Una oleada de opiniones siguió al ataque de las farc el pasado 14 de abril en el municipio de Buenos Aires, Cauca, sobre una unidad militar oficial, con el saldo trágico ya conocido de más de una decena de muertos y otras dos de heridos.
Las consideraciones de los columnistas de todo tipo coinciden en el temor por la encrucijada en que puede entrar el proceso de negociación del conflicto colombiano con asiento en La Habana. A la par, la ocasión la aprovecharon no pocos para exigir que la negociación llegue a buen puerto en tiempo establecido. En el plano oficial, Santos, torciendo la realidad (1) así lo reafirmó: “[…] llegó la hora de comenzar a pensar en ponerle unos plazos a este proceso, porque necesitamos terminar esta guerra lo más pronto posible” (2). Antes que él, su segundo también había exigido igual apretón temporal. La respuesta de la contraparte no tardó en llegar: “La consecución de la paz no se logra con cronómetro en la mano” (3).
Más allá de los buenos deseos, y de las inocultables contradicciones que cubren la Mesa, ¿es posible que la negociación y el acuerdo de paz pueda alcanzarse en corto tiempo?, ¿es real tal aspiración?
Una de las consideraciones más frecuentes entre opinadores de diverso orden, y entre los contradictores del proceso habanero es que ya lleva mucho tiempo. Opinión poco juiciosa, ya que lo extenso o corto de una negociación de este orden está determinada no por uno sino por diversidad de factores, entre ellos, el internacional, el interno o nacional, y en éste por factores económicos, sociales, políticos, militares (correlación de fuerzas), técnicos, informativos, humanos, todo lo cual enmarca la negociación en un tejido complejo imposible de reducir a la simplicidad de la buena o mala voluntad de las partes. Para el caso que nos ocupa, tras seis décadas de enfrentamientos abiertos del Estado contra su población –en especial la rural–, y cinco de confrontación entre el grupo armado y el Estado cuestionado, no es cosa sencilla ni simple construir un ambiente de confianza para los diálogos ni operativizar de manera armónica el conjunto de la negociación, mucho menos cuando no asistimos a una rendición, como una y otra vez lo reitera la insurgencia.
Rendición, precisamente, presente en el discurso oficial y de no pocos opinadores, para quienes, uno y otros, las farc llegaron a La Habana porque el gobierno de Uribe las debilitó, hasta el punto de verse obligadas a “someterse” a esta negociación. La misión del Gobierno, por tanto, es la de forzarlas a una firma pronta de la paz, llevarlas a una rendición. La concentración en un punto de la geografía nacional, con verificación internacional, que es la propuesta del llamado Centro Democrático, insiste en este aspecto. Acá, como es natural, deja de verse el otro ángulo de la realidad, esto es, que al finalizar el gobierno de Uribe la guerra había entrado en un nuevo estado de “congelamiento”, en cuanto a conservación de fuerzas y territorios, amenazando con prolongarse, en ese estado, otros cincuenta años.
Opiniones, en ocasiones casi arengas, lanzadas sin sopesar el costo de la guerra. Es evidente que quienes insisten en ellas pertenecen a ese gran grupo de colombianos que no saben ni entienden nada de la guerra, porque nunca tuvieron riesgo de participar de ella en alguno de los dos bandos, pues su condición de privilegio los exime, de hecho, del servicio militar, a ellos y a sus familiares (4). Insistencia en la guerra que también amparan en el afán por impedir que la insurgencia obtenga la supuesta ventaja siempre lograda en los diálogos o proceso de paz, una y otra vez frustrados (5).
La insistencia de tiempo límite, que en la práctica puede interpretarse como sometimiento, además de no ser aceptada por la insurgencia no da cuenta de la experiencia internacional, la cual es aleccionadora. En guerras que tuvieron una duración menos prolongada que la nuestra, las negociaciones para firmar un acuerdo de paz se prolongaron durante años. Algunos ejemplos: El Salvador, 10; Guatemala, 11; Irlanda del Norte, 21; Angola 14; Suráfrica 5. En algunos de estos procesos las negociaciones llegaron a congelarse, y su ritmo quedó sometido al tronar de los combates […]; en algunos el cese al fuego, como en Colombia, fueron unilaterales (Irlanda), pero al final la paz logró su lugar. Un caso nefasto: en el Sahara Occidental el Frente Polisario decretó un cese unilateral del fuego en 1991, bajo la promesa de que al año siguiente tomaría forma un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo sahaurí, 25 años después todo sigue igual. La guerra podría retomarse en cualquier momento.
