En sus pretensiones y minuto a minuto, es más complicada la situación de Nicolás Maduro y la disputa que toma cuerpo en Venezuela. La violencia escala en las calles, con 210 marchas en la noche y la madrugada del martes 30. Muy rápido, después de la noche del domingo, cuando parecía que la continuidad en Venezuela tendría seis años más, según declaró Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral al final del día 28 de julio y comienzos del día 29.
En sus palabras, “con la participación del 59 por ciento del censo electoral y el 80 por ciento de los votos escrutados hasta ese momento”, y con una diferencia del 7 por ciento entre las dos principales campañas en contienda, “se confirmaba una tendencia irreversible”. Por su parte, dos horas antes, y a partir de analizar las actas recibidas a través de sus testigos electorales, la oposición, al igual que lo declarado por Amoroso, confirmaba una tendencia no reversible, que le permitía declararse vencedora.
De esta manera, como se temía, el país entra en una nueva coyuntura de disputa y polarización social. En este caso, totalmente distinta de la vivida años atrás, cuando Juan Guaidó, como parte de su papel y de la influencia en un sector político opositor, y de un complot urdido por el capital global, se autoproclamó “presidente interino”.
Lo nuevo
La derecha venezolana de hoy no es la misma de hace unos años, con predominio de sectores golpistas. Además de estar mucho más conectada con expectativas sentidas del pueblo, en la actual coyuntura se inclinó por la disputa electoral y el tránsito en la estrategia de protesta cívica.
Consciente de ello, afectado por la pérdida de conexión con sus adherentes, cada vez más inconformes con la ineficacia de la administración dirigida por Nicolás Maduro, y obrando bajo unas limitantes económicas y en otras áreas de su gestión, el establecimiento comprende que debe implementar cambios. Así, con el inicio de la tercera década del siglo en curso, comenzaron a vivirse transformaciones en la relación entre el Gobierno y el empresariado, y de ahí que “[…] en julio de 2021, la vicepresidenta Delcy Rodríguez […] asistió por primera vez a la Asamblea Anual de Fedecámaras, la cámara empresarial venezolana. Desde aquella asamblea de Fedecámaras, la cercanía de Delcy Rodríguez y su sector del madurismo con una fracción del empresariado tradicional conocido como ‘optimistas anónimos’ ganó notoriedad”.
“Este grupo, tras los fracasos de la oposición política en el ciclo de conflicto 2014-2020, aboga por una apertura económica con el chavismo en el poder. ‘Sí, creo que Venezuela está entrando en un ciclo de apertura económica liberal’, dijo Horacio Velutini, en ese entonces presidente del Fondo de Valores Inmobiliarios, a Reuters a principios de 2020, comparando el proceso venezolano con la apertura china de la década de 1980 y la perestroika soviética” (1).
Se emprendió entonces la reconstrucción de relaciones, con pragmatismo, y en medio de una dolarización de hecho, propiciada en lo fundamental por el afán de ingresos económicos que le dieran aire al Gobierno para no paralizarse, realidad que llevó a Maduro a deshacer los pasos de Chávez y reintegrar a sus dueños decenas de propiedades expropiadas en tiempo del “Socialismo del siglo XXI”. Devolución dentro de la cual realza, por su simbolismo, la acaecida con el Centro Comercial Sambil, referente del comercio y consumo de clase media, epicentro del derroche que vivía Caracas en tiempos del boom económico propiciado por los altos precios del petróleo
Estamos en nuevos tiempos de esta convivencia de mutuo beneficio, ampliada a inversiones conjuntas en comercio, construcción, divertimento, hotelería, sectores de bienes y servicios en general, que, como se sabe, generan empleo temporal y facilitan la especulación financiera, y, con ella, la concentración de riqueza en pocas manos, sin quebrar el empobrecimiento general que vive el extenso cuerpo social. Esa alianza económica facilita la legalización, por parte de la llamada “boliburguesía”, de parte de las fortunas acumuladas a la sombra del progresismo y a nombre del pueblo, algunas de ellas producto del desfalco de miles de millones de dólares padecidas por este país.
A la par de este proceder, y en procura de recuperar credibilidad social, así como confianza global en el funcionamiento del aparato judicial, y con ello en el respeto a cualquier inversión que decidan allí realizar –seguridad jurídica–, el Gobierno puso en marcha la campaña anticorrupción “Caiga quien caiga”, dentro de la cual el personaje más importante que sirvió en bandeja fue la de Tareck El Aissami, titular de la cartera de Petróleo. Era una condición fundamental para lograr el compromiso de nuevos capitales, indispensables para recuperar y potenciar a PDVSA, el principal músculo financiero de un Estado soportado en un fortalecido y prolongado rentismo (2).
