El poder político en Colombia prolonga en el año 2014 diversas tonalidades, siempre de acuerdo a la intensidad de luz emanada durante 2012 y 2013. Es decir, en el nuevo calendario, el país asiste a la consolidación de un modelo político de recambio parcial que, bajo la égida de sectores ‘modernizantes’, tomó sus riendas el 7 de agosto de 2012.
Cromática viva. Cromática opaca. En los 29 meses de ejecución del ‘nuevo’ modelo, se destaca con especial intensidad, como azul cielo, la decisión del sector que ahora controla las riendas del país por integrar el mercado nacional dentro de la dinámica internacional, atrayendo capitales desde todas las coordenadas y con el propósito de alcanzar en los próximos años un crecimiento igual o superior al 7 por ciento.
El afán por integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), y la reciente visita y la participación en algunas de las sesiones desarrolladas en Davos (Suiza) por parte de Juan Manuel Santos, sintetizan este interés. La visita del Presidente a países como Inglaterra, Estados Unidos, España y China, antecedida de la agenda subregional (Venezuela, Ecuador, Chile, y Centro América), da cuenta del afán y las prioridades del alto gobierno en que descuella su interés por disminuir la dependencia comercial mantenida con los Estados Unidos durante casi un siglo.
Es aquel un intento vacilante que oscila entre atender los llamados a trabajar de manera decidida por los intereses de Unasur o sabotearlos a través de la llamada Alianza del Pacífico, que, junto con México, Chile y Perú, se impulsa como un contrapoder a los llamados gobiernos progresistas.
Existen dificultades para el logro de sus propósitos por parte del Gobierno. Los ofrecimientos del país para atraer capitales no varían mucho de los que realizan sus vecinos del sur, el centro y el norte: minerales, tierra y reducción de impuestos para que se instalen maquilas. Vías y mano de obra especializada sintetizan algunas de las desventajas que carga el país en la disputa por esos capitales, y de ahí la decisión de inyectarles 48 billones de pesos a la construcción, la finalización y el mantenimiento de los principales ejes viales del país, con lo cual, por demás, responderían por los acuerdos aceptados dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIrsa).
El afán oficial, conocido con anterioridad en círculos de inversionistas y especuladores nacionales e internacionales, ya logra claros objetivos: la ambición por las tierras de la altillanura toma cuerpo; se extienden nuevas alambradas por doquier que indican la llegada de nuevos propietarios, los mismos que amasan miles de hectáreas mediante diversidad de firmas que aparentan una amplia pluralidad de dueños. El paisaje de la región cambiará en los próximos años bajo las uniformes plantaciones de palma y cereales. En otros departamentos, las dragas y las máquinas abrirán el vientre de la tierra para extraer con prontitud los minerales que allí reposan. La competencia global por los mismos crece en intensidad, imponiéndose la necesidad de ganar tiempo antes que sus precios decaigan o se estanquen, como sucede ahora con el carbón. ¿Cuál será el color de la sombra que arropa a los pobladores y el medio ambiente de estas regiones?
Este apuro es aún mayor al considerar la diferencia que en materia de reservas mineras presenta el país en comparación con sus vecinos. Las de Colombia son magras en el contexto internacional. En ningún producto, incluyendo el carbón, existe cercanía o proporción respecto, por ejemplo, a Chile en la oferta de cobre, Venezuela en el caso del petróleo, o Brasil en hierro y materiales ‘raros’ como el niobio y el tantalio. De antemano se sabe que, independientemente del precio internacional de las materias primas, la ‘bonanza’ minera criolla está limitada en el tiempo, sin que al parecer eso obligue a considerar virajes significativos en la política de extracción acelerada de nuestros recursos.
El azul turquesa también proyecta sus rayos desde esta agenda oficial ‘modernizante’. Sin dejar de mirar hacia Brasil, cuyo modelo económico y social retoman como ejemplo vivo, sobresale el propósito de ampliar el mercado interno, para lo cual se proponen conformar en lo inmediato una clase media de no menos de 11 millones (1), proyectando que la misma represente el 37 por ciento de la población total en el año 2020 (2). Una redistribución de la renta interna, semejante a la entregada vía subsidios para la sobrevivencia en todos los países de la región, con especial énfasis en educación, vivienda y alimentos, constituye la base para mejorar la capacidad adquisitiva de esta población, estimulando con ello la conservación, en especial, de la sobreviviente industria nacional de alimentos.
La mirada hacia el gigante suramericano, sin embargo, ignora que la administración de Lula recuperó el poder adquisitivo de los salarios y que mantuvo una política agresiva en las entidades multilaterales, donde no cedió a las presiones que pretendían poner en estado de indefensión a los países de la periferia, tal como sucedió en la Ronda de Doha, en la cual Estados Unidos y Europa tuvieron que aceptar que el comercio de productos agropecuarios debe ser regulado cuando amenaza la seguridad de los productores.
La búsqueda de capitales frescos no se detiene. Con un crecimiento igual o mayor al 4 por ciento durante el año inmediatamente anterior, muy superior al logrado por la mayoría de sus vecinos, el presidente Santos insiste ante los inversionistas en que “Imaginen a este país en paz”. Valora esta dificultad, su particularidad y su significado en la disputa por atraer inversionistas, los mismos que también reciben ofertas procedentes de diversas latitudes. Y en esa valoración reposa el mayor interés por las negociaciones en curso en La Habana con las farc y las que posiblemente se instalen con el eln en otro país de la región.
