Preámbulo 
Zapatos diseñados para mujer trans. “Proyecto Lafarota”. Diego Rubiano, Mayté Machado y Red Comunitaria Trans Zapatos diseñados para mujer trans 2016. Cuero sintético y PVC cosidos a máquina 9 x 10 x 28 cm. Donados por Daniela Maldonado Salamanca (2018). Las mujeres trans han influido en el reconocimiento de derechos de la población LGBT en varias ciudades de Colombia. Durante la primera década del siglo XXI surgieron colectivos y redes de activismo en la zona de trabajo sexual del barrio Santa Fe en Bogotá. Estos grupos han promovido el empoderamiento político y social de su comunidad. Sus iniciativas visibilizan su territorio y defienden los derechos de personas con orientación sexual diversa mediante la acción política y el arte, Museo Nacional de Colombia (Una de las piezas censuradas, 14 de octubre 2026).

Ilusiones y realidad. Setenta decretos prometió en campaña firmar en su primer día de mandato quien hoy preside la dirección del país, como evidencia de la “nueva sangre y energía” que entraba a habitar la Casa de Nariño. Promesa rota por la realidad: el 7 de agosto de 2026, luego de ser investido en sus funciones, las horas no le alcanzaron para expedir más que media docena de estos, todos de procedimiento, entre ellos uno con el cual nombró a su equipo ministerial y otro para designar al secretario jurídico de la Presidencia.

Esa misma realidad, tan tozuda, no fue quebrada al día siguiente, con lo cual las expectativas por conocer –a pesar de ser predecible todo ello– lo que traerían esos decretos siguió intacta. Al tercer día, bajo los escombros del terremoto que sacudió a gran parte del país, también quedó esta promesa de campaña. Este inesperado suceso aconsejaba congelar por algún tiempo los propósitos que cada una de las siete decenas de decretos traerían, permitiendo ver de un solo golpe las pretensiones de darle al país el giro soñado por quienes resaltan que es el empresariado el verdadero motor del país, de su desarrollo, la doctrina neoliberal –la guía económica política y cultural– por implementar, y los Estados Unidos el aliado principal e indiscutible por conservar.

La dinámica pasa así de turbo a cámara lenta, sin dejar de lado la espectacularidad como marca esencial de una administración que les niega espacio a las críticas de cualquier tipo y en el que una sola voz e imagen es su marca esencial: unanimismo, ruptura radical con el desorden que parecía transmitir la espontaneidad, y en algunas ocasiones la improvisación de Petro, así como por las múltiples voces oficiales, no siempre concordantes, que se escuchaban en su día a día.

Nos encontramos ante un cambio de ritmo que no deja de impactar lo realizado en el período 2022-2026, como quedará relacionado en los párrafos siguientes. Estamos frente a un después, que bajo la estela de sus primeros cien días –por cumplirse el 15 de noviembre–, convertido, en referente de corte de cuentas, en los simbolismos corporizados por la ‘sociedad del espectáculo’ que desde hace décadas marca a la sociedad capitalista.

 Con ese ritmo de cámara lenta, gota a gota, como hielo expuesto al calor, se han descongelado las prometidas siete docenas de decretos. Y muchos más. En su mayoría, exponiendo la ‘piel de zapa’ que recubre a De la Espriella y su proyecto de país soportado sobre el Estado al servicio del ‘milagroso tesón empresarial’, amamantado por el Estado y garantía de cumplimiento y satisfacción de uno de los mandamientos del capitalista: el CVY (“cómo voy yo”).

Como si se tratara de un techo de vivienda con filtración, el gota a gota de los decretos, permiten ver como se deshacen otros que habían ganado vida de la mano de la administración que le antecedió, en una clara lección de que gobernar, si de verdad se pretende romper con lo heredado, implica mucho más que cumplir con las formalidades legales, en este caso firmar papeles. ¡Asunto complejo este! –referido desde décadas atrás por la teoría política y la realidad desprendida de la experiencia de diversidad de gobiernos nacidos de la disposición de sus pueblos al cambio. Decretos que al mismo tiempo recuperan en su totalidad el espíritu del poder tradicional, que menguó en algo la interrupción sufrida por una agenda que, sin ser anticapitalista, intentó otras prioridades sociales, políticas, militares, laborales, ambientales, internacionales.

Son múltiples las pruebas de aquello, que deja ver cómo la esfera líquida va formando una extensa humedad, cómo resalta en el campo del manejo del orden público y de la seguridad ciudadana en general, eje central del programa de este gobierno. Tres decisiones concretas así lo evidencian: la norma atinente a la regulación de la protesta social, el Estatuto Antiterrorista y la correspondiente a la Ley de Sometimiento. La primera reviste de nuevo a la fuerza antimotines de su conocido componente represivo, violento, marca impregnada imborrablemente en la humanidad de miles de connacionales que han acudido a la protesta ciudadana para denunciar los malos gobiernos. Si bien ese carácter no fue superado ciento por cien durante el Gobierno del Cambio, sí había sido menguado, dándole al diálogo con los manifestantes un espacio sustancial, y garantizando el libre ejercicio de y para la protesta social.