A la vista, son giros económicos, jurídicos y políticos que descargan en las mayorías el costo de la crisis económica, que, aunque menguada en los últimos años con reducción de las tasas de inflación a tres dígitos (193 por ciento al cierre del 2023), congela salarios y pensiones, al punto que para muchos su mesada no supera los 100 dólares mensuales, para cubrir una canasta básica, que a marzo de 2024 es igual a 554 dólares (3). Se trata de un desequilibrio en ingresos al cual habría que sumar todos aquellos gastos que demanda la vida diaria, precariedad de ingresos que permite entender la mutiplicación de la pobreza que se palpa por toda Venezuela. Son reformas y ajustes de tinte liberal que sanean en parte la precaria situación fiscal del país, giro favorecido por la coyuntura global desatada por la invasión a Ucrania y la guerra en curso entre Rusia y aquel país, y con ella la necesidad de los Estados Unidos y otros países de buscar nuevos proveedores para el alto consumo de petróleo que mantienen. Tras este afán, regresan a Venezuela multinacionales del sector, ausentes desde hace años, y las exportaciones al país del Norte retoman parte de su flujo. Pero no solo en estos campos maniobró el régimen.
Adelantado en varios años al suceso electoral que llegaría con el 2024, intervino por medio del poder jurídico y electoral a diversas organizaciones de la izquierda histórica y de sentimiento chavista, neutralizando con ello el posible liderazgo alternativo y de corte anticapitalista que pudiera tomar cuerpo en el momento de darle partida a la campaña para elegir Presidente. Allí quedaron, divididas y reducidas a su mínima expresión, organizaciones como el Partido Comunista y el Partido Patria para Todos, lo cual explica el pronunciamiento de varios partidos comunistas en solidaridad con su par caribeño, al precisar: “Contrario a lo que difunde la propaganda gubernamental, estas elecciones en Venezuela tienen un profundo carácter antidemocrático, entre otras cosas por impedir deliberadamente a los partidos y fuerzas revolucionarias la inscripción de candidaturas”. Esta declaración enfatiza en el carácter del gobierno: “[…] la gestión ‘progresista’ en Venezuela es la preservación de la explotación capitalista contra los trabajadores, con un maquillaje retórico que simula descaradamente posiciones antiimperialistas, socialistas y hasta revolucionarias” (4). Las sanciones y los bloqueos no terminaron ahí sino que se extendieron a las principales figuras que, desde la arena opuesta, pudieran surgir, entre ellas María Corina Machado, vetada como candidata presidencial.
Es así como el propio régimen pavimentó el terreno para que existiera una sola solución ‘alternativa’ que lo confrontara, considerando que, por ser de derecha y cargar sobre sus hombros el costo de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, con todo el peso que ello ha traído para millones de personas en su vida diaria, no alcanzaría la sintonía que en efecto lograron en pocos meses.
Ese proceder oficial llevó a que este sector tuviera que enfrentarse a varias maniobras oficiales: 1. la citación adelantada a elecciones, realizadas tradicionalmente en diciembre; 2. La decisión para que la campaña electoral solo se alargara por tres semanas –del 4 al 25 de julio–; 3. la persecución y las sanciones a todo aquel comerciante o persona que prestara servicios a los líderes opositores, por lo cual varios sufrieron el cierre de sus negocios; 4. el bloqueo al voto de los migrantes, obligados a presentar en cada país, además de cédula que lo certifique como venezolano, pasaporte y documento de residencia en el país correspondiente.
Pero, más allá de la anunciada recuperación económica que ven en marcha, y que instituciones como el FMI reconoce con un crecimiento proyectado a diciembre próximo del 4 por ciento y 3,5 para el 2025, más pudo el desencanto de las mayorías con una propuesta de cambio que no llegó a materializarse y que sí los llevó a vivir la experiencia de vida nunca imaginada (5).
Pese a todo ello, la campaña opositora que sorprende por no tener un gaje ‘personalista’ maniobró con rapidez y realismo, y encontró sustituto para Machado en el exdiplomático Edmundo González Urrutia, que, llevado de la mano por su mentora, alcanzó amplia sintonía nacional. Como no se veía desde los mejores tiempos de Chávez en campaña, las calles volvieron a llenarse de gente de a pie.
