Construcción de cárceles, cada vez más grandes, cada vez más cerradas, con los derechos humanos en deuda, con la promesa de los gobernantes de garantizar en ellas su máxima seguridad, es la oferta que en uno y otro de nuestros países estos hacen para enfrentar las crecientes olas de violencia (1). Una cresta seguritaria con soporte en el punitivismo penal. En Ecuador, cada día gana más espacio este discurso y esta oferta de “tranquilidad” para la ciudadanía.
El miércoles 29 de julio de 2026 apareció el cuerpo decapitado de un hombre colgado de un puente. A pocos metros se encontraba su cabeza. Bajo ese puente circula un denso tránsito, típico de una ciudad latinoamericana. Cuando uno mira esa imagen se imagina inmediatamente una ciudad mexicana dominada por los carteles de drogas. La sorpresa es mayor cuando uno se percata que lo sucedido no corresponde a México, sino a Ecuador, y su capital Quito, en donde por primera vez ocurre un crimen de esta naturaleza.
