Catorce años de ataques yihadistas, intervenciones fracasadas y dos golpes de Estado han dejado a Mali al borde del colapso. El coronel Goïta expulsó a Francia y a la ONU por un “soberanismo” que hoy depende del sostén de mercenarios rusos. Mientras Bamako se hunde, Argelia maniobra para recuperar el Sahel.
Hace catorce años que Mali es presa de ataques yihadistas mortales y desestabilizadores. Los acuerdos de paz de Argel, firmados en 2015 y que nunca se terminaron de aplicar, fueron denunciados por Bamako en 2024. A pesar de varias intervenciones extranjeras que movilizaron a miles de soldados –Chad desde los primeros ataques del grupo armado islamista Ansar Dine y del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad en 2012; Francia entre 2013 y 2022 con las operaciones Serval y Barkhane; la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (Minusma) entre 2013 y 2023; la fuerza conjunta del G5 del Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad) apoyada por París–, el norte y el centro del país están, directa o indirectamente, controlados por los rebeldes. Las Fuerzas Armadas de Mali (Fama) no lograron recuperar el control del territorio de forma permanente ni impedir las masacres de civiles (alrededor de 10.000 muertes por año desde 2021) (1). Peor aun, los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jnim, afiliado a Al Qaeda), ahora aliados con los separatistas tuaregs del Frente de Liberación del Azawad (FLA), tienen rodeada Bamako desde el otoño de 2025, lo que provoca escasez e inseguridad. El 25 de abril, el ministro de Defensa, Sadio Camara, fue asesinado en su domicilio durante una audaz operación militar llevada a cabo por ambos grupos en la capital, ahora bajo asedio, y en varias localidades del país.
