Una economía que sigue basándose en el petróleo y los minerales en nuevos territorios pone en jaque en Ecuador las promesas de la Constitución de 2008.
En Ecuador, un bosque, un páramo o un r弛 tienen derechos, así lo establece la Constitución de 2008 que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y define al país como intercultural y plurinacional. Pero debajo de esos ecosistemas, el Estado puede autorizar la búsqueda de minerales, como oro o cobre. Entretanto, la economía continúa encontrando en la extracción una de sus respuestas preferidas a la necesidad de ingresos. Esa es la contradicción, se reconocen derechos a los ecosistemas mientras se insiste en convertirlos en nuevas oportunidades de negocio (1).
