En días recientes, el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado Larrea, durante una entrevista concedida a un medio digital manabita, utilizó el término “dictadura” para caracterizar al gobierno de Daniel Noboa (1). Posteriormente, tras la viralización de sus comentarios en la esfera pública ecuatoriana, precisó su caracterización utilizando el término “criptodictadura”, y, yendo un paso más allá, calificó a Noboa como “protodictador”. Hurtado, uno de los protagonistas del retorno al régimen constitucional a finales de los años setenta, entiende a una criptodictadura como un régimen político en el que las instituciones democráticas permanecen formalmente en pie, pero se encuentran progresivamente subordinadas al poder Ejecutivo.
La caracterización de Hurtado tiene la contundencia propia de la controversia política, y ciertamente responde a una creciente preocupación compartida por muchos ecuatorianos. No obstante, plantea un problema conceptual. En Ecuador se celebran elecciones competitivas; existe la oposición parlamentaria; la prensa cuestiona y critica al gobierno. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha detenido en más de una ocasión decisiones tomadas por el gobierno, y Noboa ha tenido resultados adversos en las urnas en procesos electorales, como el de la consulta popular.
¿Se puede llamar dictadura a un régimen de estas características? Probablemente no. Pero la caracterización de Hurtado, aunque pareciera exagerada, no impide observar el fenómeno que intenta nombrar: desde la llegada de Noboa a Carondelet en noviembre de 2023, la democracia ecuatoriana ha experimentado algunos episodios preocupantes que parecerían apuntar a un deterioro de su calidad. La progresiva ampliación de la capacidad de decisión del Ejecutivo, la normalización de los mecanismos excepcionales y la creciente confrontación con los contrapesos que limitan el poder presidencial son algunos de sus rasgos más notorios. Sin embargo, antes que el concepto de “dictadura” considero pertinente revisitar la idea de la iliberalización para caracterizar con mayor precisión lo que ocurre actualmente en Ecuador.
El improbable presidente
Daniel Noboa Azín es heredero de una de las familias empresariales más poderosas de Ecuador que no ha sido ajena a la política nacional. Su padre, Álvaro Noboa Pontón, intentó sin éxito cinco veces llegar a la Presidencia de la República. Luego de formarse en universidades estadounidenses y administrar empresas, Daniel inició su propio camino en la política, el cual lo llevó a la Asamblea Nacional en 2021, en donde ejerció sin convertirse en una figura particularmente relevante en la política nacional. Sin embargo, sin que nada pareciera anunciarlo, el joven multimillonario logró convertirse en el outsider que pateó el tablero electoral en los comicios de 2023.
Las circunstancias lo ayudaron, ciertamente. En mayo de 2023, Guillermo Lasso había decretado la “muerte cruzada”, provocando elecciones anticipadas. Simultáneamente, el país experimentaba una escalada de violencia nunca vista en su historia, producto de la profundización de la acción de organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional. Cárceles controladas por bandas, con masacres cada vez más frecuentes y sangrientas, extorsiones, asesinatos y terror modificaron rápidamente la vida cotidiana.
El 9 de agosto de este mismo año, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que personificaba la lucha contra el crimen organizado, terminó en hacer de la inseguridad el problema más urgente del país y, por tanto, en el centro de la campaña electoral.
En ese escenario, Noboa, de 35 años, con chaleco antibalas, lenguaje sencillo y una comunicación eficazmente adaptada a las redes sociales, proyectando una imagen jovial, logró situarse como la alternativa frente a la polarización entre el correísmo y el anticorreísmo, lo cual le funcionó para triunfar en las elecciones. Paradójicamente, alguien que encarnaba inequívocamente a la élite económica consiguió presentarse como la renovación del sistema.
La promesa de la eficacia y la permanente excepción
Al comienzo de su primer mandato en noviembre de 2023, Noboa tuvo que mostrar, por fuerza de las circunstancias, una disposición pragmática de gobierno. Sin mayoría legislativa y obligado a terminar el periodo de Lasso, logró acuerdos con fuerzas políticas clave en el escenario político nacional, incluida la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y el Partido Social Cristiano. Sin embargo, no tardaría en producirse un cambio en la naturaleza del gobierno.
En enero de 2024, luego de una sucesión de motines carcelarios, secuestros de policías, explosiones y la irrupción armada de un grupo criminal en un canal de televisión en Guayaquil, Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno”, figura jurídica que le permitió una mayor discrecionalidad en el manejo de la crisis de seguridad, pero que también abrió la puerta a otras problemáticas. El cambio no fue solamente jurídico o militar; fue, ante todo, político y comunicacional. El crimen organizado dejó de ser presentado únicamente como un problema de seguridad pública. El país estaba en “guerra”. Las organizaciones criminales se transformaron en los enemigos y las Fuerzas Armadas adquirieron un papel cada vez más central en la seguridad interna.
También se dio una transformación simbólica del presidente. El joven empresario que había prometido gestionar mejor el Estado, se convirtió en el comandante político de esta nueva guerra declarada.
