Tras acusar a cinco refinerías chinas de abastecerse de petróleo iraní, el Tesoro estadounidense las añadió, el pasado 24 de abril, a su interminable lista de empresas sancionadas. Una rutina, en apariencia. Hace décadas que Washington se arroga el poder de determinar quién puede comerciar con el resto del mundo, y todos se pliegan a sus dictados por miedo a quedar excluidos de un sistema financiero internacional anclado al dólar.
Pero las cosas no han salido como estaba previsto. China, que hasta entonces se había contentado con protestas verbales y eludir discretamente las sanciones, anunció que no se sometería a ellas y que llevaría ante sus tribunales a cualquier empresa china que las acatara. Una decisión justificada por la necesidad de “preservar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país”. En otras palabras: impedir que las sanciones estadounidenses desorganicen los flujos energéticos que se han vuelto esenciales para la economía regional.