La lección internacional es que el 80 por ciento de las guerras internas llegan a buen término a través de los diálogos, quedando la derrota total y la imposición como el camino más difícil a seguir como a lograr.
Estas son enseñanzas recientes, de procesos de paz logrados en los últimos 30 años. De ellos también se desprende que una condición sustancial para alcanzar un acuerdo es desearlo, no como maniobra táctica o simple conveniencia política, sino como la conclusión de un análisis de la realidad que vive el país –además de otras coordenadas y variables– del cual se es parte.
La pregunta pertinente, más allá de los reclamos que mojan las páginas de los periódicos y llenan diversidad de noticieros es si las partes sentadas en La Habana, están, o siguen, convencidas de la pertinencia y de la posibilidad de una firma pronta de la negociación que encaran.
Y, en contravía de las voces que más son escuchadas, todo indica que ¡no!
Las razones que así lo evidencian son claras:
1. El Gobierno ha encontrado en estas negociaciones una buena excusa para realizar su mandato sin las complicaciones y demandas del conjunto social, muchas de ellas acalladas o postergadas pues, de acuerdo a voceros de algunos movimientos, de ahondarse las luchas de uno u otro sector social “debilitarían a Santos”, produciendo efecto contrario en sus enemigos internos, lo que disminuiría la posibilidad de una paz cercana.
2. De esta suerte, para el actual mandatario y el equipo que lo acompaña, es mejor prolongar los diálogos que cerrarlos con prontitud; su alargue le permite llevar a cabo su proyecto económico y social sin mayor oposición. Recuérdese la valoración que sobre el mismo proceso tiene el Presidente: “[…] nuestro modelo económico, nuestras instituciones democráticas, nuestro estado de derecho; nada de eso es objeto de negociación en la mesa […] Lo único que estamos negociando son unos puntos previamente acordados para ponerle fin al conflicto, que tienen que ver con el desarrollo rural, con el campo colombiano. Cosas que haríamos con o sin las Farc” (6).
3. El temor de llegar a debilitar al actual Gobierno, fue el tipo de reflexión que soportó hasta la misma reelección de éste, y es la que también sustenta posibles alianzas, en el caso de Bogotá, de la izquierda con sectores oficialistas. Por esa vía –este es otro beneficio de la prolongación de los diálogos para la parte oficial– los sectores alternativos quedan a merced del Príncipe, desdibujados en su devenir de largo plazo.
4. Contrario a lo que pudiera pensarse, el paso del tiempo sin resultados medibles o convincentes, tiene un mayor peso negativo sobre la insurgencia que para el establecimiento. Así es, tanto por el efecto del juego mediático que martilla una y otra vez sobre la supuesta falta de voluntad de ésta, como por el agotamiento en que pueden caer, por un lado, sus voceros, entrados en años, algunos enfermos, y con dificultad de ser reemplazados, pero también sus tropas, que bajo un cese de fuego prolongado corren el riesgo de perder capacidad de combate, al tiempo que la inteligencia oficial cierra el cerco en el terreno sobre sus mandos.
5. Desgaste que también tiene su efecto a nivel internacional, donde puede moverse con mayor libertad la parte oficial, denunciando a su contrario como responsable de una dilación en extenso.
6. De otro lado, la insurgencia también puede valorar que prolongar la Mesa le da créditos, en tanto aporta para el ahondamiento de las contradicciones realmente existentes al interior del establecimiento.
7. Partiendo del común denominador de que Juan Manuel Santos es un político del más viejo cuño, maniobrero, en el cual no puede confiarse, la insurgencia también puede sopesar que es mejor dejar pasar el tiempo y, en caso de firmar un acuerdo, hacerlo con un gobierno más débil o en el que pueda confiarse más.
8. Puede concluirse, hasta acá, que la discusión prosigue en la Mesa pero sin que abunde la confianza entre quienes están sentados a su alrededor, por lo que los cálculos de los contendientes aún cubren el campo de batalla. Desconfianza mucho más palpable mientras no llegue el cese bilateral de fuego, tema difícil en un país como Colombia que cuenta con más de una agrupación insurgente.
Escenarios realistas. Estas son valoraciones y variaciones de un mismo problema que desdicen de la posibilidad de un acuerdo pronto, el cual no puede llegar a ser real en medio de un año electoral (7), mucho menos cuando aún falta por cerrarse la discusión sobre aspectos sustanciales como justicia transicional y el fin del conflicto, a más de todos aquellos asuntos aún pendientes dentro de los temas ya abordados. Falta abordar a fondo “El desarme, la desmovilización y la reincorporación de esta gente a la vida civil”, según el decir del presidente Santos (8),
Desarme, como es público, no aceptado por la insurgencia, la cual reclama seguridad sobre sus vidas y para el cumplimiento de los acuerdos, posición insurgente a la que no han renunciado pese a la insistencia gubernamental de que “[…] las amnistías y el perdón y olvido que se aplicaban en el pasado, hoy es imposible [para luego enfatizar] señores de las farc, ustedes, si quieren la paz, tendrán que aceptar la justicia transicional. No hay otro camino” (9).
Como puede apreciarse, estamos ante contradicciones no menores ni fáciles de superar. Contradicciones visibles en los diálogos adelantados con una de las organizaciones insurgentes, quedando aún por concretar la instalación de otras mesas, las cuales el Ejecutivo las valora en un segundo plano, dejándolas como reserva y maniobra: o las instala para crear la sensación de vocación irrenunciable de paz, o las ataca con toda decisión –bajo el supuesto de su debilidad e incapacidad operativa– para someterlas, pues según la opinión de las farc el Presidente es “[ …] activista de la paz y hacedor de la guerra” (10).
¿Cuánto tiempo podrá tomarse su resolución? ¿Será que con simple buena voluntad hay un acuerdo sobre cada una de ellas? La realidad indica que no es tan simple. Los intereses políticos y económicos, el contexto nacional e internacional, la correlación de fuerza, etcétera, indican que sobre la mesa de La Habana aún hay mucha tela por cortar, y con ello que el tiempo por recorrer aún es largo. Mucho más para que tome forma un verdadero pos conflicto o, mejor, un pos acuerdo, al cual solo podrá arribarse como producto de la negociación del conjunto de la guerra colombiana.
1 “Asesinar colombianos desarmados no es un acto de guerra, es una infamia”. (Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la instalación de la tercera sesión del Consejo Nacional de Paz, Bogotá, 21 de abril ). La mirada de las farc sobre el particular es totalmente diferente: “[…]suspendido unilateralmente el fuego sin haberse solucionado aún el conflicto, se mantiene el natural derecho a la legítima defensa. Al que está quieto hay que dejarlo quieto” (Carta abierta de las farc al Presidente Santos).
2 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el primero de los ‘Encuentros por un Nuevo País’, Granada, Meta, 18 abr.
3 “Carta abierta de las farc al Presidente Santos”, 28 de abril de 2015.
4 El sentimiento de deseos de venganza que fluye en las frases de nuestros periodistas oficiales, es señal que las raíces más profundas del conflicto, la búsqueda de aplastar cualquier forma de pensar y actuar no convencional, pervive en un grupo social que teme la más mínima trasformación de un entorno que los ha mantenido por décadas y siglos en un privilegio no meritocrático.
5 Sin embargo, una mirada histórica no superficial indica lo contrario: en 1990, tras el fracaso de los diálogos sostenidos con el gobierno de Virgilio Barco y prolongado con César Gaviria, fue efectuado el ataque a Casa Verde, con el intento de eliminar o reducir el mando insurgente. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, bajo el amparo del Plan Colombia, que recibió no menos de siete mil millones de dólares de parte de los Estados Unidos, el ejército nacional es sometido a total reingeniería, arrancando la ofensiva que finalmente lleva al repliegue hacia el sur de las farc, así como a la muerte de varios de sus principales mandos.
6 Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el saludo a las tropas en el Fuerte de Tolemaida, Fuerte Militar de Tolemaida, 1° abr (SIG).
7 Tomando en cuenta el peso que tiene la coyuntura electoral, las farc llaman a “[…] impedir que los intereses partidistas de coyuntura como son las elecciones de octubre próximo, infecten los diálogos”. En, ¿Para qué el proceso? ¿Para llegar a la paz o para someternos?, abril 20 de 2015.
8 Palabras del Presidente…, 1 de abril
9 Ibídem.
10 Ibid, “Carta abierta…”.
