, a socialdemócratas y al pensamiento de izquierda que promueven la universalización de los derechos, el trabajo digno y la solidaridad social.
El objetivo de universalizar derechos no es tarea fácil ni está exento de controversias y problemas; estos tienen que ver con la heterogeneidad y fragmentación socioeconómica de las clases trabajadoras según ingresos, niveles educacionales y de productividad, condiciones de vida, grupos etarios, sexo, cultura, regiones y sectores de actividad. En consecuencia, se requiere la formulación de políticas públicas diferenciales y específicas según se trate trabajadores del sector formal o informal, asalariados o no asalariados, trabajen en la economía Pública, la economía empresarial Capitalista, la economía Popular o la economía Solidaria, zonas de actividad urbana o rural y tamaño de las unidades económicas: grande, mediana, pequeña o microempresa. Y un tema mayor es la viabilidad y capacidad de sostenibilidad del sistema de acuerdo con las fuentes de financiamiento y estructura de los aportes relativos: Estado (presupuesto general de la nación de ingresos y apropiaciones o gasto), empresarios, unidades económicas populares, solidarias y trabajadores formales e informales.
Para el 42 por ciento
En cuanto a la Reforma laboral, la iniciativa gubernamental plantea cambios al derecho laboral individual y colectivo y desarrolla principios del artículo 53 de la Constitución Política Nacional (Estatuto del trabajo), actualiza al país respecto a los lineamientos relativos al trabajo y las relaciones laborales de la OIT e incorpora nuevos debates del mundo económico. El documento presentado por la Cartera de Trabajo consta de 75 artículos, cuya esencia queda concentrada en 18 puntos que estructuran el proyecto de reforma radicado en el Congreso de la República, así: i) Principios laborales y constitucionales; ii) Estabilidad laboral y modalidades de contratos; iii) Tercerización/ subcontratación, unidad de empresa; iv) Control al uso de contratos de prestación de servicios; v) Contrato de aprendizaje; vi) Dominicales y festivos; vii) Jornada nocturna; viii) Automatización; ix) Descarbonización; x)Trabajo en plataformas digitales; xi) Trabajo rural; xii) Trabajo informal; xiii) Trabajo migrante; xiv) Trabajo sexual; xv) Equidad y reducción de brechas; xvi) Asociación sindical; xvii) Negociación colectiva; xviii) Huelga.
En particular la reforma laboral propuesta busca mejorar la estabilidad y garantías de derechos humanos y laborales de los trabajadores formales, esto es, 42 por ciento de los ocupados en Colombia. Una reforma necesaria y en consonancia con la Constitución de Colombia y las normas internacionales del trabajo (OIT). Una reforma laboral que deberá complementarse con una política pública que reconozca y proteja derechos sociales, laborales y económicos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular (58 por ciento de los trabajadores informales ocupados). Así como también desarrollar una política pública de seguridad, prestaciones y protección por desempleo (14 por ciento de la fuerza de trabajo).
La aplicación de la reforma, de hacerse realidad, extenderá, a través de cinco factores, los costos operativas de las empresas: indemnizaciones, homologación de salarios (equiparar los salarios de contratistas y trabajadores), recargos por jornada laboral, reducción de la jornada semanal y modificación del régimen de aprendices. Cada uno de estos aspectos representa un triunfo del movimiento sindical, que por años han luchado por justicia social, derechos laborales y mejores condiciones de vida para los trabajadores. Como debe ser.
Luz que extiende una sombra. En conjunto, con esta incitativa se genera un aumento en los costos para las empresas cercano al 20 por ciento. Al incluir el cambio a la jornada laboral que por ley debe hacerse a partir de 2023 (en este año pasará de 48 a 47 horas semanales) con la meta que en 2026 solo se trabajen 42 horas (1), adicional al incremento del salario mínimo del 16 por ciento, tales costos de este año aumentarían, frente al año 2022, entre el 35 y el 40 por ciento. Este impacto es el argumento publicitado por empresarios, políticos y tecnócratas de derecha e ideólogos neoliberales para atacar la reforma propuesta, ocultando que las reformas que implementaron a partir de la década de 1990 no generaron empleo pero si precarizaron el trabajo y agudizaron la exclusión social y la concentración del ingreso. Sin embargo, un egreso mayor por costos lo pueden encajar las grandes empresas, dueñas en sus diferentes ramas del mercado nacional y de las exportaciones, y que por su posición dominante del mercado y el poder político que ejercen pueden mantener sus márgenes de ganancia y trasladar los costos adicionales a los consumidores.
