Reconocidos los resultados electorales, surgen nuevas inquietudes sobre el papel de Estados Unidos en el cambio político que registra América Latina.
“Debido a sus tremendos logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es para mí un honor dar a Abelardo mi completo y total respaldo”, declaró Trump por medio de su red “social” (Truth Social) con su habitual desfachatez, inmediatamente después de la primera vuelta, declaración recogida por un medio estadounidense (1). Era ya, sin duda, la posición del gobierno, alimentada por una fracción del partido republicano (la representante María Elvira Salazar y el senador B. Moreno, ambos de origen colombiano, especialmente) y muestra de una política intervencionista, asumida explícitamente, con públicos antecedentes en Honduras y Argentina. La confirmación más clara fue, en este caso, la detención arbitraria del periodista colombiano, residente en Miami, Beto Coral, sobre la cual el secretario de Estado, Marco Rubio, explicó en Memorando oficial (citado por New York Times), que el sindicado había interferido en la política exterior estadounidense: “Coral Garrido ha empleado su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del gobierno de Petro” y que había hecho campaña en contra de un candidato a la presidencia. Esto quiere decir, obviamente, que la oposición activa a un gobierno de otro país y, lo que es peor, el apoyo a un candidato a la presidencia del mismo, forman parte de la política exterior de Estados Unidos.