Este giro tuvo un amplio respaldo social inicialmente, así lo verificaron los resultados de la consulta popular de abril de 2024, en la que Noboa ganó en nueve de las once preguntas que planteó, particularmente aquellas relacionadas con la seguridad. La ciudadanía parecía conceder al mandatario un amplio margen de acción frente al problema de la violencia, la cual, al parecer, había desbordado las capacidades del Estado.
No obstante, cuando la excepción empezó a perder su carácter excepcional, aparecieron los cuestionamientos. La Corte Constitucional señaló explícitamente el problema en marzo de 2025, cuando advirtió que después de prácticamente un año ininterrumpido de estados de excepción, su utilización se había “ordinarizado”. La Corte sostuvo que la violencia y el crimen organizado son problemas estructurales que no pueden ser resueltos mediante el uso recurrente de instrumentos constitucionales concebidos como extraordinarios y temporales, añadiendo que su normalización pone en riesgo a la democracia y los derechos constitucionales.
Los cuestionamientos se agudizan a la luz de los resultados de la política de seguridad. En 2023, Ecuador registró 8.248 homicidios intencionales. En 2024 hubo una reducción significativa (de, aproximadamente, el 14,5%, según datos del Ministerio del Interior (2)), pero en 2025 la violencia volvió a dispararse, llegando a una escalofriante tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes, esto es 9.216 homicidios. En el primer semestre de 2026 hay una nueva reducción respecto del mismo periodo del año anterior. Estos resultados fluctuantes no permiten afirmar que el gobierno ha fracasado, pero tampoco constituyen evidencia clara que demuestre que el uso recurrente del estado de excepción haya contribuido a resolver el problema de fondo.
Más allá del uso intensivo o del abuso del estado de excepción, dos acontecimientos mostraron que la disposición del gobierno a forzar los límites de la institucionalidad no estaba confinada al combate contra el crimen organizado. El primero ocurrió el 5 de abril de 2024, cuando, por orden del gobierno, fuerzas de seguridad ingresaron sin autorización en la Embajada de México en Quito, y detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político. Este insólito hecho provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con México, que llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
El episodio revela una determinada concepción de autoridad manejada por Daniel Noboa. Ante la tensión entre el objetivo político del gobierno (detener a Glas) y un claro límite institucional (la inviolabilidad de una embajada), prevaleció el objetivo político.
El segundo caso ilustra esta misma disposición de forma quizá más elocuente. Desde los primeros meses de gobierno, la relación entre Noboa y su vicepresidenta, Verónica Abad, se convirtió en una confrontación abierta. A pesar de haber sido elegida junto a Noboa, fue rápidamente aislada del gobierno, siendo enviada como embajadora a Israel. Más adelante, en noviembre de 2024, el Ministerio de Trabajo la suspendió por 150 días mediante un proceso administrativo. Nuevamente, la Corte Constitucional intervino, esta vez se pronunció estableciendo que las autoridades de elección popular no podían ser sancionadas de esa manera, y declaró que los procedimientos utilizados para suspender a la vicepresidenta eran incompatibles con la Constitución.
Este episodio, como el caso de la irrupción en la Embajada de México mostraron, en su momento, que la disposición a ampliar el poder del Ejecutivo se desplazaba desde el terreno de la guerra contra el crimen hacia el terreno de la contienda política y el funcionamiento ordinario de las instituciones.
La deriva iliberal
A pesar de todo esto y de los cuestionamientos sobre la arbitrariedad con la que manejó su condición de presidente-candidato, Noboa ganó las elecciones de 2025, y con holgura. Tras una primera vuelta extraordinariamente polarizada frente a la candidata del correísmo, Luisa González, Noboa obtuvo un inapelable 55,6% de los votos en el balotaje.
Esto transforma sustancialmente la naturaleza del gobierno. Noboa deja de ser el presidente accidental encargado de administrar el periodo inconcluso de su derrotado predecesor. Desde su posesión en mayo de 2025, el ungido ahora tiene un mandato propio, una fuerza legislativa mucho mayor y, especialmente, una legitimidad electoral difícil de cuestionar. De ahí que, más allá de la retórica política, resulte insuficiente recurrir a la convencional oposición entre democracia y dictadura para interpretar la realidad política del actual Ecuador.
Décadas atrás, el politólogo argentino Guillermo O’Donnell utilizó el concepto de “democracia delegativa” para describir a los gobiernos latinoamericanos cuyos mandatarios interpretaban el hecho de ganar las elecciones como una autorización para gobernar con la menor cantidad de restricciones posibles. Las instituciones encargadas de controlar al Poder Ejecutivo (el Legislativo, las Cortes, los organismos de control) seguían existiendo, pero podían ser percibidas como impedimentos para la ejecución del mandato popular, según la interpretación que el gobierno hacía de este.
En el segundo mandato de Noboa, esta tensión ha surgido con bastante claridad, particularmente en el enfrentamiento con la Corte Constitucional. Más allá de los antecedentes ya mencionados, durante el 2025 el conflicto con la Corte se agudizó. El gobierno promovió un conjunto de leyes relacionadas con seguridad, inteligencia e integridad pública. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente varios artículos, mientras analizaba demandas de inconstitucionalidad.