Una realidad que con dificultad podrían asumir las micro, pequeñas y medianas empresas. Las consultas señalan que la mayoría de estas consideran no generar más puestos de trabajo y, por el contrario tienden a reducirlos, y en consecuencia, elevar el desempleo. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) juegan un papel fundamental en la economía nacional: representan el 99 por ciento de las unidades económicas del país, generan aproximadamente 79 por ciento del empleo y aportan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte las empresas capitalistas buscarán eludir el efecto económico que implica la satisfacción de los derechos laborales de quienes venden su mano de obra, sustituyéndola por más automatización de procesos, tecnología y productos. También trasladar los mayores costos vía precios a los consumidores, además de ajustar los horarios de trabajo, prescindir de personal no contratado a término indefinido, optar por disminuir los turnos de trabajo nocturno, redistribuir tareas entre menos trabajadores y cerrar puntos de venta no rentables.
Reforma pensional. El que más saliva tiene…
La seguridad social en Colombia tuvo un origen tardío en relación a la historia mundial (mediados del siglo XIX), en general, y respecto a América Latina, en particular. En los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, principalmente), caracterizados por ser receptores de la migración de fuerza de trabajo europea, los derechos económicos, laborales y sociales se establecieron a principios del siglo XX y se construyó la institucionalidad requerida para garantizarlos. En Colombia las primeras medidas de la seguridad social se inician a mediados del siglo XX, pero con una restricción significativa: solo cubrían a los trabajadores formales del sector privado y a los empleados del Estado. En consecuencia, dos terceras partes de la fuerza laboral y de las economías populares han sido crónica y estructuralmente excluidos del acceso a la salud, las pensiones y a la seguridad laboral en general.
La reforma estructural aplicada en Colombia en 1993 sobre el disperso y desordenado mapa de regímenes de la seguridad social que existía, agrupó en dos modelos diferentes a la mayoría de población trabajadora con la obligatoriedad de cotizar y acogerse a regulaciones diferentes para cubrir las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia. Un régimen de prima media con prestación definida –Rpmpd– y un régimen de ahorro individual con solidaridad-Rais–. El esquema mixto (público –Colpensiones– y privado) permitió a los grandes grupos financieros controlar una alta proporción del ahorro pensional de la clase trabajadora.
La realidad y dinámica del mundo del trabajo que reina en Colombia lleva a que sólo logre pensionarse uno de cada cinco trabajadores. Actualmente 24,7 millones de trabajadores y trabajadoras es el número de afiliados: 27,1 por ciento en Colpensiones y 72,9 en las administradoras de pensiones de naturaleza privada. En contraste, Colpensiones sostiene el 84,6 por ciento de los 1,9 millones de pensionados y las administradoras del régimen privado solo al 15,4 (Ver tabla 1). El Rais se proyecta con una ineficiente capacidad de cobertura en los reconocimientos pensionales de la población afiliada al mismo, traduciéndose ello en el traslado de la población de mayor edad a programas asistenciales o de cobertura de ingresos pensionales subsidiados.
Una realidad social y humana compleja. En Colombia la población mayor de 60 años bordea los siete millones de personas (45% hombres y 55% mujeres). A través del programa Colombia Mayor el país ya tiene el germen de una pensión similar al pilar solidario básico propuesto en la reforma que adelanta la administración Petro, pero esta necesita ser más generosa y ampliarse a todos y a todas. En 2023, alrededor de 3,6 millones de adultos mayores no cuentan con ninguna pensión ni ayuda económica. La parte del universo de población sexagenaria no cubierta por beneficios pensionales es justamente la población más pobre; este universo de adultos mayores lo constituyen las personas que en su vida laboral activa fueron excluidas de los circuitos ocupacionales que cumplían con las condiciones de la institucionalidad previsional y salarial.
