El debate sobre los gobiernos progresistas en América Latina, sus logros y sus errores, sus posibilidades y sus límites, su crisis y el ascenso de los contrarios, continúa. Atizan el debate las cifras arrojadas por los comicios presidenciales celebrados el pasado 19 de febrero en Ecuador, donde Lenín Moreno, candidato del oficialista Alianza País, ganó pero no venció.
Continuidad en veremos. El candidato del gobiernoContinuidad en veremos. El candidato del gobierno tenía como objetivo central evitar a toda costa una segunda vuelta y con ello la pragmática “todos contra uno” de la atomizada oposición, para lo cual, y según las normas, debía lograr el 40 por ciento de los votos, con 10 puntos de diferencia de quien le siguiera en sufragios. Un ideal.
Sin embargo, el esfuerzo no rompió el descontento ni la apatía ciudadana. En un país donde el voto es obligatorio, el 18,9 por ciento no concurrió a las urnas, el 2,73 lo depositó en blanco, y el 7,03 lo anuló; en total, un significativo 27,95 por ciento (1). Las cifras también confirmaron, luego de un dilatado conteo de las papeletas electorales que suscitó todo tipo de comentarios, que Lenín Moreno obtuvo el 39,35 de los votos y 28,10 por ciento Guillermo Lasso, su contrario inmediato. En estas condiciones, el próximo 2 de abril tendrá lugar la segunda vuelta.
El resultado anotado es paradójico. Para algunos puede valorarse de manera positiva, pues conservar casi un 40 por ciento de favorabilidad por parte del correísmo, luego de 10 años ininterrumpidos de conducir el país, es algo encomiable; pero para otros refleja lo contrario, resaltando el desgaste en que entró un proyecto joven, anunciado apenas en 2006 como una nueva época para Ecuador, antineoliberal, antiprivatizador, adjunto y respetuoso de los movimientos sociales y de la naturaleza, entre otras de sus cualidades.
Inocultable. El desgaste hoy es palpable en cualquier ciudad ecuatoriana, donde la inconformidad de sus pobladores con el gobierno que encabeza Rafael Correa ya no es ocasional, de una que otra persona, sino una voz fuerte que crítica sus medias tintas, sus cambios de posición, el creciente endeudamiento con los chinos, sus rasgos autoritarios, el tratamiento violento dado a los pueblos indígenas, opuestos a su política extractivista en sus territorios, las dificultades crecientes para sobrellevar la vida diaria, entre otras quejas comunes que con facilidad se escuchan en los buses y los cafetines, y en cualquier conversación que reúna a más de dos personas.
Más freno que acelerador
Desde 1998, cuando Hugo Chávez entró al Palacio de Miraflores en Caracas, ganó espacio el deseo y la esperanza de cambio no sólo en Venezuela sino igualmente en otros países de Nuestra América, llamando incluso a construir el socialismo con signo de siglo XXI, es decir, autocrítico, superador de los límites ya conocidos en su gestión en otras latitudes. La crisis económica de finales del siglo XX y el desgaste neoliberal, entre otros factores, permitieron este avance.
En uno y otro país, el giro a la izquierda llegó. La clase dominante, desde dos siglos atrás, parecía arrinconada. Variadas reformas ganaron espacio y el Estado retomó su rol protagónico, con la reestatización de numerosas empresas como prueba de ello; la organización social recibió apoyo –siempre y cuando no cuestionara las líneas oficiales–, de tal manera que lo máximo logrado fue la institucionalización de diversidad de movimientos sociales, congelando o apagando la vitalidad de su voz crítica.
Ilusión sin ruptura real. La centralidad estatal y la importancia dada a lo institucional fortalecieron el presidencialismo, incluyendo el papel del dirigente único, dejando a un lado un cambio imprescindible y que poco o nunca se vio: transformar las relaciones sociales. Sin cambios de este tenor, pero también sin afectación de la matriz productiva (economía primario-exportadora), así como de la cultura heredada –imposible de romper en pocos lustros–, lo imperante durante todos estos años fue una dicotomía entre discurso y realidad, una especie de trastorno disociativo cuyas consecuencias sufrieron –sufren– las sociedades de cada uno de los países autodenominados progresistas.
El gobierno ecuatoriano no escapó a esta constante, como heredero de las luchas sociales de su país, en especial del liderazgo y la movilización de los pueblos indígenas, de quienes asumió sus demandas como propias al estructurar su programa en 2006 (2): protección de territorios, contralando la producción petrolera en algunos de ellos e impidiendo la misma en otros (Parque Nacional Yasuní-ITT), no firmar tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos, avanzar hacia la soberanía alimentaria, impedir las privatizaciones, apoyar y fortalecer la economía popular, renegociar la deuda externa, redistribuir la tierra, no aceptar injerencia alguna de los organismos multilaterales de crédito, entre otros asuntos. En sus primeros años de gestión, los bríos del nuevo gobierno eran palpables, y caminar de gancho con los movimientos sociales lo fortalecía.
Llegaron inversiones estatales por doquier. El país, sin gran industria pública, se dotó de vías y autopistas, y las tractomulas las coparon. Las mercaderías extranjeras hicieron su agosto, y así fue visible el propósito que persigue la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa) en todo el subcontinente y el papel que en su concreción juega este país. El trabajo mejoró y la pobreza cayó, resultados pasajeros que en momentos de crisis económica como los actuales quedan cuestionados, toda vez que no están soportados sobre líneas estratégicas, como la redistribución de la propiedad y/o el cambio de la matriz productiva.
Luna de miel. La aceptación gubernamental de lo social-popular duró poco. La promesa de no tocar el Yasuní-ITT fue arriada por el Presidente ante las multinacionales en agosto de 2013, así como la de no ampliar la frontera petrolera en la Amazonia, para lo cual incluso arremetió de manera violenta contra sus otrora aliados. En el camino quedaron varios muertos y encarcelados (3). A renglón seguido, vino la expedición de leyes que persiguen y satanizan el aborto, y otras que coartan y criminalizan la protesta social (4), así como medidas que estimulan el paralelismo organizativo, apostándole con ello a la división y el debilitamiento de los movimientos sociales que critican las líneas oficiales del gobierno. El buen vivir fue quedando como simple consigna.
A la par de estas inconsecuencias, en un país donde la economía agraria, de base o popular, cuenta con un amplio tejido a lo largo y ancho de su territorio, que toma el maíz –gramínea– y el chocho o fruto de altramuz –leguminosa– como dos de los soportes fundamentales de la dieta diaria, el gobierno abre espacio para el monocultivo y los agrocombustibles, violando incluso el mandato constitucional sobre el particular. En el momento se tramita la conocida en este país como “ley Monsanto”, que, de ser aprobada, permitiría el ingreso y la siembra de las semillas certificadas (5).
Las privatizaciones también vieron su amanecer. Varios campos petroleros fueron entregados (Auca a Schlumberger, Sacha a Halliburton), así como varias concesiones –incluso sin licitación–: el puerto de Posorja y Puerto Bolívar. Con la promoción de las llamadas alianzas público-privadas fueron privatizadas hidroeléctricas, gasolineras, programas de alimentación escolar, así como una parte del sistema de salud vía convenios con clínicas y hospitales privados, así como enajenado el Banco del Pacífico (6).
En esa lógica de gobernar de espalda a las fuerzas sociales que lo soportaban, conciliando con el capital, no faltaron los bajos reajustes salariales y el incremento del IVA, así como las reformas para viabilizar la flexibilización laboral.
La esperanza en el cambio decae y el descontento crece. Si alguien pierde, alguien tiene que ganar. En efecto, los grandes grupos empresariales y la banca son los beneficiados. Durante el gobierno progresista no dejaron de crecer. Sin cambiar la estructura económica, ¿cómo darle paso a otro modelo social? (7).
De cara a la segunda vuelta
Con este panorama al frente, no es extraño que de un total de 12.816.698 de personas en edad de elegir, 3.345.306 opten por abstenerse, anular el voto o depositarlo en blanco, voto protesta que no ve otras opciones por parte alguna. Como no es extraño que un importante segmento de los movimientos sociales se incline por vías contrarias a la oficial, aliándose con otros sectores a los cuales considera más consecuentes. Es el caso de una parte del movimiento indígena, aliado con el exgeneral Paco Moncayo, candidato del movimiento Acuerdo Nacional, al cual también se sumaron Izquierda Democrática y Unidad Popular.
Otro conjunto de expresiones sociales, alternativas pero marginales, optaron por presentarse de manera autónoma. La dispersión fue la nota predominante, y los resultados logrados reflejan el fruto final de un gobierno que en sus primeros años fue producto de los movimientos sociales y que terminó por debilitarlos casi hasta su extinción. Se reflejan así, claramente, una alianza fuerte y una aceptación social en los comicios de 2006, cuando es ungido Presidente con el 58,67 de los votos, en 2009 cuando es reelegido con el 52 por ciento y en 2013 con el 57,17 por ciento, alcanzando una apreciable presencia en la Asamblea Nacional donde, de un total de 136 asambleístas, logró 80 en 2009 y 100 en 2013, para caer a 70 en 2017 (8).
Tras esta contradictoria gestión, ahora resaltan los caminos opuestos. Hay un amplio segmento social que ya no confía en el discurso progresista de Rafael Correa ni ve esperanza alguna en lo que pueda realizar Lenín Moreno, quien aparece como su continuidad.
