El amplio apoyo popular del que goza Bukele, gracias a la mejora de la seguridad en El Salvador, no puede ocultar el manodurismo y la violación de garantías hacia los detenidos. Con la pobreza en alza y el crimen organizado intacto en los países vecinos, ¿por cuánto tiempo podrá este modelo impedir que las pandillas sigan operando?
Durante mucho tiempo sinónimo de guerra civil y escuadrones de la muerte, El Salvador se hizo famoso posteriormente por la violencia de sus pandillas. Pero también esta imagen está a punto de quedar obsoleta. Bajo la presidencia de Nayib Bukele, en el poder desde 2019 y reelecto por otros cinco años en 2024 con casi el 85 por ciento de los votos, las dos principales pandillas que desgarraban el país –la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 con sus dos facciones, los Revolucionarios y los Sureños– han sido derrotadas. Sus miembros están en la cárcel o han desaparecido sin dejar rastro. En la década de 2010, la violencia podía alcanzar en ocasiones niveles comparables a los de Irak o Siria en guerra, pero en 2024 la tasa de homicidios había descendido un 98 por ciento con respecto a mediados de la década anterior. Detrás de esta transformación se encuentra un método de choque –la encarcelación de tres de cada cien hombres adultos– gracias al cual Bukele se jacta de haber “convertido la capital mundial del asesinato en el país más seguro del Hemisferio Occidental”.