El segundo y el tercero, aún en borrador, quiebran la política de paz total que pretendió el gobierno liderado por Gustavo Petro, que, si bien no arrojó frutos positivos, sí marcó el horizonte de otro camino por recorrer para lograr que el país pudiera superar la historia de conflicto armado que por décadas lo ha marcado, como también la experiencia de negociaciones políticas, fragmentadas, que fueron sellando algunos acuerdos de paz pero que no rompían, de una vez y por todas, con la herencia de agrupaciones armadas extendidas a lo largo y ancho del país.

A la par de estos elementos, los nuevos mandatos también reabren el camino para criminalizar la protesta social y encaminar al país por la trocha del militarismo y la agudización de la confrontación armada. En su trasfondo se percibe el escalonamiento de la disputa armada y, con ella, la multiplicación del sufrimiento de la población, con desplazamientos, muerte de los suyos como consecuencia de ‘errores’ en los operativos y –no sería de extrañar– desapariciones y crímenes similares.

 Como parte de este giro de tuerca, sin dejar pasar los días, en “las primeras de cambio”, como se dice popularmente, el 10 de agosto, ahogado en sus ecos por el terremoto, se lleva a cabo en el Catatumbo el primer bombardeo por medio del cual el Ejército pretende imponer la superioridad aérea que conserva sobre los alzados en armas, al tiempo que romper, según De la Espriella, con la inacción de los militares impuesta por Petro. Le siguen otros, el 27 y el 30 de agosto en Guaviare (Operación Amón), el 11 de octubre en Norte de Santander y el 22 del mismo mes en El Tambo, Cauca. Las fuerzas afectadas, en decenas de sus activos, son las disidencias de las Farc y el Eln. Otros despliegues armados dan cuenta de efectivos del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, cuyos cuerpos, cubiertos por sábanas, fueron exhibidos grotescamente como en el circo romano.

Una oleada de bombardeos, que junto a la incorporación del país al Escudo de las Américas, anuncia el inicio de una nueva fase del conflicto armado, una vía seguida desde la década de los 60 por sus consecutivos gobiernos, todos los cuales han comprobado, una y otra vez, su fracaso. En esta ocasión, la nueva fase llega acompañada de novísimas tecnologías que lo harán más complejo, como lo permite ver el ataque de Estados Unidos/Israel sobre Irán. La muerte de 12 militares y 3 policías producto del ataque con drones, da fe de ello.

Son acciones emprendidas simultáneamente con operativos policiales en Santa Marta, Cali, Medellín y Bogotá, con cientos de allanamientos y detenidos, cada una de estas acciones animadas por la presencia del Presidente, quien, una y otra vez, insiste en enviar el mensaje de que está cumpliendo con las promesas de campaña electoral, una de ellas reconstruir la seguridad ciudadana, a la par de lo cual el pintoresco espectáculo pretende inyectar satisfacción en el cuerpo social, “porque ahora sí hay un ‘macho’” en la Presidencia, alguien que no descansa y está en la primera línea allí donde sea indispensable. Tales procederes se extienden a las cárceles, con la promesa de construir otras muchas de alta seguridad, ‘bukélicas’, e incluso experimentar con llevarlas a altamar, en un navegar que deja sin piso los propósitos del sistema carcelario.

Con aquel proceder de hacer y mostrar, en constante acción propagandística, sin reparar en el tamaño y el significado de la realización, las 147 extradiciones efectuadas con corte al 27 de octubre refuerzan el mensaje de estar recuperando la seguridad en todo el país. Esa lucha contra el narcoterrorismo, como enfatiza la alharaca oficial, en algún momento se extenderá al campo con la recuperación de las fumigaciones sobre los llamados cultivos ilícitos, medida antiecológica que, a pesar de su escasa efectividad –como lo demuestra la historia de ese procedimiento–, deja una profunda huella sobre el “eslabón más débil de la cadena”. En su trasfondo, tal proceder muestra el claro propósito de menguar las finanzas de los alzados en armas que encuentran en el sembrado y el procesamiento de la coca, o en el simple cobro de la vacuna, una fuente financiera para sobrellevar el inmenso costo de la confrontación armada.

Sin dejar el campo, el gota a gota, pasando por su intensidad de humedad a charco, impacta en lo agrario lo actuado por quien antecedió al exhibicionista mandatario. La pretensión de reforma agraria, sin expedir medida alguna sobre el particular, queda en el ostracismo, sin negar la entrega de títulos a quienes demuestren posesión histórica del predio. Como en el caso de la producción y la economía en general, el apoyo gira hacia el empresariado, con el propósito de dejarlos con las manos libres para proceder con sus proyectos y ampliar la propiedad, además de otras acciones pro-ricos. Adicionalmente, se desmontan las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA, artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo), comenzando con las establecidas en la Sabana de Bogotá, La Guajira y el suroeste de Antioquia. En total, y hasta octubre, 198.622 hectáreas están de nuevo a disposición de la producción empresarial, sin reparar en sus efectos ambientales ni las consecuencias que esto puede aparejar a mediano y largo plazo sobre estas regiones y sobre el país en general.