En estas circunstancias, no es claro cómo pudiera hacerle honor a su nombre Alianza País, para darle cuerpo a una amplia coalición electoral, ni cómo dirigirse a esta masa de inconformes para convencerlos de que ahora las cosas marcharán de acuerdo a los deseos populares. Este será el cuello de botella por romper a la hora de pretender la superación del 39,35 por ciento logrado en la primera vuelta. Un inicial aviso sobre la dificultad que enfrentan vino de Paco Moncayo, que ya informó de la decisión de la coalición que encabeza de no apoyar al partido oficial. Siendo los indígenas uno de los integrantes de la misma, no podía ser distinto. Se trata claramente de una decisión y el evidente distanciamiento con el actual gobierno, expresados por el consejo ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en su reunión del pasado 23 de febrero, donde manifestó: “No al continuismo de la dictadura ni a la consolidación del capitalismo” (9).
Le queda a Moreno el expediente de concentrarse en el carácter de clase de su oponente y su historia reciente (10), tratando de movilizar las fibras más profundas de quienes padecieron los efectos económicos y sociales de las políticas lideradas por este personaje y sus aliados, estimulando el voto útil, a la vez que el grosero recurso del clientelismo, así como el abuso abierto del poder.
De manera contradictoria, para quienes aparecen ahora como el cambio pero no son más que la continuidad de lo predominante durante 200 años de vida republicana, la tarea es más sencilla: por un lado, unirse entre ellos (Guillermo Lasso, Cyntia Viteri, Abdalá Bucaram), con lo cual ya totalizarían 49,23 por ciento de la intensión de voto, y, por otro, enfatizar en que el país no será como Venezuela, estribillo usado con amplio eco durante su inicial campaña electoral. Cuentan a su favor que sus fuerzas dirigen las tres principales alcaldías del país: Quito, Guayaquil y Cuenca.
¿Triunfo? ¿Derrota? Aunque las cartas parecen estar marcadas, nadie puede todavía darse por vencedor. Si bien el progresismo, como real opción, para las mayorías de la región está agotado, Lenín Moreno tiene su oportunidad, y entre bastidores Rafael Correa tendrá que batirse hasta el final.
En todo caso, para los movimientos sociales en pugna contra el actual gobierno, cualquiera que sea el resultado electoral del próximo 2 de abril, continuidad o relevo, el reto que tienen al frente es el mismo: reconstituirse, superar su atomización y construir una propuesta real para el cambio, que rompa la apatía política y la desconfianza social sembrada por Alianza País a lo largo de sus 10 años de gobierno.
1. Cne.gob.ec.
2. Rafael Correa asumió por primera vez como presidente el 15 de enero de 2007; su segundo mandato arrancó el 10 de agosto de 2009, fruto de una reforma constitucional redactada por la Asamblea Nacional que determinó adelantar los comicios de todas las dignidades del país; el tercero tuvo como fecha de inicio el 24 de mayo de 2013.
3. http://www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2340:ecuador-correa-se-mancha-de-sangre-muertos-y-heridos-por-represion&catid=7:notas&Itemid=7.
4. http://www.elpais.com.co/mundo/vias-bloqueadas-y-marchas-marcan-jornada-de-protestas-contra-correa.html.
5. http://milhojas.is/612406-la-ley-de-semillas-de-ap-es-la-ley-monsanto.html.
6. Acosta, Alberto, “El largo camino de Rafael Correa hacia el neoliberalismo”, https://www.desdeabajo.info/mundo/30838-el-largo-caminar-de-correa-hacia-el-neoliberalismo.html.
7. “En el 2007, cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, 50 grupos económicos obtuvieron ingresos de casi 15.000 millones de dólares. Representaron el 33% del Producto Interno Bruto (PIB), que en ese año llegó a 44.000 millones”. […] “Cuatro años después […], el Servicio de Rentas Internas había certificado la existencia de 75 grupos. Estos habían obtenido ingresos por algo más de 25.000 millones de dólares. Y su impacto económico representaba el 43,8% del PIB, que en ese año fue de 58.000 millones de dólares. Un crecimiento de 10 puntos”. Delgado Jara, Diego C., “Mayor ganancia de la historia de la banca y grupos fácticos con Rafael Correa”, febrero 25, 2013, http://2014.kaosenlared.net/kaos-tv/48307-mayor-ganancia-de-la-historia-de-la-banca-y-grupos-f%C3%A1cticos-con-rafael-correa.
8. En el momento de escribir esta nota, la cifra aún no estaba confirmada por el Consejo Nacional Electoral y bien pudiera ascender, incluso, hasta 75.
9. http://conaie.org/2017/02/23/resoluciones-del-consejo-ampliado-la-conaie/.
10. Accionista mayoritario del Banco de Guayaquil; uno de los mayores beneficiados con la crisis financiera y económica que azotó a Ecuador en 1999, especulando con el dinero que por obligación y durante un año no podían retirar los depositantes, y recibiendo a su cambio Certificados de Depósito Reprogramados, negociables. Aprovechando el afán de muchos ahorradores, tales Certificados se negociaban hasta el 50 por ciento de su valor real. El ahora candidato multiplicó su fortuna con la necesidades de miles de sus conciudadanos. También se destaca por su pertenencia al Opus Dei. http://restauracionconservadora.com/responsabilidad-lasso-feriado-bancario/.
