El anuncio presidencial de una Estrategia Nacional del Litio abre una oportunidad, como pocas veces se da en la historia de un país, de proyectar una línea de desarrollo que augura mayor riqueza para Chile y la posibilidad de distribuirla más equitativamente. El modelo propuesto por el presidente Gabriel Boric coloca al Estado en un protagonismo que para unos garantiza que la explotación del mineral y sus ingresos vayan a parar en un alto porcentaje a las arcas fiscales, mientras para otros –lectura sesgada de por medio– obstaculiza la iniciativa y participación de los capitales privados. Un debate que recién comienza, necesario tal vez, pero que deberá resolverse en el corto plazo para así dar curso a la generación de la institucionalidad necesaria para tener competitividad en los mercados que ya demandan el mineral.
La estrategia propuesta por el gobierno supone no solo la extracción del mineral bruto de los salares, sin además generar la industria necesaria para agregar valor. Sectores empresariales y de la oposición política intentan desconocer que la iniciativa considera la alianza público-privada, al tiempo que menosprecian aspectos centrales que hacen la diferencia con las explotaciones mineras actuales: resguardo medioambiental e integración de las comunidades y pueblos originarios de la zona.
El mineral, esencial para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía que se usa para vehículos eléctricos, y por tanto un factor clave para mitigar los efectos del cambio climático, está en los salares del norte que, junto a los de Argentina y Bolivia, constituyen la mayor reserva mundial del llamado “oro blanco”. Una oportunidad, además, de generar alianzas regionales para competir en los grandes mercados. Chile ya es el segundo productor a nivel mundial y sus yacimientos actualmente son explotados por capitales chilenos, chinos y estadounidenses.
La estrategia propuesta para el litio, sumada a la pronta instalación y producción de Hidrógeno Verde, combustibles verdes, energía eólica y solar, pondrá a Chile en la vanguardia en la producción de energías limpias, transformando radicalmente no solo la matriz energética sino también su modelo de desarrollo. Un aporte de envergadura a la batalla por disminuir las emanaciones de gases que provocan el cambio climático.
El desarrollo de estas industrias generará polos de investigación y nuevos conocimientos, impactando también en la formación educativa y tecnológica, lo que a su vez permitirá transformaciones en el campo social, económico y ecológico del país. Los proyectos de desarrollo de estas energías y la propia producción de litio generarán millares de nuevos empleos. Es del todo previsible que las alianzas público-privadas, con eje en el Estado, producirán mejores condiciones para una distribución más equitativa de la riqueza. Por ello, la institucionalización de estas actividades se hace clave. De eso depende que se produzca un círculo virtuoso que permita que las ganancias vayan a inversiones en infraestructura pública (puertos, caminos, puentes, etc.) y a financiar los derechos sociales que deberían quedar consignados como tales en la nueva Constitución, como la educación y la salud gratuita y de calidad, mejores pensiones, viviendas, sistema de cuidados y otros.
La propuesta de crear una Empresa Nacional del Litio deberá pasar por el Congreso, donde el gobierno no tiene mayorías. Será un momento en que se podrá evaluar el “patriotismo” que enarbolan sectores de la derecha, que se oponen a que el Estado incursione en estas industrias, pero que no tienen problemas que lo hagan Estados de otros países o que simplemente se privatice y quede en las mismas arcas de siempre.
*Editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique
