“El Informe de la CEV no es La Verdad final sobre el conflicto...”

La crítica fuerte, los argumentos y la indignación del artículo de Paco Gómez Nadal en Le Monde diplomatique Nº 227**, es en sí misma muestra de la manera como se está dando en Colombia el proceso público de la búsqueda del esclarecimiento en transparencia y franqueza de la verdad sobre conflicto armado interno y de las responsabilidades en el mismo. Bienvenida.

La Comisión de la Verdad, CEV, ha trabajado desde su inicio para contribuir a este proceso indispensable para la no repetición y la no continuación de la guerra; ha recibido fuertes críticas desde los que votaron en contra del acuerdo de paz y desde el uribismo que plantea una verdad alternativa, Gómez Nadal pone ahora la crítica desde la izquierda.
Gómez Nadal refiere a las 56 páginas de las recomendaciones para la No Repetición como prueba de las cosas “difíciles de tragar” de la CEV y no aprecia el que esas páginas contienen buena parte de las políticas transformadores del Estado que Gustavo Petro asumió públicamente el día en que recibió la presidencia, cuando delante del país y de la comunidad internacional dijo textualmente: voy a aplicar a raja tabla las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Y lo ha hecho. Lo cual es particularmente significativo porque la CEV no tuvo comunicación con la campaña de Petro. Si el Informe es tan insignificante e inútil en incluso “de barniz perverso” en las conclusiones, como lo califica Paco Gómez Nadal, el nuevo gobierno de Colombia cometió un gran error al decidirse a aplicar a fondo lo que la Comisión propone de cambios estructurales para que sea posible la paz.

Hay por lo menos tres elementos que distinguen a la CEV de las comisiones anteriores tanto en lo internacional como Sud África, Irlanda del Norte o Argentina, como en lo nacional de las comisiones que hubo antes en el país. Los tres elementos son: Primero los componentes de la misión porque la CEV debía esclarecer la verdad del conflicto no solo en el Informe sino también en la búsqueda colectiva a lo largo del país, en la movilización de las organizaciones, en los medios y el arte y hacer eventos públicos con víctimas y victimarios de reconocimiento de responsabilidades y eventos pedagógicos; buscar la convivencia en los territorios a partir de los procesos locales de paz y reconciliación; y presentar las recomendaciones para la no repetición. Segundo, la Comisión debía poner en el centro la dignificación de las víctimas de los distintos lados. Tercero, la Comisión era parte de un sistema con la JEP y la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y de manera que la CEV no tuvo tareas jurídicas ni de solidaridad que tuvieron otras comisiones.

El Informe de la CEV no es La Verdad final sobre el conflicto, tampoco es la verdad por encima de los aportes de las otras comisiones y estudios valiosos que se han hecho sobre el conflicto armado interno de Colombia. Es un trabajo serio, construido a la escucha de las víctimas y de los responsables y de contraste con más de mil documentos, dirigido a hacer claridad sin perder la complejidad del asunto, para llegar a conclusiones de no repetición.

No es un trabajo académico y no incorpora el análisis profesional de las otras comisiones ni las tesis universitarias sobre el tema. Muchos intelectuales echan de menos que no se les cite y que no aparezcan sus nombres en una bibliografía final, no obstante eso, leímos gran parte de los estudios conocidos y particularmente tuvimos en cuenta a la comisión sobre las Causas del Conflicto para las negociaciones de La Habana así como más de 60 libros del Centro Nacional de Memoria Histórica y el resumen del mismo durante la dirección de Gonzalo Sánchez ; tampoco se incluyen todos los testimonios personales y colectivos recibidos ni se citan todos los análisis allegados , no solamente porque era imposible sino porque se trataba de llegar a una visión de conjunto y a un pensamiento propio del Pleno de Comisionadas y Comisionados responsables del texto y responsables de las conclusiones de no repetición. Por eso el texto no es una colección de referencias para fundamentar lo que el Pleno logro esclarecer. Se trata del análisis, el juicio y las recomendaciones de los Comisionados en tres años y medio escuchando al país desde el lado de las víctimas.