La pobre cobertura contributiva de la afiliación al Sistema General de Pensiones (SGP), la irregularidad en los aportes y los bajos ingresos del 80 por ciento de los trabajadores ocupados conforman las preocupaciones básicas de la institucionalidad estatal, gremial, laboral y social del país, pues sobre este universo cotizante se basa la viabilidad y sostenibilidad del Sistema.
Con el nombre de Cambio para la vejez, el Gobierno radicó ante el Congreso de la República el miércoles 22 de marzo de 2023 su proyecto de reforma pensional, cuyo objetivo, entre otros, es garantizar una renta básica de jubilación para 2,5 millones de adultos mayores de 65 años y en condición de pobreza extrema, sin posibilidad de pensión, al tiempo que proyecta un sistema integrado por cuatro pilares para ampliar la cobertura:
El primero es el solidario, que beneficiará a todos los mayores de 65 años, cobijará a 2.596.098 de personas que corresponden a la población vulnerable en condición de indigencia (hasta el nivel C3 del Sisben), otorgándoles una renta equivalente a $223.800, igual al umbral de pobreza extrema proyectado para el año 2024. El pilar solidario básico estará a cargo financieramente del Presupuesto Nacional y, por tanto, está desvinculado de la historia laboral de los beneficiarios.
El segundo es el semicontributivo, el cual busca asignar una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual de una Administradora de los Fondos de Pensiones (AFP). Para recibirla, el proyecto establece que el beneficiario debe ser mayor de 65 años, haber cotizado mínimo 150 y máximo 999 semanas. A esta población les otorgarán una renta proporcional a los aportes realizados. Las personas de este grupo, que además estén hasta el nivel C3 del Sisben, recibirán también el valor del pilar solidario.
En el pilar contributivo, tercero del sistema propuesto, estarán todas las personas afiliadas al sistema, de la siguiente manera: Colpensiones recibirá los aportes hasta tres salarios mínimos y las AFP las cotizaciones que excedan los 3 salarios mínimos. Esas dos prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez. Por tanto, el cuarto pilar hace referencia a las personas que devenguen más de tres Salarios Mínimos Legales Vigentes (Smlv), estos pueden, con los ingresos superiores a los tres Smlv, elegir el fondo de su preferencia con el fin de complementar su pensión.
En cuanto a las objetivos de cierre de brechas de género el proyecto le apuesta a ser pionero, pues propone para la edad de jubilación la reducción de casi un año por cada hijo y con un tope de 150 semanas, para compensar el trabajo de cuidado y garantizando que las mujeres se jubilen con una pensión justa.
El sistema propuesto por cuatro pilares no trae modificaciones paramétricas, es decir, no se aumentarán ni las semanas de cotización ni la edad de pensión: 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres
La viabilidad de la reforma pensional requiere que el Estado colombiano cuente con los recursos financieros suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema.
A tener en cuenta
A mediados de 2020, la administración Duque (2018-2022) dio inicio a la Misión de empleo (MdE) con una duración de un año, bajo la dirección del economista mexicano Santiago Levy. El objetivo de la MdE consistió en el análisis y diseño de estrategias, reformas y políticas que permitieran extender y mejorar la protección social para los trabajadores, y crear mejores condiciones para que las empresas generen empleos más productivos y mejor remunerados.
Según su diagnóstico, el mercado laboral nacional está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el jefe de la MdE, Santiago Levy, estas son algunas sugerencias que le permitirían a Colombia crear un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales existentes en el país: I) identificar los elementos de protección social que se requieren ajustar en materia de servicios de salud, pensión, seguros previsionales, de desempleo y compensaciones en materia de despido; ii) establecer la forma en que se financiarán esos ajustes y cambios en lo laboral, esto es, definir qué viene del tema tributario, cuál debería ser el aporte que le corresponde a los trabajadores, según sus ingresos, así como los subsidios que requieren aquellos que devengan mucho menos, y cuales las contribuciones que recaerían sobre los empresarios; iii) otro aspecto para avanzar en la mejora del mercado laboral colombiano se relaciona con el factor salarial, frente a lo cual la Misión señala que se deben separar el papel del salario mínimo como piso y umbral; iv) es necesario avanzar en la renovación de los instrumentos creados para la protección a aquellos que pierden sus empleos, así como fortalecer las instituciones de fiscalización laboral adecuándolas; v) la MdE señaló que también será necesario reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recursos humanos para asegurar una fuerza de trabajo más atractiva para el sector productivo.