Un proceder que va de la mano del desprecio no oculto del ministro Indalecio Dangond Baquero respecto de los campesinos, a quienes desconoce y quiere ver como empresarios, como también desprecio a las semillas nativas utilizadas por estos, llamadas de “costal”. El afán por someterlos y hacerlos dependientes del empresariado agrario, así como de multinacionales, permite ver el sueño del actual gobierno con respecto al campo: latifundios por doquier y grandes extensiones de tierra sembradas de monocultivos. No importan ni la biodiversidad ni la soberanía alimentaria. Como sucedió al amparo de la conocida apertura económica, la producción de ciclo corto, garantía de abastecimiento con productos frescos para quienes habitan las ciudades, queda en el limbo, y el país sumido en la inseguridad alimentaria y sometido al mandato de las multinacionales. Un cambio, como el pretendido con el ajuste fiscal, que no repara en la prioridad dada por Estados Unidos a su reindustrialización y el papel que en ello juega el Estado. Copian, pero solo lo negativo. Copian, pero para someterse, pues no saben erguirse.

Tales determinaciones son llevadas al extremo con la negación de lo heredado en cuanto al bioma amazónico, protegido por la Resolución 0961 de 2026, regresando de esta manera 483.283 kilómetros cuadrados para la exploración y la explotación petrolera y minera en general, como para la construcción de infraestructura vial. De su mano, deforestación a gran escala, que da paso a potreros para la ganadería. Comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Guainía, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés, son afectadas en su totalidad por esta decisión, además de áreas específicas en Cauca, Meta, Nariño y Vichada.

En consonancia con esto, el 22 de octubre el Ministerio de Minas y Energía expide la Resolución 40579 con la cual deroga las 15 resoluciones que su antecesor expidió y con las cuales delimitaba los Distritos Mineros Especiales para la diversificación de la productividad, con la mirada puesta en los pequeños y medianos mineros. Se trata, en total, de un área que abarca 5.340.192 hectáreas, extendidas a lo largo de los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira y el litoral Pacífico. La minería multinacional, la gran favorecida.

Es inocultable el afán de ampliar la producción en general, estimulada por la sed de riqueza y en consonancia con las necesidades de Estados Unidos de minerales críticos. El charco se convierte en un hilo de agua que cruza al país, hilo acuático que se transforma en arroyo cuando cae sobre la visión de Estado y de economía en general, proyectando la reducción del primero en procura de un supuesto aparato más eficiente y menos costoso, como reza el manual fondomonetarista. Se trata de un ajuste, con eliminación o reducción de ministerios, de fuerte impacto fiscal –70 billones en 2027– que golpeará la carga burocrática en cientos de miles de personas. Según sus pretensiones de campaña, no menos de 700 mil, ‘ahorro’ dirigido al pago de la pesada deuda que sobrelleva el Estado.

Estamos ante una agenda neoliberal clásica que se amplía, con el eco de la política antiwoke auspiciada por Estados Unidos, y que no para ahí, sino que pretende confrontar hasta el negacionismo, el conjunto de derechos ganados en las últimas décadas y que favorecen a las minorías sociales. En el largo plazo, se busca que la mujer regrese al rol que le afectó por siglos, y que la tradición, la familia y la propiedad sean el referente que se materialice en el día a día. El arroyo ya es río.

En paralelo, como si fuera un brazo del caudaloso cuerpo de agua que ya impacta por aquí y por allá, se exhibe el desconocimiento del pasado violento que cubre a nuestro cuerpo social, como el papel jugado allí por la oligarquía criolla, a más de otras particularidades que hacen de la historia una plastilina al servicio de quien la modela. Negacionismo y desmemoria, en algún momento, también ocuparán su lugar en la escuela.

Todas estas rupturas con lo heredado alcanzan el campo de la diplomacia. El reinicio de relaciones con Israel, a pesar de proseguir el genocidio sobre el pueblo palestino, con apertura de la embajada colombiana en Jerusalén. Y, al cierre de esta edición, el voto a favor del bloqueo impuesto durante décadas por parte de Estados Unidos sobre Cuba. 

Como todo río, este se encontrará con caídas, curvas, cuerpos rocosos de mediano y largo tamaño, que le mermarán potencia. Pero también puede encontrarse con diques de gran tamaño, conformados por los cuerpos de los miles de ciudadanos que se verán afectados por las políticas del actual gobierno. La inconformidad y la conflictividad social son predecibles e irán en aumento, marcando con sello propio a un gobierno que –como se puede vaticinar– no ahorrará medida alguna para romper los diques que en todo el país irán tomando forma.

Información adicional

Autor/a: Carlos Gutiérrez Márquez
País: Colombia
Región: Suramérica
Fuente: Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº271, noviembre 2026