No es cierto que la entrega final sea una colección de opiniones distintas y compartimentadas. La decisión de hacer volúmenes interconectados que trataran los aspectos más importantes definidos por el Pleno se tomó a los dos años de escucha de las víctimas, los sectores sociales, académicos, culturales, políticos y empresariales y de quienes estaban o estuvieron en la guerra. A partir de allí, los volúmenes fueron discutidos durante varios meses por el pleno de la Comisión y fueron aprobados por el Pleno. Inevitablemente hay casos en los que las interpretaciones de más de quinientas personas funcionarios y aliados de organizaciones que contribuyeron en el proceso no corresponden a lo que concluyó el Pleno de la CEV, pero sin esos aportes no hubiera sido posible plantearse las preguntas pertinentes y llegar a las conclusiones colectivas que logra el Informe.

El relato histórico, coordinado y dirigido por Marta Ruiz, que tiene por título “No Matarás” no es una obra individual de Marta. Es un trabajo colectivo, discutido en sus partes por el Pleno de Comisionados y al final suscrito por todos. Está basado en la investigación e insumos aportados desde las distintas instancias de la Comisión, en testimonios, documentación y equipos de estudio. Gómez Nadal pasa por alto que texto inicia el análisis en los años 20 del siglo pasado y trae con cuidado la situación de Colombia a finales de los años 50 por La Violencia propiciada por las élites liberales y conservadoras, el problema de la tierra nunca resuelto, la solución parcial que da el Frente Nacional al excluir a las expresiones sociales y políticas distintas a los partidos tradicionales, así como el contexto de la guerra fría.

Ante la apreciación del Gómez Nadal que libera a la JEP del mal que él ve en la CEV, es necesario notar que Comisión trabajó dentro del Sistema de justicia transicional para la paz donde la JEP se encarga de la verdad jurídica, la Comisión se encarga del esclarecimiento histórico y político y las responsabilidades de ética pública, y la Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas se centra en el crimen que sintetiza la brutalidad de la guerra en Colombia. Las tres entidades trabajaron unidas. La Comisión preparó a las víctimas y a los responsables para los encuentros que se hicieron en las diversas instancias del Sistema. Las Casas de la Verdad de la Comisión en los territorios fueron en muchos casos la sede de la Unidad de búsqueda de desaparecidos, la Comisión recibió de la JEP toda la información pedida y contribuyó con métodos de diálogo que son propios del Sistema. Esta diferenciación y complementariedad de considerado un avance en la justicia transicional.

La Comisión de la Verdad no fue hecha para establecer la responsabilidad del Estado sino para contribuir a esclarecer la gravedad del conflicto de cerca de un millón de muertos y 9 millones de sobrevivientes y plantear propuestas de no repetición y no continuación. El Informe es serio en establecer la verdad de la responsabilidad del Estado cuando esta se da y es claro en mostrar no solo los crímenes y la impunidad estatal como lo hace en el texto de CASOS de la CEV, sino también cuando muestra repetidas veces la verdad en la estructura misma de un Estado que da lugar a la exclusión y a la injusticia socioeconómica y política. Ahora bien, en la tarea de análisis del conflicto, a partir de centenares de miles de horas de escucha, la Comisión no puede concluir que se está ante un Estado responsable único, que actuó de manera genocida y criminal; y encuentra responsabilidades múltiples y entrelazadas, porque así fue la guerra en sus orígenes, sus instancias y su degradación. Desde aquí la Comisión abre al diálogo, consciente de la clara diferencia con los métodos y resultados muy valiosos de las comisiones de Chile y Argentina que enfrentaron a dictaduras militares consolidadas. La CEV enfrenta la complejidad de una guerra real, donde el Estado, la guerrilla y actores no armados con intereses definidos participan en un conflicto de más de seis décadas que destruye la vida, las instituciones, la democracia y la naturaleza y rompe humanamente a los mismos actores responsables que se benefician política y económicamente de lo intolerable.

Paco Gómez Nadal critica duramente las dos páginas en las que siguiendo una decisión del Pleno la CEV aceptó el que los comisionados hicieran aclaraciones personales. Por eso hago aquí una respuesta a algo que me compete. He aprobado y protejo la totalidad del Informe y por lo mismo la responsabilidad del Estado en la violación de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad en no haber llevado a fondo la solución política negociada al conflicto entre ciudadanos que requería transformaciones estructurales serias y así parar la guerra interna desde su inicio. Mis tres aclaraciones se refieren a la política de Estado en el crimen de los falsos positivos; al papel de la Iglesia católica; y al papel de organizaciones de la sociedad civil respecto a los crímenes de guerra de la insurgencia en los primero años del conflicto.