Otros aspectos importantes identificados por la MdE tienen que ver con construir una visión objetivo que amplíe y mejore la proyección social en el contexto de un mercado laboral menos segmentado y más favorable a la productividad. Sobre todo, se quiere reducir la alta informalidad laboral que registra el país. Es necesario reducir la tasa de desempleo, en lo que será clave el crecimiento de la economía y la productividad; reducir las brechas de género y urbano-rurales e incluir a los jóvenes en el mercado laboral, entre otros propósitos urgentes.
Un giro estructural
Si de verdad, en serio y de manera realista se quiere generar un cambio disruptivo en Colombia debe separarse el derecho humano universal a la seguridad social de las condiciones y vínculos oscilantes, imprevistos y excluyentes del mercado laboral o de las formas específicas de trabajo de los ciudadanos.
Los derechos humanos universales a la salud, a la educación, a la seguridad social, el seguro de desempleo y el ingreso ciudadano universal o renta básica deben garantizarse y financiarse, de una parte, con el Presupuesto General de la Nación, tanto de ingresos como de apropiaciones, y, de otra, con los aportes de los trabajadores y empresarios, de acuerdo con sus ingresos.
Un gobierno progresista debe proponerse potenciar la Economía Popular Solidaria mediante una acción compleja, sistémica, cultural y política, abriendo otras formas de relación social, otras formas de ser consumidor y productor, otros modos de formación de las identidades, recuperando el valor de lo colectivo, lo democrático y lo comunitario. En lo económico y en lo político, se trata de ganar en autarquía sostenible, construyendo un archipiélago de territorios sociales, solidarios, complementarios, autogestionarios y “libres de neoliberalismo”.
La Economía Popular es la economía de las y los trabajadores, de las y los que viven o quieren vivir de su trabajo, la economía de sus familias, comunidades, asociaciones, redes y organizaciones. De los que tienen recursos materiales acumulados limitados, que dependen fundamentalmente de la continua realización de su fuerza de trabajo para sobrevivir y sostener proyectos de vida digna. La economía solidaria se refiere a las formas de organización y relaciones económicas donde predominan la complementariedad, la reciprocidad, la justicia distributiva, el reconocimiento del otro, sus valores, sus características diferenciales, sus modos de ser y sus necesidades (2).
El Plan Nacional de Desarrollo agenciado por el gobierno del Pacto Histórico tiene contemplado dentro de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente la creación de una institucionalidad que fortalezca e impulse la economía popular y solidaria a nivel nacional. Es fundamental tener políticas públicas específicas para los mercados de trabajo, el desarrollo de las actividades y el tejido organizativo de las unidades productivas de la economía popular y solidaria, teniendo en cuenta las características y especificidades de lo urbano y lo rural. Tanto en lo urbano como en lo rural se requiere profundizar los sistemas educativos y de formación para el trabajo; también contar con más y mejores investigaciones y estadísticas. En lo urbano el impulso al emprendimiento y el fortalecimiento de la economía popular es fundamental con instrumentos de acceso al crédito, flexibilidad normativa, disminución de impuestos y transferencia de tecnologías apropiadas y análisis de mercados. En lo rural, la reforma agraria integral (tierras, transferencia de tecnología, acceso al crédito, estudios de mercado, desarrollo de la agroindustria, organización de los productores, clúster de empresas, servicios y tecnologías y encadenamientos productivos, integración a mercados regionales, nacionales y extranjeros) son fundamentales.
Es por ello, que tal y como lo proyecta el Gobierno, estas dos reformas no favorecen específicamente a la economía popular y solidaria ni a los trabajadores informales (excepto por la renta básica de jubilación o pilar solidario). El tema y las políticas incluidos en el Plan de Desarrollo son débiles e insuficientes, se limitan a proponer la creación de un grupo consultor, mejorar las estadísticas, promover el acceso al crédito institucional público y dar trato preferencial en las compras estatales.