Tal interés condicionado y maniqueo reduce el brillo de luz que ilumina esa búsqueda de paz, de azul a café, al someter el altruista propósito a la codicia, en que la garantía de vida digna para el conjunto de sus habitantes pasa a segundo plano. Se trata de una paz presionada y limitada por los negocios, sometida al afán de lucro de una minoría que no la trasnocha la población que saldrá perjudicada por los negocios que cierren como concreción de la misma.
Paradoja. La paz en Colombia puede estar unida a la muerte, pero también al colapso ambiental. Ignoran, o así pretenden hacerlo, la volatilidad del mercado de las materias primas, que el país marcha hacia la incertidumbre al no conseguir la sustitución del café como producto generador de divisas. Ignoran, o así pretenden hacerlo, las condiciones cambiantes de la economía mundial –su cada vez más inestable condición macroeconómica– la que solamente con el anuncio de la FED de reducir en un futuro inmediato la emisión de dólares, disparó su precio en Colombia. Pese a esto, actúan como si el mundo fuera el de hace tres décadas, cuando las regulaciones del llamado Grupo de los Siete (G-7) mantenía sin sobresaltos la estabilidad.
Gris. No cesan los brillos que extiende la prolongada tarde-noche colombiana en materia de violación a los derechos humanos. El actual gobierno no ceja de hablar de su respeto pero los datos son contundentes, comprobándose sin mayor esfuerzo la persistencia de grupos paramilitares y bandas de diverso carácter, aliadas o disfraz de los mismos. Así lo confirma Human Rights en su más reciente informe (3), en el cual confirma que “[…] cada año al menos 150.000 personas siguen abandonando su hogar […]. Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de amenazas de muerte y otros abusos”. Y confirma el informe que los grupos sucesores de paramilitares “aún mantienen su poder, entre otros motivos debido a la tolerancia y la connivencia de miembros de la fuerza pública local”.
En este marco político, social y económico, el país se adentra en un nuevo ciclo electoral, que, como nunca antes había sucedido, será novedoso. Primero, por su intensidad: tres elecciones en línea en menos de cuatro meses (revocatoria de Gustavo Petro, elección local con alcance nacional; votación para el Congreso y comicios presidenciales), que podrían traducirse en cinco (segunda vuelta presidencial; elección para la alcaldía de Bogotá). Segundo: porque marca el proceso de negociación con las insurgencias. Y tercero, porque una elección local como la de Bogotá tensionará, para bien o para mal, los otros comicios.
La novedad marcará con rigor la coyuntura que atraviesa el país, posibilitando o cerrando por años el surgimiento de nuevos actores sociales, ampliando o delimitando con brillos de diferente contraste la democracia formal que hasta ahora conocen quienes habitan esta esquina del subcontinente de América del Sur. Pero que, por ninguna circunstancia, como producto de este múltiple ejercicio electoral, conllevará un cambio del modelo dominante en materia económica.
Las señaladas elecciones, por tanto, parecen la repetición de lo repetido. En el nivel local, persisten los apellidos de las ‘estirpes’, en una especie de aristocracia retorcida, en que los relevos de padres a hijos o de esposos a esposas tienen lugar, en no pocas ocasiones, por la incapacidad jurídica del titular debida a su “muerte política”, derivada de delitos como asociación con el paramilitarismo o tráfico de estupefacientes. Aquello no es de poca monta, pues muestra que la toma de los poderes locales por parte de los ilegales continúa sin que este hecho cuestione el orden político y económico, ni sacuda la conciencia de la academia, que minimiza sus efectos.
Estamos, por consiguiente y pese a su novedad, ante un limitado ejercicio electoral. Así puede deducirse no sólo del poder del voto sino también de las posibilidades de viraje o ruptura respecto a la dominante ortodoxia económica por doquier, y de manera especial en la región, donde, más allá de si el país hace parte de los llamados gobiernos ‘progresistas’ o no, algunas de las políticas dominantes en unos y otros son básicamente las mismas. Los discursos cambian, y en especial sus intensidades con relación a soberanía, geopolítica y temas similares, pero en lo sustancial predomina la lógica de la economía de mercado y del pragmatismo cortoplacista.
La novedad aludida no se aprovecha. Como lo señala uno de los invitados a la presente edición (ver pág. 6), en estos comicios se juega poco o nada. Los propósitos por una democracia de nuevo tipo, social, cotidiana, directa y no solamente formal o política, brillan por su ausencia, y las propuestas económicas ajenas al neoliberalismo, extendidas para el debate, no avanzan con rigor sobre cómo será su concreción.
En esta coyuntura, parece que la luz brillara con mayor intensidad en el país, pero no pasa de ser eso: apariencia. Azul, gris, café y otras tonalidades aún no conforman un arco iris.
1 De la Calle, Humberto, “Elementos estratégicos del punto 2 de La Habana”, 24 de noviembre de 2013, El País, Madrid (España).
2 Así lo confirmó Santiago Rojas Arroyo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, en reciente foro celebrado en Madrid, 22/01/14, www.economía.el pais.com.
3 Informe mundial 2014, Human Rights Watch, enero de 2014, www.hrw.org.