La cuestión de la política de Estado, por parte de los presidentes, ministros y comandantes que hicieron las leyes y normas dentro de las cuales se dieron los falsos positivos, lleva a una reflexión sobre responsabilidades en un asunto gravísimo que las madres de los jóvenes asesinados recogen en el grito: “¿Quién dio la orden?” Y la respuesta a esta pregunta tiene varios pasos, como ocurre frecuentemente en el análisis complejo que hace la Comisión.

Ante todo, estamos ante un crimen corporativo, de carácter institucional, no de manzanas podridas, y sobre esto no hay discusión en la CEV; muestras de esa totalidad corporativa son los hombres que disparan convencidos que están haciendo lo que el Ejército pide de ellos, aunque no pueden evitar inquietudes de conciencia pues se implican personalmente; por otra parte lo corporativo se muestra claramente el día en que el Ministro de Defensa acepta el crimen y pide al presidente la sanción sobre los generales responsables, los comandantes son expulsados y el crimen se frena en la institución.

Lo que puedo concluir de los textos de las normas y leyes dentro de las cuales ocurre el crimen es que la intención formal de los legisladores es obligar a las tropas a entrar en combate, matar a los enemigos y entregar como “positivo” los cadáveres; y estas normas se dan porque, como lo explicaron los jefes paramilitares a la Comisión, se está en un momento del conflicto en el que los paramilitares, con grandes masacres y desplazamientos –en alianza con la Fuerza Pública– son en la mayoría de los casos quienes entran en combate con la guerrilla, mientras el ejército y la policía permanecen en los cuarteles. Por eso prefiero evitar el juicio de que al hacer las normas hubo intención evidente de presidentes y ministros de matar a personas en indefensión como política de Estado; y al mismo tiempo, mantengo el juicio, bien demostrado por la Comisión, de que los constructores de las normas son responsables cuando no obraron inmediatamente al conocer el crimen que se amparaba en la manipulación de las normas y cuando no detuvieron la entrega de incentivos que hay en las normas cuando se utilizaron perversamente para premiar a los criminales.

En mi sentir, lo significativo de este caso es que pone en primer plano la destrucción corporativa de la ética pública al interior de las instituciones del Estado responsables de la seguridad y de la defensa. Una destrucción que afecta a la política pero que es mucho más honda que la categoría de política de Estado. Una crisis integral de la conciencia de los individuos en toda la institución, en la cúpula y en la base, que legitima corporativamente los comportamientos criminales individuales, donde el mal –en este caso la aniquilación del ser humano víctima en indefensión– pasa a ser el bien porque es premiado con dinero y ascensos y es protegido por complicidades y se mantiene durante décadas y se recrudece en los años que la CEV considera el tiempo de degradación del conflicto en todos los actores. El asunto es demasiado grave para dirimirlo con decir que fue una política de Estado en la intención criminal de unos legisladores perversos que esas logran la normalización del mal en el cuerpo institucional. Por eso considero que cuando el Pleno de Comisionados hace un juicio sobre la responsabilidad corporativa histórica, política y ética en la violación gravísima de los derechos humanos va mucho más allá de una denuncia para ser investigada por la JEP y lleva a la Comisión a exigir en las recomendaciones una transformación total de los aparatos de seguridad y de defensa del Estado.

A partir del juicio histórico, político y ético de la Comisión, corresponde a la JEP establecer responsabilidades criminales individuales de comandantes al dar órdenes a los subordinados y entregar premios sobre el crimen, y es obligación de la JEP establecer responsabilidades por omisión grave cuando permitieron que ocurriera el crimen. Y debería la JEP analizar si hay casos en que se puede establecer responsabilidad por acción de parte de los altos mandos políticos, presidentes y ministros, al dar órdenes o instrucciones a autoridades militares para que actuaran criminalmente; y establecer responsabilidad grave por omisión al no actuar como funcionarios de Estado inmediatamente, cuando conocieron de la magnitud del crimen en la institución. Finalmente correspondería a la JEP a establecer si hubo intención criminal de los constructores de las leyes y normas, si el caso en el que los magistrados puedan demonstrar que los legisladores no hicieron las normas para que las tropas entraran en combate sino para que el Estado pusiera a toda la institución militar a matar a personas desprotegidas y presentarlas como triunfos militares en combate.

No me detengo a ampliar la aclaración sobre la Iglesia Católica que se refiere al lugar de la misma en los tiempos de La Violencia porque el punto requiere un amplio espacio. La Comisión no trabajó el tema. Mi interés fue abrir la discusión sobre la memoria de los obispos y sacerdotes que llamaron a la guerra contra los liberales y cuyos nombres se conocen, y otros que estuvieron en contra de la guerra partidista. A eso hay que unir la relación de quasi identidad entre los católicos laicos y el partido conservador aunque también, para complejizar las cosas, tener en cuenta que la inmensa mayoría de los liberales eran católicos. Por otra parte quise enfatizar el lugar de miles de católicos y miembros de otras iglesias en la lucha por los derechos humanos, la justicia social y la paz durante los años del conflicto, entre 1960 y nuestros días. Sin embargo estoy convencido de que la Iglesia institucional, siendo la autoridad moral en un pueblo cristiano y católico, no jugó el papel que le correspondía para detener el conflicto armado y la victimización del país. No hay ningún interés de ocultar la verdad para proteger a la Iglesia en eso y es un capítulo que está por escribirse.

Gómez Nadal se sorprende del peso que personalmente he dado al problema ético y que él califica como una visión moral en la perspectiva del pecado original. Aprecio la crítica que abre la discusión y considero que esta debe hacerse a fondo. Pero sigo convencido de que a la base del conflicto colombiano hay un problema ético y al plantearlo no estoy pensando en una moral o una solución religiosa. Tampoco estoy pensando en la separación de la ética de la política y por eso hablamos en la CEV de ética pública. El punto de fondo es la ruptura profunda del sentido del ser humano y de la naturaleza en una sociedad metida desde el Estado primero, pero también desde la insurgencia y desde otras instancias en mondo guerra, que durante sesenta años miran enemigos internos y se mantienen a la espalda de la realidad de millones de víctimas, como si la crisis profunda de sentido que rompe al ser humano y a la naturaleza no estuviera actuante y creciente y no fuera parte del mismo Estado y de los políticos, de la democracia y de la economía colombiana. Esta situación no se da hoy en todo el mundo en una crisis múltiple, pero el esclarecimiento del caso de Colombia con las cifras brutales puede aportar mucho a la compresión de lo que está pasando a la humanidad. No se van a arreglar las cosas trayendo unos partidos políticos que establezcan gobiernos salvadores cuanto la crisis de sentido está metida en la misma política y nos plantea desafíos radicales sobre lo que debemos hacer con nosotros mismos, con la democracia y con el planeta. Si no nos rescatamos como seres humanos iguales en dignidad desde todas las etnias y las religiones y las culturas y los géneros y las perspectivas de agnósticos y ateos, de artistas y científicos y comunicadoras y luchadoras por el medio ambiente y si no incluimos desde ahora en la perspectiva a las generaciones futuras a quienes les debemos el planeta no hay futuro. Este es el grito de las víctimas en Colombia, desde los niños, las mujeres, los campesinos, los indígenas y afrocolombianos y las personas Lgtbi.

En los primeros cien días Gustavo Petro, desde la conducción del Estado, no solo ha expresado la voluntad política de emprender cambios estructurales que lleven a la equidad, la inclusión, los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza y la reconciliación, sino que ha tomado decisiones en esa dirección. Emerge un Estado que se juega por la paz grande y la reconciliación. La esperanza ha llegado para muchos que llegaron a pensar que no era posible. Pero no basta que un gobierno tome decisiones porque los gobiernos pasan y la sociedad es la que tiene que transformarse a sí misma. Lo hará a partir de la verdad de sí misma si tiene el coraje y la libertad. La Comisión lo expresa en el título del Informe Final: Hay futuro si hay verdad.

** Paco Gómez Nadal, Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº227, noviembre 2022, pp. 6-7.