Una de las grandes falencias del mercado laboral colombiano es la baja productividad. Una persona trabaja muchas horas y produce el 35 por ciento de lo que genera un trabajador europeo en jornadas laborales más cortas. Un trabajo productivo puede ser bien remunerado, genera más valor por unidad de tiempo. En promedio, la población trabajadora del país registra un nivel de productividad bajo debido, en parte, a su escasa formación académica y/o técnica, a la subutilización de la fuerza laboral, a la participación en actividades que no generan valor agregado y a la inadecuada relación entre el equipamiento de capital y la dimensión de su población trabajadora. Es por ello que, paralelo a las reformas laboral y pensional se requiere construir un importante y significativo sistema de formación para el trabajo que garantice el conocimiento, las habilidades, y las competencias que necesitan los modernos y cambiantes mercados de trabajo. Para que el mercado laboral funcione bien gran parte de la reforma laboral debe centrarse en mejorar la formación para el trabajo: trabajadores más productivos pueden ser mejor remunerados, y las empresas y la economía popular y solidaria pueden crecer más.
Pero también, y en simultáneo abordar otros dos retos: quebrar la informalidad, para lo cual es indispensable avanzar hacia un modelo económico diferente al que hoy tenemos, que sepa insertarse en la dinámica comercial global desde las ventajas que le ha dado la naturaleza, sin dejar a un lado la apropiación, aplicación y desarrollo de las nuevas tecnologías construyendo y fortaleciendo unidades productivas de la economía popular y solidaria en segmentos en los que el país cuente con ventajas comparativas.
Y como fuente fresca y permanente de recursos para el fisco central, para poder acometer estas y otras iniciativas de mediano y largo plazo, contar, de una parte con un desarrollo económico sólido, eficiente y eficaz, incluyente, solidario y sostenible y, de otra, con los recursos financieros suficientes para garantizarlo, para lo cual es fundamental aplicar una reforma tributaria estructural y progresiva que lo dote de los recursos requeridos, además de mejorar la justicia distributiva del sistema económico, laboral y social, algo que no se logra con la reciente reforma aprobada en este campo.
- Esta reducción en el horario laboral obedece a la Ley 2101 de 2021, “que tiene por objeto reducir la jornada semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores”.
- Sobre esta temática y sus definiciones nos basamos en José Luis Coraggio: i) Potenciar la Economía Popular Solidaria: una respuesta al neoliberalismo; en Otra Economía, 11(20):4-18, julio-diciembre 2018; ii) Economía social y economía popular: Conceptos básicos; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Popular, Argentina, agosto 2020, pp. 11-12.
- Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.
El mercado laboral colombiano
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de estadística, Dane, durante el periodo 2001-2023 la población colombiana aumentó un 32,3 por ciento; de 38,4 millones de personas a 50,8 millones (gráfico 1). Durante estos 23 años, el tamaño de la población en edad de trabajar creció 49,7 por ciento; en términos relativos a la población total del país, aumentó de 68,4 a 77,4 por ciento como consecuencia del envejecimiento demográfico progresivo de la sociedad (gráfico 2). La fuerza de trabajo escaló 37,4 por ciento, de 18,1 millones crece a 24,9.
En paralelo, la tasa global de participación desciende de 69,1 a 63,4 por ciento durante 2001-2023, debido a la exigencia de un periodo de formación mayor (capacitación, formación y educación) que demora el ingreso al mercado laboral de la población en edad de trabajar. La tasa de ocupación tiende a mantenerse constante, en 2001 registraba un valor de 57,6 por ciento y a principios de 2023 es de 54,7; durante este período el número de trabajadores ocupados creció de 15,1 millones a 21,5 millones. El número de desempleados aumentó un 13,3 por ciento, en 2001 sumaban 3 millones los desocupados y en 2023 son 3,4 millones; en términos relativos, la tasa de desocupación bajó de 16,6 por ciento a 13,7 durante los 23 años analizados. Respecto a la subocupación, esta cayó en 10 puntos porcentuales, en 2001 eran 2,2 millones de trabajadores y en 2023 son 1,9 millones; en términos relativos el subempleo representaba el 11,8 por ciento en 2021 y en 2023 cae a 7,7.
La informalidad es un problema estructural y crónico en América Latina y el Caribe. Este tipo de empleo es inestable y precario, en general con bajos ingresos y sin protección ni derechos laborales. En Colombia, el promedio del trabajo informal durante el siglo XXI ha sido de 65,1 por ciento, una realidad y constante con graves connotaciones (gráficos 3 y 4). En resumen, la economía popular y el trabajo informal son la fuente principal del sustento diario para la supervivencia de dos de cada tres hogares colombianos.
En la actualidad, el 79,2 por ciento de los ocupados en Colombia realizan sus actividades en zonas urbanas (17,6 millones); el 20,8 restante en las áreas rurales (4,6 millones). A principios del 2023, los ocupados formales representan el 42,1 por ciento (9,4 millones) y los informales el 57,9 (12,8 millones). En las zonas urbanas, el 49,3 por ciento de los ocupados son formales y el 50,7 informales; en las áreas rurales solo el 14,9 por ciento son trabajadores del sector formal y el 85,1 del informal.
En las sociedades capitalistas la división del trabajo está tan desarrollada que todos los trabajos y las actividades económicas y financieras constituyen en su conjunto un sistema de producción. Los sectores formal e informal mantienen fuertes relaciones recíprocas, derivadas de una movilidad e interacción orgánica cada vez mayor entre ambos.
Durante el período 2001-2022, el trabajo informal descendió 10,3 puntos porcentuales. Existe una alta correspondencia entre la economía popular y el trabajo informal; sin embargo, estas dos categorías no son sinónimo de pobreza ni de trabajo improductivo. En efecto, una tercera parte de las unidades económicas informales o actividades de la economía popular se encuentran por encima de las condiciones de pobreza (gráfico 4).
El sector informal caracteriza a la economía colombiana y más correctamente debe definirse como la economía popular y solidaria por oposición a las unidades económicas y relaciones laborales propiamente capitalistas. La economía política enseña que en gran parte el movimiento de las actividades de la economía popular y solidaria representa una victoria preliminar para la economía política del trabajo sobre el Capital. La cooperación y la solidaridad es la negación del núcleo del Capital: el trabajo asalariado. No obstante, esto no es posible hasta tanto no se formen parte de asociaciones productivas y políticas dentro de las fuerzas y relaciones de producción. Estas formas de organización y producción están destinadas a tener la corteza del viejo sistema a la vez que las semillas del nuevo.
Con el fin de explorar la relación entre la evolución y los cambios en la tasa de trabajo informal (variable dependiente) y otros fenómenos socioeconómicos (variables independientes: coeficiente de concentración del ingreso Gini, tasa de desempleo, grado de incidencia de la pobreza por ingresos, tasa de homicidios por cien mil habitantes y tasa de crecimiento anual del Pib per cápita), durante el período 2001-2022, se corrió un modelo de regresión múltiple dando por resultado que la capacidad predictiva (coeficiente de determinación R²) del mismo es de 77 por ciento y el coeficiente de correlación múltiple (qué tanto se asocian las variables) tiene un valor de 0,88 (1= máxima correlación). En consecuencia, los cambios que registra la tasa de informalidad en Colombia se explican en más de tres cuartas partes por transformaciones en las variables laborables y socioeconómicas; de manera complementaria, la parte restante (23%) por variables asociadas directamente a los trabajadores informales y las unidades productivas de la economía popular y solidaria, esto es, a las características de las unidades domésticas, lugar inmediato de reproducción de la vida, al entorno familiar, local y regional, como también a la educación, experiencia y competencias de los trabajadores, el acceso a tecnología, crédito y mercados de las unidades económicas, y a la presencia/ausencia positiva/negativa institucional.
Los cambios en la informalidad del trabajo están asociados de manera directa con el grado de concentración del ingreso en Colombia y con los niveles que alcanzan las diferentes violencias (los desplazamientos forzosos, por ejemplo, en las zonas rurales afectan los mercados de trabajo, la estabilidad laboral y las condiciones de vida de las victimas). La asociación es inversa o negativa con la tasa de desempleo, el grado de incidencia de la pobreza por ingresos y por el crecimiento del ingreso per cápita, en resumen con el desarrollo productivo, incluyente y sostenible.