La reacción del Presidente fue en la arena política. El 12 de agosto, encabezó una marcha hacia la Corte Constitucional, cuya sede se encuentra en Quito. A lo largo de la ruta, se ubicaron grandes carteles con los nombres y los rostros de los nueve magistrados de la Corte que habían dado paso a la suspensión de los artículos. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaban los carteles. Noboa, con su chaleco antibalas dijo ante sus seguidores que el Gobierno seguía el “mandato del pueblo” y que no permitiría que el cambio se estancara por culpa de nueve jueces.
La estrategia era clara: Confrontar a la Corte, institución que, por lo demás, no cuenta con la legitimidad que otorgan las elecciones, y retratarla como un obstáculo para que el Gobierno pueda realizar la voluntad del pueblo. No se cuestionaba la existencia como tal de la Corte Constitucional, sino su legitimidad para poner límites a la voluntad mayoritaria.
Esta tensión constituye el corazón de lo que se puede denominar un proceso de iliberalización democrática. La democracia liberal descansa sobre dos principios que no necesariamente conviven con comodidad: el principio del gobierno de las mayorías, por un lado, y por otro, el de los límites constitucionales al poder de esas mayorías. Así, diríamos que las elecciones determinan quién gobierna, mientras que el constitucionalismo establece aquello que, incluso, quienes ganan una elección no pueden hacer. El gobierno de Noboa ha ido desplazándose de manera progresiva hacia el primero en detrimento del segundo.
Desde el punto de vista discursivo y de la comunicación política, este desplazamiento es sumamente poderoso, pues no implica cuestionar abiertamente a la democracia. De hecho, es una forma de restricción que puede realizarse en nombre de la propia democracia. Si el pueblo demanda seguridad y el presidente intenta proporcionarla, cualquier institución que intente limitarlo puede ser considerada como un obstáculo para la realización de la voluntad democrática. La deriva iliberal de la democracia no requiere, entonces, un discurso explícitamente autoritario. Puede presentarse, como de hecho lo hace Noboa, como una simple exigencia de eficiencia y de respeto a la voluntad popular mayoritaria.
¿La democracia en riesgo?
La provocación del expresidente Osvaldo Hurtado identifica un problema real que enfrenta la democracia ecuatoriana. Sin embargo, el concepto mediante el cual intenta caracterizarlo parecería más bien limitado. Noboa no ha abolido la democracia. Llegó al poder mediante elecciones y renovó su mandato de igual manera. Ha sufrido también derrotas electorales importantes, como la de la consulta popular del 16 de noviembre de 2025, en la que perdió en las cuatro preguntas que le planteó a la ciudadanía, pero ha respetado los resultados. La Corte Constitucional conserva su capacidad efectiva para limitar al Ejecutivo, y la oposición política existe, gobierna territorios, ocupa escaños en la Asamblea y, cuando las circunstancias se prestan, moviliza a los ciudadanos. Aunque cabe mencionar que la capacidad movilizadora de la oposición y la protesta social se han enfriado mucho tras los hechos del último paro indígena, que tuvo bloqueada la provincia de Imbabura por cerca de un mes.
Ecuador no es una dictadura. Pero tampoco puede afirmarse que, porque las elecciones existen, la calidad de la democracia permanece intacta. De hecho, rara vez las democracias desaparecen mediante golpes militares abiertamente autoritarios, con tanques rodeando el palacio presidencial. La erosión gradual es más frecuente mediante procesos como los descritos en estas líneas. En Ecuador, la crisis de seguridad creó las condiciones favorables para que este desplazamiento se produzca. No obstante, el proceso permanece de alguna manera abierto y disputado. La Corte resiste; la sociedad protesta (aunque quizás no con la intensidad que podría); los electores también le dicen no al gobierno, y, hasta ahora, eso se ha respetado. Por ello, el concepto de iliberalización, como existencia formal de instituciones democráticas en medio de la carencia de ciertos principios liberales que las sustentan, resulta más pertinente para caracterizar la situación que vive actualmente Ecuador y potenciar el debate.
El peligro para la democracia ecuatoriana no parece residir, por ahora, en su abolición. Es más silencioso: que las elecciones permanezcan, las instituciones sobrevivan y la Constitución continúe vigente, mientras los límites que hacen liberal a una democracia pierden progresivamente su capacidad para limitar al poder.
Por ahora no significa que las cosas no puedan cambiar. De hecho, siempre pueden ir para peor. Particularmente, considerando las recientes acciones de la autoridad electoral ecuatoriana que ha decidido sancionar a la organización política opositora más fuerte de tal forma que la ha excluido de la contienda electoral que se desarrollará próximamente en el país. Cuando las instituciones dejan de garantizar que la oposición pueda organizarse y competir para inclinar el terreno a favor del gobierno, quizás sí se vuelva más urgente empezar a utilizar seriamente categorías más “duras” para caracterizar al gobierno.
1. https://www.youtube.com/watch?v=YYhz2zrTbsM&t=1s
2. https://www.ectotal.com/seguridad?utm_source=chatgpt.com
* Sociólogo, especialista en comunicación, sociedad y cultura. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. pablo.ayala@uasb.edu.ec
