Por conservar el poder más que por desear la paz, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, deberá negociar con los kurdos si desea presentarse en las elecciones de 2028. Si bien el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha anunciado su disolución, los kurdos de las FDS en Siria no parecen dispuestos a ceder.
Tender la mano a sus adversarios políticos o seguir persiguiéndolos: este es el dilema al que se enfrenta Recep Tayyip Erdoğan. En los últimos meses, la segunda opción parece la preferida, dado el arresto, el 19 de marzo, de Ekrem İmamoğlu, el muy popular alcalde de Estambul y miembro del Partido Republicano del Pueblo (CHP). Acusado de “corrupción, creación y dirección de una organización criminal”, pero también de “malversación de fondos públicos”, la Justicia ya había anulado su título universitario obtenido hace treinta años. Una sanción que, por las normas establecidas en la Constitución, le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de mayo de 2023. Su encarcelamiento desencadenó importantes manifestaciones que fueron violentamente reprimidas en todo el país, tanto en las grandes ciudades gobernadas por el CHP como en los centros urbanos tradicionalmente favorables al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), la formación de Erdoğan.