Por decenas de miles se les vio allí adonde llegó la campaña que prometía el final del madurismo, y por millones salieron a votar. De manera voluntaria y con suma disposición, se conformaron por doquier comités de apoyo e impulso de la campaña, al tiempo que el 28 de julio pudieron cubrir con apoyo desinteresado las mesas de votación como testigos electorales. Ese proceder les permitió recoger copia de las actas electorales y así poder afirmar que vencieron, casi doblando el voto continuista. Su batalla es la de un pueblo que merece un mejor destino y un desenlace que no deje sobre el pavimento decenas de sus cuerpos.
Por ahora, a pesar de que el país cambie de Presidente, bajo el avatar de una crisis de violencia-negociación, no saboreará el giro económico-social deseado, aunque sí tendrá el aire fresco de una esperanza posible. Tal vez un nuevo aire para emprender o profundizar procesos democráticos, con iniciativas productivas que brinden mejores condiciones de vida y permitan desprenderse de la tutela y el control que ejerce el poder central por medio de los subsidios en alimentos y otros complementos de ingresos.
Es aquella una vía posible, toda vez que, en medio de la aguda crisis en todos los aspectos soportada por el país, en municipios y barriadas las gentes se vieron por años en la obligación de emprender iniciativas productivas, de siembra y procesamiento de alimentos, así como de desechos, además de generación de energía y otras muchas que les han permitido sobrellevar la situación y tomar conciencia de que vivir más allá del Estado sí es factible. Esos procederes, a la vez, reflejan ejercicios de democracia directa y poder propio, necesarios de profundizar en autonomía para no quedar a la expectativa de lo que ofrece la oposición en el actual momento, lo cual no se hará real, bien porque las condiciones nacionales no lo permiten, bien por no ser consecuente con ello, bien porque la transición se extiende y no facilita giros profundos de ninguna especie.
La compleja realidad que se ve, además, debe permitir la comprensión de que, de llevarse a cabo el cambio presidencial, el régimen permanecerá casi intacto por algunos años, pues en dos décadas y media, si así se quiere –y quienes detentan el gobierno siempre lo quieren–, se logra concentrar todo el poder del Estado: legislativo, moral, judicial, además de territorial y militar. Tal poder, pese a su concentración, no es omnímodo, como se ve por las protestas desatadas los días 29 y 30 de julio, y ante las cuales algunos sectores de la Guardia Nacional se inclinan a favor del pueblo, que rechaza el fraude electoral y espera que el Ejército sea neutral.
La izquierda mayoritaria del continente no asimila esta realidad; defiende al Gobierno a ultranza, calificado de izquierda por el simple hecho de oponerse a los Estados Unidos y por encima de cualquier otra evidencia; llevada por su convicción, con fervor argumenta que una “revolución” no es para ‘entregarla’ o para ponerle ‘transición’, y que toca proceder en su defensa por cualquier medio; renuncia, de esta manera y en el caso que nos ocupa, a la defensa de la bandera de la democracia, desaprovechando el momento para ir más allá de la democracia representativa, y reivindicar su forma directa y radical, con real protagonismo y poder popular, que nunca será abrazada desde posiciones liberales.
Así, Venezuela vive un momento de especial significación, en medio de una transición que no será corta ni “explicable” con calificativos simples que en ocasiones confunden más que brindar luz, como “fascistas” o “(ultra) derecha”, y que arroja grandes lecciones para toda la izquierda, en especial para la abrazada al progresismo, el que ya ha incorporado a su ideario el mandar sin obedecer, sin propiciar los giros indispensables para elevar al pueblo a la calidad de real conductor del cambio indispensable para sobrellevar su cotidianidad en dignidad, justicia y plena realización espiritual. Una realidad y una transición tales muestran una modalidad en la cual la verificación internacional de las actas electorales, el proceder de la Fuerza Armada Nacional venezolana y el actuar del pueblo decidirán el curso final del proceso en marcha. γ
1. Frangie Mawad, “Maduro, las élites y la “perestroika venezolana”, revista Nueva Sociedad, junio 2024.
2. “El Aissami no era una figura menor. Fue una pieza muy importante dentro del chavismo. Emergió durante el gobierno de Chávez hasta llegar a la Vicepresidencia de Venezuela con Maduro. Por eso, a diferencia de los otros, no fue a prisión”. Heredia, Ricardo Sucre, ¿Por qué Nicolás Maduro lanzó una “guerra contra las mafias”?, revista Nueva Sociedad, abril 2023
4. “Partidos comunistas del mundo se pronuncian sobre las elecciones presidenciales en Venezuela”, Tribuna Popular, tomado de Aporrea, domingo 28/07/2024, https://www.aporrea.org/internacionales/n395216.html.
5. Gutiérrez Márquez, Carlos, ¿Final de un período?, Le Monde diplomatique edición Colombia, Nº 245, julio de 2024, p. 2.
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